El derecho a renovar la matrícula educativa

Acciones legales sobre el derecho de admisión del colegio, y no renovación de la matrícula escolar. Escuelas privadas y ciclo lectivo, deudas y boletines. Tutorial legal sobre el derecho de admisión en colegios privados.

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“Hemos decidido no renovar la matrícula”, sin mayores explicaciones o fundamentos es la explicación que algunos padres reciben de parte de la institución educativa o escuela privada.

De hecho, constan en el INADI casos de negativa de rematriculación sin expresar la causa o por actitudes de los padres o alumnos con el colegio.

Para algunos esta negativa a la rematriculación encubre una discriminación encubierta, porque justamente el colegio privado no expresa la causa para admitir la renovación del alumno.

Y la preocupación es que sea usado para excluir a estudiante que el colegio considera problemáticos, sea por adaptación, temas pedagógicos o ADD (síndrome de déficit de atención).

 

El derecho a renovar la matrícula educativa

Derecho En Zapatillas recibió est mensaje:  “Hola quería saber si me pueden orientar sobre cómo actuar, quiero saber si a mis hijos no les pueden renovar la matrícula a esta altura del año en el colegio privado en que van sin haber tenido ningún problema.

Siempre teniendo buena conducta xq me citaron para una reunión para el proceso de reinscripción y se que en el grado de mi hija a los demás les mandaron la planilla de inscripción directamente.

Que puedo hacer si me niegan la renovación de matrícula siendo que van a ese colegio desde sala de 3 años ( uno pasa a 4° y la otra a 7°) y las inscripciones en los colegios ya están cerradas.”

 

Ley sobre rematriculación en el colegio privado

La ley dispone que “los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente.” (ley 2681 CABA). Otras provincias pueden contener disposiciones similares.

La norma agrega algo que es obvio:  “Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la matriculación o rematriculación, no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La discrecionalidad con la que éste es ejercido en determinados casos, consecuencia de la ausencia de reglamentación adecuada, conlleva a que se produzcan verdaderas injusticias, algunas de las cuales tienden a reproducir estructuras sociales prejuiciosas (Martín Viceconte, “Aspectos jurídicos del ‘derecho de admisión’ en colegios privados”,SAIJ).

El padre, madre o tutor a cargo del alumno, o el/la alumno/a mayor de edad, podrá solicitar la fundamentación a la negativa de matriculación o rematriculación, mediante nota; telegrama o carta documento dirigida a las autoridades de la institución educativa, en el plazo que establezca la reglamentación. En caso de que dicha información sea negada, podrá radicarse denuncia ante el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ley agrega que la fundamentación de la negativa de matriculación o rematriculación deberá ser respondida por escrito en forma confidencial y exclusiva al requirente, en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles de recibida la solicitud.

Además, la negativa de rematriculación a un/a alumno/a deberá ser notificada por medios fehacientes antes del 31 de octubre del año anterior al ciclo lectivo requerido.

 

 

Denegación de matrícula por ropa (uniforme escolar) o libros

 

“hace 8 años que concurren al mismo colegio y esto se dio porque le exigian cumplir con la campera reglamentaria del uniforme a uno de los chicos, y el no podia pagarla, entonces concurria al colegio con otra campera (del mismo color) hasta poder comprarse la campera reglamentaria.

La madre nunca se callo nada y a raiz de las idas y vueltas con los directivos, ellos decidieron no renovarle la matricula para el año que viene. Lo peor es que la hermana no tiene nada que ver en el asunto. Y tambien le denegaron la matricula para el ciclo lectivo”.

Por empezar, es un derecho elegir donde comprar la ropa o el uniforme escolar. Esto es importante porque el colegio no puede imponer un local determinado. Sí puede dar ciertas características o algunos títulos de bibliografía que pueden ser comprados, pero sin indicar proveedor en forma obligatoria.

Sobre la matrícula del colegio

 

Los valores y reglas de la institución educativa como fundamento para denegar la matrícula

Es lógico que el colegio predique y exija un mínimo standard de valores y reglas.  En tal caso, puede ser posible negar la matrícula si los alumnos no se atienen a ellos.

Resultó que dos alumnos de un instituto privado crearon perfiles en la red social instagram, uno de un compañero y otro de un profesor de idioma extranjero. El segundo perfil acusaba al docente de “pedófilo” y tenía expresiones ofensivas en inglés. También estaba vinculado con una página pornográfica. Al parecer esto era falso (es una denuncia muy seria y debe investigarse pero al parecer lo hicieron solo con el fin de perjudicar al colegio o docente).

El colegio les negó la rematriculación.  Los jueces convalidaron esta decisión “fundada en hechos claros y concretos y se respalda en la normativa que regula el contrato de educación” celebrado con la escuela.

Los jueces entendieron que los padres optaron por un determinado proyecto educativo y se sometieron a sus reglas, pero incumplieron.

Agregaro que “lo que acontece acá es que se ha roto el vínculo de confianza entre los padres por un lado y los directivos y docentes de la escuela por la otra, lo que hace casi imposible poder llevar adelante el programa o proyecto educativo que ofrece la institución en relación con estas personas”.

 

El tema de las deudas, boletines y certificados

Desde ya, es ilegal retener boletines, certificados o cualquier tipo de diploma basado en deudas con la escuela o colegio privado. Esta es una práctica abusiva (art. 37 ley 24240) y la propia ley impide hacer esto.

Retener boletines, certificados pasa a ser práctica prohibida

 

 

 

Derecho de admisión en la escuela

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – ADMISIÓN / DAÑO MORAL –
INDEMNIZACION
Expediente Nº 42.001 “L., M. I. Y D. P., M. C/ I. C. M. S/ Daños y Perjuicios”
Nº de Orden :184.-
Libro de Sentencias: 48
/NIN, a los 03 días del mes de Julio del año dos mil siete, reunidos en Acuerdo Ordinario
los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín
Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, en causa Nº 42.001
caratulada: ” L., M. I. Y D. P., M. C/ I. C. M. S/ Daños y Perjuicios”, a fin de dictar
sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola y Rosas.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
I.- A fs. 342/352vta. se dicta sentencia rechazando la demanda que por daños y
perjuicios dedujeron M. I. L. y L. d. P., por su propio derecho y en nombre y
representación de su hijo menor L. L. contra el I. C. M. Impone las costas a la parte
actora y regula los honorarios profesionales.
Referido el pronunciamiento a la negativa de renovar la matriculación para el
curso del año 2005 – segundo año del ciclo E. G. B. -, entendió la sentenciante que no
había ilegitimidad o antijuricidad en la decisión adoptada por la institución demandada, ya
que el derecho de admisión está autorizado por la Disposición nº 1/93 DIPREGEP al final
del ciclo lectivo anual. Desecha igualmente que exista un daño moral resarcible imputable
a la demandada por la renovación, señalando que el cambio al Colegio P. R. ha sido
positivo, sin perjuicio de lo cual el informe psicopedagógico continúa trasuntando la
dificultad del menor para aceptar límites y las conductas agresivas.
Destaca que de los cuadernos de clase surge las reiteradas observaciones que mereció
esa conducta desajustada del menor. Transcribe y resalta los aspectos que considera
importantes de las pericias psicológicas rendidas por la Lic. M. a fs. 150/153 y
explicaciones de fs. 163/165 y de la Lic. M. de fs.181/191 y ampliación de fs. 275/276,
que trazan la personalidad y conducta de Lucas y sus dificultades en sus relaciones
interpersonales, al igual que el esfuerzo, con resultados fallidos, por vincularse o
integrarse de forma diferente debido a la discapacidad que padece (hipoacúsico congénito
con implante coclear) en la medida de su corta edad e inmadurez. Analiza los distintos
testimonios rendidos en autos, ocupándose particularmente de los dichos de quienes
fueran sus maestras en el Jardín S. I. (F. fs. 248/251) y en el primer grado en el año
2004 (D. B. fs. 253/256) y de la madre de un niño con discapacidad que concurre también
al Colegio M., sobre cuya base sostiene que a veces la dificultad para el manejo de la
escolarización de un niño discapacitado en un establecimiento convencional
no proviene exclusivamente de la minusvalía física o psíquica del sujeto sino de la
imposibilidad o dificultad de la aceptación de esta circunstancia por parte de los padres.
Apelaron los actores (fs. 360), expresando agravios a fs. 381/394. En su extensa
y pormenorizada crítica descalifican el fallo, por entender no ha sabido interpretar que
cuando el colegio admitió al niño para el primer ciclo lo hizo a sabiendas de su dificultad
física y asumiendo que compromiso educador importar esfuerzos diferenciales, por lo que
resulta antijurídico justificarse en “el esfuerzo que demandaba a la docente”, es decir no
valen las fundamentaciones o causales que se apoyan exclusivamente en la conveniencia de la institución, además de corte discriminatorio.
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Cuestionan que la valoración por parte de la judicante de las distintas especies
probatorias no haya sido integral sino descontextualizada. Así no fueron consideradas las
respuestas de la Psicóloga M. a los puntos 2, 3 y 4; errándose en la ponderación de lo
dicho en el punto 5 ya que el daño nace del abuso en la admisión y no de lo vivido por el
menor (L) mientras allí estuvo. La misma perito expresó que ninguna situación de cambio
es sin efecto. Consideran írrita la sugerencia de una escuela especial cuando lo que
necesita es “atención especial”, no advirtiéndose que el menor continúa cursando grados
– sin haber repetido – en otro colegio de idénticas características. Señalan que la supuesta
inexistencia – no acreditada en autos- de gabinete psicopedagógico, si era un factor
relevante debió incidir al ejercer su derecho de admisión primigenio y no en la
rematriculación. Una cosa es no poder dar al niño un ambiente facilitador y otra distinta
no querer, recalcando la respuesta de la psicóloga de fs.152 vta. en cuanto a que “a
través de los registros ofrecidos no podría decir que se haya prestado la contención
adecuada en función de un óptimo rendimiento”. Reputan comunes las observaciones en
el cuaderno del menor (L.) y se ocupan de aspectos no meritados de los testimonios de la
maestra, de la directora del Jardín – maternal, es decir hasta los dos años- S. I. y de
aquellos que por su trato han sabido dar cuenta que lenguaje corporal por limitaciones del
verbal no significa agresividad. Hacen también hincapié en conforme nota de fs.10 la no
renovación fue decidida a pesar del pedido de la psicopedagoga que atendía al niño e
inconsultamente con quien era la maestra. Finalizan pidiendo la revocación de la
sentencia por absurda y arbitraria, en tanto desechó la existencia de un daño moral
fácilmente constatable, que fuera provocado al impedírsele continuar en base al ejercicio
antijurídico por irregular de la no admisión, siendo el abuso del derecho el factor de
atribución de la responsabilidad endilgada por carecer de causa justificada el distracto.
A fs. 397/410 obra la réplica defensista. Se resiste la impugnación aduciendo
que su mandante admitió al menor (L.) en primer grado con total conocimiento y
conciencia de su limitación auditiva, pero que resultó ser un alumno problemático no por
tales dificultades sino por serios trastornos de conducta, lo que se revela con las 18
comunicaciones de observaciones disciplinarias, no comportamientos “comunes” como se
pretende.
Rechaza cualquier actitud discriminatoria de su parte, ya que está probado que el colegio
realiza un particular esfuerzo para integrar alumnos con capacidades diferentes. Reseña
constancias del cuaderno psicopedagógico. Insiste en la libertad de enseñanza, en que la
prestación que realiza es un derecho y no un deber y en el derecho normativamente
receptado de admisión anual.
Destaca que con el criterio de los apelantes ningún colegio debería siquiera correr el
riesgo de inscribir un niño especial en primer grado porque luego cualquiera sea su
conducta, su rendimiento y su adaptación no podría ejercer ese derecho que se autoriza
anualmente.
Invoca la regularidad del ejercicio derecho de admisión en tanto fue oportuno y con la
debida antelación para obtener vacante en otro colegio, la decisión fue motivada aunque
no precisaba serlo y no fuera compartida por los actores, recién comenzaba en su
escolaridad y de hecho tuvo la posibilidad de tener educación en otro colegio.
Oído que fue el Sr. Asesor de Menores, cuyo dictamen de fs. 414 y vta. es en
adhesión a la postulación actoral y habiendo tomado contacto el Tribunal con el menor
(art. 12 de la Convención sobre los derechos del niño ley 23849 (ver acta de fs. 422),
firme que quedó el llamado de autos para sentencia, las actuaciones se encuentran en
condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).
II.- En esa tarea liminarmente conviene precisar que en relación a la libertad de
contratar de los establecimientos educativos privados, sobre los denominados derechos
de admisión y rematriculación, se ha expresado que “no puede negarse que el derecho de
admisión guarda una estrecha vinculación con los derechos constitucionales de enseñar”
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y “aprender”. Más aún, podríamos decir que generalmente se presenta una fuerte tensión
entre ambos, toda vez que la prerrogativa del educando o su familia de hacer efectivo el
derecho de aprender, colisiona con la pretensión del establecimiento o institución de elegir
a quien enseñar. Si bien rechazamos la postura de quienes niegan enfáticamente la
posibilidad de reconocer una obligación de enseñar, nos parece que su aceptación no
puede ser genérica e indiferenciada de las particulares circunstancias del caso. Es que
no es posible confundir el supuesto de quien intenta matricularse por primera vez en un
establecimiento educativo, de aquel otro que sólo pretende proseguir los estudios
iniciados anteriormente. La primera situación gira en torno al “acceso” al contrato, en tanto
que la segunda concierne a la continuidad del servicio educativo. Aunque en ambos casos
la “libertad de contratación” está comprometida, la misma requiere consideraciones
diferenciadas. Por ello, resulta criticable que muchos de los planteos doctrinarios efectuados hasta la fecha hayan sustentado el “derecho de admisión” en una férrea concepción
de la “autonomía de la voluntad” y sus libertades consiguientes. Nos parece que tal
perspectiva no se compadece con los nuevos horizontes del Derecho contractual, que
intenta construir respuestas de mayor justicia….Nos parece impropio hablar
genéricamente de un “derecho de admisión” dado que sólo puede ejercerse esa facultad
ante quien no se encuentra incorporado a la institución educativa. En ese entendimiento la
práctica de la contratación anual de los servicios constituye un uso abusivo que sólo persigue falsear la realidad. Adviértase que los padres que eligen un establecimiento escolar lo
hacen con el convencimiento de que – salvo situaciones excepcionales- su hijo transitar
allí todas las etapas de los ciclos educativos. Y lo mismo sucede con la institución, que
proyecta en sus educandos su propia historia. Lo expuesto no quiere decir que en tal
caso el establecimiento no pueda extinguirlo, pero parece razonable que deba motivar su
decisión. En ocasiones, la causa podrá ser invocada como pretensión resolutoria, tal
como ocurriría si se fundara en la falta de ejecución a las obligaciones del contrato (vgr.
falta de pago del arancel) o al deber de “colaboración” que pesa sobre los representantes
o el propio educando (en nota se indica que la jurisprudencia “ha reconocido las
facultades disciplinarias de los establecimientos dentro de los límites que imponen los
principios de legalidad y razonabilidad”). En otras, vendrá a legitimar la denuncia del
contrato, dando cuenta por las cuales se entiende que la preservación del vínculo afectar
a ambas partes (vgr. la inconducta grave del educando observada durante el desarrollo
del ciclo anterior, su rendimiento académico, la inadecuada integración del menor a su
grupo de estudio o de los padres a la propia comunidad educativa) la noción de
“colaboración” recíproca y permanente exige ese proceder (y aclara en la nota con cita de
Lorenzetti Tratado de los contratos I – 540 y ss. que así se distinguen las causales de
resolución y de rescisión, lo que no resulta una tarea sencilla en los contratos de
duración)….De ese modo el “derecho de admisión” queda circunscripto al supuesto en el
cual el educando pretende ingresar a la institución educativa.
La figura logra coherencia jurídica, también gramatical, ya que “admitir” significa “permitir
entrar”, esto es, ingresar a quien está fuera. Esta postura no nos impide discrepar con
quienes entienden que tal derecho es absoluto. El encuadre constitucional que oportunamente describiéramos constituye una fuerte restricción para planteos de esa
naturaleza….En síntesis, pensamos que ambas facultades – la de extinción del vínculo
vigente y la de admisión- están igualmente condicionadas en su ejercicio, cuya
legitimidad deber ser apreciada en cada caso a la luz de los principios informadores del
Derecho Privado y conforme a las circunstancias de cada caso” (Carlos Alfredo
Hernández “Régimen Jurídico de los servicios educativos privados. Consideraciones
desde la perspectiva del derecho contractual” en Revista de Derecho Privado y
Comunitario Rubinzal – Culzoni 2005-1 Contratos de Servicios p. 308/314).
Parafraseando lo expuesto por Héctor Masnatta en “El contrato necesario” ( y
aclaro no porque éste lo sea) “Acto de constitución y relación constituida tienen conexión
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evidente. Pero son distintos conceptos y hay que reparar en ello. De un lado debemos
poner el acto de constitución, que hace nacer la relación. De otro debemos colocar la
relación, que es el efecto de aquel, pero que es en sí una unidad diversa. Tienen
estructura distinta: la relación es una situación en que se encuentran dos sujetos, un
modo de estar en la vida, un especial estado, un fenómeno estático. El acto constitutivo
es un hecho del hombre, una relación, un fenómeno dinámico. Tienen una función
diversa. El acto constitutivo es la causa de la relación.
La relación y el conjunto de facultades y deberes que la componen, son su efecto” ( p.
56/7).
Emilio Cesar Joulia y Carolina Bertolino (“Derecho de la educación y acto de
admisión en el ámbito de la enseñanza privada” en ED 184-1423) quienes no le adjudican
demasiada importancia a la anualidad o no del contrato por considerar a la
rematriculación como un mecanismo formal del desarrollo del contrato, sustentando la
continuidad o no del alumno en el grupo pluriparticipativo, en tanto y en cuanto se adecue
y ajuste al proyecto educativo, ideario, normas de convivencia y pautas respectivas,
destacan que para que esa voluntad no se torne arbitraria e ilegítima ni vulnere el derecho
a aprender además de ser oportuna no puede ser incausada o discrecional, es decir debe
satisfacer la necesaria “razonabilidad”. Sobre esto último dicen:”Sostiene el Dr. Sagues
que el test de razonabilidad tiene tres niveles: normativo, técnico y axiológico.
Ello significa que para aprobar el examen de razonabilidad la norma (o la fuente
obligacional) tiene que subordinarse a la Constitución, adecuar sus preceptos a los
objetivos que pretende alcanzar y dar soluciones equitativas, con un mínimo de justicia.
En los últimos diez años hubo cambios importantísimos en nuestra sociedad, en el orden
jurídico sustancial, como así también en el plano educativo. Las reformas de algún modo
dieron cobertura constitucional a principios básicos sostenidos por años en las escuelas
parroquiales y confesionales de cultos reconocidos, tales como: la no discriminación, la
justicia social, la responsabilidad común tan cercana a la solidaridad y la educación como
bien social. ” Ello importa una modificación del techo ideológico y del sistema normativo
anterior de la Constitución (art. 16)…lo cierto es que la asamblea de 1994 dio un sentido
distinto a la idea de igualdad preexistente, actualizándola en función de las pautas
actuales del Estado social de derecho. La reforma constitucional de 1994 dejó
transparente y explícito el principio de – igualdad real-, disponiendo el ya comentado art.
75 inc. 19 “…la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna…” en
el ámbito educativo. Del mismo modo ya lo había hecho la Ley Federal de Educación al
establecer que: “El sistema educativo nacional asegurar a todos los habitantes del país
el ejercicio efectivo de su derecho de aprender, mediante la igualdad de oportunidades y
posibilidades, sin discriminación alguna” (ley 24.195 art. 8).Y esto no es sólo para las
escuelas públicas, debe serlo en mayor medida para nuestras escuelas cristianas”. Estos
mismos autores transcriben una frase harto elocuente del Presidente de la Comisión
Episcopal de Educación Católica: “No basta esperar que la libertad sea reconocida, sólo
se la garantiza cuando se la ejerce razonablemente”.
Con diferencias de matices, aunque desde posiciones distintas, coinciden Maria
Laura Martínez Vega (El derecho de admisión en los colegios privados.
¿Una excepción a la prohibición de discriminación o el ejercicio de la libertad contractual?”
en La Ley 2003-C-1465) al decir que “El Derecho de Admisión (mayúsculas atento el
evidente carácter inexpugnable que las instituciones le asignan) debe ejercerse
regularmente, esto es, sin contrariar los fines que justifican su existencia o, más
llanamente, de modo que no sea abusivo (art. 1071 Cod. Civil)” y el propio letrado patrocinante de la aquí demandada Juan G. Navarro Floria (“El derecho de admisión de los
colegios privados” en ED 138-889 y ss), aún sosteniendo que la matriculación inicial
puede ejercerse con máxima discrecionalidad y que “el contrato se renueva cada año,
con posibilidad de ejercer cada vez el derecho de admisión”, al formular una
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consideración similar con la aclaración de que “la cuestión se circunscribe a analizar las
circunstancias y el modo en que es ejercido -particulares en cada caso- para determinar si
ha existido o no abuso” y que “Si se trata de la promoción a un grado o año superior,
podrán exigirse requisitos de razonabilidad como ser causa adecuada y oportunidad en la
comunicación”.
La jurisprudencia, más allá de la decisión que en concreto en cada proceso se
haya adoptado, en su mayoría ha aceptado que el derecho del establecimiento “no
puede ser cohibido, a menos que la negativa apareciera como arbitraria mediante
indicios, presunciones o causales objetivamente susceptibles de prueba (Bidart Campos
G. J comentario al fallo CªCC Córdoba “Etchegaray Ferrer Carlos J” 16/08/1983-
ED,109-498-)” (C N Civ Sala I 2002-07-18 “R. J c. Colegio Carlos Octavio Bunge” La Ley
2003-A-322), “que como todo derecho, el de admisión anual no podría ejercerse con
abuso ( conf. fallo de marzo 5-1987 ED 123-102)” (voto del Dr. Cifuentes C N Civ. Sala C
abril 9-1992 “Piñeiro Arnaldo c. Instituto Para la Nueva Generación” ED 147-543).
Es decir que en orden a la vezata quaestio de la existencia o no de derechos
incausados, excluidos de la ponderación de su ejercicio a la luz del abuso del derecho
(Julio C. Rivera “Los derechos incausados” en Rev. de Derecho Privado y Comunitario
Nº16 Abuso del Derecho p. 47), el criterio preponderante al cual adscribo (ver en sentido
contrario voto de la mayoría – con la disidencia del Dr. Montes de Oca- C N Civ. Sala G
24/4/1989 in re “Fidel Luis c. Inst. Chamberlain de Eccleston” LexisNexis Doc. 105203;
mereciendo destacarse que este mismo tribunal ya con distinta integración expresó el
18/5/2005 en autos “M R. c. Asoc. Civil Colegio V. D.” – ED 213:536 – que el derecho de
no rematricular reconocido a los institutos de enseñanza privada no puede “ser ejercido
por estos en forma caprichosa o arbitraria, sino cuando esa prerrogativa no importe
discriminación o perjuicio ilegítimos”, privándolo de amparo en tanto irregular o antifuncional), no comprende en su repertorio al supuesto que nos ocupa. “La no inscripción
de un alumno puede importar un abuso en el ejercicio del derecho cuando no
existen motivaciones serias acordes con los antecedentes de la situación de hecho” (Aída
Kemelmajer de Carlucci “Principios y tendencias en torno al abuso de derecho en
Argentina” en R D P y C nº 16 cit. p. 260).
“Es de tener presente que la facultad de contratar o de no contratar puede ser
ejercida con abuso de derecho” (Spota Contratos vol. I nº 16 p. 22)
Recordemos que “en última instancia, lo que se quiere rechazar con la teoría del
abuso del derecho es un comportamiento o una omisión que, a tenor de ciertas
circunstancias y no obstante algunos argumentos que se pueden esgrimir a su favor,
genera a la postre un daño injustificado. Queremos destacar que no se trata de
intenciones sino de manifestaciones externas de actos -positivos o negativos- que
vinculan a uno con otro (alteridad), pero cuya mayor peculiaridad reside en que gozan por
su origen o apariencia de cierta licitud o respaldo jurídico; o sea que dichas conductas no
resultan manifiestas o normalmente antijurídicas aunque en el caso terminan violando
las exigencias (correspondientes) a la perspectiva externa en los límites de los derechos
subjetivos. La reacción desfavorable del Derecho frente al abuso se fundamenta porque
se produce un daño a alguien, es decir se lo priva de algo que le corresponde, sin que ello
se pueda justificar jurídicamente. Es el juicio de equidad, fruto de la razón práctica
jurídica operativa o prudencial, lo que determina que se impida esa conducta abusiva. La
apariencia de juridicidad y lo injusto concreto son, en última instancia, las dos notas más
características del instituto que estamos analizando” (Rodolfo L. Vigo “Consideraciones
iusfilosóficas sobre el abuso del derecho” en la misma R D P y C nº 16 p. 311); que el
abuso “pone límite al ejercicio, o al no uso del derecho, cuando se agravia… un interés
ajeno no tutelado por norma jurídica específica; interés no incorporado al ordenamiento
positivo como típico derecho subjetivo” (Luis Niel Puig “Abuso del derecho” en
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“Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Libro homenaje al Dr. A. A. Alterini” p.
1078/9).
Confluye también como norte en el horizonte valorativo la teoría de los actos
propios, que ya por reconocer con la del ejercicio abusivo un tronco común en el principio
de la buena fe (Alejandro Borda “La teoría de los actos propios” p. 108/110) ya por ser
una derivación o aplicación de aquel ( Enrique Bianchi- Héctor Iribarne “El principio
general de la buena fe y la doctrina venire contra factum proprium non valet” ED 106-
860/1 y Atilio Alterini- Roberto López Cabana “La virtualidad de los actos propios en el
derecho argentino” La Ley 1984-A-879), ha de impedir avalar pretensiones contradictorias
del colegio respecto de conductas suyas anteriores, atentando contra la buena fe de
aquellos que actúen sobre tal base (arts. 1198 y 1071 del C Civil y 37 ley 24.240; trabajo
citado de Joulia y Bertolino).
III.- Fijada de la forma que antecede la recta interpretación desde mi óptica de
las facultades de los colegios privados en orden a la admisión de alumnos, claro resulta
que la A-quo ha partido de una premisa distinta. No obstante ser innecesario en función
de lo que se colige es su criterio sobre la absoluta discrecionalidad de ese derecho, no se
desentendió sin embargo de las circunstancias de hecho en que fue ejercido, valorando
implícitamente como justificados los motivos o causa de la negativa que viene tachada de
antijurídica por abusiva. También discrepo con esa apreciación.
Se ha reconocido al contestar la demanda (ver fs. 90vta), y ello es reiterado en
la contestación recursiva, que el Colegio admitió al menor (L.) en primer grado, con total
conocimiento y conciencia de su limitación auditiva. Ello implicaba hacerse cargo de las
dificultades inherentes a esa situación de desventaja y al asumir institucionalmente ese
reto o desafío el compromiso de desplegar los esfuerzos necesarios para lograr superar
las barreras de comunicación, a través de un entorno educativo propicio, sólido en su
estructura y proyectado hacia el futuro, como medio abierto y flexible de integración y
desarrollo personal. Imponía entonces adoptar las diligencias exigidas por la naturaleza
de la obligación y correspondientes a las circunstancias de la persona (cada niño con
discapacidad es único y ello descarta un único modelo de intervención); una ejecución de
acuerdo a lo que las partes obrando con cuidado y previsión verosímilmente entendieron
o pudieron entender (arts. 512 y 1198 del C Civil). Cabe destacar asimismo que mayor era
el deber por parte de la institución de obrar “con prudencia y pleno conocimiento de las
cosas” por la profesionalidad del servicio que presta y al que se había obligado (art. 902
del C Civil). Va de suyo que ello demandaba una atención pedagógica y estímulo
didáctico especial, con un trabajo sistematizado basado en la solidaridad y en la
colaboración familiar e incluso según el nivel de los obstáculos que se presentaran desde
el abordaje interdisciplinario, con el auxilio de profesionales capaces de coadyuvar al
resultado exitoso de la tarea (ver resp. 6º pericia de la Psicóloga M. fs. 151vta y fs.
164vta.). En eso, de buena fe confiaron los padres.
Así las cosas, la rescisión de la relación o no renovación del contrato, como se
quiera ver, decidida al término del primer año se visualiza carente de fundamentos serios
y atendibles. Del acta obrante a fs. 11 en correlato con la nota del 3 de diciembre de 2004
(fs. 10) y carta documento remitida el día 17 de ese mismo mes (fs.18), surgen las
razones alegadas, que en resumen son de tres órdenes: 1) trastornos de comportamiento
del menor en el área social 2) beneficio para Lucas de cambio de institución y 3) carencia
de un equipo especializado permanente para su contención. En relación a la primera,
erigida defensivamente como la de mayor gravitación, tanto en la contestación de la
demanda (fs. 90vta.) como en la de los agravios (fs. 399) se la ha pretendido desvincular
de las dificultades auditivas.
Ahora bien, que el cambio de colegio no permitía verse a ese momento como
facilitador o que favoreciera la escolaridad del menor (L.), es categóricamente desmentido
por la nota cursada por la psicóloga que lo atendía M. L. G. del 1/12/2004 (cuya copia
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agregada al cuaderno psicopedagógico aportado por la accionada obra a fs. 86) según la
cual la no renovación “sería para el niño sentida como una expulsión, que lo reenviaría
hacia afuera, sería él como niño el expulsado, lo que aumentaría aún más su
sintomatología e incidiría en su futura sociabilización”. Tal consejo fue desestimado sin
ningún tipo de consideración por las autoridades directivas conforme se desprende de la
ya citada nota de fs.10. Es decir no era su bien – el del menor (L.) como educando y como
persona – el considerado. Es más, aunque el nuevo establecimiento se revele como más
contenedor y propicio para su especial problemática – circunstancia que a ese momento
no se podía conocer- ello no descarta, como veremos al ocuparnos del daño, que como
dijo la Psicóloga M. (resp. 7ª fs. 185) esa situación provoque sentimientos de impotencia,
dolor y frustración.
En lo hace a la carencia de un equipo especializado permanente, entendido por
dicha perito como gabinete psicopedagógico (resp. 5ª fs. 191), aunque de las copias del
cuaderno respectivo no surge la participación de una psicopedagoga , según declaró la
maestra D. B. (acta de fs. 253/6) el colegio cuenta con una, que “la acompañaba bastante
ese año dentro del salón, le daba orientaciones para trabajar con él. La psicopedadoga
pasa todas las semanas, no sabe exactamente cuantas veces”. Que su asistencia fuese
eventualmente insuficiente (una profesional para doce cursos, v. resp. segunda
repregunta) debió ser una cuestión evaluada al admitirlo en el primer curso. Incluso como
se desprende del testimonio de fs. 260/262 de M. M. S. (madre de otro menor cursante a
esa época también en el primer grado, aunque no sabemos en que división, con trastorno
de tipo autista, problema de notoria mayor complejidad que el que nos ocupa en cuanto a
su sociabilización), el mismo instituto tuvo el auxilio de una maestra integradora para
apoyar al docente. Es más, según el informe de fs. 221 también se trabaja con un PPI
(proyecto pedagógico especial) con la escuela especial 503 para la integración de un
alumno con síndrome de Down. Como dijo la fonoaudióloga V. (resp. segunda repregunta
fs, 241vta.) “la integración con la escuela especial, la pide siempre la institución en que
los papás inscriben a su hijo y la necesidad de la integración en general se acuerda de
acuerdo a los criterios de la institución, de la escuela y la familia en relación a las
dificultades del aprendizaje”. De los dichos de la misma (tercera ampliación fs. 241), de
la maestra (primera repregunta fs. 254) y de la constancia en el cuaderno correspondiente
al 6 de abril (fs. 77), surge el ofrecimiento de la fonoaudióloga a colaborar. También
consta (fs. 84) que en noviembre se tuvo un contacto con la Psicóloga G.
Pero no existe constancia, ni ha sido alegado que se requirió un apoyo adicional. Es
decir, si ese recurso humano especializado o adicional se advirtió posteriormente al
ingreso como necesario, nada se hizo en este caso – a diferencia de los otros menorespara superar su carencia o insuficiencia. Directamente fue enarbolada como factor
imposibilitante de la prestación, sin proponer soluciones o alternativas para superar un
déficit propio originariamente no contemplado. Al no ser así excusable un supuesto error
en que la institución habría incurrido en cuanto a las propias posibilidades si el mismo
obedeció a imprudencia o impericia, no deben trasladarse las consecuencias
desfavorables de ello al contratante inocente.
Yendo a los “serios trastornos de conducta”, “comportamientos extraños o fuera
de lo común”, reiterada dificultad para adaptarse socialmente, su conducta agresiva, etc,
interesa puntualizar: a) “las dificultades en el lenguaje podrían traerle aparejado
particularidades en la comunicación con sus pares. La función docente sería fundamental
para propiciar el intercambio adecuado entre los niños, como tarea de sociabilización”
(resp. b fs. 152 pericia Psicóloga M.); b) “De sus relatos se desprendería que no posee
actitudes agresivas para con sus iguales. Puede ser que se confunda sus limitaciones en
la comunicación verbal con actitudes agresivas, es decir, probablemente el niño se
comunique con un lenguaje corporal en algunas situaciones” (resp. 3 fs. 151 del mismo
informe); c) “… Las limitaciones en la comunicación lingüística no deberían influir en la
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relación del niño con los docentes” (idem resp. c fs. 152); d) ” Los tonos de voz suaves le
dificultaban comprender y era allí en los únicos momentos en los que se manifestaba la
ansiedad, recurriendo al valor corporal, es decir se levantaba…”(análisis de la Psicóloga
M. fs. 183); e) “…la agresión está puesta más que en el medio en sí mismo.
Las conductas que se pueden desprender son un reflejo de la impotencia que le genera
la inadecuada comunicación con el medio, ejemplo de esto sería al no poder ser
comprendido lo expresa con su cuerpo a través de la motricidad haciendo un juego
brusco” (respuesta 3 de la perito M. fs. 184); f)”….esta actitud de defensa está
relacionada con su discapacidad” (resp. 5 fs. 185 del mismo dictamen); g) “…gran bloqueo
emocional debido a su discapacidad. Esto lo hace sentir inseguro, inestable, vulnerable y
lo dificulta en cuanto a su relación con el medio. En cuanto a la aptitud del niño frente al
aprendizaje es notorio el esfuerzo que pone para lograr estar al nivel de sus pares, lo que
habla de una adecuada integración con la escuela común, no considerando la educación
especial para el menor (L.)” (idem resp. 8 fs. 186); h) “En cuanto a las relaciones con
sus pares es un niño con una personalidad muy controlada que no logra expresarse
adecuadamente, esto lo supera y recurre a la expresión corporal, a los impulsos; es
posible que el juego sea más brusco que lo habitual, a eso debe agregársele que los
niños en esta edad necesitan manifestarse a través del cuerpo; en el menor (L.) es más
evidente todavía” (en la misma respuesta); i) “…se exige permanentemente en ser un
niño bueno, en portarse bien, en definitiva de que lo quieran los demás (resp. 9 fs. 187); j)
“…presenta un trastorno emocional vinculado a su discapacidad. Es un niño inseguro, con
un yo débil vulnerable a toda situación patógena del medio. Esto lo hace un sujeto
ansioso con dificultades para expresar sus emociones y con un pobre control de su
agresividad…El origen del trastorno se asocia a su discapacidad… El niño manifiesta su
impotencia y sus conflictos a través de su cuerpo, de sus impulsos” (resp. 1 fs. 189/190 de
la Lic. M., quien concluye que si es asistido el pronóstico es muy favorable); k)”…Al
sentirse distinto y con la dificultad en expresarse correctamente y al haber predominio de
expresión corporal puede llegar a hacérsele difícil ser comprendido por sus pares” (resp. 2
fs. 190) y l) “El niño necesita ser contenido aún más que cualquier otro niño sin caer en la
diferencia; esto provoca cierto desgaste y de un programa operativo para que el niño se
sienta cómodo” (en la misma fs. resp. 3).
No hace falta resaltar ninguna de esas conclusiones para que sin hesitaciones
lógicas y con una interpretación de conjunto, aplicando las reglas de la sana crítica, pueda
afirmarse que su comportamiento en el área o aspecto social, más que relacionado está
determinado por su limitación física y su ingreso al mundo sonoro con adquisición del
lenguaje en forma posterior a otros niños de su edad (ver resp. 6 fs. 151 vta. Psicóloga
M.). En tal sentido los inconvenientes o escollos que la adaptación del menor (L.) generó
eran previsibles, no solo fácilmente detectables por una evaluación psicodiagnóstica de
haberse requerido a su ingreso sino razonablemente inferibles a partir de la experiencia
pedagógica con sujetos con discapacidades que afectan la comunicación oral. No se
trataba de una circunstancia sobreviniente, ajena al marco o contexto contractual
originario, determinante de una prestación distinta a la comprometida que legitimara un
arrepentimiento, un desandar la conducta inicial del establecimiento, por cierto muy loable
pero a la luz de lo sucedido inconstante, de integración y apertura hacia alumnos
“problemáticos”, con actitudes fuera de lo “común”, lo que parece haberlo sorprendido.
No mejora en este sentido la posición del Colegio demandado las eventuales
dificultades de la misma índole que hubiese tenido el menor anteriormente en el Jardín S.
I., de ser cierto lo declarado por la maestra F. a fs. 248/251 – no obstante que los
informes de fs. 223 y 326 comprometen su atendibilidad -, ya que ese antecedente – que
no se ha postulado ser de conocimiento posterior a su admisión – alertaba sobre los
esfuerzos especiales que demandaba su atención educacional. Ello por otra parte pone
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en evidencia la indisoluble vinculación de tales signos o manifestaciones con el problema
auditivo, dado que por su objetiva mayor entidad que los episodios sucedidos en el
colegio (aclaro de ajustarse los relatos respectivos a la realidad) se correspondieron a una
etapa evolutiva de su incapacidad y maduración anterior, en los primeros meses del año
2000 cuando usaba audífono antes del implante coclear ( ver fs. 250).
Desde otra perspectiva, más allá de lo efectista del número de 18
comunicaciones de observaciones disciplinarias en el cuaderno, si analizamos su
contenido (referido a juego no tranquilo o brusco, desobediencia de consignas de la
maestra, pelea y salivar a sus compañeros) no prueban por si solas, al carecer de detalles
o mayores precisiones, que su conducta comprometiera o afectara gravemente a sus
compañeros, de forma anormal, inusitada o insuperable; llegando desprovista de todo
sustento probatorio la alegación de que existieran al respecto quejas por parte de los padres de aquellos. En cuanto al valor de tales comunicaciones, expresó la perito M.
“Contención sería más abarcativo que información, alude a aspectos emocionales.
Cualitativamente hablando, las informaciones y notificaciones referidas, diferirían de
acuerdo al tono emocional que acompaña a las mismas” (ver resp. de fs. 165). Importa
también apuntar lo declarado por su maestra D. B. a fs. 256 en el sentido de que ese
grupo no era tranquilo, de que en ese grado existían otros menores con problemas de
conducta, de que algunos de ellos ya no están en la escuela – no sabiendo por decisión
de quién- y otros aún permanecen, y por la fonoaudióloga V. a fs. 241 acerca de la
entrevista que tuvo con aquella “le dijo que no se le habían presentado problemas
mayores, le pareció que estaba tranquila en relación al desempeño general del menor (L.)
y le dijo que era un nene muy inquieto y que tenía unos cuantos alumnos en las mismas
condiciones se refiere de inquietud”.
Siendo que el contrato, como descriptivamente dice el texto del art. 967 del
Proyecto del Código de 1998, obliga “a lo que razonablemente se habría obligado un
contratante cuidadoso y previsor, incluyendo a las consecuencias virtualmente
comprendidas en él, conforme a su naturaleza”, “teniendo en cuenta la finalidad del acto y
las expectativas justificadas de la otra parte”, las causales invocadas para la no
rematriculación aparecen como excusas y no razones legítimas para intentar justificar la
contradicción e incoherencia entre esa conducta propia posterior y el haber aceptado al
menor (L.) entre su alumnado, escaso tiempo atrás y sin haber variado la plataforma
fáctica, incluido el aspecto personal, de una vinculación contractual por su naturaleza de
duración, con un trato desigualitario en cuanto a las oportunidades de integración que
brinda y esfuerzos que despliega la institución en otras situaciones de discapacidad o
problemáticas, lo que hace abusivo el ejercicio de esa facultad, aunque formalmente la
decisión se haya adoptado en tiempo oportuno.
La discrecionalidad no tolera su asimilación a la arbitrariedad, la que se
configura cuando se exceden los límites de la buena fe, y en el sublite se verifica al
rechazar fuera del contexto lógico al postulante para desligarse de “lidiar a diario con los
trastornos” -fs. 93- que por su incapacidad provocaba, viniendo sobre sus pasos y el
compromiso asumido, sin consideración a la confianza que en la estabilidad y esfuerzos
de la prestación educativa la familia había depositado, para sumirla conjuntamente con el
menor innecesariamente en una oscura y agraviante nebulosa, ya que de advertirse tan
inconsistente la voluntad de admitirlo tal como el menor (L.) era por sus circunstancias,
en el compromiso de ayudarlo a desplegar su potencialidades, integrarse y superar las
dificultades originadas en su limitación auditiva, responsablemente el Colegio no debió
inicialmente incorporarlo y los padres de haberlo sabido razonablemente no lo habrían
propuesto (ver voto de la Dra. Paggi en sent. del 17/4/1984 de la Cam. 1º Sala II San
isidro ” O., C. W c/ Colegio S. I. s/ Daños y Perjuicios” causa 35.797 Reg. 80).
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IV.- Admitida por lo expuesto la antijuricidad en sentido lato de la conducta del
Colegio por abuso del derecho como factor de atribución, los otros presupuestos de la
responsabilidad endilgada aparecen in re ipsa.
Se equivoca la sentenciante al descartar la existencia de daño en relación
adecuada de causalidad porque el cambio de Colegio haya sido resultado favorable al
alumno o porque los trastornos o dificultades del menor se sigan trasuntando a la luz del
informe psicopedagógico del Colegio P. R.
En relación a primer aspecto, si bien incide en la extensión del agravio moral
provocado, debiendo computarse a los fines de su cuantificación, ello no elimina los
padecimientos, angustias, sentimientos de zozobra, inquietud e inseguridad que todo
desarraigo impuesto que además traduce una exclusión provoca; máxime cuando las
condiciones personales de adaptación o integración eran las comprometidas, cuando al
hecho de que ningún cambio es indiferente se le sumaba que por la propia historia de vida
del menor era asimilado como expulsivo y por ende frustrante de sus esfuerzos en pos de
la aceptación permanentemente buscada. Esa repercusión espiritual y anímica
disvaliosa debe ser resarcida. Ni que decir de la incertidumbre en que fueron colocados
los padres, debiendo emprender una nueva búsqueda de establecimiento educativo, con
la sensación de fracaso por la elección anterior, el antecedente desfavorable de las
razones de la desvinculación y los temores y dudas lógicas de una admisión dificultosa ya
de por sí por la limitaciones de su hijo, amén de la preocupación acerca de su desempeño
posterior con la insinuación de que algo especial era necesario. Obvia resulta la aflicción
generada y subsistente hasta que tales incertidumbres fueron desapareciendo.
El otro factor conlleva una confusión entre el déficit propio de las limitaciones
que la víctima por sí aporta, las dificultades de integración (específicamente la A-quo se
refiere a la imposibilidad de establecer relaciones duraderas) debidas a su problema
auditivo, con el daño distinto, independiente y directamente provocado por el Colegio a
través de su decisión.
En función de lo que llevo dicho, es que estimo justo y equitativo fijar en
concepto de daño moral a indemnizar por el demandado, la cantidad de pesos cinco mil
para los padres y de tres mil para el menor (arts. 499, 901, 522,1078 y conc. C Civil).
TAL ES MI VOTO
El Señor Juez Dr. Rosas, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola , dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales
citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución
Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
I.- REVOCAR la sentencia apelada, HACIENDO LUGAR a la demanda por
daños y perjuicios entablada, condenando al Instituto C. M. al pago dentro del plazo de
diez días de la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) a cada uno de los padres
(M. I. L.y L. D. P.) y de pesos tres mil ($ 3.000) a favor del menor L. L., en concepto de
daño moral (arts. 522 y 1078 del C Civil). A dichas sumas deberán adicionársele intereses
a la tasa pasiva (la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus
operaciones a plazo fijo a treinta días) desde el día 3 de diciembre de 2004 (ver fs. 10) y
hasta el efectivo pago.
II.- Las costas de ambas instancias se imponen al demandado perdidoso
(arts.274 y 68 del CPCC).
III.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada (art. 274 del CPCC),
difiriendo su determinación y los correspondientes a esta instancia para su oportunidad
(arts. 23, 31 y 51 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Rosas, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
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Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores
Jueces por ante mí: FDO.: DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y PATRICIO GUSTAVO
ROSAS, por ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As), 03 de Julio de 2.007.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos
legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución
Provincial y 272 del CPCC-, SE RESUELVE:
I.- REVOCAR la sentencia apelada, HACIENDO LUGAR a la demanda por
daños y perjuicios entablada, condenando al Instituto C. M. al pago dentro del plazo de
diez días de la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) a cada uno de los padres (M.
I. L. y L. D. P.) y de pesos tres mil ($ 3.000) a favor del menor L. L., en concepto de daño
moral (arts. 522 y 1078 del C Civil). A dicha sumas deberán adicionársele intereses a la
tasa pasiva (la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a
plazo fijo a treinta días) desde el día 3 de diciembre de 2004 (ver fs. 10) y hasta el efectivo
pago.
II.- Las costas de ambas instancias se imponen al demandado perdidoso
(arts.274 y 68 del CPCC).
III.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada (art. 274 del CPCC),
difiriendo su determinación y los correspondientes a esta instancia para su oportunidad
(arts. 23,31 y 51 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO.:
DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y PATRICIO GUSTAVO ROSAS, por ante mí, DRA.
MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
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Reglamentación derecho de admisión en los colegios

 

REGLAMENTACIÓN de la LEY Nº 2.681
DECRETO N° 107/011
BOCBA N° 3620 del 09/03/2011

Buenos Aires, 01 de marzo de 2011

VISTO:

La Ley Nacional N° 26.206, la Ley N° 2.681, el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios el Expediente N° 62.963/2008, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 2.681 ha establecido la obligación de fundar la negativa de matriculación o rematriculación de alumnas/os de escuelas de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial;

Que dicha norma designa al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como autoridad de aplicación;

Que por el Decreto N° 2.075/07 se estableció, entre las responsabilidades primarias de la Dirección General de Educación de Gestión Privada dependiente de la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación, el administrar y supervisar el subsistema de Educación de gestión privada de la jurisdicción conforme a las políticas del citado Ministerio;

Que la naturaleza de los derechos en cuestión hace necesaria su reglamentación, a fin de velar por el cumplimiento de la obligación de notificar en forma fehaciente a los padres o representantes de los alumnos las razones en que se funda el ejercicio del derecho de admisión, así como que la misma se efectúe en tiempo oportuno y con la debida confidencialidad;

Que la reglamentación debe establecer procedimientos que faciliten el ejercicio armónico de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la educación es “un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado“;

Que el mismo cuerpo legal reconoce el derecho de las entidades educativas públicas de gestión privada a aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su
ideario;

Que el articulo 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concordancia con tratados internacionales, consagra el derecho individual de los
educandos y de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias, lo que presupone su acuerdo con el ideario y el
proyecto educativo propuesto por cada entidad educativa;

Que resulta necesario establecer un procedimiento eficiente que reglamente el ejercicio de los derechos de las partes.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.681, que como Anexo formaparte integrante del presente Decreto.

Artículo 2.- Facúltase al Ministerio de Educación a dictar las normas complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente.

Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI – Bullrich – Rodríguez Larreta

ANEXO

Artículo 1º.- A los efectos de la Ley se entenderá por aspirante a quien, por sí o a través de sus representantes, dentro de los plazos y en la forma exigida por la institución:

solicite por escrito su matriculación o rematriculación anual en un servicio reconocido de un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial, y
suscriba de conformidad la documentación a que se refiere el artículo 6° de la Ley, así como cualquier otra reglamentación interna de la institución, en las condiciones que fije el Ministerio de Educación.
(Conforme texto Anexo I del Decreto Nº 171/011, BOCBA Nº 3643 del 13/04/2011)

Artículo 2º.- Las causas que surjan en forma expresa de las leyes y reglamentaciones vigentes, proyecto educativo, reglamentos internos, contrato educativo o compromisos individuales establecidos entre las partes y notificados en la forma prevista en el artículo 6° de esta reglamentación, podrán ser alegadas en tanto no resulten contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(Conforme texto Anexo I del Decreto Nº 171/011, BOCBA Nº 3643 del 13/04/2011)

Artículo 3º.- La solicitud de fundamentación de la negativa de la matriculación o rematriculación debe ser presentada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de conocido dicho extremo, ante las autoridades educativas de la institución educativa, por los sujetos legitimados a tales efectos de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley.

En caso que dicha fundamentación fuese negada o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 4º de la Ley sin obtener respuesta de la institución educativa, los sujetos legitimados podrán radicar la denuncia correspondiente ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el Organismo que en el futuro la reemplace, a efectos de que la institución educativa explicite las causas de la denegación de matriculación o rematriculación.

La denuncia debe presentarse dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos, vencido el cual se tendrá por desistida la posibilidad de articular la misma.

Artículo 4º.- Entiéndese por respuesta confidencial y exclusiva en los términos del artículo 4° de la Ley aquella que se efectúa en forma personal a los padres o tutores del aspirante menor de edad, o al mismo si fuera mayor, o por notificación fehaciente dirigida al domicilio denunciado por el requirente ante la institución educativa, en las condiciones que fije el Ministerio de Educación.

(Conforme texto Anexo I del Decreto Nº 171/011, BOCBA Nº 3643 del 13/04/2011)

Artículo 5º.- Cuando el hecho que sirva de causa a la negativa de rematriculación se hubiera producido después del 31 de octubre, cuando la institución educativa tomara conocimiento del mismo con posterioridad a dicha fecha, o cuando la decisión estuviera sujeta al cumplimiento de condiciones establecidas por acuerdo de partes, se tendrá por cumplido el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley siempre que la notificación de aquella negativa se realice dentro de los diez (10) días hábiles administrativos siguientes a la producción del hecho, a su toma de conocimiento o al cumplimiento de la condición.
Idéntico criterio se aplicará cuando la solicitud de rematriculación fuere efectuada en fecha posterior al 31 de octubre.

(Conforme texto Anexo I del Decreto Nº 171/011, BOCBA Nº 3643 del 13/04/2011)

Artículo 6º.- Deberá dejarse constancia por escrito de la entrega y aceptación de la documentación prevista en el artículo 6º de la Ley, así como de cualquier otra reglamentación interna, contrato o compromiso aceptado y asumido por las partes.

Artículo 7º.- El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada o el organismo que en el futuro la reemplace, será la autoridad de aplicación de la Ley.

Artículo 8º.- Recibida la denuncia la Dirección General de Educación de Gestión Privada o el organismo que en el futuro la reemplace, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos, dará vista a la institución educativa, quien deberá efectuar el descargo que hace a su derecho dentro del mismo plazo.

El contenido del descargo tendrá carácter reservado, y no implicará violación del deber de confidencialidad y exclusividad establecido por el artículo 4º de la Ley.

Si lo considerara oportuno, la Dirección General de Educación de Gestión Privada o el organismo que en el futuro la reemplace, podrá citar al alumno o sus representantes, según correspondiere, y al representante de la institución educativa, a fin de intentar acercar posiciones, labrándose acta.

En caso de arribarse a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, se dejará constancia y se dispondrá el archivo de las actuaciones.

Artículo 9º.- La Dirección General de Educación Gestión Privada o el organismo que en el futuro la reemplace, garantizará el derecho al debido proceso adjetivo de los sujetos alcanzados por las decisiones que se adopten de conformidad con lo establecido en la presente reglamentación, con los alcances dispuestos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 10.- Una vez firmes, las sanciones establecidas en el artículo 9º de la Ley, serán publicadas en el sitio oficial del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el tiempo establecido a continuación:

Apercibimiento 2 días
Amonestación Pública 5 días
Multa de 10 veces el valor de la cuota mensual 10 días
Multa de 15 veces el valor de la cuota mensual 15 días
Multa de 20 veces el valor de la cuota mensual 20 días
Multa de 30 veces el valor de la cuota mensual 30 días
Multa de 40 veces el valor de la cuota mensual 40 días
Multa de 50 veces el valor de la cuota mensual 50 días
Artículo 11.- La presente reglamentación deberá ser exhibida junto con el texto completo de la Ley, en las condiciones previstas por el art. 11 de la misma.

Artículo 12.- Sin reglamentar.

 

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