La amistad en facebook no es la amistad legal

Los testigos deben informar si tienen relación de amistad con las partes, pero qué pasa con los amigos de Facebook

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Se ha planteado el tema de la declaración testimonial cuando se es “amigo” o no “amigo de alguien”. Según la ley, el testigo debe decir la verdad, que incluye declarar el vínculo con las partes del proceso judicial.

Se pregunta al testigo, en general, si tiene o no relación de amistad con las partes o interés en el pleito. Hubo varios casos de impugnación al testigo porque quien lo ofrece lo tiene, además, de amigo en Facebook.

La amistad en Facebook y el valor de la declaración del testigo

En un caso laboral, los jueces afirmaron que el hecho de que algunos testigos compartan páginas del Facebook con el actor, a mi juicio, no implica “per se” que sean amigos íntimos del mismo (art. 441 inc. 4) del Cód. Procesal), como para desbaratar el testimonio.

Argumentaron que es el juez con fundamento en la sana crítica quien en el caso particular aprecia la verosimilitud de los dichos y, de los testimonios del caso, no se infiere que haya mediado tendencia cierta de los deponentes en hacer prevalecer la amistad.

En otro caso laboral también se consideró que Facebook no necesariamente indica amistad. Sobre la relación de amistad del testigo, se dijo que “es bastante común que cualquier persona simplemente conocida –como era en este caso la actora que les repartía correspondencia (…)- pida solicitud de amistad en una red social tan común como es hoy en día “Facebook”.

“Por lo tanto, no tendré en cuenta dicha impugnación como para invalidar los mencionados testimonios, los que como ya dijera, resultaron coincidentes en varios aspectos, teniendo en cuenta la limitación en sus declaraciones, por tratarse de personas que no trabajaban con la actora, por lo que es lógico que desconocieran determinados datos, tales como el salario, fecha de ingreso, etc.

 

Las declaraciones testimoniales en el juicio por daños y perjuicios

Un testigo dijo que mientras se encontraba trabajando con su moto, vio como la camioneta se detuvo sin señalización alguna, el actor intentó esquivarla por la izquierda cuando se abrió la puerta y se produjo la caída. Observó que la puerta  del rodado impactó a la moto.

Estaba en juego un choque. Para los jueces fue llamativo, primero, que un testigo dijera haber presenciado el accidente, pese a que sus datos no fueran recabados por la autoridad policial (ver fs.1 de la causa penal)

Menos verosímil resultó la forma en que describió los hechos. Dijo haber acompañado con su moto el movimiento del motoquero, que impactó con la puerta abierta de la camioneta. Pero no supo explicar cómo logró esquivar a la puerta y al actor, si es que venía detrás.

 

La amistad por Facebook

En ese caso, los jueces empezaron a investigar las relaciones de amistad en Facebook de los participantes, testigos y demás constancias de la causa.

“C. tenía como contacto en su facebook a B. nada menos que uno de los testigos del beneficio de litigar sin gastos. Como era de esperar, ambos negaron conocerse. B también fue eliminado de los amigos de C.

Podría ser cierto que A. y B. agregaran a C. como “amigo” luego del evento para intentar ubicarlo, tal como explicó el actor. Pero ello es poco factible si se repara –en primer lugar- que negaron conocerse al declarar en el Juzgado y –en segundo término- que entre los contactos de A. figura V. C., hermana de P.

De cualquier modo, “la persona que declara dos veces en un Tribunal de Justicia que dice haber presenciado un accidente y niega conocer a un contacto que tiene en una red social –que es nada más y nada menos que el actor y un testigo del beneficio de litigar sin gastos-, está convencido que las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Nación somos ingenuas o que vivimos fuera de la realidad”, dijeron los jueces.

 

 

 

Sentencias sobre declaraciones testimoniales y amistades de Facebook

 

Casos laborales

SD 46435 – Causa 2.235/11 – “cc, Javier Hernán c/ S, Rodolfo Daniel s/ despido” – CNTRAB – SALA VII – 31/03/2014

En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2014, para dictar sentencia en los autos: “…. S/ Despido” se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I. En la primera instancia la Sra. Juez “a-quo” desestimó la demanda incoada por el actor porque consideró no acreditada la existencia de un vínculo laboral de subordinación, lo que motiva el recurso del accionante que, entre otras cosas, aduce que, en el decisorio habría mediado una errónea ponderación de la prueba de testigos porque, al contrario de lo decidido, estaría demostrado el presupuesto fáctico que hace viable la presunción del art. 23 L.C.T. (ver fojas 158/162).-

II. Una nueva lectura de las testimoniales del caso (ver …) me forman convicción de que le asiste razón en su planteo (arts. 90 L.O. y 386 del Cód. Procesal).-
En efecto, de la traba de la litis se infiere que el actor al inicio afirmó haber trabajado en la cerrajería (vendedor, cajero, service domiciliario) que explota el demandado sita en Cuenca … en Villa Del Parque CABA; siendo su ingreso el 23/02/2009 hasta el despido indirecto en que se situó por desconocimiento del vínculo laboral el día 15/07/2010.-
Por su lado, el accionado afirmó en su conteste que el Sr. c era cliente del negocio, donde concurría a comprar material, ya que trabajaba en forma independiente como cerrajero a domicilio, teniendo su propia clientela (ver fojas 14/15 y fs. 30/31).-
Pues bien, no comparto la ponderación hecha en el decisorio de las declaraciones de los testigos ofrecidos por las partes, habida cuenta que, del análisis conjunto de los testimonios se infiere sin dificultad la inserción del actor en el establecimiento del demandado realizando tareas varias, entre las cuales emerge, la de service de cerrajería a domicilio (art. 90 L.O. y 386 Cód. Procesal).-
No se me escapa que esta prueba fue objeto de impugnaciones varias que han disuadido a la Sra. Juez “a-quo” de tener por cierta la versión de los hechos denunciada por el demandado y, lo concreto es que, compruebo que la tacha que fundada en los testimonios aportados por el actor no logran enervar el comprobado hecho de que efectivamente el Sr. c  se desempeñó en la cerrajería del demandado.-
Así los aspectos de los testimonios que resalta el decisorio en punto a la testigo e  porque es la madre de la testigo ,,, y porque se mudaron del barrio de Villa del Parque a principios de 2010 y/o que una haya asistido al local de cerrajería en dos oportunidades (,,) mientras que la otra no; a mi juicio, no desbarata el resto de los testimonios donde dan noticia cierta de haber vivido en el barrio por más de 21 años (..), siendo conocido el local “NNN” de cerrajería sito en C…el accionado, dando cuenta de haber conocido al actor de la cerrajería (por una copia llaves del auto y compra de una cadena para una moto) habiendo ido al domicilio de la testigo a reparar una cerradura de la puerta de calle; de todo lo cual se comprueba también que las deponentes se mudaron del barrio con posterioridad a las fechas en que denunciaron haber tenido trato con el local de cerrajería, lo que quita fuerza a la conclusión del fallo de que viven en otro barrio.-
Por su parte, el testimonio de ,,  dio noticia cierta de haberle presentado el actor al demandado. Afirmó conocer a C  de una cerrajería sita en una galería de la calle Echeverría 1442/4 y que el mismo le comentó que se quería independizar porque estaba con una relación a distancia, dando cuenta que el demandado le pasaba trabajos de cerrajería al actor (“…en el caso del demandado y otros le ofrecían trabajos para otros cerrajeros, lo contactó para que le pase trabajos o le compre las máquinas o las mercaderías…”sic, v. fs. 125); con lo cual, el hecho de que luego haya manifestado no haberlo visto al actor cuando iba los lunes al local del accionado no enerva su testimonio en punto a que c  recibía trabajo de S , lo que corrobora, la actividad de que dan cuenta el resto de los testimonios relativo a que el actor hacía, entre otras cosas, service de cerrajería a domicilio y sin que se aprecie la acción que en el decisorio la jueza marca como para desechar la pretensión actoral, esto es que sería verosímil que c  acudiera al local del demandado sólo para comprarle materiales ( arg. art. 9, 2do. párrafo L.C.T., arts. 90 y 386 antes cit.).-
A su vez, Do Justo … dio noticia cierta de haberlo visto al actor trabajando en el mostrador de la cerrajería junto con otro muchacho y dando cuenta el dicente que acudía seguido a ese barrio porque su abuela vivía allí, yendo a la cerrajería para que le realizaran unas copias de la llaves para su abuela que tiene su casa sita en Baigorria y Cuenca, muy cerca del local del accionado, dando además una descripción precisa del lugar, por lo que considero no se infiere que el deponente asistiera al lugar por “casualidad”, tal las apreciaciones con las que en el decisorio se quita fuerza probatoria a los testimonios, a mi entender el criterio de que deban ser “clientes habituales del local” para poder otorgar veracidad a sus afirmaciones no puede oponerse para descartar los dichos si de la ponderación conjunta de todos los testimonios se infiere sin dificultad la inserción del trabajador en la actividad de cerrajería que explotaba el demandado.-
El testimonio de Romero, por su lado, permite corroborar que el demandado indistintamente brindaba ocupación al deponente y/o al actor en tareas como service de cerrajerías (“…el dicente también es cerrajero, y cuando le queda algún trabajo muy lejos, se lo da al dicente, que era lo mismo que hacía con el actor…que al actor lo conoció a fines de 2009 principios 2010…que si el actor no podía hacer los trabajos se lo pasaban al dicente, y al revés también…” sic v. fs. 136III).-
A su vez, Pampín también dio noticia cierta de haber sido atendido por el actor en el local del accionado en ocasión de necesitar la copia de una llave y luego para la reparación de una cerradura.-
Ahora bien, el hecho de que algunos testigos compartan páginas del Facebook con el actor, a mi juicio, no implica “per se” que sean amigos íntimos del mismo (art. 441 inc. 4) del Cód. Procesal), como para desbaratar el testimonio porque es el Juez con fundamento en la sana crítica quien en el caso particular aprecia la verosimilitud de los dichos y, de los testimonios del caso, no se infiere que haya mediado tendencia cierta de los deponentes en hacer prevalecer la amistad distorsionando la cuestión fáctica habida entre las partes litigantes, por el contrario se aprecian objetivos a la hora de narrar los hechos acontecidos y percibidos por sus sentidos (art. 386 Cód. Procesal).-
Señalo aquí que la presunción del art. 23 L.C.T. permite tener como cierto que hubo un contrato de trabajo cuando es dato no controvertido que alguien ha prestado tareas para otro. La presunción en cuestión opera aun cuando se utilicen figuras no laborales para disimularlo (art. 23 cit., 2da. Parte), previendo el mismo artículo dos maneras de exceptuarse de dicha consecuencia (presunción legal de existencia del contrato de trabajo): la primera es que las circunstancias que motivasen ese trabajo personal demostrasen “lo contrario”, o la otra (que es una especie o forma de la anterior), esto es la de demostrar que el trabajador ha sido un empresario.-
Me detengo en el primer supuesto previsto como excepción:” la circunstancia” o modalidad en que se desarrolló ese trabajo personal y que resulta comprobada a tenor de las testimoniales reseñadas, las que, a mi juicio, dan cuenta de que entre las partes medió un vínculo laboral dependiente, por lo que, comprobada la existencia del mismo, el despido indirecto en que se situó el actor ante desconocimiento de su relación laboral devino justificado (arts. 242 L.C.T. y 386 del Cód. Procesal).-
Sugiero así la revocatoria del fallo apelado.-

III. Conforme lo antedicho, propicio estar a los datos de la relación denunciados en el escrito de inicio como a la liquidación allí practicada, en tanto considero verosímil el salario actor en la suma de $2.500 para aquella época (arts. 56 L.C.T. y 56 L.O.); con lo cual tiene derecho a la sumas indemnizatorias y demás incrementos que reclama dado reconocimiento por parte del accionado del intercambio telegráfico habido (ver lo actuado a fojas 45), por lo que la condena asciende a la suma de $64.799,83, importe que se le aplicará la tasa de interés prevista en el Acta 2357 desde la fecha del distracto y hasta su efectivo pago.-

IV. En virtud de la nueva solución del pleito corresponde dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios de grado (arts. 68 y 279 del Cód. Procesal), a cuyo efecto se imponen las costas en ambas instancias al demandado vencido (art. 68 Cód. Procesal) y sugiero regular los honorarios por la actuación en primera instancia para la representación y patrocinio letrado del actor en el 15% y los de la parte demandada en el 13%, a calcularse sobre el monto definitivo de condena más sus intereses (art. 38 L.O. y demás normas del arancel vigentes).-

V. De tener adhesión este voto, los honorarios de segunda instancia propicio regularlos para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 30% y los de la parte demandada en el 25%, respectivamente, de lo que en definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).-

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.-

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA: no vota (art. 125 de la ley 18.345).-

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y condenar al Sr. Rodolfo Daniel S  a abonar al Sr. Javier Hernán C  dentro del quinto día la suma de $64.799,83 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS) más sus intereses, conforme lo ya explicitado en el considerando III. del compartido primer voto. 2) Costas en ambas instancias al demandado vencido. 3) Regular los honorarios por la actuación en primera instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15% (QUINCE POR CIENTO) y los de la parte demandada en el 13% (TRECE POR CIENTO), respectivamente, a calcularse sobre el monto definitivo de condena más sus intereses. 4) Regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 30% (TREINTA POR CIENTO) y los de la parte demandada en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respectivamente, de lo que en definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la primera instancia. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.: 15/2013.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Fdo.: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO – ESTELA MILAGROS FERREIRÓS

 

Otro caso laboral

 

#20253846#212316818#20180912111009401
Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO – SALA VII
26.105/2014
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 52855
CAUSA Nº 26.105/2014 – SALA VII – JUZGADO Nº 38
En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de septiembre de 2018 para
dictar sentencia en los autos : “L, GRACIELA NOEMI C/ U EXPRESS
ARGENTINA S.A. S/DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden:
LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:
I- La sentencia de primera instancia que rechazó la demanda incoada por la
actora, llega apelada por esta parte a fs. 140/143 vta., lo que mereció la réplica de la
contraria a fs. 145/147. Le agravia la errónea valoración de la prueba, conforme la cual se
desestimaron las declaraciones de quienes depusieran a propuesta de esta parte. Cuestiona,
asimismo, los honorarios regulados a la actora por considerarlos reducidos en relación a la
calidad de las tareas realizadas.
II- Desde ya, adelanto mi opinión en el sentido contrario a lo resuelto en la
sentencia de grado, toda vez que existe en autos prueba con entidad suficiente como para
acreditar la relación laboral invocada en el escrito de inicio, y que fuera negada por la
demandada.
En efecto, en autos han declarado tres personas propuestas por la parte actora
cuyos testimonios, resultan a mi ver coincidentes; ellas son Patricia z (fs. 72), Mara
g e (fs. 73) y Liliana z (fs. 74).
Dijo al respecto Patricia … que: “conoce a la actora porque le llevaba las
cartas a la testigo a su casa. Que conoce a la demandada porque era la empresa de donde
le llevaban las cartas y donde trabajaba la actora…,le llevaba las cartas en el año 2012, le
llevaba de Claro y también las entradas de ticketek cuando la testigo fue a ver a Sabina…,
recuerda que la actora fue a las 2 o 3 de la tarde…., la vio con un buzo rojo que decía el
nombre de la empresa Express, que no recuerda el nombre, señala que es la empresa
demandada, también vio que la actora tenía un bolso oscuro y no sabía si el bolso decía
algo, no prestó atención a eso. Que para llevarle las facturas de Claro a la testigo, la actora
pasaba todos los meses…”.
Gauna declaró que: “conoció a la actora en el año 2012 cuando le llevó a la
testigo las facturas de Claro…,tenía un buzo rojo que decía Urbano Express y una cartera
donde llevaba las tarjetas. Que recuerda que más o menos en el año 2012, la actora habrá
pasado por la casa de la testigo 6 veces…, la testigo la habrá visto a la actora cruzar
repartiendo por su casa, entre el 2012 y el 2013. Que después de la actora ya no pasó más
nadie.
Por último, dijo Liliana Zeolla que: “recuerda que la actora le llevó cartas desde
mediados del 2012 a mediados del 2013, un año más o menos, le llevaba las boletas de
Claro. Que la actora le llevaba las boletas por la mañana, 9, 10 hs. …, la actora pasaba por
la casa de la testigo una vez al mes cuando le llevaba las boletas. Que después que la
actora dejó de pasar, las boletas a la testigo se las llevaba otro chico, un muchacho joven.
Que no sabe cómo se llamaba ese chico. Que sabe que el chico era de la misma empresa
porque tenía el mismo buzo. Que cuando la testigo puso Claro, la actora empezó a llevarle
las boletas de Claro, que antes no tenía otra cosa que le llevaran…Que la actora iba
cualquier día a llevarle la correspondencia, menos domingo. Que conoció el nombre de la
actora porque era muy charlatana y se ponían a charlar y se preguntaron los nombres”.
Del análisis de los precedentes testimonios, observo que sus
declaraciones lucen claras, precisas y concordantes, pues las deponentes recuerdan que
quien les entregaba la correspondencia de Claro era la Sra. Ledesma, quien tenía un buzo
rojo con el nombre de la demandada. Asimismo, también resultan coincidentes respecto de la
fecha en que la vieron realizar sus tareas, entre el 2012 y mediados de 2013. (Arts. 90 L.O. y
386 CPCC).
Por el contrario, las declaraciones de quienes depusieron a propuesta de
la demandada, no logran revertir, a mi ver, las anteriores, pues Montero (fs. 77) es gerente
de la demandada y Tronge (fs. 78) ingresó como jefe de la sucursal de Chivilcoy, siendo
actualmente jefe provincial, lo que demuestra que tratan de priorizar los intereses de la
empresa, por lo que sus declaraciones poco aportan a la dilucidación de la presente.
En lo que hace a la apreciación de la prueba –y en especial a la prueba
testimonial- el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con
los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva,
una facultad privativa del magistrado.
No soslayo que la demandada impugnó los testimonios de fs. 72, 73 y
74, para lo cual acompañó copia de los perfiles encontrados en la red social “Facebook”, en
el entendimiento de que la actora y los deponentes eran amigos, por lo que, a su criterio, los
testimonios se encontraban teñidos de parcialidad. No obstante ello, considero que dichas
impugnaciones carecen de entidad suficiente para revertir las mencionadas declaraciones,
toda vez que el hecho de figurar como “amigos” en las redes sociales, no los convierte
necesariamente en tales en la realidad. Por otra parte, es bastante común que cualquier
persona simplemente conocida –como era en este caso la actora que les repartía
correspondencia de Claro- pida solicitud de amistad en una red social tan común como es
hoy en día “Facebook”. Por lo tanto, no tendré en cuenta dicha impugnación como para
invalidar los mencionados testimonios, los que como ya dijera, resultaron coincidentes en
varios aspectos, teniendo en cuenta la limitación en sus declaraciones, por tratarse de
personas que no trabajaban con la actora, por lo que es lógico que desconocieran
determinados datos, tales como el salario, fecha de ingreso, etc.
III- Por todo lo hasta aquí expuesto, y de acuerdo con las normas de la sana
crítica (Art. 386 CPCC), tengo por acreditada la relación laboral habida entre las partes, en
los términos del art. 377 CPCC. A tenor de lo expuesto precedentemente, considero que la
negativa expresa de la demandada a reconocer un derecho que luego se demostró legítimo,
resultó injuriosa a la luz de lo dispuesto en el art. 242 de la L.C.T., y justificó la denuncia del
contrato de trabajo fundado en justa causa, por lo que el actor será acreedor de las
indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., con la salvedad que
impone el plenario nº 322 “Tulosai”.
Le corresponde, asimismo, percibir las vacaciones proporcionales, de
conformidad con lo normado por el art. 156 de la L.C.T.
En cuanto al reclamo fundado en el art. 2 de la ley 25.323 el mismo habrá de
prosperar, toda vez que la accionante cumplió con los recaudos formales exigidos por la
norma, de acuerdo con el telegrama obrante a fs. 11, conforme el cual se dio por despedida y
el incumplimiento de la demandada lo obligó a iniciar la presente acción.
Por el contrario, y toda vez que la accionante no dio cumplimiento en remitir el
correspondiente telegrama a la A.F.I.P., no prosperará el reclamo fundado en el art. 8 de la
Ley 24.013, en su defecto, es pertinente la indemnización prevista en el art. 1 de la Ley
25.323. La indemnización del art. 15 de la misma ley, prosperará toda vez que la actora
intimó a la demandada, en los términos del art. 11 conforme surge de las misivas obrantes a
fs. 25, 10 y 11.
En cuanto al reclamo de la indemnización prevista por el art. 80 de la L.C.T. el
artículo señalado supedita la procedencia de la indemnización a la previa intimación por dos
días para que se acompañen los certificados correspondientes, la cual debe ser realizada si
el empleador no los entregara dentro de los treinta días de haberse extinguido por cualquier
causa el vínculo laboral (conf. art. 3 dec. 146/01). En el presente caso se ha acreditado el
cumplimiento de los extremos antes señalados, razón por la cual corresponde hacer lugar a
la indemnización impetrada (ver telegrama fs. 13).
En cuanto al rubro reclamado “Ley 25345 (art. 132 bis)”, corresponde su
rechazo, toda vez que el propio actor basa su demanda en una situación de falta absoluta de
registración del contrato. Es evidente que para que haya retención indebida debe haber
registración (al menos defectuosa), pues la inconducta en cuestión requiere que exista
descuentos por recibo que el empleador se queda en su poder (en vez de ingresarlos en los
organismos correspondientes). No es el caso de autos.
Tampoco prosperarán las diferencias salariales, las que no han quedado
acreditadas.
Atento lo peticionado por la parte actora (fs. 5) la demandada deberá hacer
entrega al accionante, dentro del plazo de cinco días, de los certificados de trabajo en las
condiciones establecidas en la ley 24.241 y art. 80 L.C.T.
IV- A los fines de practicar la liquidación, conforme lo dispuesto en el art. 55 de
la L.C.T., tomaré en cuenta como fecha de ingreso, la denunciada en el inicio; es decir el 7
de junio de 2012, y como fecha de egreso el 27 de mayo de 2013, cuando la empresa tomó
conocimiento del despido indirecto en que se colocara la accionante (ver fs. 11 y
contestación de demanda de fs. 19 y sgtes.).
En lo que respecta a la remuneración y de acuerdo a lo que surge del CCT
40/89 y escala salarial correspondiente a la fecha del despido, el salario correspondiente a
un distribuidor domiciliario era a la fecha del despido de $ 4.021,63 de acuerdo con lo resulta
de la planilla 1/13 en la que figuran los salarios básicos a partir del 1º de marzo de 2013,
Items 6.1.1, a la que debe adicionársele un 1% de antigüedad anual, conforme ítem 6.1.5, lo
que hace un total de $ 4.061,84.
V- Por lo expuesto, la acción prosperará por los rubros e importes que a
continuación se detallan: 1) Indemnización por antigüedad….$4.061,84; 2) Indemnización
sustitutiva de preaviso…$4.061,84; 3) S.A.C. s/ preaviso….$338,48; 4) Integración mes del
despido….$541,57; 5) S.A.C. s/ Integración….$45,13; 6) Art. 156 L.C.T…..$947,22; 7) S.A.C.
s/ vacaciones…$78,93; 8) Indemnización Art. 80 L.C.T….$12.185,52; 9) Indemnización Art. 1
Ley 25.323…$4.061,84; 10) Multa Art. 15 Ley 24.013…$9.048,86; 11) Indemnización Art. 2
Ley 25.323…$4.524,43, todo lo cual hace un total de $39.895,66 que difiero a condena.
VI- El monto diferido a condena llevará intereses desde que cada suma es
debida y hasta su efectivo pago, pues el actor debió acudir a la instancia judicial para que se
le abone las indemnizaciones correspondientes, circunstancia que, hace nacer la obligación
de pagar intereses desde el momento en que el accionante se vio privado de disponer
libremente de su indemnización.
En efecto, los intereses constituyen el reconocimiento de la privación que sufre
el damnificado por no disponer del capital desde que naciera la deuda; lo contrario implicaría
ciertamente un perjuicio para el trabajador, quien vería disminuido el valor de su crédito por
el mero transcurso del tiempo.
Sobre el particular, considero que el concepto de mora está referido a la
dilación o tardanza en cumplir la obligación, por parte del deudor, es decir, es la
indemnización que debe pagar el deudor ante el incumplimiento tardío de su obligación de
dar una suma de dinero. Entonces entiendo que el acreedor (en este caso el trabajador) ha
sido privado de la capacidad de elegir el destino de los fondos que no ha recibido en tiempo
oportuno, y el mecanismo de aplicación de intereses no debe generarle perjuicio ni
menoscabo patrimonial, sino justamente evitar el deterioro del crédito reconocido cumpliendo
de esa forma con al manda constitucional que garantiza la integridad del crédito laboral.
Conforme lo expuesto, he tenido la oportunidad de expresar mi voto afirmativo
en el Acta 2.601 de la C.N.A.T. de fecha 21/5/2014, en la que se resolvió establecer que la
tasa de interés aplicable sea la nominal anual para préstamos personales libre destino del
Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses; desde que cada suma fuera debida respecto
de las causas que se encontraran –a la fecha del dictado de la resolución- sin sentencia.
Asimismo conformé la mayoría en el dictado del Acta 2.630 de la C.N.A.T., en la
cual se resolvió la modificación del interés a calcularse y se fijó en el 36% anual (27/4/2016,
punto 2º del Acta).En este contexto, advierto que la justa indemnización debida al trabajador, ante
el incumplimiento tardío de la obligación por parte del deudor, sólo puede arribarse con la
aplicación de las tasas mencionadas.
En consecuencia, propicio aplicar las tasas Acta 2601 y Acta 2630 desde que
cada suma fuera debida y hasta el 30/11/2017. Sin perjuicio de lo señalado, a partir del
1/12/2017 se devengarán intereses conforme la Tasa activa efectiva anual vencida, cartera
general diversa del Banco Nación (Acta 2658 punto 3º del 8/11/2017 de la C.N.A.T.) cf.
facultades conferidas por el art. 767 y siguientes del Código Civil y Comercial.
VII) Conforme la solución que he dejado expuesta y lo normado por el art. 279
CPCC, propongo que las costas en ambas instancias se declaren a cargo de la demandada
(Art. 68 CPCC) y se regulen los honorarios de primera instancia por la representación y
patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador en el 16%, 14% y 5% del
capital de condena más los intereses (Art. 38 de la Ley 18.345 y demás normas
arancelarias).
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, habré de señalar
que para justipreciar los honorarios, es necesario indagar en cada caso la época o momento
en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la
obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.
Ello así en concordancia con lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE
Buenos Aires S/ INCOST. Decr.-ley 9020” de fecha 8 de noviembre de 2017, que remite al
criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que
se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330,
532 y 1757; 325:2250).
Allí se estableció que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el
caso nos ocupa -Ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por Decreto 1077/17, que
contiene, en su Art. 7, una observación del Art. 64-, la remuneración por la labor en los
juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas. Resulta
necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario,
discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron
a partir de la operatividad del nuevo sistema.
De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales, por la labor
cumplida en la primera instancia, se realizaron estando en vigencia la Ley 21.839, el Art. 38
de la ley 18.345, el Art. 13º de la ley 24.432 (DL 16.638/57) habrán de utilizarse las normas
arancelarias allí contenidas.
Asimismo, propongo que se regulen los honorarios de la representación y
patrocinio letrado de la actora y demandada en el 40% y 30%, de los determinados para la
instancia inferior (Arts. 16 y 30 de la Ley 27.432).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL BRUNENGO DIJO: Por compartir sus fundamentos,
adhiero al voto que antecede.-
EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO No vota (art. 125 de la Ley 18.345).-
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1)
Haciendo lugar a la demanda incoada por GRACIELA NOEMÍ L  contra
URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. y condenando a ésta a abonar a aquélla, dentro
del quinto día de aprobada la liquidación prevista en el art. 132 L.O., la suma de
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($39.895,66) que se incrementará del modo indicado
en el considerando respectivo. 2) Imponer las costas en ambas instancias a la parte
demandada 3) Regular los honorarios de primera instancia por la representación y
patrocinio letrado de la parte actora, los de igual carácter de la demandada y los de los
perito contador en el 16% (dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento) y 5% (cinco
por ciento) del monto total de condena (capital e intereses). 4) Regular los honorarios
de alzada por la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada en el
40% (cuarenta por ciento) y 30% (treinta por ciento), de los determinados para la
instancia inferior. 5) Condenar, asimismo, a la demandada a hacer entrega de los
certificados de trabajo con las condiciones establecidas en la ley 24.241 y art. 80 de la
L.C.T., dentro del quinto día bajo apercibimiento de astreintes. 6) Oportunamente,
cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN
Nº 15/2013.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fecha de firma: 12/09/2018
Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HÉCTOR HORACIO KARPIUK, SECRETARIO
Firmado por: GRACIELA LILIANA CARAMBIA, JUEZ DE CAMARA

 

 

Caso civil

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA B …/2008 AA ARIEL … c/ Bx SILVIA … Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE) //nos Aires, Capital de la República Argentina, a los 07 días del mes de Febrero de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “AA, Ariel Gastón c/BX Silvia Isabel s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 358/361, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – OMAR DIAZ SOLIMINE –

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo: I. La sentencia de fs. 358/361, rechazó la demanda y mando extraer fotocopias a los fines de ser enviadas a la CNACyC, para que investigue la posible comisión de un delito.

II. A fs. 381/4, expresa agravios la parte actora. Sostiene que acreditó el contacto de su moto con el vehículo del demandado y se encontraba en cabeza de éste probar la eximente de responsabilidad alegada, probar la culpa de la víctima (f. 381 vta.). Se queja de que la sentenciadora exige al actor la demostración de como sucedieron los hechos, cuando se tendría que estar cotejando el material probatorio rendido por el accionado a fin de demostrar la culpa de la víctima que alega en su contestación (f. 382, últ. párr.). Dice que en la declaración de la demandada expresamente reconoce que la camioneta que tripulaba se encontraba detenida y con la puerta 10 centímetros abierta (f. 382 vta.). Se agravia del valor probatorio que la magistrada de grado otorga a la experticia mecánica que oportunamente impugnara por resultar completamente inconducente, pues la misma causa penal demuestra su inconsistencia. Pide que se revoque por arbitraria e incongruente la sentencia apelada.

III. Corresponde entrar al fondo de la cuestión. Coincido con el apelante en que el supuesto traído a estudio se enmarca en lo dispuesto en el art. 1113 del Código Civil. El damnificado sólo deberá acreditar el perjuicio sufrido y la intervención de la cosa que lo produjera o, lo que es lo mismo, la relación de causalidad puramente material.

Siguiendo una corriente de “simplificación del derecho”, tendiente a facilitar el “acceso a la justicia” este sistema presume la culpa del autor siempre que haya intervenido una cosa en la producción del daño (La responsabilidad civil, contractual y extracontractual, por Acdeel E. Salas, Rev. Col. Abog. de La Plata, Julio-Diciembre 1968, año X n 21, pág. 281 y sigtes.) ha permitido que muchas personas que no hubiesen sido indemnizadas por el viejo sistema (de responsabilidad subjetiva) lo logren por éste (Capeletti, M-Garth, B El acceso a la justicia, CALP, La Plata 1983, trad. por Samuel Amaral).

La norma citada consagra la doctrina del riesgo creado, en virtud de la cual, para destruir la presunción de culpabilidad que surge del uso de determinadas cosas, el dueño de ellas deberá demostrar que de su parte no hubo culpa, bastando al damnificado acreditar el daño causado y el contacto con la cosa riesgosa (Conf. E.D.-52-595, E.D.-57-454, L.L.-153-134, L.L.-156-716 entre otros).- Y es con tal directiva, que la señora sentenciadora dictó su pronunciamiento, que no es ni arbitrario ni incongruente como pretende el apelante.

El actor presentó la pretensión indemnizatoria ante los estrados, narrando su versión de los hechos, en cumplimiento de la manda dispuesta en el art. 330, inc. 4 del CPCCN. Versión ésta que tenía el deber de probar (art. 377 CPCCN) a cuyo efecto ofreció la correspondiente prueba (arts. 333, 364 y ccdtes. CPCCN). Así fue como apoyó su relato con prueba entre otras de testigos, pericia mecánica y causa penal N° 22.559, Juzg. Corr. 7 sec. 56. Resulta más que razonable sostener que quien ofrece dicha prueba es porque tiene el compromiso procesal de acreditar con ella, lo que sostuvo en su escrito de inicio (arts. 34, inc. 4 y 163, inc. 5to. del CPCCN) y no meramente el contacto de su moto con una camioneta, sino que el conductor (o quien se encontraba adentro, ya que estaba detenida) de esta última “abre repentinamente la puerta embistiendo…” (f. 22 vta.) .

El art. 1113 del Código Civil no es una isla solitaria que sirva de “pied a terr” a un náufrago jurídico, sino que conforma el piélago por el que navegan las pretensiones de los contendientes. Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA B Viene a cita la advertencia de Fernando Sagarna que se deben priorizar las normas de tránsito al analizar un accidente y no invocar sólo el art. 1113 del Código Civil (Ley de Tránsito, aut. cit., pág. CIX, edit. La Ley, Bs. As.). El actor debe probar la relación de causalidad entre el hecho invocado (o los hechos) y el daño que dice haber sufrido. De la compulsa de la causa penal, surge al f°. 6 que la camioneta estaba detenida o estacionada sobre la mano derecha de Bernardo de Yrigoyen (ver croquis). En la pericia mecánica del f° 40 vta. consta “la rotura del espejo exterior izquierda (así) y su carcaza, siendo estos producto de golpe o choque aparentemente contra cuerpos blandos y recientes“. La demandada en su versión de los hechos dijo: “Es así, y en su alocada carrera pasa muy cerca de la camioneta que reitero, estaba correctamente estacionada, y embiste con su lateral la puerta y el espejo retrovisor de la camioneta” (fs. 50 vta.).

La causa penal se archivó por carecer el sumario de elementos de convicción que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho investigado y la autoría que le pudo caber al encausado para escucharlo en declaración indagatoria. Mal puede pretender con esto la apelante descartar el valor probatorio de la experticia de sede civil (f. 282 vta.). A f. 182 el experto mecánico en este expediente dijo “Dicha caída pudo haber tenido origen por el contacto del cuerpo del motociclista con el espejo de la puerta de la camioneta.

El actor en su alegato de f. 258 vta. agrega a su versión de inicio “como así también el espejo”. El voladizo que presenta el soporte del espejo retrovisor exterior derecho de la camioneta (f°s 34 y 35, causa penal) no compadecen con la primitiva versión del accidente relatada por el pretendiente. Por último, la prueba de testigos. Por las particularidades del presente y para que la sentencia se autoabastezca, transcribiré la apreciación de la testifical hecha por la señora jueza Benavente en su pronunciamiento.

Dice la colega “El otro elemento probatorio colectado fue el testimonio de Patricio CCC, quien dijo que mientras se encontraba trabajando con su moto, vio como la camioneta se detuvo sin señalización alguna, el actor intentó esquivarla por la izquierda cuando se abrió la puerta y se produjo la caída. Observó que la puerta del rodado impactó a la moto (ver fs.164).

El testimonio de CCC, lejos de ser creíble, contiene elementos que permiten concluir que ha faltado a la verdad. En primer término, me pareció poco convincente que CCC dijera haber presenciado el accidente, pese a que sus datos no fueran recabados por la autoridad policial (ver fs.1 de la causa penal). Menos verosímil resultó la forma en que describió los hechos. Dijo haber acompañado con su moto el movimiento de AA, que impactó con la puerta abierta de la camioneta.

Pero no supo explicar cómo logró esquivar a la puerta y al actor, si es que venía detrás. Aunque esos detalles no menores bastarían para restarle credibilidad a sus dichos, como una mera curiosidad de mi parte, al tiempo de disponer el comparendo de fs. 269, pensé que la tecnología –que tantas ventajas y desventajas posee-, podría ayudarme a resolver el conflicto. Observamos de manera cotidiana cómo Internet y, en particular las redes sociales, constituyen herramientas idóneas para realizar nuestros trabajos o expresar nuestros sentimientos.

A través de este medio, se canalizan debates entre distintos operadores de la red, a veces interesantes y otras veces banales. Su uso no distingue categorías de edades ni áreas donde las personas desenvuelven su misión: jóvenes, adultos, funcionarios públicos, artistas, deportistas, etc.. Allí se anuncian al público desde actos de gobierno, opiniones de presidentes, gobernadores, ministros, legisladores, etc., hasta se hacen rodar informaciones triviales por personajes del espectáculo, que despiertan el interés de partes de los usuarios.

También, las redes sociales sirven para mostrar imágenes, difundir información, expresar estados de ánimo, entre otras cuestiones. En esa inteligencia, es que solicité al Sr. Secretario del Juzgado para que ingresara en Internet, con el objetivo de encontrar algún elemento que me ayudara a valorar la credibilidad del testimonio rendido en autos. Grande fue mi sorpresa cuando, en la red social denominada “facebook”, se localizó a una persona identificada como Patricio CCC, que tenía en la lista de “amigos” a un hombre llamado Ariel AA (ver fs.340, segundo contacto). Me generó dudas sobre si la persona que se había encontrado en la red era el mismo sujeto que había declarado en el Juzgado. Por ello, instruí al Secretario para que extrajera copias certificadas de la página web para despejar la inquietud que me envolvía.

En el marco de las audiencias de fs.288/290 y de fs.332 puede corroborar que ese extremo era cierto: el testigo del expediente es quien figura en la red social y uno de sus contactos es el actor. Tal circunstancia fue abonada por el propio AA en su descargo de fs.346. Al margen de verificar esos antecedentes, la idea de ingresar a Internet fue premonitoria, porque el 24 de junio de este año volvimos a ingresar al facebook y, curiosamente, Ariel AA había sido eliminado de la lista de amigos de Patricio CCC. No obstante las constancias que surgen de la red, interrogué al testigo sobre si conocía al actor y además de negarlo, afirmó que nunca lo vió Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA B antes del accidente.

Fue, entonces, un elemento corroborante de la insinceridad de los dichos del testigo. Lo curioso del caso es que además, CCC tenía como contacto en su facebook a Pablo B (ver fs.341, décimo individuo), nada menos que uno de los testigos del beneficio de litigar sin gastos (ver fs.16 del expediente n° 12.675). Como era de esperar, ambos negaron conocerse (cfr fs.289 vta. y fs.332 vta.). B también fue eliminado de los amigos de CCC.

Podría ser cierto que AA y B agregaran a CCC como “amigo” luego del evento para intentar ubicarlo, tal como explicó el actor a fs.346/347. Pero ello es poco factible si se repara –en primer lugar- que negaron conocerse al declarar en el Juzgado y –en segundo término- que entre los contactos de AA figura Victoria CCC (fs.334), hermana de Patricio (cfr. fs.332 vta.). De cualquier modo, la persona que declara dos veces en un Tribunal de Justicia que dice haber presenciado un accidente y niega conocer a un contacto que tiene en una red social –que es nada más y nada menos que el actor y un testigo del beneficio de litigar sin gastos-, está convencido que las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Nación somos ingenuas o que vivimos fuera de la realidad.

En fin, es poco lo que puedo agregar para restar fuerza convictiva a este mendaz testimonio. No tengo dudas que el actor sufrió un percance con la camioneta de la demandada. Pero si para acreditar que B abrió repentinamente la puerta cuento nada más que con la declaración de una persona que faltó a la verdad, el relato del actor se diluye.

Incluso, no parece verosímil que alguien abra la puerta en el carril central de una avenida como Irigoyen al mediodía y un día de semana como señaló el actor a fs.288. Parece más convincente que el rodado estuviera estacionado junto al cordón, con la puerta levemente abierta (ver declaración de fs.321) y que AA impactara contra el espejo con su brazo derecho, seguramente intentando ingresar por un espacio reducido que no le permitiera conservar el dominio del ciclomotor.

III.- En síntesis, esta severa desconfianza que produce la declaración testimonial conduce a que no se pueda tener por acreditado la intempestiva apertura de la puerta de la camioneta, de modo de tener por comprometida la responsabilidad de la accionada. Por ende, corresponde rechazar en toda sus partes, la demanda intentada.” (fs. 360/1).

Frente a esta apreciación de la prueba por la sentenciadora el apelante guardó absoluto silencio. Su conducta procesal en tal sentido otorga plena firmeza a las conclusiones de la sra. Jueza y elimina toda posibilidad de discusión en esta instancia (arts. 919 del Código Civil, 163, inc. 5, 265, 271, última parte y ccdtes. CPCCN). No empece a lo expuesto las lábiles manifestaciones de f. 346 para pretender justificar el conocimiento con el testigo. Solo resta agregar, con relación a estas nuevas tecnologías y la libertad de prueba, lo expuesto por Hernán Pablo Santoro, (ver Las nuevas tecnologías y la prueba, en La prueba en el proceso Civil, Dir. Omar Luis Díaz Solimine,T. I, Cap. 11, pág. 398 y sigtes, edit. La Ley, Bs. As. 2013) con relación a que el art. 378 del CPCCN consagra el principio de libertad probatoria empleando la siguiente fórmula: “La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no esté expresamente prohibidos para el caso…”.

Este principio de libertad de prueba permite que un magistrado pondere otros medios de prueba no contemplados específicamente en la normativa procesal. En efecto, el juez dispone de la facultad de admitir, ordenar, valorar e interpretar distintos elementos de prueba que le permitan formar su convicción de los hechos alegados por las partes.

Como ya anticipara la expresión de agravios tiene como piedra basal la letra del art. 1113 del Código Civil, en la cual el apelante se abroquela. La sentencia atacada desvincula la relación de causalidad alegada en la narración de los hechos del actor de la producción del accidente. El apelante no logró conmover los fundamentos de la medulosa sentencia de la sra. Jueza Benavente.

IV. Propongo al acuerdo se confirme la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de agravios. Costas de la alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCCN) Regulados los honorarios de primera instancia, vuelvan los autos a los efectos (art. 1, 44 y ccdtes, ley 21.839) Así lo voto. Los Dres. Mizrahi y Díaz Solimine, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – OMAR DIAZ SOLIMINE – Es fiel del Acuerdo.- Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA B Buenos Aires, Febrero de 2014.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas a la apelante vencida. Regístrese, notifíquese y, oportunamente publíquese (conf. Acordada 24/2013 de la CSJN). Fecho, devuélvase. 6 4 5

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