Daños por obstáculos en la autopista

Como contrapartida del peaje, tienen un deber de seguridad y que mantener limpia la calzada. Tienen que tienen que indemnizar al usuario por los daños

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Paso la jurisprudencia que indica que el concesionario vial debe indemnizar.

 

Buenos Aires, a los 17 días del mes de octubre de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J”
de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos
caratulados: “Piana, Gabriel Enrique c/ Autopistas del Sol S.A s/ daños y perjuicios”.
La Dra. Zulema Wilde dijo:
Contra la sentencia de fs.313/322vta., se alza la parte demandada, quien expresa agravios a fs.
339/345vta. Corrido el traslado de ley, la parte accionante ha contestado el traslado a fs.
347/348.Con el consentimiento del auto de fs. 350 quedaron los presentes en estado de dictar
sentencia.
I. El Código que nos rige ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A
fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7, sobre la base de la
irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el
principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones
jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de
que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley
anterior.
Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una
situación ya existente, en este caso, el hecho ilícito imputado. Por lo que al haber nacido al
amparo de la legislación anterior, ella es la que regula el presente.
Asimismo cabe agregar que, por ser los intereses, accesorios respecto de la obligación principal,
correrán la misma suerte en cuanto a la normativa aplicable.
Por una cuestión de orden metodológico, corresponde primero entrar a conocer en lo atinente a la
responsabilidad apelada por la parte demandada en lo concerniente al encuadre jurídico.
II.- Responsabilidad
II. a) Se queja la empresa accionada por entender, que el encuadre jurídico de la responsabilidad
ha sido erróneo.
II.b) Al respecto cabe señalar en primer término que, el principio “iura novit curia” permite al
juzgador determinar la normativa aplicable con independencia de las normas invocadas por las
partes o por el juez de primera instancia. Son los hechos los que individualizan la acción, y las
facultades de este Tribunal se encuentran limitadas a los mismos, pero en la aplicación del
derecho y las razones que induzcan a aplicarlo, su criterio es soberano.
La aplicación del derecho está reservada al Estado y sus órganos que constituyen el Poder Judicial.
El juez, como sujeto calificador, interpreta, analiza y determina la aplicación de las normas
jurídicas a los hechos expuestos por las partes. Por ello, no sólo es un derecho del tribunal
interviniente sino un deber, el de dirimir los conflictos planteados (Art. 15 CC).
De allí que, en la medida que no se modifiquen las circunstancias fácticas, los jueces están
obligados a calificar jurídicamente lo planteado, y el principio “iura novit curia” es esa facultad de
calificar jurídicamente.
Sentado ello, sabido es que con el dictado de la ley 24.240 de defensa de los consumidores y
usuarios se concreta en nuestro sistema un nuevo criterio general de derecho, que es el principio
de protección al consumidor. A ello se agrega la reforma constitucional de 1994, con la cual el
principio obtiene primera jerarquía al quedar categóricamente incorporado al art. 42 de la ley
suprema.
Es por ello que, debe decirse que la jurisprudencia de ésta Excma. Cámara de Apelaciones, tiene
dicho que independientemente de que la responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo
que no cabe duda es de que la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella
previo pago de un peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo.El particular
que transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el circuito porque si
lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario que se ajusta a lo determinado
por los arts. 1 y 2 de la ley N° 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor); y la empresa concesionaria
es un típico proveedor de servicios. (Farina, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Astrea,
Bs. As., 1995, p. 7; Vázquez Ferreyra, La demanda contra los concesionarios de las autopistas,
Revista de derecho de daños Nº 1, Accidentes de tránsito-I, Rubinzal- Culzoni, Bs.As.-Santa Fe,
1998, p. 155/178; Rinessi, Antonio J., La desprotección de los usuarios viales, Revista de derecho
de daños Nº 3, Accidentes de tránsito- III, Rubinzal-Culzoni, Bs.As.-Santa Fe, 1998, p. 111/137;
Lorenzetti, Ricardo Luis, Concesionarios viales “en qué casos hay responsabilidad”, Revista de
derecho de daños Nº 3, Accidentes de tránsito-III, Rubinzal-Culzoni, Bs.As.-Santa Fe, 1998, p.
157/174; Boragina, Juan C. – Meza, Jorge A., Responsabilidad civil de las empresas concesionarias
de peaje en relación a los daños padecidos por el usuario, J.A. 1997-IV-858).
El servicio es continuado y la modalidad de ingreso a las rutas es masiva, en situación oligopólica,
sin deliberación previa y en simultánea utilización de la utilidad, sin dar oportunidad al usuario
para modificar las modalidades de la prestación (Rinessi, La desprotección., ob. cit.). Al
consumidor o usuario le son aplicables los principios “in dubio” pro consumidor, el deber de
información y demás pautas de la Constitución Nacional y la ley 24.240 (en particular, arts. 5, 6 y
40).
Por otra parte, no cabe duda alguna de que frente al usuario, la empresa concesionaria asume
claras obligaciones jurídicas, algunas en forma expresa y otras en forma tácita (Vázquez Ferreyra,
Roberto A., La demanda. ob.cit.).
Es así que pesa sobre la concesionaria una obligación tácita de seguridad, por la cual ésta asume el
compromiso de hacer posible el tránsito en todo en todo el recorrido del tramo concesionado en
condiciones de seguridad, todo ello de acuerdo al principio de buena fe emanado del art. 1198 del
Código Civil.
A la obligación principal contraída por el deudor, se le pone a la par otra anexa “de indemnidad,
mediante la cual el “solvens” garantiza que con el cumplimiento de la prestación principal, no será
afectada la persona, ni los bienes del acreedor. En estos casos, denominadas obligaciones tácitas
de seguridad por la doctrina y jurisprudencia, el sustento normativo fluye del Código Civil art.
1198.” (Acoglia, María Martha, Boragina, Juan Carlos y Meza, Jorge Alfredo, Responsabilidad
contractual subjetiva y objetiva, JA, 1990- II, pág. 674/678).
El concepto de obligación de seguridad podemos encontrarlo recreado en la definición dada por
Roberto A. Vázquez Ferreyra como “aquella en virtud de la cual una de las partes del contrato se
compromete a devolver al otro contratante ya sea en su persona o sus bienes, sanos y salvos a la
expiración del contrato. Tal obligación puede haber sido asumida expresamente por las partes,
impuesta por la ley, o bien surgir tácitamente del contenido del contrato, a través de su
interpretación e integración a la luz del principio general de la buena fe”. (Las obligaciones de
seguridad. JA, 1987-IV, págs. 952-954).
Velar por el desenvolvimiento regular de la circulación en los corredores viales no es una
obligación accesoria, extraña a los concesionarios, sino muy propia de la índole del servicio. El
deber de custodia es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones
tales como la vigilancia permanente de las rutas, la remoción inmediata de obstáculos, el control
ininterrumpido de la conducción, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen,
el retiro sin demora de animales que transitan por las rutas.y toda otra medida que dentro del
deber de custodia pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad, el medio ambiente, la
estructura y fluidez de la circulación. (“Borneo, Mario Blas Andrés c/ Camino del Atlántico S.A. s/
cobro de sumas de dinero” – CNCiv. – Sala F – 13/03/2000).
Por otro lado, prácticamente la totalidad de los autores que se han referido al tema consideran
que la responsabilidad de los concesionarios frente a los usuarios de rutas tiene fundamento
objetivo. En esto están de acuerdo tanto quienes predican la responsabilidad contractual como la
extracontractual. Quienes consideran que la responsabilidad del concesionario es extracontractual
la fundan en el art. 1113, 2º párrafo, 2a. parte, en cuanto consagra la responsabilidad objetiva por
el riesgo o vicio de las cosas. En la tesis de la naturaleza contractual de la responsabilidad, el
fundamento es el de la obligación de seguridad de resultado cuyo incumplimiento también genera
responsabilidad objetiva, con factor de atribución basado en la garantía. Cualquiera sea el
supuesto, el responsable sólo podrá eximirse acreditando la ruptura de la cadena causal a través
del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no debe responder (Vázquez
Ferreyra, La demanda ., ob. cit.).
Este criterio, ha sido sustentado por una calificada doctrina, mayoritaria entre los iusprivatistas,
según la cual la relación que existe entre la empresa concesionaria de peaje y el usuario es de
naturaleza contractual (Bustamante Alsina, Jorge, Responsabilidad por el daño que el estado de
una autopista provoca al vehículo que circula por ella, La Ley, 1992-D-194; Parellada, Carlos,
Colisiones entre automotores y ciclista. Automotor y carros. Automotor y animales. Automotor y
camiones. Automotor y trenes, Revista de derecho de daños, Accidentes de tránsito, t. II, p. 131;
Azar, María José, La responsabilidad del concesionario y del Estado por accidentes en
rutas.Incumplimiento del deber de señalización, RCyS, 1999-185; Zavala de González, Matilde,
“Algunas observaciones al Proyecto de Código Civil de 1998”, La Ley, 1999-C, 877).
Quien acce de a un camino concesionado manifiesta a partir de ese momento su voluntad de
contratar el servicio desde el ingreso hasta el descenso de la ruta, por lo que tratándose de un
usuario de una empresa prestataria de un servicio vial el contrato se perfecciona mediante el
consentimiento tácito que emerge del mero hecho de su ascenso, siendo indiferente que se
hubiera o no adquirido previamente el boleto, cuya omisión sólo da derecho a la empresa
prestataria a cobrar un reajuste o los recargos correspondientes de acuerdo a la reglamentación
(CFed. La Plata, sala 1°, ag. 23-1984, Agustinez, R. c. Ferrocarriles Argentinos, JA 1984-IV- 634).
En igual orden de ideas se sostiene que la relación jurídica de consumo con el usuario se
perfecciona cuando éste accede, ingresa o usa la red vial concesionada, con abstracción de que
haya pagado el peaje al arribar a la cabina de cobro o no (conf. Pizarro ob cit) (cfr. Taquin S.A c/
Autopistas del Sol S.A. s/ daños y perjuicios , CNACiv., Sala K, 27-may-2014).
Asimismo, no resulta relevante que la empresa sostenga que ha probado su diligencia en el control
y mantenimiento de la ruta, pues no se eximirá de responsabilidad probando su falta de culpa,
sino la causa ajena, que adelanto no se ha acreditado en estos autos.
En el caso en examen, los elementos que estaban sobre la autopista eran partes de un automotor
siniestrado, siendo indiferente que el actor no lo haya mencionado en el relato de su demanda, tal
como sostiene la apelante.
III.- Por todo ello, la Corte Suprema de la Nación ha sentado bases o premisas en los supuestos de
accidentes en concesionarios viales (C.S.J.N., Fallos 329:4944, “Bianchi c/ Buenos Aires, Provincia
de y Camino del Atlántico S.A.”, sent.del 7-XI-2006).
Si bien estas reglas han sido sentadas en asuntos cuyos antecedentes fácticos difieren de los que
motivan el “sub lite” (se trataba en aquéllos de la problemática de los daños ocasionados por
animales sueltos en las rutas concesionadas), la doctrina allí elaborada resulta trasladable al
presente, en tanto las premisas de las que se vale no se ven alteradas por las particularidades del
accidente aquí analizado.
Algunos de tales parámetros en torno al encuadre normativo de este tipo de controversias pueden
sintetizarse de este modo: a) La relación jurídica que une a los usuarios de la ruta con la
concesionaria es contractual y de consumo (arts. 512, 902, 1197, 1198 y concs., Código Civil; ley
24.240; 42, Const. nacional). b) Además de la obligación principal de la prestadora del servicio en
cuestión (construcción, mantenimiento y explotación del camino concesionado) existen otros
deberes que integran lo que se conoce como “obligación de seguridad” (arts. 1198, Cód. Civ. y 5,
ley 24.240. c) Integra esta serie de prestaciones implícitas la adopción de medidas de prevención
adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten
previsibles. d) La ocurrencia de ciertos accidentes de tránsito, constituyen una eventualidad
previsible por lo general para la concesionaria, por lo que corresponde que la misma, en ejercicio
de su deber de información -arts. 42 de la Constitución nacional; 4 de la ley 24.240-, adopte las
medidas concretas derivadas del marco reglamentario, tales como: i) comunicar a los usuarios
sobre estas vicisitudes del tránsito; y ii) ejercer el poder de policía que le cabe en ausencia de la
autoridad estatal, como por ejemplo suspender total o parcialmente la circulación. e) Por
consiguiente, el incumplimiento de estas prestaciones pone en juego -por regla- la responsabilidad
contractual de la concesionaria frente al usuario, sin que pueda eximirse invocando la imprudencia
de un tercero -como ocurre con el dueño de los animales en los precedentes aludidos- (arts.513,
514, 901 a 904 y 1124, Cód., Civil.
La aparición de objetos que pudieran obstaculizar el flujo normal de la circulación vehicular es una
circunstancia previsible que justifica la adopción de medidas preventivas, de vigilancia y aún de
remoción oportuna (como el supuesto que nos ocupa), que forman parte del contenido
obligacional exigible a la concesionaria, conforme se acaba de reseñar.
La precedente definición acerca del correcto encuadre jurídico de la controversia -relación
contractual y de consumo- y la existencia en ese marco de la correlativa obligación de seguridad
que pesa sobre el concesionario respecto de la persona y bienes de los usuarios de la autopista,
resulta crucial para dar respuesta a los agravios articulados por la quejosa.
La falta de remoción del obstáculo, o la mera circunstancia de yacer el mismo sobre la cinta
asfáltica patentiza la inejecución material de ese aspecto del contenido prestacional debido, y
hace correr al deudor con la carga de acreditar las eximentes de ese estado (cfr. “López, María
Florencia contra Autopistas del Sol S.A. y otro. Daños y perjuicios” , Suprema Corte de Justicia, La
Plata, 24 de agosto de 2011).
En lo tocante al tiempo en que esos objetos permanecieron tendidos en el asfalto, nótese que al
tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, la demandada no ha arrimado elemento alguno
que permita acreditar que el espacio temporal habría sido sumamente escaso, ya que al respecto,
la concesionaria vial se hallaba en mejor posición de probar tal circunstancia.
Sentado todo ello, al no haber probado la parte demandada ninguna de las eximentes
contempladas, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos sobre el particular y firme la sentencia
a su respecto.
IV.- Intereses
IV. a) Se agravia la parte demandada por la tasa de interés aplicable al rubro por el que prospera la
demanda
IV. b) La sentencia de grado dispuso la aplicación de la tasa activa desde el hecho hasta el efectivo
pago.
IV.c) Caber señalar que según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el fuero
corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la
tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación
Argentina salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia,
implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un
enriquecimiento indebido. Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos
montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa
activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala,
28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.”; Idem.,
id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 “Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros”;
Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor
Eduardo”; entre otros).Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando todos los rubros han sido
estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte.
Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro” ; Idem., Id.,
25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id.,
id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro” ;
Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id.,
id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”), o al menos algunos
de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado
o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N.Civ., esta Sala,
11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010;
Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín”, entre
otros).
Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de
pronunciarnos con la mayoría en el plenario Samudio , la aplicación de la tasa activa, que tiene por
objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un
efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del
significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf.
C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte. Nº 69.941/2005, “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani,
Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”).
Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación se ha fijado una indemnización al valor de
las reparaciones a la fecha de la pericia. Ello implica que la tasa activa no debe computarse desde
la fecha del hecho por todo el período transcurrido lo que implicaría “una alteración del significado
económico del capital de condena configurando un enriquecimiento indebido”.
Por ello, corresponde acoger parcialmente los agravios vertidos por la apelante sobre el particular
y disponer que, respecto al rubro por el que prosperó la acción, esto es el daño emergente por los
daños materiales, desde el hecho hasta la fecha de la pericia mecánica (25/10/2012), corresponde
la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central y de allí en adelante hasta el efectivo pago, la tasa
activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación
Argentina.
V.- Costas
V. a) Se agravia la quejosa por la imposición de costas, entendiendo que debería imponerse en el
orden causado atento los vencimientos parciales y mutuo.
V.b) Al respecto cabe señalar que las costas no constituyen un castigo para el perdedor sino que
importan sólo un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de lograr el
resarcimiento de su derecho, a objeto de que ellos no graviten en definitiva en desmedro de la
integridad del derecho reconocido (Conf. esta Sala “in re:” Falduto de Bárba ra Rosa Luján
c/Altvarg Francisco y otro s/Daños y Perjuicios”, expte n° 96936/00, del 9/12/2005; CNCiv. Sala M;
10/4/1991, “Romero Ramón A. y otro c/Comisión Municipal de la Vivienda”; JA., 1991-III).-
En el caso de marras, si bien no fueron acogidos favorablemente todos los rubros indemnizatorios
pretendidos, lo cierto es que la demanda prosperó, aunque parcialmente.-
Por ello debe imponerse la totalidad de las costas al demandado, pues el principio objetivo de la
derrota consagrado por el art. 68 del ritual debe ser aplicado sea cual fuere la medida en que
prospera la demanda, cargando en consecuencia el accionado con la totalidad de las costas del
juicio, dado que éste, al negar su responsabilidad, ha dado lugar a la prosecución del proceso, y la
condena en costas debe formar parte de la indemnización integral que adeuda a la actora.
Por ello, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos sobre el particular y firme la sentencia.
En consecuencia, doy mi voto para que:
I.Se rechacen los agravios vertidos por la parte apelante en lo que respecta a la responsabilidad
imputada y encuadre jurídico de la presente causa.
II.- Asimismo, se rechacen los agravios vertidos en lo atinente a las costas.
III.- Acoger parcialmente los agravios en lo que a los intereses se refiere y en consecuencia,
disponer la aplicación de la tasa de interés conforme lo establecido en el apartado IV.-
IV.- Se confirme la sentencia en crisis en todo lo demás en cuanto decide y ha sido materia de
apelación y de agravios.-
V.- Costas de Alzada a la demandada y citada en virtud del principio de reparación plena (art. 68
CPCCN).
La Dra. Beatriz A.Verón adhiere al voto precedente.
Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 e3l R.J.N.).-
Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-
Buenos Aires, octubre 17 de 2017.-
Y VISTOS; Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el
Tribunal RESUELVE:
I. Rechazar los agravios vertidos por la parte apelante en lo que respecta a la responsabilidad
imputada y encuadre jurídico de la presente causa.
II.- Asimismo, se rechacen los agravios vertidos en lo atinente a las costas.
III.- Acoger parcialmente los agravios en lo que a los intereses se refiere y en consecuencia,
disponer la aplicación de la tasa de interés conforme lo establecido en el apartado IV.-
IV.- Confirmar la sentencia en crisis en todo lo demás en cuanto decide y ha sido materia de
apelación y de agravios.-
V.- Costas de Alzada a la demandada y citada en virtud del principio de reparación plena (art. 68
CPCCN).
Para conocer los honorarios regulados en la sentencia y apelados a fs. 323, 324 y 325.
En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del
trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y conc. de la ley 21.839, los honorarios regulados se
consideran ajustados a derecho por lo que se confirman los mismos.
Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas del art. 14 de la ley 21.839,
regúlense los honorarios del Dr. Salvador Fornieles en la suma de ($.) y los de la Dra. Ana Celia
Rothfeld, en la suma de ($.).
Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-
Fdo.
Dra. Zulema Wilde
Dra. Beatriz Verón.-

 


Expediente n° 7092/04 – “Galli, Cintia Nora c/ Autopistas Urbanas SA s/ daños y perjuicios” – CNCIV – SALA K – 27/12/2006

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2006, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de dictar sentencia en los autos “Galli, Cintia Nora c/ Autopistas Urbanas SA s/ daños y perjuicios” , y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Ameal dijo:

Contra la sentencia de Primera Instancia dictada a fs. 136/41 que rechazó la demanda deducida por la actora con costas, se alza la perdidosa quien vierte sus quejas en la memoria de fs. 154/58, cuyo traslado fuera contestado a fs. 161/63

La presente acción es promovida por Cintia Nora Galli a raíz del accidente que según sostiene sufriera el 16 de marzo de 2003 a las 19:22 hs. aproximadamente.//-

Adujo que en la fecha indicada precedentemente circulaba en el vehículo de su propiedad marca Daihatsu Terios SX, dominio RSA 400 por la autopista Ilía en dirección hacia Capital, el que era conducido por su pareja, Edmundo Cabrera Fischer, cuando luego de pagar el peaje correspondiente y habiendo avanzado unos metros, el rodado es fuertemente impactado en la parte posterior del techo por la barrera del peaje. Se constataron los danos y se labró el acta de reclamo. Atribuye finalmente responsabilidad a la demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 1113, primera parte del Código Civil en cuanto establece la responsabilidad refleja del principal por los daños causados por el dependiente.-

La accionada reconoce en el responde que el día y hora señalado en la demanda, la actora pasó por la cabina de peaje denunciada, negando sin embargo los demás hechos esgrimidos, solicitando en consecuencia el rechazo de la acción con costas.-

El señor juez de la instancia previa encuadra la cuestión dentro de la órbita extracontractual, bien que no por la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente sino por el vicio o riesgo de la cosa en función del sistema automático de las barreras, y con fundamento en que no () se ha logrado acreditar la relación causal fáctica y jurídica adecuada, indispensable para el progreso de la pretensión, rechaza la demanda instaurada por la actora.-

Contra dicha decisión se alza esta última, sosteniendo que no se ha efectuado una correcta valoración de la prueba producida, toda vez que la documental acompañada (reclamo labrado con relación al siniestro, ticket de peaje, cartas documento y presupuestos)) y la pericia mecánica producida en autos acreditan suficientemente la relación causal entre el hecho motivo de la litis y los daños denunciados por su parte, solicitando en definitiva se revoque la sentencia recurrida, haciéndose lugar a la acción deducida por su parte.-

Las quejas esgrimidas habrán de prosperar, ya que precisamente los elementos de juicio a que alude la quejosa constituyen a mi juicio, indicios suficientes que, analizados a la luz de los principios que inspiran la sana critica ( arts 386 y 477 del CPCC) permiten otorgar verosimilitud a los hechos invocados en la demanda como fundamento de la pretensión.-

Cabe liminarmente destacar que la cuestión habrá de analizarse desde la óptica de la responsabilidad contractual en virtud de haber admitido la demandada que la accionante abonó el peaje correspondiente. No obsta a ello la invocación por ésta última de las normas de la responsabilidad extracontractual, por cuanto la naturaleza de la responsabilidad imputada no depende de la alegación de las normas legales, sino que resulta de la normativa que corresponda aplicar según la máxima “iura curia novit” a la “causa petendi” referida en el caso.-

Consecuentemente, la sentencia debe encuadrar la cuestión en el ámbito de responsabilidad que le corresponda, pues con eso no varía la causa de la pretensión que es siempre el hecho dañoso en orden a procurar obtener el resarcimiento del daño sufrido.-

En dicha inteligencia y en lo atinente a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los concesionarios y la extensión del deber de resarcir se han ensayado distintas posturas que pueden sintetizarse en 1) una tesis restrictiva o del vínculo extracontractual ;; 2) tesis amplia o contractualista de derecho privado y 3) tesis de la relación de consumo.-

El llamado criterio “tributarista” de la responsabilidad extracontractual o tesis restrictiva, en la que se enrola la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece que el peaje participa del género de los tributos dentro de la especie cié las contribuciones especiales y no en un precio por el uso del camino. A fin de responsabilizar al concesionario de la autopista, la causa del siniestro debe radicar en algo inherente a la ruta en si misma y a su estado de conservación, así también como a todo objeto inerte que dificulte el tránsito o lo haga peligroso (CSJN “Estado Nacional c/ Arenera El Libertador S.R.L.; LL1991-D-404; CNCiv, Sala G, “Carnelli, Juan Osear c/ Nuevas Rutas S.A. s/ daños y perjuicios” del 7/6/1995; CNacCiv., Sala D, “Roa c/ SEMACAR S.A. s/ daños y perjuicios”, Expte. 115.284/93 del 5/6/98).-

La postura contractualista amplia, que personalmente comparto, tipifica la relación concesionario-usuario como contractual, debido a que el automovilista accede al uso de la carretera mediante el pago al concesionario de una suma de dinero en concepto de peaje (precio), como contraprestación por hacer posible la circulación en los términos del contrato administrativo de concesión celebrado entre el Estado y la empresa concesionaria (Martín Diego Pirata, “Compendio Jurisprudencial sobre Accidentes de Tránsito en Carreteras y Autopistas”, Pág. 96).-

Este contrato de derecho privado generaría para el concesionario dos obligaciones: una obligación principal, cual sería la de habilitar al usuario el tránsito por el corredor vial y una obligación de seguridad (Art. 1198 del Código Civil), por los daños que éste pudiera sufrir durante la circulación vehicular a través del trayecto concesionado, que es independiente de la obligación principal o típica y de resultado, generando consecuentemente responsabilidad objetiva derivada del factor de atribución de seguridad (Conf. Boragina, Juan C y Meza, Jorge A. “Responsabilidad civil de las empresas concesionarias de peaje en relación a los daños padecidos por el usuario, en JA del 12-11-97, n° 6063, pág. 5; CNac.Civil, Sala F, “Abba, Miguel A. y otra c/ Duarte S.A.”, LL.1992-D, Págs. 195/99, con nota de Jorge Bustamante Alsina; ídem, “Lerner c/ Autopistas del Sol S.A. y otro s/ daños y perjuicios” del 17/09/98; Bustamante Alsina “La Responsabilidad delictual o aquiliana es de derecho común y la contractual es de excepción”, JA, 1989-IV.474).-

Se trata así de una obligación tácita, derivada del deber de buena fe consagrado en el art. 1198, 1a parte del Código Civil que es accesoria de la obligación principal y en virtud de la cual el deudor debe, además de la prestación prevista en el contrato, velar que no recaiga ningún daño a la persona o eventualmente; a los bienes de su cocontratante.-

Esta obligación no resulta sino una especie de la más general que impone la relación contractual, en el sentido de que cada parte tiene que salvaguardar en su integridad la esfera de intereses propia de la otra parte. Debe señalarse asimismo que la buena fe es el principio primero que rige el cumplimiento de las obligaciones y de ella resultan los deberes de conducta, que exceden del propio y estricto deber de prestación, pero que encuentran su justificación en la propia estructura de la relación contractual en todas sus fases (“Sobre las denominadas Obligaciones de Seguridad”, por Jorge A. Mayo, LL.1984-B, pág. 953 y sgtes).-

Se ha dicho así que el principio de la buena fe tiene un fuerte contenido ético, que se manifiesta con un criterio objetivado y que tiene una función creadora o complementaria del ordenamiento jurídico considerado este en sentido amplio como legislación y como contrato (conf. art. 1197 de Código civil-“La obligación de seguridad en el contrato de espectáculo público: una garantía a favor del espectador”, nota a fallo CNCom,, Sala D, 04-05-05, “Tren de la Costa SA, concurso preventivo, s/ inc. de verificación de crédito de Yebra de Castaño, María”, por Diego Martín Pirota).-

La progresiva operatividad del principio de buena fe en el derecho privado, ha generado exigencias de conducta traducidas en deberes complementarios del deber de prestación (evitar daños a la contraparte), que implican una manifiesta ampliación del ámbito de la responsabilidad contractual.-

Asimismo, dentro de la postura contractualista, algunos tipifican el contrato entre el concesionario y el usuario como de “adhesión in totum”, en función de que la tarifa de peaje y los demás aspectos de la contratación son fijados coactivamente por el ente concesionario con control del Estado, y otros como de “estipulación a favor de terceros”, ya que en virtud de dicho negocio jurídico el concesionario se habría obligado expresamente a construir o reconstruir la vía de tránsito; a la conservación del camino en condiciones de transitabilidad; a ejercer un poder de policía restringido. El usuario resultaría, de consumo, el beneficiario de la estipulación concertada entre estipulante (Estado) y promitente (concesionario) (conf. Martín Diego Pirota ob. cit, pág. 98).-

A su vez, el criterio de la relación de consumo afirma que, la concesión vial encuadra en dicha relación, pese a no tratarse de servicio público previsto expresamente en la ley 24.240 de defensa del Consumidor y del Usuario.-

En dicha inteligencia, y analizando el caso de autos a la luz de los conceptos expuestos, considero que la demandada es responsable por los perjuicios sufridos por el actor, ya que contrariamente a lo sostenido por aquella, ha quedado suficientemente probada la ocurrencia misma del hecho, como la deficiencia en el servicio prestado no pudiéndosele imputar al damnificado conducta negligente alguna.-

Es así que la accionada reconoce en el responde no solo que la actora pasó por el peaje en cuestión, sino también el reclamo N° 1168 efectuado por ésta ante el Centro de Atención al Usuario ver fs 55 vta. del responde-. Del mismo surgen las circunstancia de tiempo, modo y lugar como los datos del vehículo y los daños producidos (ver fs 87).-

Ello resulta concordante con el testimonio de Edmundo I. Cabrera Fischer quien al declarar a fs. 77 manifiesta que volvía de Provincia a Capital habiendo tomado la autopista llia cuando luego de haber abonado el peaje y avanzado unos metros escuchó un ruido en la parte posterior del vehículo que lo obligó a detenerse, advirtiendo en ese momento lo ocurrido. Relata una serie de episodios verbales con el empleado de la cabina y por último manifiesta que, luego de haber consultado telefónicamente con un abogado y bajo presencia policial, se constataron los daños y se labró el reclamo correspondiente retirándose con posterioridad.-

A fs. 79 el perito ingeniero mecánico Miguel Baamonte indica que las barreras son de aluminio tubular recubiertas con esponja y que a su vez ésta es cubierta con una tela de plástico, como que el sistema es automático, activándose al pasar el auto. A fs. 90 manifiesta, sin embargo, que es posible que alguna de las protecciones estuviese corrida o deteriorada, lo que puede advertirse en las fotografías acompañadas por el experto a fs. 104.-

Determina asimismo, luego de inspeccionar el rodado que el alerón trasero se encuentra rayado, con la pintura saltada y que las grampas que lo sujetan al techo del automóvil se presentan dañadas como consecuencia del golpe.-

A esta altura del análisis debe recordarse que el juzgador debe arribar a la verdad jurídica que, al decir de Morello, no es la verdad absoluta y abstracta, “sino el estado subjetivo del juez cuyo acceso a esa verdad (certeza) se ha ajustado a un procedimiento reglado y a pautas y guías lógicas de experiencia y sociológicas”.-

Así debe destacarse, la necesidad de examinar la cuestión a través del prisma de la causalidad adecuada (art. 906 Cód. Civil). De este modo, corresponde establecer, en el plano jurídico, si un suceso es causa de otro. Por consiguiente, es necesario realizar ex post facto, un diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era, de suyo, idónea para producir normalmente ese hecho, según el curso natural y ordinario de las cosas Silvia Y Tanzi, Juan M Alterini, “La Demanda de Daños”, pág. 154).-

La carga de la prueba se vincula entonces, en grado estrecho, con la necesidad de convencer al juzgador sobre la existencia del hecho afirmado (CNac.Civ. Sala H, 25/2/99 “Orijüela c/ Lirosi s/ daños y perjuicios). Se trata de una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del Juez y que se corresponde con las peculiaridades que rodean la situación (conf. Colombo, “Culpa Aquiliana, T° I, N° 56, p. 1.17; Borda, “Obligaciones”, T° II, NT 1317, pág. 243).-

En dicha inteligencia, considero que en el caso existen presunciones graves, precisas, y concordantes que autorizan razonablemente a tener por cierto el hecho fundante de la pretensión.-

En tal sentido, debe destacarse el valor probatorio de las presunciones. Estas, constituyen una vía indirecta para llegar al conocimiento o admisión de un hecho Se parte de un hecho conocido y probado y se tiene por acaecido otro hedió, que se intenta probar por medio de un razonamiento. A ello se refiere el art. 163, inc. 5°, párr. 2° del CPCC que dispone que las presunciones no establecidas en la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales, y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según al naturaleza de juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.-

En dicho entendimiento, los antecedentes expuestos, permiten establecer a la luz de las conclusiones periciales, la relación causal entre los daños invocados y el hecho de autos.-

En definitiva, la demandada debe responder contractualmente por los daños ocasionados a la accionante, en virtud de una obligación tácita de seguridad (art. 1198 del Código Civil), no pudiendo excluir su obligación resarcitoria cuando debió mantener las barreras del peaje en condiciones óptimas, a fin de evitar accidentes como el de autos.-

Habrá entonces de revocarse la sentencia recurrida, haciéndose lugar a la demanda entablada por Cintia Nora Gallí contra Autopistas Urbanas SA.-

Corresponde en consecuencia pronunciarse sobre los rubros que integran el resarcimiento pretendido: “daño emergente”, “desvalorización del rodado”; “privación de uso”, “gastos por cartas documentos y mediación”, “lucro cesante” y “daño moral”.-

Reclama así la actora la cantidad de $700 en concepto de “daño emergente”.-

Conforme surge del dictamen pericial, los daños invocados en la demanda guardan relación de causalidad con el hecho dañoso de autos, el que insisto ha sido suficientemente acreditado.-

En cuanto al costo de las reparaciones, teniendo en cuenta lo manifestado por el experto en relación a que el alerón se encuentra rayado, con la pintura saltada y no abollado, presupuestos acompañados, considerados como pautas valorativas y lo dispuesto por el art. 165 del CPCC estimo prudente fijar en la cantidad de $500 el quantum del presente resarcimiento.-

Solicita luego la suma de $500 en concepto de “desvalorización del rodado”. Si bien constituye un hecho indiscutible e innegable que todo automotor que sufre un accidente que afecte su estructura de carrocería y/o mecánica padece una desvalorización de su valor venal en el mercado de unidades usadas y que la depreciación del vehículo chocado surge como un hecho cierto de experiencia universal frente a aquellos que están libres de este evento, también lo es que, no obstante la presunción aludida, todo daño es compensable cuando se demuestre que sea cierto, ya que la acción por daños y perjuicios exige prueba de la existencia real y efectiva de ellos. No basta un daño abstracto o indeterminable donde no se proporcionan al magistrado elementos mínimos por su fijación. La prueba del daño y su monto, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 165 del CPCC, corre a cargo de quien lo invoca.-

En el caso, el experto destaca que no corresponde desvalorización del vehículo por tratarse en el caso de un elemento accesorio que se puede cambiar por otro nuevo sin afectar las partes estructurales del automóvil, razón por la cual, el presente reclamo debe ser desestimado.-

Solicita luego la cantidad de $500 en concepto de “lucro cesante” con fundamento en que a raíz de haber tenido que concurrir a las audiencias de mediación dejó de percibir su sueldo.-

Toda vez que lo expuesto por la actora no constituye una consecuencia inmediata y necesaria, ni mediata previsible del evento dañoso de autos que resulte imputable al autor (conf. arts 903 y 904 del Código Civil), es que el resarcimiento pretendido no puede tener acogida.-

Ello sin perjuicio de señalar que en modo alguno se han acreditado los extremos pretendidos en cuanto al perjuicio económico aludido en la demanda, toda vez que las constancias acompañadas sólo certifican los lugares donde la actora desempeña su actividad laboral y no las ganancias dejadas de percibir corno pretende la quejosa.-

Las restantes erogaciones reclamadas, tratándose de gastos causídicos, deberá hacérselas valer en la oportunidad procesal correspondiente, de acuerdo con la condena en costas.-

Demanda asimismo la suma de $300 por “privación de uso del rodado”.-

Sabido es que la “privación de uso” de un automotor representa un perjuicio que debe ser reparado, independientemente de la utilización que pueda hacerse del vehículo en cuestión.-

Es pacífica la jurisprudencia seguida por esta Sala según la cual el automotor por su propia naturaleza está destinada al uso, el cual satisface necesidades materiales y espirituales. Se supone que quien tiene y utiliza un rodado, lo hace para llenar una necesidad, por lo que su privación, que implica el empleo de otros medios sustitutivos de transporte, torna procedente la indemnización, aún ante la ausencia de toda prueba la respecto. No se trata de un elemento neutro, sino que está incorporado al “modus vivendi” y en consecuencia su privación ocasiona una “daño resarcible” (conf. Exptes. 74.829; 116.690; 125.354; 134.934, entre otros).-

En virtud de ello, teniendo en consideración el lapso necesario para la reparación de los desperfectos ocasionados al automotor, durante el cual el actor se vio privado de su uso, es que propongo al Acuerdo otorgar a los fines indemnizatorios en examen, la suma de $200 (art. 165 del CPCC).-

Por último, reclama se indemnice el “daño moral” sufrido a raíz del hecho de autos.-

Resulta al supuesto de autos de aplicación lo establecido por el art. 522 del Código Civil, que además de los requisitos generales atinentes a la existencia del daño moral resarcible, presupone como específicos que haya preexistencia de una obligación válida y la inejecución de la misma, ésta para que genere consecuencia jurídicas resarcitorias, deberá ser imputable al deudor por algún factor de atribución.-

La ilicitud que justifica la reparación del daño, tiene vigencia corno requisito del responder en todo tipo de incumplimiento ya sea que ocurra en el campo de la decisión privada licita o en el ámbito aquiliano.-

En uno y otro supuesto el menoscabo de orden espiritual genera la obligación de indemnizar mereciendo idéntica reacción del ordenamiento jurídico.-

El daño en sentido amplio motiva la lesión a un derecho subjetivo o a un interés legitimo de orden patrimonial o extrapatrimonial, mientras que estrictamente, al considerarlo como presupuesto del responder civil, implica una consecuencia perjudicial o menoscabo que deriva de aquél siendo siempre susceptible de apreciación pecuniaria (art. 1068 y 1069 y concs del Cód. Civil).-

Aplicando tal criterio al daño moral encontramos que puede conceptualizarse como una modificación disvaliosa del espíritu derivado de una lesión a un interés extrapatrimonial. Tal acepción no se altera por el incumplimiento de una obligación contractual o la comisión de un hecho ilícito.-

Me remito en honor a la brevedad a las consideraciones vertidas en el precedente “Quevedo el Chacras s/ rescisión de contrato ” de fecha 16/5/06, donde me pronuncié in extenso acerca de la interpretación armónica que cabe efectuar respecto del sistema normativo vigente que regula la reparación del daño moral en los artículos 522 y 1078 del Código Civil y la aplicación de criterios comunes en los aspectos atinentes a: la legitimación para accionar; la forma de efectuar la reparación; los criterios probatorios: la transmisibilidad de la acción: la cuantificación del daño, etc.-

Sólo agregaré que si bien a los efectos de la acreditación del daño moral es prácticamente imposible recurrir a una prueba directa por la índole espiritual y subjetiva del menoscabo resultando apropiado acudir al sistema de la prueba presuncional indiciaría (art. 163 del ritual), lo cierto es que en el caso, aún cuando deba tenerse por cierto el incumplimiento contractual por parte de la demanda, no existen precisamente elementos indicíanos que permitan presumir la configuración del daño moral reclamado, por lo que tal resarcimiento también habrá de ser desestimado.-

En relación a la actualización de la suma que resulta de la cuenta indemnizatoria corresponde tener presente que se trata en el caso de deudas de valor, cuya cristalización se opera con el dictado de la sentencia, convirtiéndose a partir de entonces en una deuda dineraria. En consecuencia, los montos indemnízatenos que integran el resarcimiento han sido fijados a valores actuales a la fecha más cercana a la sentencia, contemplando de ese modo la posible desvalorización de nuestro signo monetario.-

A las sumas por las que prospera la demanda, deberán adicionarse intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha de cada perjuicio y hasta su efectivo pago (conforme Plenarios “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes”, LL 93-667 ; “Vásquez…c/ Bilbao…” del 2/8/93 y “Alaniz, Ramona Evelía y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23 de marzo del presente año ).-

Por las consideraciones expuestas, expido mi voto porque se revoque la sentencia recurrida, haciéndose lugar a la demanda deducida por Cintia Nora Galli contra Autopistas Urbanas SA, quien deberá abonar a la actora, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, la cantidad de pesos setecientos ($700), con más intereses en la forma indicada. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada perdidosa (art. 68 del CPCC).-

La Dra. Díaz por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Ameal, vota en el mismo sentido a la cuestión propuesta.-

Fdo.: ÓSCAR J. AMEAL-SILVIA A. DÍAZ PAOLA GUISADO (SEC.).ES COPIA.-

La Dra. Hernández dijo:

Comparto el voto de mi distinguido colega, aclarando que respecto de la naturaleza de la responsabilidad del concesionario ya he vertido opinión como juez de primera instancia en el sentido de encuadrarla en la responsabilidad extracontractual.-

Para sostener la responsabilidad extracontractual se parte del concepto misino de peaje el cual sería una verdadera tasa para costear el mantenimiento y la construcción de una carretera, camino o vía (Bidart Campos, Germán, Ley de peaje, en Anuario de Legislación, 1965-B-pág.1404, comentario a la ley 17.520). En el mismo sentido se ha dicho que el peaje sería una contribución especial de naturaleza tributaria y no el pago de un precio por la utilización del corredor Si ello es así, se concluye que no existe contrato alguno entre el concesionario y el usuario de la ruta o camino (Barra, Rodolfo Carlos, Contrato de obra pública, T I, pág 295 y ss. Venegas, Patricia y Compiani, María, Responsabilidad por daños generados por el mal estado de conservación de los corredores viales, la Ley 1992-E-1208; Muzi, Sergio, Responsabilidad del concesionario de rutas de peaje frente a un accidente provocado por un animal suelto, La Ley Córdoba 1992-597;; Poclava Lafuente, Juan C. Concesionarios de rutas por peaje. Irresponsabilidad por los daños causados por animales, La Ley Actualidad de 9 de junio de 1994 y Accidentes causados pro animales en rutas otorgadas en concesión, La Ley 1995-D-336).-

La doctrina y jurisprudencia son contestes en sostener que el contrato de concesión que vincula a la concesionaria con la concedente, pone a cargo de la primera la construcción y conservación de las obras entre las que es razonable incluir la adopción de medidas de seguridad inherentes a su explotación por el sistema acordado. De transgredirse estas obligaciones con daños a terceros surgiría frente a éstos su responsabilidad extracontractual.-

En nuestro caso, pesaba sobre la concesionaria el mantenimiento y conservación de la ruta , incluidas las barreras de la estación de peaje que ocasionaron el daño al vehículo de la actora, de allí que puede concluirse que la transgresión de las obligaciones de seguridad con daños a terceros por parte de la explotadora de la ruta hace surgir su responsabilidad extracontractual por aplicación del art. 1113 del Código Civil.-

Las reglas referentes a la circulación en la autopista deslindan facultades y obligaciones del ente concesionario que se corresponden con las delegaciones que el concedente efectúa para el debido cumplimiento de sus fines. Ellos son: control del uso de la ruta, facilitar la circulación con absoluta normalidad e ininterrumpidamente, suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad (Martín Rafael Ymaz Videla y Esteban Ramón Ymaz Cossio, Responsabilidad de los concesionarios frente a accidentes de usuarios en las concesiones viales argentinas, pág. 1013).-

Con esta aclaración, adhiero al voto del Dr. Ameal en todo lo que resuelve.-
LIDIA B. HERNANDEZ-PAOLA GUISADO (SEC.).-

///nos Aires, diciembre de 2006.-

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: revocar la sentencia recurrida, haciéndose lugar a la demanda deducida por Cintia Nora Galli contra Autopistas Urbanas SA, quien deberá abonar a la actora, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, la cantidad de pesos setecientos ($700), con más intereses en la forma indicada. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada perdidosa (art. 68 del CPCC).-

Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva (art.279 del Cód. Procesal).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-

 


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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL – SALA A
81791/2011
“Tanenholz, Mariana Soledad y otros c/ Autopistas del Sol y otro
s/ Daños y perjuicios”
EXPTE. n° 81791/2011
En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la
República Argentina, a los días del mes de agosto del año dos mil
dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de
apelación interpuestos en los autos caratulados: “Tanenholz, Mariana Soledad y
otros c/ Autopistas del Sol y otro s/ Daños y perjuicios” respecto de la
sentencia de fs. 465/469 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿SE AJUSTA A DERECHO LA
SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación
debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores:
SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI – HUGO MOLTENI
A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR.
SEBASTIÁN PICASSO DIJO:
I.- La sentencia de fs. 465/469 rechazó la
demanda interpuesta por Mariana Soledad Tanenholz y Hernán Aslanian contra
Autopistas del Sol S.A. y Nación Seguros S.A., con costas a cargo de la parte
vencida.
El pronunciamiento fue apelado por los
demandantes a fs. 507/517, lo que recibió la réplica de las emplazadas a fs.
519/523.
II.- Memoro que los jueces no están
obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por
las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden
centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta
decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).
Asimismo aclaro que, al cumplir los agravios
de los actores la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del Código
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Procesal, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al
criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaini, Osvaldo A., Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos
Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no propiciaré la sanción de deserción que
postula la contraria a fs. 519, punto II.
Creo menester poner de resalto que, si bien a
partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la
constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del
Código Civil derogado. Por consiguiente la cuestión debe juzgarse –en principioa la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto
(art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. Roubier, Paul, Le droit
transitoire. Conflit des lois dans le temps, Dalloz, Paris, 2008, p. 188/190;
Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las
relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p.
158).
Por último señalo que, incluso en los
aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las
disposiciones del Código Civil y Comercial constituyen una valiosísima pauta
interpretativa, en tanto condensan las actuales tendencias doctrinales y
jurisprudenciales y expresan además la intención del legislador de nuestros días
(esta sala, 25/6/2015, “C., Jésica María c/ B., Carlos Ricardo y otros s/ Daños y
perjuicios”; ídem, 30/3/2016, “F., Celeste Ester c/ D. P., Virginia Gabriela y otro
s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; 11/10/2016, “R., Jorge Oscar c/ A.,
Adrián Bartolomé y otro s/ Nulidad de acto jurídico” y “A., Adrián Bartolomé y
otro c/ R., Jorge Oscar s/ Restitución de bienes”, exptes. n.° 47.289/2001 y
38.328/2003; ídem, CAC y C, Azul, sala II, 15/11/2016, “Ferreira, Rodríguez
Amelia c/ Ferreira Marcos, y otra s/ Desalojo”, LL 2017-B, 109, RCCyC 2017
(abril), 180; Galdós, Jorge Mario, “La responsabilidad civil y el derecho
transitorio”, LL 16/11/2015, 3).
III.- Ante todo estimo oportuno efectuar un
breve relato de los hechos que motivaron el presente proceso.
Según sostuvieron los actores, el día 18 de
enero de 2011, a las 19. 20 hs. aproximadamente, en circunstancias en que
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL – SALA A
circulaban en la motocicleta marca Yamaha YBR, dominio 964 GND, por la ruta
Panamericana, unos diez metros después del peaje ubicado en el ramal con
sentido hacia Bancalari, perdieron el equilibrio y cayeron sobre el sector lateral
del rodado al resbalarse a raíz de la acumulación de aceite, gasoil y suciedad en la
cinta asfáltica. Señalaron que personal de la autopista y de la Policía arribó al
lugar del accidente y llamó a una ambulancia, vehículo que inmediatamente
trasladó a las víctimas al Hospital General de Boulogne. Reclamaron los daños
padecidos en razón del infortunio.
Por su parte, Autopistas del Sol S.A. y
Nación Seguros S.A hicierón una negativa pormenorizada de los hechos
expuestos por los actores y solicitarón el rechazo de la acción.
Como ya lo señalé, el magistrado de grado
desestimó la demanda y sostuvo en su pronunciamiento que los actores no
lograrón acreditar la existencia del accidente.
Esta forma de decidir es objeto de queja por
los demandantes. Por un lado, los recurrentes controvierten el encuadre jurídico
que hizo el anterior sentenciante, pues sostienen que la demandada debería haber
probado que adoptó medidas de seguridad respecto al mantenimiento de la
autopista para evitar el accidente. Por el otro, se quejan de la (según ellos)
incorrecta valoración de la prueba producida en autos.
Si bien coincido con los recurrentes en que
en el sub lite es de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor, no les asiste
razón –en cambio- cuando afirman que las emplazadas no cumplieron con la
carga probatoria que les incumbía, pues -como enseguida explicaré-, sólo frente a
la constatación del incumplimiento de la obligación de seguridad corresponde al
deudor demostrar la imposibilidad objetiva y absoluta de la prestación.
Este tribunal ya ha señalado en reiteradas
oportunidades que algunos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en supuestos similares al presente, proporcionan el marco jurídico que
debe adoptarse en casos como el que nos ocupa (esta sala, 22/11/2011, “Vaninetti,
Aberto Edgardo c/ Autopistas del Sol s/ Daños y perjuicios”, L. 581.918; ídem,
13/6/2014, “Fernández, Walter Horacio c/ Ceamse Coordinación Ecológica Área
Metropolitana S. y otros s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 111.774; ídem,
15/6/2016, “Fernández Ocampos, Juan Carlos c/ Ceamse s/ Interrupción de
Prescripción (Art. 3.986 C.C.) ”, expte. n.° 5.271/2012).
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En efecto, el 21 de marzo de 2006 el alto
tribunal, con su parcialmente renovada composición, dictó un pronunciamiento en
los autos “Ferreyra, Víctor D. y otro c/ V.C.O.V.S.A.”, que fue seguido por otro in
re “Caja de Seguros c/ Caminos del Atlántico S.A.”, donde la mayoría rechazó el
recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior del
Chaco, en el primer caso, y de la Sala “M” de esta cámara, en el segundo, por
estimar que no era arbitraria la interpretación plasmada en esos fallos donde se
había condenado a las empresas viales por la sorpresiva presencia de equinos en
el corredor, y se había encuadrado la cuestión en la ley 24.240.
A fines de ese año 2006 la mencionada corte
dictó finalmente sentencia en el caso “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/
Provincia de Buenos Aires y otros” ( 7/11/2006, DJ, 29/11/2006, 950; DJ,
28/2/2007, con nota de Carlos Ghersi y Celia Weingarten, y LL, 13/3/2007, con
nota de Jorge Mario Galdós), en el ámbito de su jurisdicción originaria, donde
sentó el criterio según el cual entre el concesionario de la ruta y el usuario existe
una relación contractual, donde aquel no asume una obligación de dar el uso y
goce de la cosa, sino de prestar un servicio, lo cual cobra relevancia porque hay
una obligación nuclear en el contrato, constituida por la prestación encaminada al
mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos, y también deberes colaterales con
fundamento en la buena fe, entre los cuales se encuentra la obligación de
seguridad, que obliga al prestador a adoptar las medidas de prevención adecuadas
a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten
previsibles.
Añadió la corte federal en el precedente
antes citado que la obligación de seguridad a cargo de las empresas
concesionarias es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido
prestaciones tales como la vigilancia permanente del camino, su señalización, la
remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, el retiro sin demora
de animales que transiten por el lugar, y toda otra medida que pueda caber dentro
del referido deber, a los efectos de resguardar la seguridad y la fluidez de la
circulación, asegurando que la carretera se mantenga libre de peligros y
obstáculos.
Finalmente, en la mencionada causa
“Bianchi” el cimero tribunal señaló que el vínculo que liga al usuario con el
concesionario es de derecho privado, y constituye una relación de consumo en los
términos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, lo cual, por otra parte, es avalado por
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numerosa doctrina (entre muchos otros: Lorenzetti, Ricardo L., “Concesionarios
viales. ¿En qué casos hay responsabilidad”, Revista de Derecho de Daños n°. 3, p.
157; ídem., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 114, nos. 6 y
487; Mosset Iturraspe, Jorge, Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 2003, p. 20; Galdós, Jorge M., “Peaje, relación de consumo y animales
sueltos. Otro trascendente fallo”, LL, 2004-C, 919; Rinessi, Antonio J., “Un fallo
de la Corte Suprema reivindicador de los derechos del usuario”, LL, 2006-C-54;
Vázquez Ferreyra, Roberto A., “La demanda contra los concesionarios de
autopistas”, Revista de Derecho de Daños n° 1° -Accidentes de Tránsito- p. 157;
Idem., “La responsabilidad de los concesionarios viales por los animales sueltos
en las rutas: otra sentencia en la senda correcta”, RCyS, 1999-461). Es que, como
se ha dicho con acierto, la ley 24.240 incluye en su ámbito los servicios de
cualquier naturaleza, con lo que abarca también los que presta la concesionaria a
los usuarios (Galdós, op. y loc. cit.), quienes la utilizan para su destino final, toda
vez que no incorporan ese servicio en un circuito de producción o
comercialización.
Se ha señalado al respecto que la suma de
dinero que paga el usuario al concesionario de peaje en contraprestación por el
uso del corredor vial no puede tener naturaleza tributaria, dado que es gravada
con el I.V.A. Se trata, antes bien, de un verdadero precio que paga quien transita
por la ruta o autopista, lo que ratifica el encuadre contractual –con las notas
tipificantes de un contrato de consumo- de la relación (CNCom., Sala B,
25/8/2003, “D’Onofrio c/ Caminos del Atlántico”, LL, 2004-B-1013).
Sentado ello, y en función de lo establecido
por el art. 3 de la ley 24.240, en caso de que más de una norma resultara aplicable
a la misma situación fáctica debe privilegiarse la que resulte ser más favorable
para el consumidor, parte débil de la relación jurídica y objeto preferente de la
tutela legal (arts. 1 y 65, ley citada). Es claro que, en virtud de lo expuesto, mal
podrían hacerse prevalecer frente al usuario disposiciones del marco regulatorio
de la concesión que le otorguen una protección menor a la que dimana de la
propia ley 24.240.
Así las cosas deviene plenamente aplicable
al caso el art. 5 de esa ley, a tenor del cual: “Las cosas y los servicios deben ser
suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles
o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física
de los consumidores o usuarios”. Ya he señalado con anterioridad que las normas
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citadas ponen en cabeza del proveedor -en la especie, la concesionaria-, una
obligación de seguridad de resultado, como consecuencia de lo cual cualquier
daño sufrido por el consumidor en el ámbito de la relación de consumo
compromete la responsabilidad objetiva de ese proveedor (vid. mis trabajos “Las
leyes 24.787 y 24.999: consolidando la protección del consumidor”, en coautoría
con Javier H. Wajntraub, JA, 1998-IV-753, y “La culpa de la víctima en las
relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema”, LL, 2008-C-562. Vid.
asimismo López Cabana, Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), Derecho del
consumidor, nro. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge –
Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311;
Hernández, Carlos – Frustagli, Mónica, comentario al art. 5 de la ley 24.240 en
Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del
consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 96; esta
sala, L. n° 587.865, “Duvidovich Gallo, Patricia Adriana c/ Valle de Las Leñas S.
A. y otro s/ Daños y Perjuicios”, del 19/4/2012; L. 591.873; ídem, “Romano,
Fabio y otro c/ Parque de la Costa S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios”, del
21/11/2912).
Es desde ese enfoque (el de la obligación de
seguridad de resultado que pesa sobre el proveedor) que corresponde, entonces,
analizar el caso traído a conocimiento de este tribunal.
Como ya lo ha señalado esta sala (L.
581.709, del 25/11/2011, publicado en LL 2011-F-10, y RCyS 2012-II-156), dado
que el objeto de la obligación de seguridad consiste, precisamente, en una
garantía de indemnidad, su incumplimiento se produce por la simple existencia
del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba
adicional. Al deudor que pretende su liberación compete, entonces, la prueba de
que el cumplimiento de la obligación de seguridad se había vuelto imposible
como consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso fortuito.
Respecto de este último punto –como lo
puntualizó la sala en el precedente mencionado en último término- señalo que la
doctrina ampliamente mayoritaria afirma que la imposibilidad de cumplimiento,
para extinguir la obligación (art. 888, Código Civil) y, al mismo tiempo, liberar al
deudor de responsabilidad (arts. 513 y 514 del citado código), debe reunir los
caracteres de objetiva, absoluta y no imputable al obligado. En particular, es
preciso que se esté ante una imposibilidad absoluta (Bueres, Alberto J., “El
incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del deudor”, Revista de
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Derecho Privado y Comunitario, nº 17 (Responsabilidad contractual), RubinzalCulzoni, Santa Fe, 1998, p. 113; Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G.,
Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3, p. 312; Colmo, Alfredo, De
las obligaciones en general, Buenos Aires, 1928, p. 616; Boffi Boggero, Luis M.,
Tratado de las obligaciones, Astrea, Buenos Aires, 1986, t. 4, p. 567; Llambías,
Jorge J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, Perrot, Buenos Aires, 1967, t. III,
p. 286 y 287; le Tourneau, Philippe – Cadier, Loïc, Droit de la responsabilité,
Dalloz, París, 1996, p. 262; Larroumet, Christian, Droit Civil. Les obligations,
París, 1996, p. 782; Radouant, Jean, Du cas fortuit et de la force majeure, Arthur
Rousseau, Paris, 1920, p. 47), lo que significa que, como lo señalaba Osti, existe
un impedimento para cumplir que “no puede ser vencido por las fuerzas
humanas” (Osti, Giuseppe, “Revisione critica della teoria sulla imposibilitá della
prestazione”, Rivista di Diritto Civile, 1918, p. 220).
No otra cosa disponen actualmente los arts.
955 y 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación, que si bien no es aplicable
al sub lite sí constituye doctrina interpretativa de las disposiciones del código
derogado que mantienen ultractividad.
Entiendo que estas conclusiones no se
contraponen a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa “Bianchi”, ya citada. Es cierto que allí el supremo tribunal
aludió a la idea de previsibilidad, y dijo que ella variará según las circunstancias y
las características del corredor vial en cada caso. Empero, no creo que eso
implique consagrar una responsabilidad subjetiva en cabeza del proveedor, sino
que esas referencias deben entenderse referidas a la eximente que aquel puede
invocar frente a la constatación del incumplimiento de la obligación de seguridad,
consistente, según ya lo señalé, en una imposibilidad de cumplimiento objetiva y
absoluta causada por caso fortuito. En otras palabras, la sola producción de
perjuicios al consumidor que transita por la carretera patentizará el
incumplimiento de la obligación de seguridad a cargo del concesionario vial, pero
este podrá eximirse si demuestra que, de acuerdo a las características de la ruta o
autopista, no era posible prever o evitar el daño (arts. 514 y 888, Código Civil).
Sin embargo, la puesta en marcha de esa
responsabilidad requiere, naturalmente, la previa prueba de la existencia de la
obligación (arts. 499, 1190 y concs., Código Civil) y el incumplimiento, que en
función de lo establecido por el art. 377 del Código Procesal se encontraba en
cabeza de los actores, en tanto constituye el presupuesto de hecho necesario para
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la aplicación de las normas que estructuran la obligación de seguridad (art. 5 y
concs., ley 24.240).
IV.- Por lo dicho hasta aquí corresponde
determinar si se encuentra debidamente acreditado el hecho denunciado por los
demandantes. Adelanto que coincido con el anterior sentenciante en que no hay
prueba de que el hecho haya sucedido en el Acceso Norte, como lo afirman los
apelantes.
Los recurrentes se agravian de que el colega
de grado haya omitido valorar la pericia médica, de la que surgiría que las
lesiones padecidas por la actora se habrían producido al caer de la motocicleta,
según lo informado por el nosocomio a fs. 239/241. Debo señalar que, si bien del
informe del centro médico Martín y Omar S.A. surge que la Sra. Tanenholz
presenta una “herida por caída de moto con quemaduras por fricción en ambos
antebrazos y glúteo izquierdo” (fs. 241), lo cierto es que –más allá de que la
referencia a la caída desde la moto muy probablemente haya sido proporcionada
por la propia actora- eso en modo alguno acredita que el infortunio haya tenido
lugar en el Acceso Norte, como alegan los apelantes en sus agravios.
No soslayo la constancia de atención de los
actores en el Hospital de Boulogne, que da cuenta de que el día del supuesto
accidente presentaban las lesiones denunciadas en el escrito inaugural (fs. 268).
Sin embargo, el documento en cuestión acredita únicamente que los demandantes
tenían lesiones en esa fecha, no así que las heridas fueron consecuencia de un
accidente en la autopista de la demandada.
Por otro lado, respecto del dictamen médico
destaco que el experto describió el hecho de una manera condicional (“el hecho
por el que se demanda habría ocurrido”, fs. 293) lo que significa que la relación
causal entre el accidente y las heridas que invocan los demandantes no puede
enunciarse de manera asertiva.
Tampoco agrega datos relevantes a favor de
los recurrentes la causa penal I.P.P 14-11-629-12, caratulada “Autopistas del Sol
s/ Lesiones Culposas”, iniciada 8 meses después de ocurrido el supuesto
accidente, en la medida en que en ella sólo constan las declaraciones de los
actores, razón por la cual se ordenó el archivo de dichas actuaciones (fs. 142).
Con relación al testigo Herenu, pongo de relieve que el
deponente aseguró haber dejado su número de teléfono a la actora en momentos
posteriores al accidente, pero no declaró en la causa penal (fs. 271). Es sabido que
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cuando se está ante un testigo que no ha prestado declaración en sede penal y que
recién lo hace en el proceso civil se debe analizar cuidadosamente su versión de
los hechos, pues lo que acontece en la generalidad de los casos es que quien ha
presenciado un accidente con repercusión en lo penal preste su colaboración no
solo en la investigación que se realiza en ese fuero, sino también en las
actuaciones que se originan en el ámbito civil. Y obviamente, cuando el
testimonio aparece con posterioridad y después de agotada la instrucción
sumarial, ello impone una gran circunspección en su evaluación, en miras de
verificar si realmente el declarante presenció el hecho sobre el cual depone (art.
384 del Código Procesal; esta sala, 1/12/2011, “A., Luis Fabián y otro c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, L. n° 580.325;
ídem, 25/6/2013, “S. C., Daniel Jesús c/ F., Alberto y otros s/ Daños y Perjuicios”,
L. n° 579.478; ídem, 27/2/2014, “P., Ricardo Antonio c/ C., Paz y otros s/ Daños y
Perjuicios”, expte. n° 90.397/2007; ídem, 11/5/2016, “H., Eva Lorena c/
Transportes Río Grande S. A. C. I. F. y otro s/ Daños y perjuicios”, expte. n.°
48.336/2010).
Por otra parte, se ha señalado que si bien los
dichos de un testigo único no pueden descalificarse por ese solo motivo, sí deben
ser apreciados con estrictez y en función de las demás constancias del expediente
(esta sala, 17/12/2012, “Straface, Benedicta c/ Peña, Marcelo Gabriel y otros s/
Daños y Perjuicios”, L. n° 601.965; esta cámara, Sala G, 11/7/2011, “Gómez,
Nora Mariela c/ Ferrovías S.A. Concesionaria s/daños y perjuicios”; ídem, Sala H,
16/2/2011, “Benítez, Blanca Inés c/ Lee Ju Won y otros”). Además, como se
sostuvo en un reciente antecedente de esta sala, aunque nuestro sistema procesal
excluye la aplicación de la máxima testis unus, testis nullus (art. 456 del CPCCN)
-de modo que el testimonio no debe ser descalificado por el hecho de ser
solitario-, dicha circunstancia impone que sea apreciado con mayor severidad, y
para erigirse como prueba debe ser categórico y convincente, a tal punto que no
deje duda alguna en el ánimo del juzgador (25/4/2013, “Alvez, Juan José Ramón
c/ Samaniego, José Luis y otros s/ Daños y perjuicios”, L. n° 611.503, voto del
Dr. Li Rosi).
También es preciso apuntar que los propios
recurrentes no controvierten que el testigo mantiene un vínculo afectivo con la
actora; y que si bien –como afirman aquellos- ese vínculo pudo haber nacido con
posterioridad a la declaración, no deja de ser un elemento más a tener en cuenta
para apreciar la validez de las manifestaciones del deponente.
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Más allá de estas consideraciones, destaco
que el testigo dijo: “veo que estos dos chicos pierden el equilibrio de la moto por
una mancha de aceite que había ahí, pongo las balizas freno, bajo como esta, el
chico se levanta y entre los dos levantamos la moto que estaba encima de la
chica” (fs. 271). Ahora bien, del relato de los hechos volcado en la demanda no
surge que la actora fuese ayudada por el declarante, pues ni siquiera se menciona
su presencia. En este sentido los actores refirieron que: “…una enorme
acumulación de aceites, mugre, gasoil, provocó que perdieran el equilibrio,
resbalaran y cayeran de costado izquierdo, quedando atrapados debajo de la
moto. Instantes posteriores se apersonó personal de autopistas y la policía
federal quienes llamaron a la ambulancia” (fs. 33 vta.). Tampoco es mencionado
el testigo en la denuncia penal ni en la declaraciones testimoniales que los actores
prestaron en dicha sede (vid. fs. 132, fs. 138 y fs. 140). Por otra parte no es un
dato menor que los demandantes hayan desistido del otro supuesto testigo
presencial (fs. 271 vta.).
En esos términos, considero que el aislado
testimonio de Herenu no es merecedor de fuerza probatoria en los términos de los
artículos 386 y 456 del Código Procesal, con lo cual sus dichos resultan
insuficientes para fundar el mencionado presupuesto de la responsabilidad, cuya
prueba se encontraba en cabeza de las víctimas
A todo lo dicho agrego que los demandantes
contaban con la posibilidad de ofrecer –como mínimo- otro medio de prueba del
cual prescindieron, consistente en solicitar un informe a la ambulancia que los
habría trasladado desde el supuesto lugar del accidente hasta el Hospital Central
de Boulogne, por lo que habrían contado con un indicio sobre la existencia del
hecho.
En definitiva, la ausencia de otras probanzas
que permitan al menos inferir por vía indiciara la existencia del hecho invocado
(esto es, el accidente en la autopista a cargo de la demandada) me lleva a la
conclusión de que los actores no han logrado satisfacer la carga que les imponía el
art. 377 del Código Procesal. Por tal motivo me inclino a desestimar los agravios
vertidos por los recurrentes y proponer a mis colegas que se confirme el rechazo
de la demanda.
V.- En virtud de lo dispuesto por el art. 68
del Código Procesal mociono que se confirme la imposición a los actores –
vencidos en su pretensión- de las costas de primera instancia.
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Asimismo, y por iguales fundamentos, las
costas de alzada deberían ser soportadas por los demandantes perdidosos.
VI.- Por todo ello, para el caso de que mi
voto fuere compartido propongo rechazar los agravios de los actores y confirmar
la sentencia en crisis en todo lo que decide y fue objeto de apelación y agravios,
con costas de alzada a cargo de los demandantes.
Los Dres. Ricardo Li Rosi y Hugo Molteni
votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por
el Dr. Sebastián Picasso.
Con lo que terminó el acto.
Es copia fiel de su original que obra a fs.
del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil.-
Buenos Aires, de agosto de 2018.-
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que informa el
acta que antecede, se resuelve confirmar la sentencia en crisis en todo lo que
decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de alzada a cargo de los
actores.
Atento lo decidido precedentemente
corresponde entender en los honorarios fijados en la anterior instancia.
Ello así a fin de valorar los trabajos
realizados en autos por los beneficiarios de la regulación apelada, la ley 27.423
instituyó la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para cuantificar los honorarios
profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia.-
Así las cosas, en orden a lo que surge de la acordada de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación N°13/18 y, toda vez que la acción fue rechazada, deberá
determinarse para el caso, la entidad económica del planteo.-
Al respecto, el artículo 22 de la ley
arancelaria establece que para la regulación de los honorarios de los profesionales
intervinientes se tendrá como valor del pleito el importe de la demandada
actualizada por intereses al momento de la sentencia, si ello correspondiere. Esto
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es, siempre y cuanto que hubieren sido objeto de reclamo y condena (conf.
Kielmanovich, Jorge L., “Honorarios Profesionales”, Edit. La Ley, pág.39).-
En esta inteligencia, más allá que la misma
trascendencia tenga el reconocimiento de un derecho como que el supuesto
derecho no existe, lo cierto es que conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala,
no corresponde la inclusión de los intereses si no han sido objeto de tratamiento y
determinación en la sentencia que puso fin al litigio (conf. esta salaR.608.084 del
24/10/2012 entre muchos otros).-
Sentado lo anterior, valorando la extensión e
importancia de los trabajos realizados en autos por los profesionales
intervinientes, etapas cumplidas, lo establecido por los artículos
1,3,16,19,20,21,22,29 y 59 de la ley arancelaria, el decreto 2536/2015, el decreto
ley 7887/55, corresponde modificar la regulación de fs. 469 y se fijan los
honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. Yanina S. Broglia, en
PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 91.500) 147 UMA; los de la
dirección letrada de la parte demandada, Dras. Soledad Escalada y Denise Mau,
en conjunto, en PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 63.500) 102
UMA, mientras que se confirman los fijados a favor del perito médico
traumatólogo, Dr. Enrique J.M.Basso, equivalente a 34 UMA, los de la Dra.
Soledad Puppo equivalente a 34 UMA, los del perito ingeniero mecánico, Jorge
O. Firpo, equivalentes a 34 UMA y los de la Dra. Adriana Darriba.-
Por su labor en la alzada, que diera lugar al
presente fallo fijan los honorarios de la Dra. Broglia, en PESOS VEINTISIETE
MIL ($ 27.000) 44 UMA y los de la Dra. Denise Mau, en PESOS TREINTA Y
TRES MIL ($ 33.000) 53 UMA (arts. l,3 y 30 de la ley 27.423).-
Notifíquese en los términos de las
Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de
Comunicación Publica de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO
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RICARDO LI ROSI
1
HUGO MOLTENI
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