Un balance de la ley de riesgos de trabajo

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Por Jorge Duarte (@ludistas) y Sergio Mohadeb (@dzapatillas)

Segunda parte. La novela judicial

4. Vaya al juzgado civil

La última reforma no solo pone al trabajador ante el dilema de cobrar algo de la ART inmediatamente o bien esperar el resultado de un juicio sino que, además, su caso solo podrá ser tratado por el fuero civil, tradicionalmente menos favorable al trabajador y con plazos más breves. La creación de un fuero laboral específico había sido uno de los puntos que se consideraron un progreso en la legislación sobre derechos sociales, sobre todo por la celeridad para responder frente a un problema que puede necesitar ayuda urgente.

Como contracara a la eliminación del fuero laboral, la nueva LRT incentiva la opción de cobro rápido para las prestaciones continúas con un mecanismo de ajuste semestral, mientras que para el resto el principio es el de pago único dentro de un plazo máximo de 15 días, cuando antes podía tardar meses.

El ajuste de los montos se realizan en base al RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, un decreto reglamentario dice que solo las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694/2009 se deben incrementar. Es decir, el decreto solo incrementa las compensaciones adicionales, que son aquellas que se otorgan a trabajadores con más del 50 % de incapacidad. «En resúmen, el Decreto reglamentario ordena actualizar por índice solo una porción de lo que debe recibir un trabajador accidentado, y excluyendo a aquellos, por ejemplo que han sufrido una incapacidad menor al 50 %», explican Matías Pasquet y Agustín Fal, abogados que ejercen en la localidad de Azul.

¿Y qué pasa con los trabajadores que tuvieron un accidente antes de la reforma? La ley dice que como eran prestaciones “en ejecución” quedaban exceptuadas de este pago único, pero un juez declaró inconstitucional esta frase con fundamento en que “los trabajadores siniestrados conformarán “el ineludible costo colateral”, que la sociedad deberá pagar “para satisfacer las presiones y los ‘lobbys’ corporativos y económicos que permanentemente acechan al mundo del trabajo” (causa “Vilches”, del Juzgado de Conciliación de villa María, Córdoba). Por lo tanto el pago único que prevé la nueva ley rige incluso para los reclamos en curso.Riesgo del trabajo

(Hace poco esto se aclaró en una resolución que dice que “cuando la fecha de Primera Manifestación Invalidante (PMI) de la última contingencia fuese posterior a la entrada en vigencia de la nueva ley y el grado de la Incapacidad Laboral Permanente Integral fuese superior al 50%, la Aseguradora responsable de su cobertura deberá abonar el capital de la prestación dineraria correspondiente a la Incapacidad Laboral Permanente Integral, pudiendo descontar la preexistencia”. Y establece el modo de cómputo).

Finalmente, algunos de los juicios se producen cuando no está claro qué determinó la patología. En el caso del chofer de tractor pampeano, los jueces dijeron que “el largo proceso que precedió a la cirugía debió ir acompañado de episodios de lumbalgia, por lo que, a falta de otra prueba concluyente es dable presumir que aquellas tuvieron cierto grado de permanencia al menos un año y medio antes del 2004 (“uno o dos años antes del 2004″), y que pudo conocer su incapacidad -no necesariamente en porcentajes- en enero de 2003 si hubiera concurrido a la consulta de un profesional y no de un curandero o componedor de huesos”.

 

5. Algunos ingredientes extra

No menos importante, en cuanto al aspecto económico, es la reducción de las comisiones de intermediarios y brokers de seguros que pasaron del 12% al 5% aunque se incrementó la cuota. Desde la aprobación de la norma a la fecha las alícuotas se elevaron en un 13%, lo que produjo una reducción de ingresos para intermediarios, pero aumentos para los costos empresarios que sobre todo dificultan a las pequeñas y medianas empresas.

Además, los límites se pueden tornar confusos. «Por afuera con los brokers más grandes violan este límite porque se pagan como reembolso de gastos encubiertos», comenta un productor del rubro. Según su perspectiva lo que sucede es que en definitiva, los grandes aglutinan clientes y cada vez concentran más el mercado. Además, agrega «La ART tiene una obligación de hacer una inspección en cada comercio o industria para evaluar riesgos.  Acá no hay premio ni castigo. Lo que prepondera para la fijación del costo, es el código de actividad. Y a las  empresas con masas salariales importantes, las compañías se pelean por agarrarlas.»

Como si faltaran condimento de negocios, en la misma velada que el Congreso aprobó la nueva ley de ART, se anunció la reglamentación de las denominadas ART Mutuales que podrán ser conformadas entre empresarios y sindicatos para competir en el mercado de las aseguradoras de riesgos de trabajo. Estas ART, sin fines de lucro, si bien estaban previstas en la legislación anterior, no se encontraban reglamentadas. Las ART Mutuales, entonces, podrán ser constituidas por «asociaciones profesionales de empleadores o grupos de empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial que celebren negociaciones colectivashttp://www.miningsafety.co.za/images/ContentImg/res_20112184842.jpg

Las ART Mutuales son un viejo reclamo de ciertos sectores del sindicalismo y empresariado que les posibilita ser proveedores de un servicio para sí mismos. Ahora bien, debería analizarse si esta sociedad podría eventualmente generar un conflicto de intereses, puesto que, de ser sindicalista, un director de una ART Mutual podría enfrentarse a la disyuntiva de defender más los intereses de esta compañía que la de los trabajadores a quien representa del otro lado del mostrador. Por ello, como mínimo, se torna necesario una mejor regulación que prevea estos casos.

 

6. Un balance de la ley de riegos del trabajo con opiniones diversas

Al cumplirse más de un año desde la sanción de la nueva legislación puede hacerse un balance prudencial del impacto hasta el momento. Por un lado encontramos que la nueva ley logró el cometido con el que la Unión Industrial la impulsaba, que es dar respiro a los empresarios por medio de la eliminación de la doble vía. Sin embargo, la litigiosidad no bajó sustancialmente. Según la Unión de ARTs los juicios ingresados por cada 10 mil trabajadores cubiertos subieron de 74 en 2012 a 86 en 2013. Desde las ART remarcan que sus gastos por litigiosidad aumentaron un 25% respecto del año anterior y que esto generó mayor cobertura para los empleadores. Por lo tanto, la eliminación de la doble vía lo que generó fue mayor previsibilidad, pero no un menor índice de conflictos.

Esta misma previsibilidad es la que conduce a tener un listado de enfermedades que, en teoría es taxativo pero en la práctica se amplía si se prueba que la dolencia ha sido consecuencia del trabajo desempeñado. Para esto existen listados de enfermedades profesionales, y el dictamen de las «comisiones médicas» que trabajan para una ART cuya imparcialidad no puede garantizarse. Ahora bien, en la última reforma el sistema se mantuvo pero se incorporaron patologías como la «hernia» o las «várices», antes excluidas y por las cuales el trabajador damnificado debía iniciar un juicio. Nuevamente, la reforma parece conducir a desplazar el centro de gravedad hacia el acuerdo extrajudicial con la ART. Pero a mayor costo de ART, cuando quien otro paga los platos rotos y a su vez, vía cuotas, se traslada al sistema, ¿Implica un incentivo para tener mejores medidas de seguridad?

La nueva norma significó un costo mayor para los empresarios, aunque dosificado en cuotas mensuales del seguro y no tanto en el costo de un posible juicio; igual se redujeron las comisiones cobradas por los brokers y el aumento no fue tan grande como se había previsto inicialmente. Si ponemos el foco en la cobertura sigue creciendo el universo en el que se aplica registrando nuevos récords año a año.

Desde la perspectiva del cobro de los accidentes, se puede visualizar que hubo un aumento importante en las cifras que se abonan en casos de accidentes. Para el semestre de septiembre de este año, a febrero de 2014, las sumas abonadas por incapacidades graves pasarán, con respecto a la antigua legislación, de $ 80.000 a $ 211.833; por incapacidad total, de $ 100.000 a $ 264.791; por fallecimiento, de $ 120.000 a $ 317.750; mientras que el piso prestacional variará de $ 180.000 a $ 476.625. Estas subas, conjuntamente con plazos más cortos para el cobro, son los dos puntos progresivos que se enfatizan desde todos los sectores sindicales a la nueva norma.

Sin embargo, «pone al trabajador entre la espada y la pared, teniendo que decidir en pocos días si opta por uno u otro sistema de responsabilidad. No parece que vaya en el camino de mermar la cantidad de juicios por este tema», opinan Pasquet y Fal.

Es que la gran deuda de la reforma del sistema de riesgos del trabajo, es la falta de normativa y de mejores controles en torno a la prevención. La crítica más extendida a la nueva ley, es que centra su razón de ser en la reparación de los daños causados y no hace foco en la prevención necesaria para evitar los accidentes. En definitiva, el costo empresario se contrapone con los derechos del trabajador en la medida en que una empresa sea más competitiva a costa de pagar menos juicios, pero no se debaten las causas reales ni quién, en definitiva, afrontará su costo. Como en varios otros temas, en la discusión se anteponen intereses sectoriales y de corto plazo sin una discusión real sobre cómo bajar la tasa de accidentes porque estamos ante un hecho que, a fin de cuentas, debería haberse evitado.

 

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