Chris Goodman cultiva algodón y maní en Tift County, Georgia, en un campo que su familia trabaja desde 1850. Cada año rocía cientos de galones de un herbicida para matar el pigweed —pariente del yuyo colorado que acá también desvela a la soja— antes de sembrar. Usa guantes. No usa miedo.

“Vengo fumigando paraquat desde los 10 años, y no tengo Parkinson”, le dijo a The New York Times.

A mil quinientos kilómetros, en Wisconsin, Stephanie Johnson no puede asegurar que su marido haya estado expuesto al mismo producto durante sus años como inspector de tambos. Sí puede asegurar otra cosa: lo perdió por Parkinson en 2023. Tres meses después, la diagnosticaron a ella.

Los dos hablan del mismo herbicida: el paraquat. Unos 70 países lo prohibieron, según una investigación que publicó The New York Times esta semana. California acaba de empezar a sacarlo del mercado. ¿Y en Argentina? Acá es legal, está registrado en el SENASA y se vende.

Un ladrón de electrones

El paraquat se comercializa desde 1962. Es un herbicida de contacto: mata lo que toca, rápido. Funciona como un ladrón de electrones: se los roba a las moléculas de la planta y libera radicales libres que revientan las células. En horas, la maleza se seca a la vista.

El problema es que con las células humanas no es tan selectivo. Durante décadas se creyó que no podía cruzar la barrera que protege al cerebro. Según relata el NYT, estudios de los años 2000 mostraron que sí la cruza, y que una vez adentro golpea a las neuronas que producen dopamina: las mismas que destruye el Parkinson.

Una investigación liderada por la neuróloga Caroline Tanner (Universidad de California) mandó equipos de especialistas a examinar a quienes aplicaban plaguicidas en campos de Iowa y Carolina del Norte. Resultado: los que habían usado paraquat tenían unas dos veces y media más probabilidades de tener Parkinson. Otro investigador citado por el diario lo resumió sin eufemismos: no tienen al asesino con el arma en la mano, pero las pistas juntas preocupan.

Hay algo más, revelado en juicios: documentos internos de las empresas antecesoras de Syngenta ya anotaban efectos del paraquat sobre el tejido cerebral en los años setenta, según registros corporativos que obtuvo el sitio The New Lede en 2022.

Y está lo agudo, que no necesita décadas: un trago puede matar y no tiene antídoto conocido. Varios países lo prohibieron sobre todo por eso, porque se había convertido en un medio frecuente de suicidio entre trabajadores rurales.

Syngenta, la empresa que lo hizo famoso, niega el vínculo con el Parkinson y sostiene que los reclamos judiciales no tienen mérito.

Estados Unidos: la ley que no puede prohibir

Con toda esa evidencia, ¿por qué en Estados Unidos se siguen fumigando millones de libras por año? Porque su ley de plaguicidas (la FIFRA) obliga al regulador a pesar los riesgos contra los beneficios agrícolas. Ese balance hace que las prohibiciones totales sean cuesta arriba.

En 2021, la agencia ambiental (EPA) concluyó que la evidencia era insuficiente para afirmar que el paraquat causa Parkinson. En vez de prohibirlo, lo restringió: solo aplicadores certificados, con equipo especial. En 2024, la propia Syngenta presentó un estudio incómodo: el producto se evapora 4.000 veces más de lo que se creía, o sea que puede viajar por el aire mucho más lejos. La EPA retiró su conclusión anterior y pidió años de nuevos estudios de campo, que siguen en marcha. La empresa, mientras tanto, sostiene que en condiciones reales de campo prácticamente no se evapora.

Los tribunales también juegan. Cuando la EPA quiso restringir otro plaguicida (el clorpirifos), una cámara federal volteó la medida. Y la Corte Suprema, en el caso del Roundup, blindó a los fabricantes: si el producto lleva la etiqueta que aprobó el gobierno federal, no se puede demandar en tribunales estaduales por falta de advertencia. Guardá ese dato, que después lo comparamos con el derecho argentino.

Los juicios, igual, avanzaron por otros carriles: en 2021 trascendió que Syngenta pagó 187,5 millones de dólares para cerrar un reclamo de unas 300 personas con Parkinson en Illinois. Hoy hay más de 6.600 demandas acumuladas ante un tribunal federal y un acuerdo global cuyos términos están sellados.

El desenlace se aceleró este año. En marzo, Syngenta anunció que deja de fabricar paraquat —dice que por razones puramente comerciales: los genéricos, casi todos chinos, le comieron el negocio—. En mayo, Vermont se convirtió en el primer estado en prohibirlo. En junio, una diputada demócrata y una republicana presentaron juntas un proyecto para vetarlo en todo el país. Los productores como Goodman avisan que van a seguir comprándolo a los fabricantes genéricos: una sola empresa china declara importar unas 5.000 toneladas por año a Estados Unidos.

California y la jugada procesal

El 10 de agosto de 2026, el regulador de plaguicidas de California (DPR) anunció el principio del fin del paraquat en el estado agrícola más grande del país.

El detalle jurídico es una belleza procesal: California no lo prohibió por decreto. Una ley estadual de 2024 obligó a reevaluar el producto. El regulador detectó posibles vínculos con problemas de tiroides y malformaciones congénitas —curiosamente, no con el Parkinson— y les exigió a las empresas nuevos estudios de seguridad antes de junio de 2026. Las empresas, en lugar de presentar los datos, fueron dando de baja sus registros “voluntariamente”. La última se bajó el 6 de agosto.

Es decir: invirtieron la carga de la prueba. Si querés seguir vendiendo, demostrá que es seguro. Nadie quiso demostrarlo. La salida es gradual —los stocks ya distribuidos pueden venderse por un tiempo—, pero la decisión está tomada.

¿Y en Argentina? Legal, registrado y en el mostrador del agro

Respuesta corta: sí, el paraquat es legal en Argentina, y sí, se vende.

Se usa acá desde 1967. Está inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal del SENASA, el registro sin el cual ningún plaguicida se puede comercializar en el país (Decreto-Ley 3.489/58). Un informe técnico publicado por el Ministerio de Salud en 2021 contó 87 presentaciones comerciales registradas, de Syngenta, Adama, Red Surcos y una larga lista de empresas más, y lo describió como muy tóxico por vía oral e inhalatoria, con daños en pulmón, hígado y riñón.

Por esos años representaba alrededor del 4% de las ventas de herbicidas del país. Se aplica en presiembra de soja, maíz y trigo, y como desecante antes de la cosecha. Con la expansión de las malezas resistentes al glifosato, su rol creció: es de las pocas cosas que todavía voltean al yuyo colorado.

En la clasificación toxicológica del SENASA (Resolución 302/2012), la mayoría de los formulados es clase II —banda amarilla, “moderadamente peligroso”— y el resto clase III, banda azul. No figura en el listado de principios activos prohibidos, donde sí están el clorpirifos (prohibido en 2021), el carbofurán y varios más.

¿Se vende “libremente”? Se vende en el circuito de insumos agropecuarios: no es un producto de jardinería hogareña. La aplicación la regulan las provincias, cada una con su ley: receta agronómica según la clase toxicológica —algo así como un remedio de venta bajo receta, pero para el campo—, aplicadores habilitados y distancias respecto de zonas pobladas.

El mapa del barrio incomoda: Brasil lo prohibió (rige desde 2020), Perú también (desde 2021), Uruguay lo restringió a manejo especializado, la Unión Europea lo sacó en 2007 y China lo fue eliminando. Argentina quedó como rareza regional. Y al cierre de esta nota, el tema no aparece en la agenda pública local: ni una reevaluación anunciada por el SENASA ni proyectos de prohibición con tracción en el Congreso.

Si es legal, ¿nadie responde por los daños?

Acá viene la diferencia jurídica más interesante con Estados Unidos. Allá, como vimos, la Corte Suprema blindó a los fabricantes: etiqueta federal aprobada, demanda estadual bloqueada.

En Argentina es exactamente al revés. El artículo 1757 del Código Civil y Comercial dice que quien causa daño con una actividad riesgosa responde de manera objetiva —sin necesidad de probar culpa— y remata con una frase escrita como para este caso: la autorización administrativa no exime de responsabilidad, y el cumplimiento de las técnicas de prevención, tampoco.

Traducción: que el SENASA haya aprobado el producto no es un escudo. Si se prueba el daño y la relación causal, se responde igual. Pueden responder quien aplica, quien encarga la aplicación y, según el caso, quien fabrica o comercializa (arts. 1757 y 1758 CCyC).

El obstáculo real no es la ley: es la prueba. El Parkinson tarda décadas en aparecer y tiene múltiples causas posibles; por eso en Estados Unidos los juicios se apoyan en estudios epidemiológicos y en documentos internos de las empresas. A eso se suman, en Argentina, la Ley General del Ambiente 25.675 (daño ambiental colectivo y obligación de recomponer) y hasta la vía penal: en 2012, en el caso del barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba), hubo condena penal por fumigaciones contaminantes con la figura del artículo 55 de la Ley 24.051 de residuos peligrosos. Y en varias provincias, la Justicia ya limitó por amparo las fumigaciones cerca de escuelas rurales y pueblos.

Preguntas rápidas

¿El paraquat es legal en Argentina?
Sí. Está registrado en el SENASA y su venta y uso agrícola están permitidos, con las condiciones de la etiqueta y las normas provinciales de aplicación.

¿Lo puedo comprar para el jardín de casa?
No es un producto de uso doméstico. Se comercializa en el circuito agropecuario y, según la provincia, con receta agronómica y aplicadores habilitados.

¿Está probado que causa Parkinson?
Hay asociación estadística respaldada por varios estudios; la causalidad individual sigue discutida. La EPA estadounidense dice que la evidencia es insuficiente. Unos 70 países no esperaron a la certeza para prohibirlo.

¿Y si creo que me afectó?
Primero, consulta médica. Después, guardá toda prueba de la exposición: recetas agronómicas, facturas, fechas, testigos. En Argentina la aprobación estatal del producto no bloquea el reclamo: hay vías civiles, ambientales y, en casos graves, penales.

El final abierto

Cuando Syngenta termine de bajarse del negocio, Goodman va a comprarle a un genérico. Dice que no hay nada que lo reemplace. En California, el Estado le hizo al producto una sola pregunta —probame que sos seguro— y el producto se retiró solo antes de contestar. En Argentina, esa pregunta todavía no la hizo nadie.