Factura de luz retroactiva, yo ilegal, vos ilegal, todo ilegal

Las facturas de luz de Edenor y Edesur en Buenos Aires han sorprendido a los usuarios al mostrar hasta tres tarifas diferentes para el mismo período de consumo, reportó hoy el diario La Nación.

Esta situación afecta principalmente a usuarios de ingresos altos, comercios e industrias, que constituyen el 30% de los hogares. La confusión surgió cuando se descubrió que los aumentos tarifarios habían comenzado el 1 de febrero, y no el 16 como se había anunciado previamente por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El ENRE, en una publicación del Boletín Oficial a mediados de febrero, estableció los nuevos aumentos, pero la aplicación retroactiva de los mismos desde el 1 de febrero tomó a muchos por sorpresa. Esta decisión se vincula con el objetivo del Ministerio de Economía de recortar gastos y reducir los subsidios energéticos, una medida que no se comunicó abiertamente a los consumidores.

Posteriormente, el 11 de marzo, el ENRE instruyó a Edenor y Edesur para ajustar las facturas de la primera quincena de febrero con los valores incrementados, una medida no publicada en el Boletín Oficial. Esta falta de comunicación ha generado incertidumbre y críticas por la aparente falta de transparencia.

El ajuste tarifario en sí responde a un cambio en la política de subsidios, donde el Tesoro dejó de cubrir la diferencia entre el costo de producción de la electricidad y lo que pagaban los usuarios, generando deudas con las empresas eléctricas y tensión en el mercado. Los mayores costos reflejados en las boletas provienen del costo mayorista de la generación eléctrica, un precio que es uniforme a nivel nacional y que está determinado por la Secretaría de Energía.

Este escenario ha planteado cuestionamientos sobre quién deberá asumir los costos adicionales derivados de la aplicación retroactiva de los aumentos y qué impacto tendrá en el mercado eléctrico a largo plazo.

Regulación del Valor de Distribución (VAD) y Precios Mayoristas

En el ámbito de la regulación eléctrica en Argentina, se diferencia entre el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el precio mayorista de la generación eléctrica. El VAD, que es el costo por la distribución de electricidad, está regulado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y no puede aplicarse de manera retroactiva.

Sin embargo, el precio mayorista de la generación eléctrica, determinado por la Secretaría de Energía, sí puede aplicarse retroactivamente. Este precio se calcula en función de la demanda estimada y los costos de la oferta disponible, buscando siempre el óptimo en términos de seguridad de abastecimiento y mínimo costo.

Comunicación y Transparencia

El problema principal radica en la falta de comunicación efectiva al público sobre estos cambios retroactivos en los precios mayoristas. Mientras que el ENRE regula y comunica el VAD para las empresas distribuidoras como Edenor y Edesur, cada provincia establece sus propias tarifas para las distribuidoras locales y oficializa los precios mayoristas en la factura final.

Aunque el ENRE estableció la retroactividad en la facturación para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las demás distribuidoras provinciales no recibieron notificaciones similares. Esto llevó a que las empresas distribuidoras tuvieran que pagar precios más altos por la energía desde el 1 de febrero sin poder trasladar estos mayores costos a los consumidores desde esa fecha.

Un caso específico es el del ente regulador de la provincia de Buenos Aires, que autorizó el aumento del precio estacional en el Boletín Oficial provincial el 23 de febrero. Esta medida afecta a distribuidoras como Eden, Edes y Edelap, entre otras. Durante 22 días, estas distribuidoras pagaron $44,401 por MWh por la generación eléctrica, mientras que los usuarios seguían pagando $20,460 por MWh en sus facturas.

Derechos de los Usuarios

Los usuarios tienen derechos fundamentales que deben ser protegidos en el contexto de la regulación y suministro de electricidad:

1. Derecho a Información Clara y Transparente: Los consumidores deben ser informados adecuadamente sobre cualquier cambio en las tarifas y precios que afecten sus facturas. Esto incluye notificaciones sobre aumentos y la base para tales decisiones.
2. Derecho a un Servicio de Calidad: Las distribuidoras deben asegurar un suministro de electricidad continuo y de calidad. Cualquier interrupción o deficiencia en el servicio debe ser compensada de acuerdo con las regulaciones vigentes.
3. Derecho a la Protección Económica: Los consumidores no deben ser afectados injustamente por aumentos retroactivos de tarifas que no fueron previamente comunicados. Las autoridades deben garantizar que cualquier ajuste tarifario sea justo y equitativo.
4. Derecho a Reclamar y Recibir Respuesta: Los usuarios tienen el derecho de presentar quejas y recibir respuestas satisfactorias. Las empresas deben contar con canales eficaces para la gestión de reclamos.