La cobertura de la obra social y el daño moral

La obra social debe cubrir y reembolsar las prestaciones a favor de un nene con una discapacidad física y motriz severa

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Los padres de un nene con discapacidad iniciaron una acción de amparo a fin de  obtener una cobertura integral de las prestaciones. Esto pasó en 2003 pero al menos obtuvieron una medida cautelar favorable, es decir, durante los años en que duró el juicio pudieron tener la cobertura.

Resulta que en el transcurso del año 2003 la Obra Social brindó a su hijo una cobertura parcial con respecto a las prestaciones correspondientes al Centro Educativo  Terapéutico, servicio de transporte escolar, tratamientos de fonoaudiología ykinesiología, terapia ocupacional, medicación epiléptica y ortopedia a las que tenía derecho.}

Para los jueces, la obra social incurrió en un incumpliendo así lo prescripto en la Ley 24901. Es que el nene tiene síndrome de west, el CUD, y necesita tratamiento.

En el caso, se comprobó:

a) la discapacidad del nene;

b) el tratamiento
prescripto por los profesionales de la salud;

c) la necesaria asistencia del paciente al
Centro Educativo en función de su patología;

d) los servicios brindados por dicha
institución durante el año 2003;

e) la solicitud de reintegro por pago de diferencias y por
beca de transporte realizada por la madre del afiliado para ese período; y

f) la existencia de diferencias entre 10 requerido por ella y lo liquidado por la demandada

Por ende, los jueces ordenaron los reintegros con más los intereses y $ 40 mil en concepto de daño moral, por el padecimiento que sufrieron al no darle las prestaciones. Ahora la obra social deberá darles esas sumas, según lo ordenado judicialmente.

Podés leer más en la sentencia de abajo y dejar tu comentario.

 

Sentencia obra social cobertura discapacidad

, … Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
2019 – Año del 250 Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT – SALA TI
…GUSTAVO JUAN Y OTROS CONTRA OSCBA (OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES) SOBRE
DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)
Número: EXP 25581/2007-0
CUIJ: EXP J-OI-00005208-212007-0
Actuación Nro: 12948230/2019
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ‘8 días del mes de agosto de dos mil
diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la sala 11 de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para dictar sentencia en los autos “….Gustavo Juan y otros el
OCSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires) sobre daños y perjuicios
(excepto resp. médica)” EXP N°2558110.

El tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: FERNANDOE. JUANLIMA, ESTEBAN
CENTANARO y  MARIANADÍAZ.

A la cuestión planteada el Dr. FERNANDOE. JUANLIMA dijo:

RESULTA:
1. Que, a fs. 1/29, los señores Gustavo Juan ccc  y Claudia Beatriz
v por derecho propio y en representación de su hijo G,
mediante apoderado, promovieron demanda contra la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (en adelante, “la Obra”) con el objeto de obtener la reparación de los
daños y perjuicios que habrían padecido como consecuencia del incumplimiento
contractual en el que habría incurrido la demandada.

Al respecto indicaron que su primogénito, afiliado de la Obra N°31204 7-12, fue diagnosticado con encefalopatía crónica, síndrome de west y retraso psicomotor severo.

Relataron que en el año 2003 comenzó a concurrir al Centro de
Recuperación Integrada bajo la modalidad de Centro Educativo Terapéutico y que,
durante el transcurso de ese año, la Obra otorgó una cobertura parcial de las
prestaciones solicitadas, siendo que para el 2004 cesó con aquella de fonna completa.

En función de lo expuesto, frente al riesgo de que su hijo se vea obligado a
interrumpir su tratamiento, en marzo de 2004 iniciaron una acción de amparo a fin de
obtener una cobertura integral de las prestaciones, en cuyo marco obtuvieron una
medida cautelar favorable.

Agregaron que posteriormente, mediante el dictado de la Disposición
04/2006, la Obra implementó un programa para afiliados con discapacidad que implicó
la adecuación de sus prestaciones a los lineamientos establecidos en la Ley 24901
-“Sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con
discapacidad”-. En función de ello, indicaron que el objeto del amparo devino en
abstracto.

En virtud de los padecimientos que les habría ocasionado la necesidad de
acudir a la vía judicial para obtener la cobertura integral de salud para su hijo,
reclamaron, por un lado, un resarcimiento de cincuenta mil pesos ($50.000) en concepto
de daño moral -el que discriminaron en partes iguales entre ellos y su hijo (v. fs. 91
vta.)-.

En tal sentido, indicaron que para la resolución del caso en cuestión
resultaba necesario ponderar las especiales características del incumplimiento de la
Obra, el agravamiento del sufrimiento padecido por los actores y la alteración del ritmo
normal de vida que ello importó (v. fs. 12 vta.).

Por otra parte, solicitaron el reintegro de los gastos que habrían afrontado
como consecuencia de las diferencias existentes entre los costos del tratamiento que
requería su hijo y los montos que habría cubierto la Obra durante el transcurso del año
2003.

Así, solicitaron el pago de diez mil ciento setenta y ocho pesos con
cuarenta centavos ($10.178,40) en función de la asistencia de G al Centro
Educativo Terapéutico, el transporte especial que requirió a tal efecto, la atención
recibida por tratamientos de fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional,
medicación epiléptica y ortopedia (v. fs. 16/16 vta.).

Por último, fundaron en derecho su petición, ofrecieron prueba, hicieron
reserva del caso federal, denunciaron conexidad con las actuaciones “… y otros cl OBSBA si Amparo (Art. 14 CCABA)” Expte. N°11725/0 y
peticionaron que se hiciese lugar a la demanda, con costas.

2. Que, a fs. 107/111 la Obra contestó el traslado de la demanda,
solicitando su rechazo, con costas.

Por imperativo legal, negó los hechos expuestos por su contraria.
Sostuvo que no se encontraba acreditado en autos que hubiese incumplido
con las prestaciones que tiene a su cargo.

En tal sentido, manifestó que la cuestión de fondo suscitada en el amparo
iniciado en el Juzgado CAyT N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consistió en
determinar el alcance de la cobertura a la cual la Obra se encontraba obligada y, en
consecuencia, si la Ley 24901 le resultaba aplicable.

Alegó que H[e]l hecho de recurrir a la Justicia para que esta última
manifieste que normativa debe aplicarse, no transforma el actuar de [la Obra] en
arbitrario, ilegal [y] antijurídico, más aun cuando no existió mala fe (..,), ajustando su
conducta, al régimen de prestaciones, conforme su naturaleza jurídica” (confr. fs. 109).
Así, concluyó en que resultaba claro y categórico que no existió perjuicio
alguno para la accionante por el cual deba responder en las presentes actuaciones (v. fs.
110).

Finalmente, ofreció prueba y solicitó el rechazo de la demanda, con costas
a la actora.

3. Que, a fs. 343/349, el magistrado de grado dictó sentencia rechazando la
demanda, con costas en el orden causado (cfr. arto65 CCAyT).
Para así decidir, el a quo consideró que no se encontraban debidamente
acreditados en la causa los daños alegados por la actora en su escrito de demanda.

En tal sentido, con relación al daño moral, sostuvo que “oo. si bien los
actores iniciaron (… ) acción de amparo para obtener la adecuación de la conducta de
la demandada a los parámetros fijados por la Ley N°24.901, no se ha acreditado en el
caso que tales inconvenientes con la cobertura hubieran llegado a ocasionar la
suspensión, interferencia o interrupción en el tratamiento de Gonzalo, de modo tal que
pudiera haberles ocasionado una inquietud o padecimiento espiritual a él o a sus
progenitores” (confr. fs. 347 vta.).

Adicionalmente, señaló que el hecho de que los actores hubieran debido
enviar cartas documentos e iniciar una acción de amparo, no permite determinar, por sí
mismo, la presencia de un estado psíquico doloroso, o de una situación de aflicción de
tal magnitud que importe el otorgamiento de un resarcimiento.
Por otro lado, rechazó el pedido de reintegro de los gastos en los que
habría incurrido la actora en virtud de la supuesta cobertura deficiente prestada por la
Obra durante el año 2003.

Ello así, en tanto consideró que no se encontraban probadas las
erogaciones aludidas por los padres del afiliado.

4. Que, notificada la sentencia, interpusieron recurso de apelación la
Asesoría Tutelar de Primera Instancia N°2 y la actora, a fs. 351/351 vta. y 354
respectivamente.

Ambos remedios fueron concedidos a fs. 355.
4.1. A fs. 361/372 vta. obra la expresión de agravios de la parte actora.
En 10 sustancial, criticó la sentencia de grado en tanto consideraron que sí
se encontraba acreditado que la Obra solo brindaba una cobertura parcial de las
prestaciones solicitadas.

En tal sentido, remarcó que la propia demandada reconoció, en el marco de
la acción de amparo iniciada ante el Juzgado CAyT N°7, que las prestaciones por ella
facilitadas no se adecuaban a la cobertura integral para personas con discapacidad
dispuesta mediante la Ley 2490 l. Circunstancia ésta que motivó el dictado de la medida
cautelar y la imposición de las costas de dicho proceso a su cargo.

Entendieron que el incumplimiento alegado también se encontraba evidenciado a través de la prueba pericial contable llevada a cabo en las presentes
actuaciones (v. fs. 362/362 vta.).Por otro lado, en cuanto al daño moral reclamado, expresaron que los
padecimientos que debieron soportar al atravesar peripecias administrativas y judiciales
para obtener la cobertura integral del tratamiento de su hijo discapacitado, les generó
angustia, incertidumbre y alteración emocional.

4.2. A fs. 440/440 vta. luce agregada la designación de la Sra. v
como apoyo provisorio de G para su intervención en estos autos,
conforme lo determinó el titular del Juzgado Civil N°12 de esta Ciudad donde tramita la
determinación de la capacidad de G en función de su nueva mayoría de edad.

4.3. A fs. 451/455 expresó agravios el Sr.Asesor Tutelar ante la Cámara.
En lo sustancial, sostuvo que se encuentra demostrado en autos que los
actores debieron iniciar una acción de amparo para obtener la adecuación de la conducta
de la demanda a los parámetros fijados por la Ley 24901, a fin de evitar la suspensión o
la interferencia en el tratamiento del coactor G.

Alegaron que dicha circunstancia, en sí misma, demostraba la omisión
antijurídica de la Obra y configuraba un padecimiento espiritual para su representado (v.
fs. 448 vta.).

4.4. Conferidos los traslados de rigor, la demandada guardó silencio.
5. Finalmente, a fs. 458 se elevaron los autos al acuerdo y a fs. 459 se hizo
saber la nueva integración del tribunal.

CONSIDERANDO:

5. Que, resulta necesario señalar que, durante la tramitación del
expediente, entró en vigencia el Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC)
aprobado mediante la Ley 26994 y su modificatoria Ley 27077.
En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo suscitado,
cabe destacar que el hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado es anterior
a la reforma legal aludida.

El nacimiento de la relación jurídica a la que se refiere este
pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel hecho y la procedencia
de la responsabilidad imputada al demandado, entonces, no puede ser juzgada con
arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo categóricamente prohibido en las
disposiciones del artículo 7° del CCyC.

Ello así, conforme se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(en adelante, CSJN) con relación a la eficacia temporal de la reforma mencionada, el
principio de ÍITetroactividad impide la aplicación de las nuevas disposiciones a
relaciones y situaciones jurídicas consumidas bajo el anterior régimen legal (in re
“D.L.P., V G. cl Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas si amparo”,
Fallos: 338:706).

Establecido lo anterior, corresponde abordar el análisis de las objeciones
planteadas por las recurrentes.

6. Que, en primer lugar, corresponde determinar si efectivamente la Obra
incurrió en una prestación deficiente del servicio de cobertura que tiene a su cargo con
relación al afiliado G.  tal como lo sostiene la parte actora.
. Al respecto, es menester recordar que el derecho a la salud constituye un
valor primordial de nuestro ordenamiento jurídico, encontrándose reconocido en
diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22).

Entre ellos: en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (“[IJos Estados partes [… J reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental “); en los artículos 40
y 5°, inciso 10, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa
Rica-; en el artículo 6°, inciso 10, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; como así también en el artículo 11 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (CSJN, Fallos: 323:1339; 330:4647, entre otros).

Por su lado, y a nivel local, cabe destacar que mediante el artículo 20 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CCABA) “[sJe
garantiza el derecho a la salud integral… ” y, a renglón seguido, se establece que “[eJl
gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del
área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección,
prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad,
integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad”.

Asimismo, el citado cuerpo normativo garantiza a las personas con
necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la
equiparación de oportunidades (v. artículo 42).

En igual sentido, a través del artículo 11 se establece que la ”[IJa Ciudad
promueve la remoción de obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la
igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva
participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.

En este caso, además, cobra particular relevancia lo dispuesto en el
artículo 21, inciso 7°, en tanto que, en relación con el dictado de la Ley Básica de Salud,
se señala que, a través de aquella, deberá garantizarse la prevención de la discapacidad y
la atención integral de personas con necesidades especiales.

7. Que, en relación con ese entramado protectorio, es preciso poner de
relieve que entre los distintos derechos humanos existe una relación inescindible
(Principios de Limburg sobre la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, punto 2, entre muchas otras referencias; confr. Albanese, Susana,
“Indivisibilidad, Interrelación e Interdependencia de los Derechos”, ED, 160:792).
Por tanto, una lesión a uno de ellos genera una afectación en la integridad
de la persona humana, vale decir, en las distintas dimensiones de su existencia.

En tal sentido, la CSJN ha advertido que el derecho a la salud se vincula con el derecho a la
vida (Fallos: 329:4918, entre muchos otros) y, naturalmente, con la integridad fisica
(Fallos: 324:677, entre otros).

En efecto, a partir de 10 dispuesto en los tratados internacionales con
jerarquía constitucional, el alto Tribunal ha reafirmado el derecho a la preservación de la
salud -comprendido, como se puntualizó, dentro del derecho a la vida- y ha destacado el
deber impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con
acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su
cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada
medicina prepaga (Fallos: 321:1684,323:1339,324:3569).

En ese contexto, cabe recordar que la persona humana es eje y centro de
todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza
trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al
cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (CSJN, Fallos: 316:479,
entre otros).

8. Que, en 10 que respecta a la cuestión discutida en autos, ha dicho la
CSJN que la protección y la asistencia integral a la discapacidad, enfatizada por los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional, constituye una política
pública de nuestro país, cuyo interés superior debe ser tutelado por todos los
departamentos gubernamentales (Fallos: 323:3229; 324:3569; 327:5270).
Conviene destacar, igualmente, que los menores y/o discapacitados, a más
de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su
cuidado, requieren también de la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la
consideración primordial de su interés, viene tanto a orientar como a condicionar la
decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos (Fallos: 322:2701;
324:122; 327:2413).

Así las cosas, cobra relevancia los esquemas establecidos en la Leyes
22431 y 24901.

Por un lado, mediante la Ley 22431 se instituyó un sistema de protección
integral de personas con discapacidad tendiente a asegurar a éstas su atención médica,
su educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos
que permitan en 10 posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca (v.
artículo 1°).

En dicho marco se trató de establecer un régimen particular en relación
con sus derechos, así como respecto de las obligaciones que se imponen a los órganos
del Estado. La ley se dirigió fundamentalmente a tratar de conceder franquicias y
estimulas que, en 10 posible, permitieran neutralizar la desventaj a que la discapacidad
provoca (v. artículo 1°).

A su vez, se estableció que “(e]l Estado, a través de sus organismos
dependientes, prestará a los discapacitados, en la medida en que éstos, las personas de
quienes dependan, o los entes de obra social a los que estén afiliados, no puedan
afrontarlos, los siguientes servicios: a) Rehabilitación integral, entendida como el
desarrollo de las capacidades de la persona discapacitada; b) Formación laboral o
profesional; c) Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o
intelectual; d) Regímenes diferenciales de seguridad social; e) Escolarización en
establecimientos comunes con los apoyos necesarios provistos gratuitamente, o en
establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no puedan
cursar la escuela común; j) Orientación o promoción individual, familiar y social” (v.
artículo 4°).

Por otra parte, debe recordarse que a través de la Ley 24901, cuyo objeto
es el de instituir “… un sistema de prestaciones básicas de atención integral afavor de
las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia,
promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos” (art. 1°), se estableció, en los artículos 15, 26 Y 27, el
contenido y el alcance de la prestación de rehabilitación en materia de discapacidad
(“En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera
fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y
técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera”; arto
15) y, además, las características de los centros de rehabilitación psicofisica y motora
para personas con discapacidad (arts. 26 y 27).

En tal sentido, en el artículo 25 se previó la prestación en Centros
Educativos Terapéuticos, entendiéndolos como “… el servicio que se brindará a las
personas con discapacidad teniendo como objeto la incorporación de conocimiento y
aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de
carácter terapéutico. El mismo está dirigido a niños y jóvenes cuya discapacidad
motriz, sensorial y mental, no les permita acceder a un sistema de educación especial
sistematico y requieren este tipo de servicios para realizar un proceso educativo
adecuado a sus posibilidades “.

Asimismo, es menester señalar que en su artículo 13 se dispuso que “[lJos
beneficiarios de la presente ley que se vean imposibilitados por diversas circunstancias
de usufructuar del traslado gratuito en transportes colectivos entre su domicilio y el
establecimiento educacional o de rehabilitación (…), tendrán derecho a requerir de su
cobertura social un transporte especial, con el auxilio de terceros cuando fuere
necesario

9. Que, en igual sentido, no puede soslayarse que la Legislatura de la
CABA sancionó la “Ley marco de las políticas para la plena participación e integración
de las personas con necesidades especiales”, mediante la cual se estableció un régimen
básico e integral para la prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y
oportunidades y para la participación e integración plena en la sociedad de las personas
con necesidades especiales (v. arto 1°,Ley 447 del año 2000).
l’ En tal sentido, a través de su artículo 2°, se dispuso que ‘TIJa regulación de
tales ‘políticas se efectúa en esquemas de plena participación social y política (… )
garantizando que tales normas queden definitivamente integradas en la legislación
general para asegurarles la igualdad de posibilidades y oportunidades en los campos
del trabajo, la salud en materia de prevención, atención y rehabilitación, la educación,
el hábitat, el transporte, la cultura, el deporte, la recreación y en todos los demás
planos de su desarrollo personal, social y económico”.

Asimismo, resulta importante que mediante el artículo 5° se puso en
cabeza de todos los poderes del estado de la CABA la programación y ejecución de
políticas activas para la prevención, estimulación temprana, rehabilitación, equiparación
de oportunidades y posibilidades para la plena participación socioeconómica de las
personas con necesidades especiales.

En igual sintonía, se estableció que “oo. los funcionarios públicos del
Estado de la Ciudad Autónoma y los funcionarios de los entes privados de servicios
públicos son responsables, en sus respectivos ámbitos, de implementar las medidas
necesarias para garantizar y controlar el cumplimiento de las normas referidas directa
o indirectamente a las personas con necesidades especiales” (v. arto6°).
Asimismo, cabe considerar que el legislador local también dictó la Ley
153 -Básica de Salud- mediante la cual se garantizó el derecho a la salud integral
mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin (v.
arto 1°).

En cuanto al régimen normativo propio de la Obra, mediante su ley de
creación se dispuso que aquella es continuadora del Instituto Municipal de Obra Social
(I.M.O.S.) y que ostenta carácter de ente público no estatal, organizado como instituto
de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con
individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico financiera (v. arto 1° de
la Ley 472).

Conforme 10 dispuesto en el artículo 21, la demandada planificará y organizará la prestación de sus servicios otorgando absoluta prioridad a las acciones orientadas a la prevención, atención y recuperación de la salud de sus
afiliados, estando facultado el Directorio para aprobar todas las disposiciones
necesarias para posibilitar tal objetivo”.

10. Que, en el marco legal descripto, cabe recordar que los actores
denunciaron que durante el transcurso del año 2003 la Obra brindó a su hijo una
cobertura parcial con respecto a las prestaciones correspondientes al Centro Educativo
Terapéutico, servicio de transporte escolar, tratamientos de fonoaudiología y
kinesiología, terapia ocupacional, medicación epiléptica y ortopedia; incumpliendo así
lo prescripto en la Ley 24901.

Ello habría motivado la interposición de la acción de amparo ante el
Juzgado CAyT N°?, la que devino abstracta en función del dictado de la Disposición
4/06 del Régimen de Cobertura para Personas que presentan capacidades especiales, de
acuerdo a los lineamientos establecidos mediante las Leyes 22431 y 24901 (v. “C
G. y otros contra OSCBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires)
sobre amparo (art. 14 CCABA), expte. N°11725/0).

Frente a los planteas efectuados por los demandantes, la Obra no hizo más
que fundar su defensa en el hecho de que el afiliado en cuestión contó sin interrupciones
durante el año 2003 con un servicio asistencial acorde a 10 establecido en la normativa vigente al momento de los hechos, mas no controvirtió que aquel hubiese recibido una
cobertura parcial en vez de una integral (v. fs. 109 y 11O).

Ahora bien, pese a los endebles argumentos esgrimidos por la demandada,
el plexo normativo en materia de protección de los derechos de las personas con
discapacidad enunciado uf supra no hace más que confirmar el deber que pesaba sobre
aquella de brindar una asistencia integral a las necesidades que pudiera haber necesitado
el afiliado en cuestión.

Al respecto, considero pertinente señalar que esta sala ya se ha
pronunciado sobre el derecho de todos los afiliados de la Obra con discapacidad a
contar con la cobertura integral de sus necesidades en los términos de la Ley 24901,
mediante sentencia dictada el 6 de abril del 2010 en el marco de la acción declarativa de
certeza en la causa “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires cl GCBA si
acción meramente declarativa (art. 227 CAyT)”, Expte. N°5348/0.

En función de ello, siendo que no se encuentra discutida la discapacidad de G, el tratamiento prescripto por sus médicos ni su condición de afiliado a
la Obra, cabe concluir en que asiste razón a la parte actora en cuanto sostiene que la
demandada incurrió en una prestación de servicio deficiente, en tanto falló en adecuar
su proceder a los lineamientos establecidos mediante marco legal señalado y, en
consecuencia, brindar una cobertura total de las prestaciones que el tratamiento del
entonces menor requería.

11. Que, encontrándose acreditado que la Obra incumplió el servicio de
salud integral que pesa sobre su cabeza con respecto al afiliado G
corresponde entrar en el análisis del agravio esgrimido por sus padres con relación al
reintegro de las diferencias que habrían abonado para afrontar los tratamientos en
cuestión.

A tal efecto, cabe recordar que el juez de grado desestimó la pretensión por
considerar que no se encontraba debidamente acreditado en autos que los demandantes
hubiesen costeado los pagos denunciados.

En función de ello, deviene necesario realizar un análisis de los elementos
probatorios acercados a la causa a fin de determinar si efectivamente la familia de G
realizó erogaciones susceptibles de reintegro.

De manera preliminar, corresponde señalar que, al momento de interponer
la demanda, los actores indicaron que el arancel correspondiente al Centro Educativo’
o’.,:Terapéutico -jornada doble con dependencia- durante el año 2003, era de un mil ciento
ochenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos ($1.186,65) hasta el mes de junio, y
de un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con treinta y tres centavos ($1.498,33) de
julio en adelante. Señalaron que la Obra brindaba una cobertura parcial por este servicio
de solo setecientos diecinueve pesos ($719) mensuales.

Por otra parte, indicaron que el Transporte Especial con Dependencia tenía
un valor de cuatrocientos veinticuatro pesos con setenta y un centavos ($424,71) por
mes, sobre los cuales la demandada cubría únicamente la suma de doscientos pesos
($200).

Alegaron que la diferencia existente entre lo erogado y lo reintegrado por
ambos servicios ascendería a la suma de diez mil ciento setenta y ocho pesos con
cuarenta centavos ($10.178,40).

11.1. Expediente N° 11725/0, “G y otros contra
OSCBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires) sobre Amparo”:
A fs. 6 obra copia certificada del certificado de discapacidad de G.

A fs. 21 y 103 obra la renovación de la beca como pupilo permanente del
entonces menor, “…reconociéndosele 123 galenos diarios, cuota de similar valor, en
concepto de matrícula año 2003 y 45 litros de nafta especial por mes, por transporte
” escolar, a partir del JO de Febrero de 2003 por el término de once (11) meses. H.
A fs. 94/94 vta. obra la prescripción médica del 15/11/2002, mediante la
cual se indicaron los tratamientos que debía recibir el afiliado en el Centro Educativo
Terapéutico -“Centro de Recuperación Integrada”-.

Asimismo, se observa el presupuesto del “Transporte de Niños Silvina”
para dicho período, donde se describe la prestación del servicio de traslado del menor
desde su domicilio hasta el Centro Educativo en cuestión y su regreso, por un valor de
doscientos pesos con veinte centavos ($200,20), discriminado en un kilometraje diario
estimado en 26 km Ymensual de 572 km, a un costo de treinta y cinco centavos ($0,35)
por km.

A fs. 95 obra el presupuesto del “Centro de Recuperación Integrada” para
el período comprendido entre febrero-diciembre de 2003, donde se detalla el valor de la
cuota mensual para jornada completa, con dependencia, por un valor de un mil ciento
ochenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos ($1.186,65), más las siguientes
prestaciones de apoyo: a) tres (3) sesiones semanales de kinesiología, por un monto total
de ciento noventa y dos pesos ($192); b) a) tres (3) sesiones semanales de
fonoaudiología, por un monto total de ciento noventa y dos pesos ($192); y c) tres (3)
sesiones semanales de terapia ocupacional, por un monto total de ciento veintiocho
pesos ($128).

A fs. 96 obra el monto de la matrícula del “Centro de Recuperación
Integrada” para el año 2003, para el tratamiento especializado que precisaba al afiliado.
A fs. 114/117 se encuentra la sentencia del Juzgado 7 del fuero CAyT de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de fecha 13 de mayo de 2004, mediante la cual se
ordenó a la Obra a ampliar las coberturas de la prestación “Centro Educativo Terapéutico” hasta el importe entonces solicitado por la parte actora (un mil
cuatrocientos noventa y ocho pesos con treinta y tres centavos, $1.498,33) y de
“Transporte Especial” hasta un treinta y cinco por ciento (35%) sobre el arancel
reconocido por la demandada.

A fs. 1/15 obra informe elaborado por la Mesa de Entradas de la Obra del
que se desprenden las actuaciones iniciadas por la afiliada v Claudia desde el año
1997 al 2008. Allí, se puede observar que: a) el 8 de octubre de 2003 inició la carpeta
N°798/2003, con motivo “El NOTA REF. REINTEGRO PI BECA DE TRANSPORTE”
y, b) el16 de diciembre de 2003 hizo lo propio con la carpeta N°1058/2003, “El NOTA
PI DIFERENCIA PAGO DE REINTEGROS”.

Pese que el a qua ordenó a la Obra mediante oficio de estilo la remisión de
la totalidad de los expedientes administrativos directamente relacionados con la cuestión
debatida en autos, las carpetas enunciadas no fueron acercadas a la causa (v. en tal
sentido fs. 71, 72 Y75, así como también los expedientes reservados en sobre 55).

11.3.Actuaciones principales:
A fs. 147/148 obran facturas del “Centro de Recuperación Integrada”
emitidas a nombre de la coactora Claudia v , por tratamientos realizados durante
el mes de noviembre de 2003.
A fs. 152/156 obran informes del grupo educativo terapéutico, de la
prestación de apoyo de terapia ocupacional y de la prestación de kinesiología del centro
educativo en cuestión, todas correspondientes al período comprendido entre febrero y
diciembre de 2003.
A fs. 195/208 obra el informe de la pericia contable practicada en autos, la
que da cuenta del arancel mensual que en concepto de cobertura de la prestación
requerida brindó la Obra desde el año 2003 al 2012. Cabe señalar que, si bien el período
comprendido en su análisis excedió el marco de la presente litis, de aquella se
desprenden diferencias entre lo solicitado por la actora y 10 que efectivamente fue
liquidado por la demandada.

12. Que, según se desprende de las probanzas acercadas al sub lite, se
encuentra comprobada: a) la discapacidad de G a; b) el tratamiento
prescripto por los profesionales de la salud; c) la necesaria asistencia del paciente al
Centro Educativo en función de su patología; d) los servicios brindados por dicha
institución durante el año 2003; e) la solicitud de reintegro por pago de diferencias y por
beca de transporte realizada por la madre del afiliado para ese período; y f) la existencia
de diferencias entre 10 requerido por ella y lo liquidado por la demandada -que si bien, como se dijo, el período analizado por el perito excede el comprendido en la demanda,
sí se encuentra integrado, entre otros, por el año 2003-.
A lo expuesto cabe agregar que, tal como se señaló anteriormente, la
demandada no controvirtió la existencia de diferencias entre lo requerido y lo abonado,
sino que circunscribió su defensa -tanto en el marco de la acción de amparo como en los
presentes actuados- a sostener que su actuar fue conforme a la normativa vigente y que
el afiliado recibió el servicio de manera ininterrumpida.
Al respecto, es menester destacar que los montos consignados como
“importes requeridos por el afiliado” en el informe pericial para el año 2003 coinciden,
por un lado, con la suma dispuesta en la factura emitida por el Grupo Educativo
Terapéutico a nombre de la Sra. v y, por el otro, con el valor presupuestado por
transporte especial para dicho período.

En efecto, la suma de ochocientos setenta y siete pesos ($877)
correspondiente al servicio brindado por el Grupo Educativo Terapéutico por el mes de
noviembre del 2003, concuerda con reintegros que, según informe pericial, habría
solicitado la coactora. Nótese que el importe reintegrado por la Obra resulta inferior al
solicitado por la Sra. v (v. en tal sentido fs. 148 y 195).

En esa inteligencia, también cabe señalar que el monto presupuestado para
el servicio de transporte por el período comprendido entre febrero y diciembre del año
2003 era de doscientos pesos con veinte centavos ($200,20), suma ésta que también
coincide con solicitudes de reintegro efectuadas por la coactora para ese período, según
informara el perito. No debe soslayarse que, al igual que lo que sucede con el reintegro
antes mencionado, la Obra habría reintegrado montos inferiores a los requeridos (v. en
tal sentido fs. 94 de la acción de amparo y 195 de los presentes actuados).

En el marco descripto es de mi opinión que obran en la causa elementos
suficientes para concluir en que le asiste razón a los demandantes en cuanto a la
existencia de diferencias a su favor que deben serle reintegradas por la aquí demandada.
Por ello, propongo al acuerdo hacer lugar a la pretensión de la parte actora
y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado en este punto, condenando a la Obra al
reintegro de los montos que surgen de la diferencia entre las sumas efectivamente
abonadas por los coactores durante el año 2003 para hacer frente a las prestaciones que
su hijo precisaba, y los reintegros por ella realizados para ese período, cuya
determinación específica resultará de la etapa de ejecución de sentencia.

Al respecto, hágase saber que la liquidación correspondiente deberá
realizarse conforme a los montos que surgiesen únicamente de las facturas
correspondientes a las prestaciones requeridas por el afiliado, presentadas para su
reintegro ante la Obra. Ello, independientemente del servicio al que refieran -vgr.
“Transporte de Niños Silvina” o “Centro de Recuperación Integrada”-.
Corresponde indicar cuál será la tasa de interés que deberá aplicarse al
monto que se determine en la etapa de ejecución de sentencia.

En este sentido, dado que el reintegro versará sobre cifras que los actores
debieron percibir en un momento histórico determinado, la tasa de interés aplicable a los
importes reconocidos, desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago, será la que
resulte de calcular el promedio de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa
activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la
Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA -comunicado
14.290- (de conformidad con el fallo plenario de esta Cámara en la causa “Eiben,Francisco cl GCBA sI empleo público (no cesantía ni exoneración)”, EXP 3037010, del
31 de mayo de 2013).
13. Que, así las cosas, corresponde abordar el agravio esgrimido por la
parte actora referido al rechazo de la indemnización solicitada en concepto de daño
moral.

Al respecto, es apropiado destacar que el daño moral “… se proyecta sobre
derechos subjetivos extrapatrimoniales, consiste en el sufrimiento causado como dolor,
o como daño en las afecciones” (confr. Alterini, Atilio A., Ameal, Oscar 1. y López
Cabana, Roberto M., “Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales”, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1995, pág. 289). La fmalidad perseguida para resarcir este Ítem radica en “…la satisfacción por medio de sucedáneos de goce, afección y mitigación al
sufrimiento emocional y fisico de los bienes espirituales afectados” (confr. Cám. Nac.
Civ., Sala C, en la causa “Nuñez, Jorge Alberto cl Gaynor Eduardo Jorge sI daños y
perjuicios”, el 13/05/99).

Ello así, a los efectos de establecer una indemnización por este rubro tiene
que preverse que el resarcimiento debe guardar razonable relación con las proyecciones
de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de su dolor
fisico, de sus miedos, angustias y sufrimientos.

La reparación “integral” del daño moral
puro, por ende, no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la
perspectiva del daño mismo, cuanto desde la perspectiva de la indemnización, pues el
monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por uno
equivalente (confr. Zavala de González, Matilde, “Cuánto por daño moral”, LL, 1998-E1061; Peyrano, Jorge W., “De la tarifación judicial iuris tantum del daño moral”, JA, 1993-1-880). Bajo esos parámetros, “…el quantum indemnizatorio debe tomar en consideración la razonable repercusión que el hecho dañoso ha provocado” (confr.
Cám. Nac. Civ., Sala F, fallo citado).

Entonces, ceñido este aspecto a un ámbito específico, independiente de
cualquier resarcimiento de Índole patrimonial, la indemnización por este concepto debe
estar dirigida a compensar aquellos padecimientos que hayan afectado el orden interno
de la persona, en virtud de determinados sucesos que pudiesen repercutir en el equilibrio
emocional o emotivo del ser humano. Es decir, con el resarcimiento se intentaría reparar ,,:,:’
el resultado de una circunstancia provocada que, en principio y de acuerdo con el
devenir natural de los acontecimientos, las personas no se encontrarían preparadas para
,.’ absorber, sin que ello produjese una afección a su aspecto espiritual.
En este aspecto resulta útil recordar que la demandada incurrió en la
prestación de un servicio deficiente al negarle al afiliado una cobertura integral de las
prestaciones médicas que por derecho le correspondía, las que eran de suma importancia
para el tratamiento de su discapacidad.

Al respecto, entiendo pertinente señalar que los galenos que trataron al Sr.
G  en el “Centro de Recuperación Integral” señalaron que aquel “…ha(bÍa]
llegado a realizar una muy buena adaptación al grupo como en lo terapéutico,
demostrando una evolución favorable considerando indispensable su continuidad en un
grupo educativo terapéutico, como en tratamiento especializado en forma individual”
(confr. fs. 159).

Los padres del entonces menor debieron iniciar una acción de amparo ante
el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad para que el demandado
cesare en su omisión, circunstancia que recién ocurrió en el año 2004 gracias al dictado
l’ de una medida cautelar en la causa “…. y otros cl OBSBA si amparo”,
Expte. N°11725.

En el contexto descripto, resulta lógico asumir que la conducta asumida
por la demandada provocó un sufrimiento espiritual en los actores que merece ser
resarcido. Máxime si se tiene en cuenta el delicado estado de salud de G.

Así las cosas, más allá de 10 complejo que resulta mensurar este tipo de
afecciones -las cuales no pueden dejar de estar netamente impregnadas de la
subjetividad del criterio del magistrado que las deba examinar-, entiendo que los dolores
y padecimientos que los actores han debido soportar a raíz de las consecuencias
producidas por el evento dañoso, justifican concederles, en conjunto, la suma de
cuarenta mil pesos ($40.000) de indemnización por este concepto.

De acuerdo con el fallo plenario de esta Cámara en la causa “Eiben” citado
en el considerando precedente, el importe reconocido a la actora en concepto de
indemnización por daño moral devengará intereses conforme el siguiente detalle: (i)
Desde el primer incumplimiento por parte de la Obra y hasta la fecha de esta sentencia,
una tasa pura del seis por ciento (6%) anual y, (ii) a partir de la fecha hasta el efectivo
pago, el promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa
cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación
Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290).

Por lo expuesto, propongo hacer lugar al agravio de la parte actora y, en
consecuencia, modificar la sentencia de grado en el sentido indicado.
En consecuencia, en caso de que fuera compartido mi voto propongo al
acuerdo que: l. Se haga lugar a la apelación impetrada por la parte actora y por la
Asesoría Tutelar, revocando la sentencia de grado y, en consecuencia admitiendo la
demanda contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires en los términos dispuestos
en los considerandos 12 y 13; II. Se impongan las costas de ambas instancias a la
demandada vencida (confr. arts. 62 y 249 CCAyT).
Así voto.

A la cuestión planteada el Dr. ESTEBANCENTANAROdijo:
Que adhiero al voto del Dr. FERNANDOE. JUANLIMA.

A la cuestión planteada la Dra. MARIANA DÍAz dijo:
Que adhiero al voto del Dr. FERNANDO E. JUAN LIMA.
En mérito a la votación que antecede, el tribunal RESUELVE:

l. Hacer lugar a la apelación impetrada por la parte actora y por la Asesoría Tutelar,
revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, admitir la demanda contra la Obra
Social de la Ciudad de Buenos Aires en los términos dispuestos en los considerandos 12
y 13. 11. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. ”
Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría -al Sr. Asesor Tutelar
ante la Cámara en su despacho- y, oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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