Lo que cae del balcón, responsabilidad del consorcio

Las consultas sobre lo que cae de los pisos superiores son comunes. Qué hacer si nos manchan la ropa. Qué pasa con los cerramientos y la basura que tiran hacia la planta baja. Responsabilidad por caída de objetos en la propiedad horizontal.

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Por empezar, la caída de objetos en la vereda es responsabildad de quien los tire. Esto es garantizado en todos los casos en el plano penal, porque la autoría es individual.

Ahora bien, a nivel civil, ¿Puede haber chances de responsabilizar al consorcio? Las posibilidades son remotas, porque debe intentar identificarse a quien tire cosas en la vereda. Son habituales las consultas por la gotita del aire acondicionado, no puede desagotar a la calle y debe canalizarse, y las manchas, por ejemplo esta que sigue.

“Hola, Sergio, si andás por la calle y alguen tira algo por la venta de su balcón, desde un pso alto, tercero o cuarto piso, y te manchan la ropa o te hacen  algo, a quién le reclamás? Desde tirar un pedazo de torta, un cigarrillo o lo que sea. ¿Al administrador del consorcio? Esa cosa amarilla me tiraron desde el 3 piso, y me arruinaron dos prendas. Quisiera saber qué hacer. Gracias.”

 

 

La respuesta es que debe intentar identificarse a quien arroje los objetos. Desde esa unidad funcional deben pagar los gastos de lavadero o tintorería. Como prueba sirven las fotos, filmaciones o videos y testigos. En princpio, quien causa un daño por objetos caídos en la vereda debe repararlo.

Esto vale para todo tipo de líquidos y también objetos, mucho más peligroso y para lo cual, además de la prevención del caso, puede contratarse una póliza de seguro de responsabilidad civil.

Como regla general, toda persona tiene el deber de prevenir el daño y evitar que se caigan macetas u objetos por el balcón. Es una obligación básica de controlar lo que sucede en su propiedad o unidad funcional, por lo que cabe condena civil al inquilino o dueño, aunque el origen de la caída se encuentre en la negligencia de un trabajador sobre el cual aquél no tenga control, ni guarde ninguna relación de dependencia, si no se prueba culpa alguna de la parte perjudicada, ni evento de fuerza mayor.

En un caso en que se cayó un cartel de publicidad, también recayó condena sobre el consorcio de copropietarios.  La persona sintió que un objeto le golpeó fuertemente en el rostro provocando que cayera al piso, sufriendo hemorragia en la nariz. Individualiza ese objeto como un cartel de publicidad de 70 cm por 90 cm aproximadamente que cayó de un edificio donde había funcionado una concesionaria. Luego vino la ambulancia y tras el juicio los jueces determinaron los daños.

Por ley, cada propietario tiene obligación de mantener en buen estado los balcones y salientes de los edificios, así como las marquesinas, carteles, maseteros, que estén a su cuidado y realizar una inspección periódica a cargo de un profesional. En caso de que hay un objeto peligoroso o riesgo estructural, denunciar a la municipalidad e iniciar acción civil preventiva del daño.

 

El problema de los objetos que caen a la planta baja de un edificio

Muchos copropietarios reclaman por la caída de agua, desechos, basura, agua con lavandina, hojas, mugre, suciedad, propaganda, colillas y llaveros que caían desde otros pisos a su planta baja. En un caso, decidieron montar un techo fijo en el patio.

Cuando los vecinos hacen un cerramiento, varios suelen oponerse por violar el reglamento de copropiedad, por ser lugar común de acceso exclusivo, y por esto hay demandas contra el consorcio: Así como el consorcio tiene legitimación activa para demandar a alguno o algunos de los consorcistas cuando éstos realizan obras prohibidas por la ley, también debe ser sujeto pasivo de la acción cuando tales obras afectan a terceros vecinos; máxime si estuvo a su alcance impedir que las obras se ejecutaren o pudo demandar judicialmente su retiro por proceso sumarísimo (art. 15, Ley 13.512).-” (CNCiv., Sala H, 17/5/94, Jurisp. Cám. Civ., Isis, sum. 6020).

En general, el administrador suele imponer multas pero para esto hay que identificar a quien arroje los objetos y darle el derecho de defensa. Al efecto, pueden instalarse cámaras de vigilancia.

Acciones legales por caída de objetos y cerramientos en la propiedad horizontal

En primer lugar, el tema debe tratarse en asamblea. Como decía, es cuestión de vigilar las conductas denunciadas en horarios puntuales y solicitar las filmaciones o testigos.

Además puede citarse a una mediación. El o la vecina que arroje objetos es responsable por los daños y perjuicios y debe resarcir al damnificado. Incluso puede convocar asamblea y tratarlo como orden del día.

En un caso se intentó ver el tema de un toldo, y algunos vecinos lo autorizaron con la única restricción de mantenerlo limpio y que fuera conforme a las normas que establece el gobierno de la ciudad, por lo que colocaron una protección de policarbonato, rebatible, tal como lo exige la reglamentación vigente.

Pero luego el consorcio demandó el retiro del techo o cerramiento de policarbonato. Frente a lo cual se defendieron y pidieron la indemnización de los daños y perjuicios.

Para los jueces ese elemento instalado lo era para dar protección a los usuarios frente a la verdadera inmisión que sufrieran por el continuo lanzamiento de diversos elementos por parte de la/s personas que habitan los departamentos de los pisos superiores o tienen acceso a los mismos o a sectores comunes como podría ser una terraza de uso común, porque se probó que les tiraban desechos de colillas de cigarrillos, restos de plantas, y elementos contundentes, como un patín.

En el fallo se dijo que un ciudadano británico, que por elección han decidido vivir en esta ciudad en un barrio elegante, a esta altura de sus vidas y que lamentablemente han sufrido en carne propia la incultura y la falta de respeto de sus vecinos o de quienes están a su servicio o les es facilitado el acceso al edificio. en una oportunidad hasta le tiraron unos patines.

Y encima tuvieron que recibir la inspección del Estado, porque cuando pusieron el techo de policarbonato el Gobierno de la Ciudad los intimó a regularizar la obra.

Finalmente, en la sentencia el consorcio les tuvo que indemnizar por el daño moral y los perjuicios sufridos por la caída de objetos. Y el techo fue dejado.

También se autorizó dejar el cerramiento en un edificio de Puerto Madero. Pese a que el reglamento lo prohibía, un informe de arquitecto ratificó que los fuertes vientos del Sudeste que afectaban la unidad funcional.

Inclusive el Consorcio encomendó a un Estudio de Arquitectura que encontrase una solución al asunto. En el Orden del Día de la Asamblea de Consorcio de Copropietarios figuraba como punto 3 del cerramiento de balcones.

Allí (punto 3 del Orden  Día) se explicaba que “ debido a los fuertes vientos del sudeste que soporta el edificio por su orientación, un grupo de vecinos ha solicitado elevar a la Asamblea el tratamiento de la instalación de cerramientos en los balcones”. Lamentablemente, no se logró  el quórum suficiente para tratar la cuestión “.

 

Le pidieron trabajos de pintura para un consorcio. Pintó la planta baja, otros sectores comunes y luego la pared…

Publicado por El taller legal – Derecho en zapatillas en Jueves, 29 de agosto de 2019

 

Anexo con sentencia completa – responsabilidad del consorcio por caída de objetos

 

Expediente N° 48.724/2006. «MMM, David Sumner Paterson y otro c/ Consorcio de Propietarios Av. De Los Incas … s/Daños y Perjuicios s/ Ordinario». Rec. Nº 524514 J. 2.

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de febrero de dos mil diez, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala D, para conocer en el recurso interpuesto en los ,,, caratulados MMM, David Sumner Paterson y otro c/ Consorcio de Propietarios Av. De Los Incas 3515 s/Daños y Perjuicios s/ Ordinario, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

)Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Ana María Brilla de Serrat, Patricia Barbieri y Diego C. Sánchez.

A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:
I) Viene la presente causa a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por los actores contra la sentencia de grado dictada a fs. 201/206, que rechaza la demanda interpuesta por los mismos.
Los actores, Sres. David S.P.MMM y Lilyan C. de MMM, por apoderado, promovieron la presente acción por daños y perjuicios en los términos del art.1109 y concordantes del Código Civil contra el Consorcio de Propietarios de la Avda. de los Incas 3515 de esta ciudad capital de la república, en su carácter de propietarios de la unidad funcional del primer piso, que posee un patio que mira hacia un club lindero.
Señalan los reclamantes que desde hace varios años se vienen arrojando a ese espacio diversos objetos, que detallan, que ponen en peligro sus vidas, y que enviaron al Consorcio promediando el año 2003 una carta-documento a través de la cual se lo intimaba para que cesaran los actos contrarios al reglamento de copropiedad, la que fue respondida por la misma vía remitiéndose a una asamblea que tendría lugar a fines de agosto de 2003 en la que el tema a tratar era la denuncia por caída de objetos al patio del sector contrafrente.
En esa oportunidad, destacan los actores en el inicie que, a moción del administrador y con la conformidad de los consorcistas, fueron autorizados a instalar un toldo, con la única restricción de mantenerlo limpio y que fuera conforme a las normas que establece el gobierno de la ciudad, por lo que colocaron una protección de policarbonato, rebatible, tal como lo exige la reglamentación vigente, considerando los reclamantes que a partir de ello tendrían una vida normal y tranquila y una sana convivencia con los vecinos.
Esas creencias pronto se desvanecieron al recibir una notificación del gobierno local en el sentido que se les había abierto un procedimiento administrativo en su contra en el que se los intimaba a regularizar la «obra» bajo apercibimiento de multa, todo lo cual fue cursado a instancias de un copropietario, de acuerdo a lo que surge del acta de asamblea del 20 de octubre del aludido año.
Esa situación de conflicto se prolongó durante un tiempo dado que la resolución definitiva a través de la cual quedaron eximidos de todo tipo de responsabilidad por la colocación del toldo, y donde se dejó establecido que el mismo cumplía todas las normas del caso, recién se dictó a fines de agosto de 2005, lo que le insumió la contratación de asistencia letrada, con el consiguiente abono de honorarios.
Como corolario de ello, remitieron en septiembre de ese año otra carta-documento intimando al consorcio al reintegro de los gastos en los que debieron incurrir a causa de la denuncia referenciada, que califican de innecesaria y maliciosa, destinada al único fin de molestarlos, sin resultado positivo, lo que a la postre les ha ocasionado una profunda depresión y estado de ansiedad, que ha afectado su vida social, estando la coactora Sra. MMM en tratamiento psicológico.
En definitiva peticionan recupero de gastos, lo que incluye la compra y colocación del toldo, el reconocimiento de la factura por ellos abonada en la escribanía Falbo- ver constancias del recibo aportado y responde de fs.87 vta.-, daño moral cuya apreciación dejan librada al a-quo, daño psicológico y daño emergente, manifestando eso sí a fs.40 que la estimación del monto indemnizable, a los fines del abono de la tasa de justicia, alcanzaría la suma de diez mil pesos.( Ver asimismo fs.49).
La sentencia de fs.201/ 206, si bien parte de tener por cierto el lanzamiento de determinados objetos desde los pisos superiores del consorcio demandado a la terraza de la unidad funcional de los actores, por estar las partes contestes en ello, desestima la petición relativa al reintegro del precio del toldo y su colocación, a tenor de las expresiones de los accionantes en su propuesta a la asamblea de consorcistas, en el sentido que se harían cargo del mismo y la ausencia de prueba en contrario. Tiene presente asimismo el magistrado de grado, al interpretar los dichos según constancias arrimadas, el tiempo transcurrido desde el abono de ese elemento hasta su reclamo, más de dos años después, cerrando la cuestión a la luz de la doctrina de los actos propios.
Acto seguido, analiza la responsabilidad atribuída al consorcio por los daños derivados de la caída de objetos desde los pisos superiores, repasando la entidad del ente y su personalidad, en relación a la capacidad de que goza para la satisfacción de los fines para los que fuera creado, y la posibilidad de considerar que la misma es amplia, más allá de las facultades necesarias para el cumplimiento, uso y defensa de los intereses comunes frente a terceros y los propios consorcistas.
En este aspecto comparte la posición de algunos autores que afirman que se trata de una personalidad restringida o limitada, aseverando el a-quo que su accionar debe estar enderezado al cumplimiento del mantenimiento, conservación y reparación de las cosas comunes, y ello no debe perderse de vista cuando se pretende aplicar el principio de especialidad a la capacidad de la persona jurídica del consorcio, para concluir que atendiendo al contenido de la pretensión y a las constancias de autos, la demandada carece de responsabilidad, al tratarse de daños causados por terceros, en este caso, por la caída de objetos desde los pisos superiores, imputables a los propietarios de las unidades individuales por su propio accionar o por su falta de cuidado o previsión, desconociéndole en definitiva al consorcio accionado legitimidad pasiva para responder por los daños causados por los propietarios contra otros propietarios.
A lo expuesto adiciona que la demandada a través de los miembros del Consejo de Administración y de su administrador han obrado con suma diligencia en orden a atender el reclamo de los actores, gestionando la realización de una asamblea extraordinaria e informando acerca de la denuncia de los mismos, inclusive trasladándola al propietario del sexto piso, por lo que rechaza la demanda, con costas a los perdidosos.
II) Los Sres. MMM, al fundar su queja a fs.216/243 exponen diversas aristas en relación al fallo atacado. En primer lugar, refieren que como el consorcio no les dio respuesta a sus reclamos, incumpliendo los deberes de vigilancia, seguridad y protección, debieron colocar a su costa la protección, que resulta uno de los tantos gastos que debieron afrontar de su peculio.
Destacan el testimonio de la testigo …., y la circunstancia que fueron diversos y variados objetos los que siguieron cayendo desde distintos lugares del edificio de Av. de los Incas…. , y que tal como se indicara , al ser víctimas del arrojo permanente de elementos, algunos peligrosos, y no brindárseles la debida atención ni solución a sus reclamos, gestionaron y bregaron para la concreción de la asamblea extraordinaria de agosto de 2003, renunciando precisamente la referida testigo al consejo de administración como consecuencia de la actitud de la demandada para con los accionantes.
A lo expuesto añade la denuncia que se les hizo en el municipio, que los obligó a defenderse, contratar un abogado y concurrir a los estrados locales, donde obtuvieron favorable resolución, mientras que la demandada violaba los deberes de vigilancia y seguridad a su cargo, infringiendo el art.902 del C. Civil, debiendo llegarse hasta la convocatoria extraordinaria de mentas al no brindárseles respuesta a sus reclamos.
Insisten en las deposiciones de la testigo Alfonso quien a su criterio habría acreditado a través de ellas la actitud disvaliosa y de mala fe en su perjuicio que patentizó el consorcio, que en vez de apoyarlos frente a quienes arrojaban objetos contundentes que ponían en peligro su salud y su vida, los denunció ante el gobierno de la ciudad, a instancias de otro propietario, premiándose en definitiva esa actitud, cuando los daños se han acreditado, destacando los apelantes que luego del episodio de los patines a que se hace referencia en el acta notarial de constatación, se siguieron arrojando cosas desde diversos lugares.
Reiteran que las razones que motivaron el presente juicio guardan perfecta coherencia con la objetiva situación de caída de objetos diversos y de distintos lugares del edificio, en su propiedad y la actitud del consorcio demandado, violatoria de los deberes de vigilancia, protección y seguridad para con ellos, debiendo colocarse el toldo por ese motivo, al no brindarse respuesta a su permanente reclamo, siendo válido que lo afrontaren de su propio peculio y que luego se reclame el gasto, cuando siempre han actuado con buena fe, al contrario de la demandada.
En segundo término destacan la violación de los deberes de vigilancia, seguridad y protección por parte del consorcio que la sentencia no tuvo en cuenta, estando acreditados los daños que invocaron y su relación de causalidad con el accionar de la demandada. En ese aspecto, consideran que a través de la pericia psicológica quedaron constatadas las perturbaciones concausales al acentuarse rasgos pre-existentes en su personalidad de base a raíz de los hechos sufridos, con un porcentaje de incapacidad psíquica del 25%, recomendándose la realización de un tratamiento psicológico no menor a un año para propender a un mejoramiento del estado actual de la Sra. Pina de MMM.
Consideran los quejosos que la cuestión no puede quedar impune, hallándose legitimados para reclamar el daño moral que impetran por no haber cumplido la demandada con sus deberes, lo que fue admitido por el administrador Arena y el Sr. Camardón, integrante del Consejo de Administración. Adicionan la falsa y maliciosa denuncia al Gobierno de la ciudad como si el toldo fuera antirreglamentario, lo que quedó desvirtuado recién en agosto de 2005 por resolución del tribunal pertinente, y la propia misiva remitida por el Sr. …. propietario del sexto piso al administrador Sr….. dando cuenta de haber efectuado en su balcón cerramientos para evitar la caída de cualquier elemento, pese a lo cual los objetos siguieron cayendo, siendo personas septuagenarias que no pueden ponerse a detectar desde donde vienen los diversos elementos que se les arrojan.
Como tercer agravio los actores reputan de falsa la afirmación del a-quo en el sentido que asumieron hacerse cargo del costo de la instalación del aludido elemento de protección y retoma el tema de la responsabilidad del consorcio demandado que no ha protegido a los recurrentes que no tienen modo de identificar a los supuestos terceros responsables, a través de la constatación ,en cada caso, del lugar de partida de los elementos arrojados, lo que se erige en actos contrarios a lo que prescribe el reglamento de copropiedad del propio consorcio accionado, que los sorprendió en su buena fe al formularles una denuncia que dio origen a un procedimiento administrativo en el que quedaron involucrados hasta su absolución, y todo ello, por la evidente desprotección ante la situación vandálica creada, atento todo lo cual solicitan la revocatoria de la sentencia y se haga lugar a la demanda, con costas.
Al responder los agravios el consorcio demandado, a fs.246/248, el mismo manifiesta que las argumentaciones esgrimidas no logran conmover lo concluído en la sentencia al rechazar la pretensión de los recurrentes, por tratarse de meras discrepancias subjetivas.
Remiten a las constancias del acta de asamblea extraordinaria de fs.10, reproducida a fs.108, donde los actores fueron los que decidieron instalar un toldo haciéndose cargo del mismo, no acreditándose la existencia de los presupuestos como fundamento de esa pretensión. A ello adunan que no se ha demostrado la autenticidad de la causa administrativa y de los supuestos gastos incurridos.
En lo que hace a la violación de los deberes de seguridad, vigilancia y protección que se le inculpan, consideran que no hallan asidero jurídico, frente a su postura, que ha acreditado haber cumplido con los deberes a su cargo, e insistiendo en que los objetos que caían al patio de la apelante provenían de propietarios de pisos superiores perfectamente individualizados, por lo que requiere la confirmatoria, con costas.
III) Así las cosas, corresponde conocer en primer lugar la queja vinculada con el pedido de recupero de los gastos correspondientes a la compra y colocación del toldo sobre la superficie descubierta de la unidad de los actores, teniendo en cuenta que se trata de un elemento instalado para dar protección a los usuarios frente a la verdadera inmisión que sufrieran por el continuo lanzamiento de diversos elementos por parte de la/s personas que habitan los departamentos de los pisos superiores o tienen acceso a los mismos o a sectores comunes como podría ser una terraza de uso común, cuya existencia se desconoce porque ninguna de las partes ha acompañado el reglamento de copropiedad del edificio. Una alega su violación y la otra no lo aporta quizás porque no le favorece.
Cierto resulta sin embargo y acreditado en autos se halla, el decurso de la asamblea extraordinaria de copropietarios que tuvo lugar a fines de agosto de 2003, sin hesitación como corolario de las cuestiones patentizadas por los actores en la carta.-documento del día 5 de ese mismo mes y año- ver fs.9-. Tengo asimismo para mí que la constancia del acta respectiva en el sentido que como medida de prevención, el propietario del primer piso ofrecía instalar un toldo en su patio haciéndose cargo del mismo, no puede tener otro alcance que el que surge de sus términos, esto es la asunción de su provisión y colocación a su costo, tesitura que fue aprobada por los consorcistas presentes con la condición de que el elemento estuviera aprobado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el oferente se obligare a mantenerlo limpio, de lo que puede colegirse que el recurso en este aspecto no puede hallar favorable acogida, correspondiendo confirmar el decisorio en lo que atañe al punto.
La testimonial aportada brindada por los Sres. ….  abona la postura acerca de que los actores tomaron a su cargo la instalación del elemento, destacando el magistrado de grado como un factor de relieve la circunstancia de que el gasto, efectuado en septiembre de 2003, recién es reclamado al consorcio por carta-documento- ver fs.31-, dos años después. Quizás la explicación de ello se encuentre en la denuncia sufrida por los actores respecto del toldo y los avatares que debieron sortear en la administración pública.
A diversa conclusión habré de arribar respecto del pedido de recupero de los gastos incurridos por la pareja actora a raíz de la continua caída o arrojo de objetos de diverso tipo a través del aire y luz del contrafrente del edificio, desde pisos superiores, con impacto en el patio de propiedad y uso exclusivo de los accionantes. En primer lugar, el reintegro del abono a la escribana … por su intervención en el acta de constatación que luce a fs.28/29, fechada en octubre de dos mil dos, y cuyo recibo por la cantidad de trescientos pesos ($ 300) obra en copia a fs.20.. Denótese que la propia demandada en su responde aporta a fs.74 copia de una nota dirigida a los copropietarios por el administrador Sr. Roberto L ,,,,, donde les solicita extremar al máximo posible las medidas de seguridad y precaución para evitar la caída de todo tipo de objetos, que enumera a modo de ejemplo como desechos de colillas de cigarrillos, restos de plantas, y elementos contundentes, «que pueda molestar o poner en peligro la integridad física de los habitantes del 1° piso o personas que transiten por la vía pública».
Se hace evidente entonces no sólo que la inconducta esgrimida como fuente del reclamo, pudo deberse a la actividad inocente de un menor de edad, que arrojara al vacío unos patines, en ese caso aparentemente identificado como pareciera surgir de la nota que asimismo en copia aporta la demandada a fs.75 dirigida a los actores, sino que existen claras muestras acerca de que el representante consorcial estaba muy al tanto de lo que acontecía ya desde el año 2002. El mismo Sr.Arena al brindar su testimonio en autos admite como problemática la caída de objetos en el patio del contrafrente del edificio, recordando una patineta y un trozo de cascote, y reconoce la autenticidad de la documentación a que se hace mención en la cuarta pregunta de su deposición.
Se tratan los quejosos de gente mayor, septuagenaria, radicados en el país luego de residir muchos años en el extranjero en el caso de la Sra.pp , y tratarse el Sr. MMM de un ciudadano británico, que por elección han decidido vivir en esta ciudad en un barrio elegante, a esta altura de sus vidas y que lamentablemente han sufrido en carne propia la incultura y la falta de respeto de sus vecinos o de quienes están a su servicio o les es facilitado el acceso al edificio.
Amén de la documental aportada por la accionada a que ya hiciera referencia, la pericial operada en autos vuelve sobre el particular al hacerse constar en el acta de la asamblea que se solicita «a todos los consorcistas extremar las medidas de precaución para evitar la caída de cualquier tipo de objeto»- ver fs.106-, y la testimonial de la Dra.aaa , residente del edificio resulta de indudable valor toda vez que la misma fue quien le aconsejó a los actores con motivo de la caída de los patines, que dejaran constancia de ello en un acta notarial, y conoce además que con anterioridad a ese hecho se habían arrojado otras cosas. La propia deponente asevera que fue llamada a declarar en el expediente administrativo que se les iniciara a los damnificados en sede administrativa, el que en copia se acompaña en el inicie- ver fs.17/18-, y en el que la Juez Contravencional y de Faltas titular del Juzgado local N° 14, le tomó declaración a la Dra.    en audiencia oral y pública, manifestando la deponente que el jardín de la Sra. de MMM era liadísimo, que la misma desde su llegada al edificio cambió radicalmente el patio, cultivando unas plantas y flores maravillosas.
Los restantes testigos Sres…..avalan los dichos de los actores en el sentido del problema que se generaba por la caída de elementos en el patio del departamento de los mismos, por lo que y en orden a los motivos expuestos, considero que corresponde modificar la decisión en este aspecto y reconocer el gasto incurrido por la constatación notarial efectuada por los actores, a cargo del consorcio demandado.
Habiendo entonces quedado acreditado que personas no identificadas del edificio de la demandada, o que han accedido a él han arrojado distintos tipos de elementos, incluso desperdicios al patio de los actores, corresponde responsabilizar al consorcio por no haberse individualizado al autor o los autores de tales hechos dañosos, no resultando posible ni razonable exigir a los damnificados una suerte de guardia permanente destinada a identificar al lanzador inescrupuloso a través de fotografías o filmaciones efectuadas en el momento mismo de la actividad desaprensiva.
La pretensión incluye el recupero de lo abonado por los Sres. MMM en concepto de honorarios a los abogados que los patrocinaron ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de la denuncia que sufrieran por parte del consorcio. La …. testimonial resulta esclarecedora al respecto y los propios protagonistas de la denuncia y la Dra. ..,,, así lo confirman, por lo que no cabe más que admitir la autenticidad de la documentación aportada en la demanda a través de la cual se aprecia que los actores sufrieron una inspección- ver fs.19-, fueron intimados a «regularizar» la obra bajo apercibimiento de multa, debieron efectuar descargo con asistencia letrada, y recién a fines de agosto del año siguiente de la denuncia, esto es en el año 2005, se celebró la audiencia oral y pública por ante el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas N° 14, con el corolario de la absolución de la Sra. …de MMM en orden al hecho que diera lugar al labrado del acta que en esa instancia se refiere, a raíz de la colocación del toldo en su patio para protección frente a las permanentes inmisiones de sus vecinos de los pisos superiores, quedando determinado que el sistema no resultaba violatorio de las normativas vigentes a su respecto.
La presunción como medio de convicción consiste en recoger o interpretar una serie de hechos, hitos y circunstancias o indicios que aisladamente carecen de sentido final pero que unidos por simientes lógicas permiten llegar a determinadas conclusiones por la fuerza de convicción que establecen las secuencias razonadas y ligadas inescindiblemente siendo que este tipo de razonamientos no aspira a demostrar la verdad de sus conclusiones como derivación necesaria de sus premisas, sino que solamente afirman la probabilidad, o sea que probablemente son verdaderos. (Conf. Falcón, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», T.II, pág.145, y nota N° 16).
Y a las circunstancias del caso perfectamente podemos aplicarles este proceso lógico, toda vez que los testigos admitieron haber efectuado denuncia contra los actores ante las autoridades locales con el argumento que querían asegurarse que el toldo, al que aquéllos se vieron obligados a colocar, estuviera de acuerdo a la normativa vigente, y el corolario de ello fue el proceso que se les iniciara para el que tuvieron que recurrir a asistencia legal con el resultado que consta a su favor luego de un trámite que llevara casi un año. Huelgan por evidentes las molestias soportadas por los actores a raíz de la conducta desplegada por el administrador acicateado por algunos de los miembros del consejo, y en nombre del consorcio, que dio origen a las actuaciones administrativas que debieron ser recurridas por lo que resulta ajustado a derecho admitir el reintegro de los gastos pretendido, estando en este caso fuera de toda disquisición la responsabilidad del ente, que la obligó a la actora a ocurrir por ante la Justicia Contravencional local.
Por lo expuesto precedentemente, y ponderando además que carecería de seriedad que a través de circulares dirigidas a los consorcistas se les encareciera no arrojar residuos en el patio de la unidad de los afectados, si los hechos no tuvieran visos de realidad, considero que corresponde receptar los agravios vinculados con el rechazo de la responsabilidad del consorcio accionado por no haberse identificado a los autores, disponiendo en consecuencia que resulta responsable la demandada por los ítems ut supra referidos, esto es los gastos notariales correspondientes al acta de constatación de objetos caídos y los honorarios de los letrados ….que dan cuenta los recibos que se acompañan a fs.25 y 26, que guardan relación y son concordantes con el arrojo de elementos en un caso y la finalización de la cuestión administrativa a que se vieron expuestos los accionantes, en el otro.
IV) Párrafo aparte he reservado para la cuestión del daño moral reclamado. Determinada la responsabilidad del consorcio demandado por los daños y perjuicios sufridos por los afectados en virtud de los objetos arrojados a su patio de propiedad y uso exclusivo, en grado tal que se vieron obligados a colocar a su costo un cerramiento de policarbonato, se habilita el reclamo del daño moral que impetran, que encuentra sustento además en la conducta desplegada directamente por las autoridades consorciales al denunciar a la Sra. de MMM , quien se vió involucrada personalmente como imputada en una causa en la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, de la que finalmente salió absuelta.
Los elementos arrojados a la propiedad de los actores corroboran la existencia del daño causado a través de esos hechos, reiterados en varias oportunidades, al extremo que debió echarse mano al recurso de protección que en definitiva desluce tanto la vista de los demás consorcistas como el goce propio de los afectados, y no se me escapa que precedentes similares al sub-lite derivaron en condena por subsumirse la cuestión en las prescripciones del art.1119 del Código Civil, dado que si se desconoce el autor del arrojo, responden todos por el daño causado, interesándole a la ley la autoridad doméstica, con independencia de la calidad de dueño, locatario, usufructuario, usuario, poseedor, comodatario, depositario, etc.
Como indica Llambías, Jorge Joaquín, en su Tratado de Derecho Civil- Obligaciones-, T.IV-A-, Edit.Perrot, Buenos Aires, 2° edic., pág.449, resulta responsable por las cosas arrojadas la persona que tiene el control del sitio de donde provino la cosa que produjo el daño, y si se ignora la procedencia de la cosa arrojada o caída, todos responderán mancomunadamente- arg. art.1121-, en un típico caso de responsabilidad colectiva, que parece corporizarse en autos, dado que las cosas, salvo en una oportunidad, fueron arrojadas desde lo alto, ignorándose si desde unidades particulares o de espacios comunes, vbgr.azoteas, terrazas o aberturas de palieres, los sujetos que las arrojaron no fueron identificados y el consorcio de propietarios demandado es quien ejerce una suerte de autoridad de control respecto de las violaciones legales por parte de cualquiera de los propietarios u ocupantes en relación a las normas del art.6 de la ley 13.512, y de conformidad a las prescripciones del art.15 del mismo cuerpo legal.
En el régimen de propiedad horizontal, las normas propias de convivencia y vecindad exigen que cada propietario use los bienes comunes, en este caso el disfrute del aire y luz, sin causar perjuicio ni restringir los legítimos derechos de los demás, que se patentiza en el sub-lite por la imposibilidad para los actores de disfrutar de un patio de acuerdo a su naturaleza, esto es un espacio abierto para el esparcimiento, que les pertenece como tal en exclusiva, y se degrada en su uso conforme a su destino por el ejercicio abusivo de quienes acceden al aire y luz que se proyecta hacia lo alto.
Corresponde sin duda alguna hacer lugar al daño moral reclamado por los interesados, toda vez que surgen evidentes los padecimientos que causan las conductas desagradables y desaprensivas de arrojar basura, desperdicios y toda clase de objetos al patio de los actores, lo que en definitiva les impide usar y gozar de dicho lugar conforme a su destino, obligándolos a la limpieza, en este caso del cerramiento, ante cada hecho que se reitere.
Precisamente una testigo, la Dra. Alfonso, hizo mérito del cuidado y prolijidad con que era mantenido el espacio por la actora, al igual que su cultivo de muy bellas plantas y flores, todo ello como patrón de una conducta prolija y amante de las bondades que ofrece la vida, lo que cesa frente al accionar de algunos inadaptados que perturban el uso de otro bien a sus congéneres en la extensión que corresponde a su naturaleza.
Esa violación a las normas de convivencia, que descarto de muchos de los consorcistas, quizás la mayoría, no puede admitirse y quedar impune, y esta condena que se propone no tiene otro alcance que erigirse en un llamado de atención a los verdaderos culpables por acción u omisión para que cesen en esas conductas que se erigen en verdaderas inmisiones dañosas para quienes las sufren.
Tal como enseña J. Mosset Iturraspe, en su obra Responsabilidad por Daños, T.IV, El Daño Moral, Ediar editora, el daño moral no se juzga en su existencia por el bien o el derecho agredido, sino por la consecuencia que el ataque acarrea. Los sufrimientos físicos o psíquicos, las alteraciones en los estados de espíritu, en el ánimo de los afectados, la desazón, la impotencia frente a los lanzamientos efectuados, las molestias y perturbaciones de verse envueltos en una denuncia por ante la justicia contravencional y de faltas, debiendo recurrir a asistencia letrada y presentarse ante un juez para finalmente obtener la absolución, todo ello, configura sin hesitación una modificación disvaliosa del espíritu que debe receptarse, por lo que habré de proponer la revocatoria en este aspecto.
La estimación de la cuantía dineraria del daño moral no resulta sencilla, pero la doctrina es coincidente en el sentido que la evaluación económica debe hacerse en la demanda, con la salvedad, si así se decidiera, de que el Juez deberá estar a lo que en más o en menos resulte de la prueba, de modo de permitir al magistrado acordar un derecho mayor que el pedido en el escrito inicial.
En la demanda, los quejosos habían señalado como monto indemnizable en principio, la cantidad de diez mil pesos, que pasaron a discriminar a pedido del Juzgado a fs.49, y teniendo en cuenta que el daño en esta esfera deberá justipreciarse al momento de la sentencia definitiva, lo que permite su tratamiento en la alzada- conforme esta Sala, agosto 13-976, ED 74-143-, y ello puede hacerse efectuando directamente un cálculo de la indemnización por daño moral, al momento de sentenciar,- íd. Junio 1-976, ED 72-326-. Tesitura que comparte el autor citado al admitir que la sanción es reparadora y que la indemnización apunta a brindar una suerte de placer compensatorio cuyo valor, en consecuencia, debe apreciarse al momento de fallar definitivamente en la causa.
La Sala V, de la ex C.N.Esp. Civ. y Com, en octubre 26-978, ED 83-169 consideró procedente el agravio moral por inejecución grave y maliciosa de las obligaciones de los administradores del consorcio, patentizadas en «las infructuosas tratativas realizadas por la actora, con las inevitables preocupaciones, hasta verse obligada a promover la acción para obtener por fin el reintegro de los daños materiales», señalando que «el resarcimiento patrimonial no compensa de ningún modo la afección en el ámbito espiritual que debió padecer la accionante con su familia, derivada del desconocimiento de los valores básicos y de los principios de convivencia, así como también de las molestias de toda índole provenientes de inejecución grave y maliciosa de las obligaciones de la administración del consorcio».
Teniendo en cuenta entonces las consideraciones expuestas, el monto señalado en principio como indemnizable en este aspecto, estimo adecuada al momento de este pronunciamiento admitir en concepto de daño moral la cantidad de cuatro mil quinientos pesos, ($ 4.500), dos mil pesos para el coactor ($ 2.000) Sr. David Summer Patterson MMM, y dos mil quinientos pesos ($ 2.500) para la codemandante Sra Lilyan Cristina Pina, por las molestias adicionales que sufrió al verse envuelta en la denuncia ya referida por ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el Consorcio demandado les deberá abonar como indemnización por este rubro, excluyendo a los actores en la integración de la suma, que deberán solventar los demás integrantes del ente consorcial, obligación a la que añado la de limpieza periódica del techado de policarbonato por parte del personal del mismo, dado que obligar a esas tareas a personas mayores no resulta justo, como así tampoco al desembolso extra que resultaría de la contratación a su cargo de personal de limpieza cuando su necesidad se origina en la acción antijurídica de terceros.
V) En lo que respecta al daño psíquico pretendido, orientado a la Sra. de MMM a tenor de las constancias de fs.33, desconocidas por lo demás por la emplazada, considero que no deben encontrar favorable acogida. Tal como de allí surge, se trata de una pareja mayor transplantada de cuajo al país, en el caso del actor, y luego de muchísimos años de residencia en el extranjero para la esposa, que sin duda transita y sufre la adaptación a la realidad argentina, a la que han querido pertenecer y disfrutar en sus buenos elementos para transcurrir este tiempo de sus vidas. Estos avatares son algunos de los escollos que han debido transitar pero que necesariamente deben superar luego de este decisorio en orden a gozar lo que sin duda merecen.
Tampoco convence la experticia de fs. 143/148 a los efectos buscados. Se encuentra impugnada por la contraria y no brinda los fundamentos adecuados como para arribar a la conclusión de que la incapacidad del 25% en la esfera psíquica que atribuye a la actora se derive de la afectación en esa esfera por la presencia de desechos que se arrojaren al patio de su vivienda. Resulta autocontradictoria asimismo cuando destaca que a través de las técnicas de abordaje utilizadas se aprecia una personalidad neurótica y rígida que instrumenta los mecanismos defensivos de la disociación, la represión y la intelectualización, mostrándose rígida, formal, y controlada, con falta de espontaneidad, constatando una coraza defensiva y una represión de la agresividad, con una ansiedad paranoide exacerbada ante situaciones que sobrepasan su capacidad de tolerancia básica.
Se menciona a un conflicto psíquico exacerbado con escasas áreas libres de él, con mecanismos de control de tinte obsesivo, e indicadores de un gran monto de ansiedad y control de la agresión, todo lo cual difícilmente pueda separarse de una patología de base.
En atención a ello, y considerando que el daño moral que se admite cubre adecuadamente los desánimos, la desazón, los trastornos emocionales que sin duda alguna pudieron derivarse de los hechos de autos, considero que corresponde desestimar la indemnización por daño psicológico que se justipreciara a fs.49 en dos mil doscientos setenta pesos.
En orden a todo lo expuesto, doy mi voto para que se recepten parcialmente los agravios de la actora y se condene a la demandada a reintegrarle los gastos incurridos tanto en sede notarial , pesos trescientos ($ 300), como en honorarios de los Dres. ,,,,pesos mil ($1.000) y pesos mil ($ 1.000), respectivamente, y a abonarles la cantidad de pesos cuatro mil quinientos ($4.500), pesos dos mil ($2.000) para el coactor, y pesos dos mil quinientos ($2.500) para la coaccionante, con más las costas y costos del juicio, por resultar sustancialmente vencida.
Las sumas admitidas habrán de llevar intereses, (ver fs.199), desde el reclamo, en este especial caso a partir de la promoción de la demanda, a la tasa pasiva promedio, y hasta el dictado del plenario Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta S.A. s/Daños y Perjuicios», con fecha 20 de abril de 2009, y a partir de allí, a la tasa activa cartera general –préstamos- hasta su efectivo pago, en prístina aplicación de la última parte del art. 4° de la referida doctrina, caso contrario hallaríamos un desbalance en las proporciones que torna inequitativa su aplicación desde la mora. Así lo tiene decidido este Sala en los autos «Rodríguez, José María c/Ausa s/Daños y perjuicios», el 14/10/2009, para casos similares como el presente, en que se han fijado valores a fechas anteriores a la del plenario, decidiendo que corresponde computar sus intereses mediante la tasa pasiva hasta el 20 de abril de 2009, y después de ese momento, a la tasa activa hasta el efectivo pago, pues la aplicación de ésta desde la mora implicaría un enriquecimiento indebido en los términos del punto 4° del citado plenario.

La doctora Barbieri votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta por análogas razones a las aducidas por la doctora Brilla de Serrat.

El doctor Sánchez, dijo:
Adhiero por coincidir con la solución propuesta en este particular caso, aunque no lo hago con todos sus fundamentos. Así, por ejemplo, en materia de intereses mantengo mi opinión en votos anteriores, como el antes recordado in re «Rodriguez José María c/ AUSA s/ daños y perjuicios», o «Misiti, Aquiles Víctor Hugo y otros c/ Morales, Héctor Alfredo y otros s/ daños y perjuicios», y los en ellos citados.

Con lo que terminó el acto. ANA MARIA BRILLA DE SERRAT- PATRICIA BARBIERI- DIEGO C. SANCHEZ.

Este Acuerdo obra en las páginas n1 a n1 del Libro de Acuerdos de la Sala AD@, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de febrero de 2010
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede

Caída de objetos a un peatón – responsabilidad del consorcio

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2014, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en el recurso de apelación interpuesto por la actora en los autos caratulados “ Laura contra AUTOMOTORES …. y otros sobre Daños y perjuicios. Ordinario”, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, la Dra. Lidia Beatriz Hernández dijo:

Contra la sentencia de grado dictada a fs. 611/617, que rechazó la demanda, expresó agravios la parte actora a fs. 631/634, los que fueron contestados por la demandada a fs. 647/648.

I.- La cuestión litigiosa.

La actora reclamó la indemnización por los daños y perjuicios sufridos el 1 de octubre de 2005 siendo las 10.45 horas, en circunstancias en las que caminaba por la vereda de la Avda. Almirante Brown, habiendo traspuesto Brandsen, cuando sintió que un objeto le golpeó fuertemente en el rostro provocando que cayera al piso, sufriendo hemorragia en la nariz. Individualiza ese objeto como un cartel de publicidad de 70 cm por 90 cm aproximadamente que cayó de un edificio donde había funcionado una concesionaria Ford. Reclamó la indemnización por incapacidad física y psíquica, lucro cesante, daño moral, costo de tratamiento psicológico y gastos médicos y farmacéuticos.

Imputó la responsabilidad por el hecho dañoso a Automotores ..A., Constru..cciones ….A. y Consorcio de propietarios Brandsen 389/91/93/95 esquina Almirante Brown 1098/1100 quien a su vez citó en garantía a …..Argentina Compañía de Seguros S.A.

En la anterior instancia se rechazó la demanda por no encontrarse acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil, principalmente la relación causal de la cosa sindicada como riesgosa y el daño invocado.

El pronunciamiento es apelado por la actora, quien cuestiona la valoración que efectuó la Sra.Juez a quo de los medios probatorios incorporados al proceso.

Es sabido que cuando en la expresión de agravios, el apelante ataca la totalidad de lo resuelto en la anterior instancia, peticionando la completa revocación del fallo, es resorte del tribunal de alzada conocer respecto de todas las argumentaciones esgrimidas por las partes, hayan o no sido tratadas por el sentenciante de grado, asumiendo así la jurisdicción en plenitud. Es que, en tales términos, el efecto de la apelación importa la sumisión integral del proceso a la Cámara, quien conoce ex novo sobre todas las cuestiones controvertidas, con poderes idénticos, en su extensión y contenido, a los del juez de grado (CNCiv. Sala H, feb. 29-1996, Papelera S.A. v. Gamupel S.A., J.A. 1997-II- síntesis, Lexis 1/16854).

II.- El sobreseimiento penal y sus efectos en la acción civil.

En primer lugar cabe destacar que el sobreseimiento en sede penal se refiere a O…..z, quien no se encuentra demandado en estas actuaciones. De todas maneras tratándose del mismo hecho base de esta acción civil, teniendo presente las expresiones de la primer sentenciante sobre el tema y la posición asumida por las partes, en primer término consideraré la incidencia del sobreseimiento dictado en sede penal respecto de la parte demandada, destacando que esta sala ya se expidió al resolver la excepción de cosa juzgada.

En doctrina se ha discutido si el sobreseimiento que dicta el juez penal poniendo término al proceso, con el aditamento de no haber sido afectado el buen nombre ni el honor del procesado, equivale a la absolución que prevé el art. 1103 del Código Civil e impide que se dicte en sede civil sentencia que condene a aquél a la reparación del perjuicio.Así, alguna doctrina entiende que la autoridad de cosa juzgada del pronunciamiento penal sobre la instancia civil no depende de su forma -sentencia o sobreseimiento- sino de su contenido.

La posición mayoritaria sostiene que resulta necesaria la sentencia absolutoria dictada en el plenario, para encuadrar el sobreseimiento en la cosa juzgada a que se refieren los supuestos del art. 1103 Código Civil.

La jurisprudencia es pacífica en considerar que el sobreseimiento no hace cosa juzgada en lo civil ni aun cuando se fundara en la inexistencia del hecho mismo que sirve de base a la acción civil. Es decir que el sobreseimiento definitivo no es equivalente a la sentencia absolutoria, respecto de sus efectos sobre la acción civil. Resulta relevante al respecto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 25 de noviembre de 1960, y la amplitud de fundamentos del Dr. Boffi Boggero, respecto de la diferencia entre la sentencia absolutoria y el sobreseimiento definitivo, principalmente en cuanto a que este último se dicta antes de que el proceso llegue a la etapa del plenario.

En la Capital Federal, es también la doctrina del fallo plenario en autos “Amoruso, Miguel Gerrado c/ Casella, José Luis. , en el cual la Cámara Civil resolvió que “el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria recaída en el juicio criminal no hacen cosa juzgada en el juicio civil; el primero en lo absoluto, y la segunda respecto del autor del hecho en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados.” Dicho fallo plenario mantiene su vigencia a pesar del tiempo transcurrido desde su dictado (conf. plenario “Kartopapel S.A. c. Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires” de julio 15-1977, en L. L. 1977-C-366), por lo que no cabe apartarse de la doctrina sentada en el mismo, máxime cuando no han cambiado los presupuestos señalados en el plenario con el nuevo procedimiento penal.En este último sentido se ha considerado que las modificaciones introducidas en el Código Procesal Penal confirman la doctrina del plenario al disminuir la fuerza probatoria de los medios de prueba producidos en la instrucción (Verdaguer, nota citada en L. L. 1993-D, p. 218).

También un fallo de la CNCiv. Sala F, con voto de la Dra. Highton de Nolasco, en conclusión que comparto, sigue la doctrina del plenario y consideró que no ejerce cosa juzgada sobre la sentencia civil el sobreseimiento dictado con fundamento en el art. 336, inc. 4 del Código Procesal Penal, por lo que aquélla puede ser dictada libremente (CNCiv. Sala F, núm. 0014828 de la Base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Boletín 19/2002, en autos Guerra Fernández, R. c/Ledesma, M. s/ Daños y perjuicios, del 26 de marzo de 2002).

En este último sentido se ha considerado que las modificaciones introducidas en el Código Procesal Penal confirman la doctrina del plenario al disminuir la fuerza probatoria de los medios de prueba producidos en la instrucción.

A fs. 287/291, obrante en sobre reservado correspondiente a esta actuaciones, consta el sobreseimiento de Oscar José Díaz, socio de Sociedad Pirani Díaz, concesionaria oficial de la marca Ford, con referencia al hecho base de esta acción y en los términos del art. 336, inc. 4) del Código Procesal Penal, dejando constancia que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado.

Entonces, si bien no se puede aplicar lo dispuesto por el art.1103 del Código Civil, en cuanto a los efectos del sobreseimiento en sede penal, lo cierto es que en autos no carece de importancia el contenido de la prueba producida en la causa penal que se adjunta al presente.

III.- La relación causal.

La actora sostuvo que los daños sufridos fueron ocasionados por la caída de un cartel existente en el edificio de los demandados.

El primer sentenciante consideró que no se probó la intervención de un cartel de la demandada en la producción del accidente, rechazando así la pretensión. Tal determinación motivó el agravio de la actora objetando la valoración que el colega de grado hizo del material probatorio rendido.

Resulta oportuno recordar que la responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos: 1) El incumplimiento objetivo, que consiste en la infracción al deber mediante el incumplimiento a la palabra empeñada en un contrato o a través de la violación del deber general de no dañar; 2) Un factor de atribución, es decir la razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor que podrá ser objetivo o subjetivo; 3) El daño entendido como la lesión a un derecho subjetivo del incumplimiento jurídicamente atribuible y; 4) La relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño, que pueda predicarse que el hecho es causa (fuente) de tal daño (conf. Conclusiones V Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Rosario, 1971, citadas por Atilio Aníbal Alterini-Oscar José Ámeal- Roberto M. López Cabana, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, p. 159, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2.006).

En el mismo sentido, como ha dicho Orgaz, el ilícito civil, mirado desde el punto de vista del resarcimiento se integra por la ilicitud, la culpabilidad (salvo que el factor de imputación prescinda del elemento subjetivo), el daño y la relación de causalidad entre el hecho y el daño (Orgaz, El daño resarcible, p.29). Sin la concurrencia de estos cuatro presupuestos no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización en el ámbito civil.

Es decir, si del examen de los medios probatorios se concluye la falta de causalidad adecuada entre el hecho y el daño que la actora predicó como consecuencia de aquél, ya que tal extremo resulta ser materia de revisión por parte de este Tribunal, corresponderá eximir a la demandada del deber de responder.

Empero, considero que surgen suficientes indicios en estos autos y de la causa penal para tener acreditada la relación causal a través de presunciones graves, precisas y concordantes.

Debe destacarse que la determinación del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias depende de las circunstancias que acompañan a la producción del daño, es decir, de las particularidades del caso. La investigación sobre el nexo entr e la conducta analizada y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez y que se corresponde con sus peculiaridades. De allí que para probar el nexo causal son válidos todos los medios probatorios inclusive indicios o presunciones. El carácter causal del acto puede ser determinado por presunciones y admitirse a título de probabilidad (Cifuentes, Santos, com. art. 901, p. 52, T 4, Código comentado, dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni; Colombo, Culpa aquiliana, I, p. 117, núm. 56; Planiol -Ripert, Tratado práctico de derecho civil francés, tr. Díaz Cruz y Le Riverend Brussone, La Habana 1946, VI, p. 740).

En el mismo sentido, reiteradamente ha sostenido esta Sala que la prueba de indicios o presunciones hominis se efectúa a partir de la acreditación por vía directa de un hecho del cual se induce indirectamente otro desconocido, en virtud de una valoración hecha por el Juez basada en la sana crítica. En tal sentido, debe destacarse la necesidad de examinar la cuestión a través del prisma de la causalidad adecuada. De este modo, debe establecerse en el plano jurídico si un suceso es causa de otro.Por consiguiente es necesario realizar ex post facto un diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era, de suyo, idónea para producir normalmente ese hecho, según el curso natural y ordinario de las cosas (Goldenberg Isidoro, Indemnización por daños y perjuicios, p. 222; Tanzi, Silvia, Alterini, Juan M. La demanda de daños, p. 154; Colombo, “Culpa Aquiliana, T I, núm. 56, p. 117; Borda, “Obligaciones” T II, núm.1317, p. 243).

Dicho juicio de probabilidad tiene virtualidad para no sólo establecer la existencia de una relación causal sino, además, para precisar su consecuencia jurídica. En tal sentido debe resaltarse el valor probatorio de las presunciones. Estas constituyen una vía indirecta para llegar al conocimiento o admisión del hecho. Se parte de un hecho conocido y probado y se tiene por acaecido otro hecho que se intenta probar por medio de un razonamiento (Esta Sala, Pozzi, Gastón Emilio c. Centro de Educación Médica e Investigaciones s. daños y perjuicios febrero 14-2007 y Valle Vázquez de Rodríguez, Josefa c. Expreso San Isidro SA s. daños y perjuicios, febrero de 2006, votos Dr. Ameal).

Desde la perspectiva expuesta cabe analizar el hecho de autos.

Surge de la declaración del agente policial que intervino como consecuencia del hecho que el “día de ayer, siendo las 10.45 horas fue derivado a la intersección de Av. Almirante Brown y Brandsen por persona lesionada. Arribado al lugar pudo observar que sentada sobre la vereda de la Av. Almirante Brown entre Brandsen y Pinzón un femenino de avanzada edad la que presentaba sangre en su rostro. Que al entrevistarla manifestó llamarse Laura …. argentina de 75 años de edad, domiciliada en Martín Rodríguez …., piso segundo, habitación 10, de Capital Federal, la que agregó que caminaba por la Avda.Brown por la vereda par, luego de trasponer Brandsen a la mitad de cuadra se le cayó un cartel de la firma Ford, que la golpeó. Atento ello el dicente solicitó una ambulancia, arribando la de Same, interno 218, a cargo del Dr. …., Oscar, del Hospital Argerich, quien luego de examinar a la damnificada informó que el diagnóstico era traumatismo facial y que sería trasladada al nosocomio para su atención.” En el mismo acto se dejó constancia que en presencia de testigos se procedió a secuestrar un cartel de melamina de 0,90 x 0,70 aproximadamente con una cubierta en papel de color azulado en el que se lee la siguiente leyenda: “800 8- Ford y escuchar a señoritas hablar de fierros. Tiene alguna duda o consulta comuníquese con nuestro servicio al cliente: 0800 8-3673 Ford completamente a su servicio Ford calidad”, el que se encontraba en el suelo muy cerca de la lesionada.

También se hizo constar que en dicho lugar funcionaba una concesionaria Ford la cual se halla abandonada, existiendo arriba de ésta un edificio. Y que no se pudo determinar de qué lugar se desprendió el cartel secuestrado o si fue arrojado, ya que la propiedad en donde funcionaba la concesionaria está deshabitada poseyendo planta baja, primer y segundo piso y luego se halla el edificio de varios pisos el cuál esta habitado.

A fs. 28/29 de la causa penal que en fotocopias obra en sobre reservado, consta el informe pericial y las fotografías del cartel secuestrado, del que surge que el mismo se encuentra confeccionado en cartón con un lado color azul, con celeste y el otro lado de color marrón, el cual presenta las inscripciones ya referidas, de aproximadamente 0,80cm por 0.60 cm y de un peso aproximado de 1 kilogramo, siendo la causa de su caída posiblemente producto del deterioro dado que es material poco resistente a las inclemencias climáticas.

Además, a fs.95 de la causa penal declara Marian ,,,,, sobrina de la actora, quien acudió al lugar del hecho avisada por una vecina, y vio a su tía caída en el suelo, con una herida sangrante en el rostro, y junto a ella vio un cartel de color azul que supuso era de cartón prensado de gran grosor y peso. La testigo deja constancia que el cartel en cuestión había sido puesto para tapar una ventana que poseía un vidrio roto desconociendo desde cuando, aunque refiere que recuerda ello, debido a que como poseía un local frente a dicho lugar, unas cuantas semanas antes del suceso había pensado que era un peligro tener dicho objeto apoyado en la ventana y a una gran altura. Que el mismo día que ocurrió el accidente cambiaron el vidrio que estaba dañado y obviamente no volvieron a poner ningún cartel.

Nélida ,,,,, quien fue la persona que dio aviso a la sobrina de la accidentada, declaro a fs. 268 dijo que mientras se encontraba trabajando en la Pizzería El Puente sita en Almirante Brown 1061 miró hacia la vereda de enfrente y vio una persona tirada en el suelo. Aclaró que la conocía por ser clienta del local, empero no observó ningún ventanal roto en el edificio.

Vaudagna y Alvarez, administrador y portero del edificio de la Avenida Almirante Brown 1098/1100 refirieron que el local, donde funcionaba la concesionaria de automotores, se encontraba deshabitado desde hace tres años y que no recordaban la existencia de vidrios rotos.

Asimismo, a fs. 42 también de las actuaciones penales consta el informe médico del que se desprende que la actora sufrió escoriación en la región ocular izquierda, escoriación en región nasal, escoriación en región molar izquierda de data 1 de octubre de 2005, producidas por roce, choque o golpe con o contra superficies u objetos duros. Dictamen corroborado a fs. 125 por el dictamen del médico forense de la Justicia Nacional.

En estos autos a fs.527/300 obra el informe del Departamento de Urgencia del Hospital Argerich del que surge que la actora fue atendida en el servicio de emergencias el día del hecho diagnosticándosele traumatismo facial.

El perito médico manifiesta a fs. 394 que existe nexo de causalidad entre las lesiones faciales constatadas con el evento invocado en autos.

Debe destacarse también para concluir sobre la acreditación del nexo causal entre el desprendimiento del cartel del edificio de los demandados y las lesiones verificadas en la actora mientras caminaba por la vereda a la altura de Almirante Brown 1098/1100, las siguientes circunstancias:

1.- La intervención policial y la verificación de las lesiones, además del secuestro del cartel en cuestión que se encontraba junto a la lesionada, así como las características del mismo y su deterioro por el paso del tiempo.

2.- La coincidencia entre la leyenda del cartel referida a la marca Ford y la concesionaria de automóviles de esa marca que tiempo atrás funcionaba en ese edificio.

3.- La cantidad de vidrios que caracterizan al edificio y que se advierten en las fotografías obrantes a fs. 498/501. Observo además que en las fotografías agregadas a fs. 499 se advierten maderas o cartones cubriendo algunas de las ventanas.

4.- Si bien es cierto que el administrador y el portero no recuerdan que el cartel tapara alguna de las ventanas o tapara aberturas al exterior, ello no permite concluir que no lo hubiera.

5.- Resulta relevante, como dice el consultor técnico de la parte actora que en la vereda par toda la cuadra de Brown al 1000 sólo existen instalaciones del edificio de los demandados y que las instalaciones de la acera impar se encuentran a 22 metros.En la planta baja el local está deshabitado donde funcionó la concesionaria Ford y en el primer piso hay cocheras destinadas a algunos de los habitantes de los departamentos que se ubican en la torre edificada en los pisos superiores.

6.- A ello debe agregarse que cuando la policía toma intervención por la lesión de la actora halla el cartel junto a la víctima, en la acera en la cual sólo se encuentra el edifico de los demandados. En este sentido pueden verse las fotografías de fs. 498 donde tal circunstancia se advierte fácilmente.

7.- El consultor técnico de la actora dice que verificó vidrios sin reparar que dan a los otros tres laterales de la construcción no así sobre Almirante Brown.

8.- Las fotografías agregadas a fs. 511 y 512 dan cuenta de un vidrio reparado del primer piso que se diferencia de los demás sobre el lateral que da a la vereda en la cual caminaba la actora cuando sufrió la lesión.

9.- El perito médico concluye sobre de la relación de causalidad entre la caída del cartel y las lesiones sufridas por la víctima, por lo que cabe concluir que el cartel es una cosa potencialmente peligrosa cuando se encuentra a cierta altura y se halla deteriorado como surge del informe pericial realizado a fs. 28/29 de la causa penal.

10.- Las circunstancias apuntadas corroboran también la declaración de Marian Audivert y permiten valorar positivamente sus dichos en el sentido que vio el cartel tapando uno de los vidrios del edificio.

En este aspecto, cabe destacar que en la apreciación de la pru eba testifical el magistrado goza de amplia facultad; admite o rechaza la que a su criterio indique como acreedora de mayor fe, y descarta la incongruente o inverosímil, en concordancia con los demás elementos de mérito que obren en el expediente (CNCiv. Sala H, dic. 20/2002, Lexis 1/5516135; CNCiv. Sala M, octubre 31/1990, Lexis, 2/13100; CNCiv. Sala D, feb.22-2007, Lexis 1/70037544-1; CNCom.Sala B, abril 13-2007, Lexis 1/1022623).

En efecto, el peso del testimonio debe ser valorado de acuerdo a Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA K la sana crítica tomando en cuenta factores individuales y conjuntos, subjetivos y objetivos. Entre los primeros, los testimonios respecto de los demás testigos, en conjunto con relación a las demás pruebas que la causa ofrezca. Factores subjetivos de idoneidad del testigo y objetivos por el testimonio mismo, en su relación interna y externa de los hechos, por su verosimilitud, coherencia, etc. (CNCiv. Sala H, junio 28-2001. JA 2002- III-síntesis).

Por otra parte, que otros testigos no recuerden los vidrios rotos o el cartel tapando uno de ellos no desvirtúa los dichos de quien lo vio. No debe olvidarse que no se trataba de un cartel en exhibición.

En cuanto a la documental acompañada por la parte demandada respecto del retiro de los carteles, cuando cesó el negocio de la concesionaria de automóviles, no acredita que lo fueran en su totalidad, pues debe reiterarse que el cartel en cuestión no estaba en exhibición.

En consecuencia, las circunstancias aludidas constituyen presunciones que acreditan la relación causal entre la caída del cartel del edificio de los demandados y las lesiones ocasionadas a la actora.

IV.- La responsabilidad de los demandados.

No obstante, la incertidumbre que se presenta en el caso no gira en torno a la existencia de las lesiones producidas y a la caída del cartel del edificio de los demandados, sino desde que ventana cayó o fue arrojado.

En este sentido, resulta comprensible que la actora que caminaba por la acera no pueda determinar el lugar donde se encontraba el cartel antes de su caída, pues fue sorprendida por un golpe en su rostro.

Pero ello no exime de responsabilidad a los demandados, pues resulta de aplicación el art.1119 del Código Civil, tercer párrafo cuando dispone que son responsables “los padres de familia, inquilinos de la casa, en todo o en parte de ella, en cuanto al daño causado a los que transiten, por cosas arrojadas a la calle o en terreno ajeno o en terreno propio sujeto a servidumbre de tránsito, o por cosas suspendidas o puestas de modo peligroso que lleguen a caer.” y agrega la norma: “Cuando dos o más son los que habitan la casa, y se ignora la habitación de donde procede, responderán todos del daño causado. Si se supiere cuál fue el que arrojó la cosa, él sólo será responsable”.

Sin perjuicio de la fórmula del artículo que se refiere a padre de familia o a los inquilinos, ello no excluye a los propietarios y a los que ejercen la autoridad sobre la cosa o a todos los que vivan en común pero sin autoridad doméstica.

Como se ha sostenido el artículo destaca la autoridad doméstica y la habitación, con independencia de la calidad de dueño, locatario, usufructuario, usuario, poseedor, comodatario, depositario, etc. Tampoco interesa que lo locación comprenda toda la casa o sólo algunas habitaciones (Llambías, obligaciones, T IV.A, núm. 2559; Cazeaux-Trigo Represas, T III, p. 374; Borda, Tratado de Derecho Civl, Obligaciones, T II, núm. 1424, Boffi Boggero, Tratado, T V, núm. 2114).

Como se advierte cuando se ignora la habitación de la procede la cosa arrojada o caída, la responsabilidad es de todos, lo que responderán mancomunadamente, conforme lo prevé el art. 1121 del Código Civil.

Esta acción así considerada nació en el derecho romano, para evitar que los perjuicios quedaran impunes cuando, como en el caso, no puede determinarse el autor del daño. En este sentido, Cammarota sostiene que estas razones se intensifican en la vida moderna ante los cientos de ventanas que suponen otras tantas habitaciones en los grandes edificios de departamentos (Autor citado, Responsabilidad extracontractual, núm.385; Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario art. 1119, Código Civil dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, T 5, p. 651).

Desde esa perspectiva, todos los demandados resultan responsables.

Pirani Díaz S.A., quien dice que ya no es propietaria del local también debe responder, pues como surge de la declaración de Oscar José Díaz, uno de los socios de esa empresa a fs. 243 de la causa penal, tenía acceso al local y mantuvo el seguro por rotura de vidrios, asumiendo la responsabilidad por el buen estado del local antes y después del cese de la actividad. Agrega en su declaración que usaba el local para guardar herramientas y mobiliario y como contraprestación se ofreció a ocuparse de supervisar que no hubiera problemas edilicios.

Como ya dije el cartel es una cosa potencialmente peligrosa por el lugar desde donde cayó, por el deterioro que presentaba, por lo que cabe aplicar el factor objetivo de responsabilidad. Por ello, para eximirse de responsabilidad los demandados deberán demostrar la responsabilidad ajena o que el daño proviniese de culpa de la víctima o de un caso fortuito o fuerza mayor extraño, extremos que ni siquiera han sido invocados en autos.

V.- La indemnización.

1) Incapacidad física y psíquica. Tratamiento psicológico.

Como es sabido la incapacidad es la inhabilidad o impedimento o bien la dificultad en algún grado para el ejercicio de funciones vitales. Entraña la pérdida o la aminoración de potencialidades de que gozaba el afectado, teniendo en cuenta de modo predominante sus condiciones personales. Habrá incapacidad sobreviniente cuando se verifica luego de concluida la etapa inmediata de curación y convalecencia y cuando no se ha logrado total o parcialmente el restablecimiento de la víctima.(Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2ª, Daños a las personas, (Integridad sicofísica), p.343).

Reiteradamente se ha sostenido que la incapacidad computable en materia resarcitoria no es solamente la laboral sino que alcanza a todas las actividades de la persona disminuida por una incapacidad, es la llamada “vida de relación” que debe ser ponderada (Mosset Iturraspe, El valor de la vida humana, p. 63 y 64).

En el caso de autos, de acuerdo al dictamen del Cuerpo Médico Forense de fs. 426/431, que a mi criterio desvirtúa las conclusiones del informe pericial médico de fs. 393/394, el que carece de fundamentos que lo sostengan respecto de las incapacidades estimadas, la actora no presenta incapacidad física ni psíquica.

En este aspecto, al examen presenta marcha sin componentes patológicos, Adams negativo. Tono y tropismo muscular conservados. Fuerza muscular, sensibilidad y reflejos conservados. Adson, Valsalva, comprensión y distracción negativas. Movilidad de columna cervical conservada en valores normales. Examen neurológico: sin signos de déficit- Examen radiográfico sin lesiones.

Examen somatoneurológico sin signos de déficit: funciones craneales sensoriales, motoras, de equilibrio y sensitivo motoras de cara, boca, cuello preservadas. No se observaron latero pulsiones, rotaciones anómalas, ataxia, desequilibrio ni nistagmus.

En cuanto a la incapacidad psíquica, se concluye que Laura Igarzabal Novoa denota un buen nivel intelectual. Las funciones yoicas y el criterio de realidad están conservados, con un rendimiento acorde a su nivel. No presenta indicadores psicológicos de conflictos significativos, cuenta con suficientes defensas eficaces y operativas al servicio de la organización y cohesión yoica y habilidad para afrontar las situaciones de la vida cotidiana.

Como consecuencia, propondré no hacer lugar a los gastos futuros de tratamiento psicológico, pues no se ha acreditado que dicha psicoterapia resulte necesaria.

Las impugnaciones de la actora, teniendo presente la ratificación del Cuerpo Médico a fs. 441/442 y las constancias médicas agregadas a fs.383 e informe médicos obrantes en la causa penal dando cuenta de lesiones leves, no resultan procedentes, por lo que de acuerdo a las reglas de la sana crítica y ante la ausencia de elementos probatorios que admitan concluir en el error o en el inadecuado uso que el Cuerpo Médico hubiera hecho de los conocimientos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado, el que resulta apto no sólo para determinar la entidad de las lesiones sino además su relación causal con el hecho, las conclusiones aportadas al proceso han alcanzado plena eficacia probatoria (art. 386 y art. 477 del Código Procesal).

Si bien es cierto que no se ha acreditado que las secuelas del accidente produjeron incapacidad permanente en la actora, lo cierto es que con las constancias médicas obrantes en la causa penal y en estas actuaciones se acreditó que como consecuencia del accidente la accionante sufrió traumatismo en el rostro, por lo que no cabe duda de acuerdo a los antecedentes reseñados padeció incapacidad transitoria durante el lapso de recuperación de la lesión.

Como viene señalando esta Sala, con voto del Dr. Ameal, posición a la que he adherido, la incapacidad transitoria no puede concebirse como una categoría distinta, autónoma al género incapacidad, sino que representa una forma en que ésta puede manifestarse ya sea de manera permanente o bien temporaria (conf.Expedientes 79.283/02 y 10.019/02 entre otros).

Por ello, hemos sostenido que el daño que deriva de la incapacidad transitoria debe ser resarcido y ello en virtud de la reparación plena que gobierna la materia y que debe ser tenido en cuenta por el juzgador cuando se encuentren reunidos los requisitos que ameriten el resarcimiento.

En el supuesto de autos la reclamante ha sufrido una incapacidad, que aunque temporaria, merece ser resarcida teniendo presente que la reparación del daño debe ser integral, por cuanto durante ese período tiene vigencia un impedimento o una dificultad para el ejercicio de la funciones vitales, que trae consigo una disminución de las potencialidades que disfrutaba la víctima.

Ello encuentra debido fundamento en los antecedentes médicos obrantes en la causa penal, inmediatos al accidente de donde se desprende con precisión la entidad de la lesión y el consiguiente período de convalecencia. Se trata pues de una incapacidad transitoria que se caracteriza porque es posible la recuperación del damnificado, a diferencia de la permanente.

La sola existencia de una lesión da derecho a reparación aunque no queden secuelas incapacitantes, puesto que el propósito de la indemnización consiste en compensar mediante una suma de dinero, todas aquellas consecuencias disvaliosas soportadas por las víctimas del hecho generador:

Es daño, lo que altera la integridad físico-psíquica, por más que la curación y readaptación en función de aquellos supuestos, sea más o menos, completa, porque aun siendo así, no podría devolverse al organismo alterado, la situación de indemnidad anterior al accidente. Constituye como fuera dicho un perjuicio reparable, quedando su determinación al prudente arbitrio del juzgador conforme a la afectación y particularidades del caso (C.N.Civ., Sala B, del 31/5/96 en autos: “Blumetti de Fulco c/ Guarini s/ daños y perjuicios”; C.N.Civ.Sala L, del 29/3/96, “Márquez, Ofelia c/ González, s/ daños y perjuicios”, entre otros).

Sobre el particular, y en la orientación enunciada, Zavala de González reconoce que el sujeto sometido a tratamiento terapéutico inmediato al hecho puede hallarse entre tanto en situación de inhabilidad para un despliegue vital normal, pero en una de incapacidad sobreviniente (stricto sensu) si sus lesiones son de pronta curación (conf. Resarcimiento de daños T. 2a. p. 346).

Teniendo en cuenta la incapacidad transitoria que surge de las especiales circunstancias del caso y de acuerdo al daño físico solicitado en forma amplia, deberá resarcirse este rubro en la suma de $ 8.000.

2) Lucro cesante.

La actora reclamó la suma de $ 1.500, en concepto de “Lucro cesante”.

El art. 1069 del Código Civil prevé la reparación no sólo del perjuicio efectivamente sufrido (daño emergente) sino también de la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito (lucro cesante) y que el Código Civil designa como “pérdida e intereses” El lucro cesante indemniza no la pérdida de una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos futuros sino el daño que supone privar al patrimonio del damnificado de la obtención de ganancias a las cuales su titular tenía derecho al tiempo del hecho.

Por ello, el daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían lograrse con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el accidente. No se trata de la mera posibilidad de esas ganancias, tampoco de la seguridad de que ellas se hubieran obtenido, se debe aplicar el criterio de “probabilidad” objetiva, de acuerdo con las circunstancias del caso.

En la especie no se ha traído prueba alguna que acredite la perdida de ganancias pretendidas, por lo que este reclamo será rechazado.

3) Gastos médicos y farmacéuticos.

La accionante también reclama los gatos médicos y de farmacia.

Es sabido que los gastos terapéuticos son aquellos orientados al restablecimiento de la integridad física de la víctima del hecho.Por lo demás, debe recordarse que es criterio prácticamente uniforme que tales erogaciones se presumen partiendo de las lesiones producidas, resultando procedente la estimación prudencial del resarcimiento con arreglo al art. 165 del Código Procesal (conf. esta Sala en “Soria, Margarita Rosa c/ Transportes de Colectivo de Pasajeros S.A s/ daños y perjuicios 23/03/06 libre R:429.027).

En este sentido, se ha sostenido que los gastos médicos y de farmacia no requieren necesariamente ser probados con la documentación respectiva, pues no resulta razonable exigir su comprobación absoluta, debiendo determinarse la verosimilitud del desembolso de acuerdo con la naturaleza y gravedad de las lesiones (esta Sala 1998 11 11, La Ley 1999 D 180; CNCiv. Sala D, feb. 28 1986, ED 119 208; CNCiv. Sala E, set. 20 1985, La Ley 1986 A 469; CNCiv. Sala G, 1999 12 826, La Ley 1999 E 17; CNCiv. Sala C, 1999 4 27, La Ley 1999 F 666).

Por otra parte, los mismos deben ser admitidos aun cuando la asistencia haya sido brindada en hospitales públicos o por intermedio de obras sociales, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas por esos servicios (conf. CNCiv, Sala A, “Romero Selva del c. c/ Montesnic SRL s. daños y perjuicios”, Libre 11/12/97; CNCiv, Sala c, ” Sassano, Josefina A c. Lupo Claudio V. y otros s/ daños y perjuicios, Libre 23/10/97; “Portal Alberto N. c. Siarrusta Jorge E y otro s/ daños y perjuicios” Libre 5/12/95).

En tal entendimiento, en atención a las lesiones sufridas por la parte actora, de acuerdo a las constancias médicas acompañadas, propongo al acuerdo fijar como indemnización de los gastos médicos, de farmacia y traslados, a suma de $ 800.

4) Daño moral El art.1078 del Código Civil se refiere a la obligación de resarcir, de reparar el agravio moral.

El daño moral constituye, pues, lesión a intereses morales tutelados por la ley, y si bien resulta difícil valorar tal menoscabo, ello no significa que el dolor y las aflicciones no sean susceptibles de apreciación pecuniaria. En tal caso, la indemnización monetaria cumple una función reparadora o de satisfacción, aun cuando no se puedan borrar los efectos del hecho dañoso. (conf. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, 2 parte, vol.II, p. 72; Von Thur, Tratado de las Obligaciones, T I, p. 99, núm.15; Salvat-Galli, Obligaciones en General, T I, p. 215, núm.187; Cazeaux- Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, T I, p. 371; Busso, Código Civil Anotado, T III, p. 414; Orgaz, El daño resarcible, p. 230, núm.57; Colombo, En torno de la indemnización del daño moral, La Ley 109-1173; Brebbia, El resarcimiento del daño moral después de la reforma, E.D. 58- 230; Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, núm.509; Mosset Iturraspe, Reparación del daño moral, J.A. 20-1973-295; Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, p. 321 y ss.

Se identifica al daño moral con la ofensa o lesión a un derecho o a un interés de orden extrapatrimonial. Es claro que, así concebido, todo acto ilícito, por definición, debería producirlo, pues la acción u omisión ilícita presupone siempre una invasión en la esfera de los derechos ajenos. El sólo hecho de una intrusión indebida determina que el autor deba cesar en su acción y restablecer el equilibrio alterado. El daño no se identifica con la sola lesión a un derecho de índole patrimonial o extrapatrimonial, a un interés que es presupuesto de aquél, sino que es la consecuencia perjudicial o menoscabo que se desprende de la aludida lesión.Entre la lesión y el menoscabo existe una relación de causa a efecto. El daño moral importa pues una aminoración en la subjetividad de la persona derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón Daniel, “Daño moral”, p. 46 y ss.).

Como sostiene Brebbia, siendo el agravio moral la consecuencia necesaria e ineludible de la violación de alguno de los derechos de la personalidad del sujeto, la demostración de la existencia de dicha transgresión importará al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño moral (Autor citado, El daño moral, p. 85 y ss.).

Además se contempla el daño moral con sentido resarcitorio, y por otra parte se lo considera en su más amplia dimensión conceptual, razón por la cual sus límites no se fijan en el tradicional pretium doloris sino que se extienden a todas las posibilidades -frustradas a raíz de la lesión- que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Bueres, El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta, en Derecho de daños, Homenaje al Profesor Jorge Mosset Iturraspe, p. 176).

La determinación del quantum tiene que guardar razonable proporción con la entidad del agravio.Pero como la reparación no se hace en abstracto, sino en cada caso, es justo que la reparación del daño moral esté en relación con la magnitud del perjuicio, del dolor o afección cuyo menoscabo, lesión o ataque se repara.

Si bien, como he sostenido en varios precedentes, el daño moral no tiene vinculación con el daño material, esto es, no puede fijarse en consideración de su cuantía, pues no es complementario, ni accesorio de éste, ello no implica que para determinar el daño moral no se haga mérito del dolor, los padecimientos, la angustia, el menoscabo, la inquietud espiritual, las molestias producidas en las víctimas por los daños físicos, psíquicos y las secuelas de los mismos.

En consecuencia, considerando las lesiones sufridas, propongo al acuerdo, fijar por este concepto la suma de $ 15.000, teniendo presente que se ha demandado lo que en más o menos resulte de la prueba.

VI.- Intereses.

De acuerdo a la doctrina del acuerdo plenario de fecha 20 de abril de 2009 en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos setenta S.A. sobre daños y perjuicios” , corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora, hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

En virtud de ello, debe est ablecerse para el cálculo de los intereses moratorios la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora, o sea la fecha de ocurrencia del hecho, hasta el cumplimiento de la sentencia.

VII.- Costas.

De acuerdo al art. 68 del Código Procesal, las costas se imponen conforme el principio objetivo de la derrota.En este sentido, la noción de vencido a los efectos del pago de las costas, debe ser determinado con una visión global del juicio y con independencia de la proporción en que prosperen las pretensiones articuladas. En definitiva, la fijación de las costas debe ser realizada con un criterio jurídico y no meramente aritmético (CNCiv. Sala H, 1999-3-17, Lisi Nicolás R. c. Chispa S.A; La Ley 2000-F-206; CNCom. Sala D, 2000-10-11, Chiappara, Ceccotti y Matuk y otros c. Peñaflor S.A, DJ 2000-3-1055; CNTrab. Sala I, 1999-11- 30, Makaruk, B. c. Farmacia Gran Via SRL y otro, La Ley 2000-C-242).

Debe considerarse que en el presente, tratándose de un juicio de daños y perjuicios, las costas por su naturaleza resarcitoria integran la indemnización, por lo que deben ser impuestas al ofensor en su totalidad, aun cuando la demanda no prospere íntegramente, pues de lo contrario la reparación no sería plena (Esta Sala 2000-4-28 en autos Lekini, Mónica O c. Tsitso, Ricardo y otros, La Ley 2000-E-585; CNCiv. Sala E, 2000-3-14, Franco de Palomo Sara c. Balentini Carlos A y otro, La Ley 2000-F-313, CNCiv. Sala F, 1999-10-11 V.J c. Editorial Perfil RcyS, 2000-884; CNCiv. Sala A. 1998-11/19, Roghera SA c. Bustos Claudio L, La Ley 2000-A-623, J Agrup. caso 14-813 y JA 1999-III-191).

En consecuencia, las costas del juicio deben imponerse a los demandados vencidos.

Por las consideraciones expuestas, en caso de resultar compartido este voto propongo al acuerdo: 1) Revocar la sentencia, haciendo lugar parcialmente a la demanda. En consecuencia se condena a Automotores Pirani Díaz S.A., Construcciones Pirani Díaz S.A.y Consorcio de propietarios Brandsen 389/91/93/95 esquina Almirante Brown 1098/1100 a pagar a la actora la suma de Pesos Veintitrés seiscientos ($ 23.800.-), con más los intereses calculados conforme apartado VI, dentro del plazo de 10 días de notificados de la presente bajo apercibimiento de ejecución; 2) Se extiende la condena a Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. en los términos del art. 118 de la ley 17.418, ello sin perjuicio de la reserva que efectuara al contestar la citación en garantía; 3) Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados en su condición de vencidos (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Domínguez y el Dr. Ameal por las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Hernández, votan en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, junio de 2014.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas por mayoría de votos el Tribunal decide: 1) Revocar la sentencia, haciendo lugar parcialmente a la demanda. En consecuencia se condena a Automotores Pirani Díaz S.A., Construcciones Pirani Díaz S.A. y Consorcio de propietarios Brandsen 389/91/93/95 esquina Almirante Brown 1098/1100 a pagar a la actora la suma de Pesos Veintitrés seiscientos ($ 23.800.-), con más los intereses calculados conforme apartado VI, dentro del plazo de 10 días de notificados de la presente bajo apercibimiento de ejecución; 2) Extender la condena a Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. en los términos del art. 118 de la ley 17.418, ello sin perjuicio de la reserva que efectuara al contestar la citación en garantía; 3) Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados en su condición de vencidos (art. 68 del Código Procesal).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Difiérase la regulación de honorarios para una vez apribada en autos la liquidación de finitiva (art. 279 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese por secretaría y cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado.

LIDIA B. HERNANDEZ.

CARLOS A. DOMINGUEZ.

OSCAR J. AMEAL.

RAQUEL ELENA RIZZO (SECRETARIA).

Es copia.-

 

 

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