¿Podemos decir lo que queremos?

La autora analiza los alcances del derecho a la libre expresión

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Por Camila Hasse *

Hoy en día gran parte de nuestros vínculos se desarrolla de manera virtual sin necesidad de compartir el mismo espacio físico.

La aparición de las redes sociales otorgó un rol activo a sus usuarios en la creación, intercambio y publicación de contenido libre.

Así como incontables beneficios, esto también provocó un aumento de la discriminación en la web. Las características
particulares de las plataformas han facilitado ampliamente la difusión de discursos de odio.

El campo virtual funciona como el vehículo perfecto para la propalación de prejuicios y discriminación basada en estereotipos fuertemente arraigados en la sociedad.

Facebook es uno de los medios por donde se propaga la violencia de manera inmediata, masiva e ilimitada tras el
anonimato o bajo nombres falsos.

Cada vez es más evidente la falta de un marco legal que regule el flujo de publicaciones online y la inminente necesidad de revisión por parte de las empresas transnacionales de sus políticas de tolerancia a la violencia que colaboran exitosamente en su crecimiento.

Si pensamos en una analogía, un recipiente de vidrio siempre será un recipiente de vidrio. La cuestión reside en con qué lo llenamos. Así podemos pensar Facebook, aunque ojo, tampoco creamos que no puede intervenir para regular lo que sus usuarios allí vierten.

¿Cuál es, entonces, la responsabilidad de las plataformas virtuales por el contenido que en ellas se publica? Para esta red
social, un discurso de odio es un ataque dirigido a una persona en razón de ciertas características como el género, la religión, la orientación sexual y la nacionalidad.

¿En qué anda Facebook hoy respecto de la libre expresión?

Shaarik Zafar, gerente de políticas públicas de Facebook, explica que están trabajando en los mecanismos de identificación de estos discursos para lo que es preciso diferenciar lo que ocurre con la incitación al terrorismo de lo que ocurre con la crítica de conceptos o los ataques dirigidos a una persona en concreto.

El porcentaje de detección de publicaciones de índole terrorista es altísimo; una vez que los sistemas las detectan, el 99% es eliminado antes de que sean vistas por otros usuarios.

Sin embargo, la inteligencia artificial de la plataforma aún no ha logrado encontrar el método para identificar automáticamente comentarios discriminatorios dirigidos a un sujeto particular, por lo que deben ser reportados por el afectado para ser dados de baja.

Algo similar pasa con la crítica de conceptos que no constituyen agresiones directas a una persona pero que en
definitiva pueden vulnerar a una comunidad entera.

En este punto, Facebook se encuentra todavía un paso más atrás. Es acá donde la libertad de expresión parece ser mucho más discutible.

Hay tres principios constitucionales que entran en conflicto al analizar la cuestión: la libertad de expresión,
la igualdad y la seguridad.

Las personas tienen el derecho a expresarse libremente en un contexto que protege la igualdad, pero ¿qué pasa cuando la libertad choca con el derecho de otro individuo de sentirse seguro?

En octubre del año pasado, la compañía sufrió un revés judicial cuando la Corte de Justicia Europea sostuvo que, si bien no era responsable por los comentarios despectivos sobre la denunciante, Facebook había dejado de manifiesto que no actuó con rapidez para deshabilitar el acceso a esa información y tenía la obligación de eliminarla por ser difamatoria.

Recientemente, esta red social que reúne a millones de usuarios de todo el mundo, expresó públicamente su compromiso de reforzar la identificación y remoción de discursos de odio.

Para eso, está elaborando un listado más exhaustivo de estereotipos negativos que serviría de base para
dar de baja contenido que se ajuste a la lista y que antes no estaba alcanzado por sus políticas.

 

Avances en Europa en torno de la regulación del discurso de odio

Los discursos de odio hechos online pueden rápidamente ser traducidos en discriminación offline. Este es uno de los motores que impulsó a ciertos países europeos a repensar la penalización de las plataformas que no den de baja contenido discriminatorio, mediante la imposición de multas de 50 millones de euros en Alemania o del 4% de la facturación global en Francia, por ejemplo.

Con montos tan elevados, el riesgo radica en que por temor a afrontarlos, las redes sociales limiten en exceso el derecho a expresarse libremente de sus usuarios.

Para evitar que esto pase, en Europa también se está trabajando en definir con claridad qué es un discurso de odio o discurso peligroso.

Esto permitiría su identificación y rápida eliminación dado que parten de la idea de que si el contenido de un comentario es manifiestamente ilícito, no es necesario probar la intención de que se produzcan consecuencias en la realidad para que sea eliminado.  La existencia de un peligro potencial es motivo suficiente.

 

¿Qué pasa en Argentina con el discurso de odio o discriminatorio?

En Argentina contamos con normativa que penaliza actos discriminatorios. La Ley N° 23.592  obliga, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto tales actos y a reparar los daños ocasionados a quien arbitrariamente menoscabe el pleno ejercicio de derechos y garantías fundamentales sobre bases igualitarias reconocidos en la Constitución Nacional y reprime a quienes participen en una organización o realicen propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que justifiquen o promuevan la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

De aquí podemos deducir que en nuestro país existe regulación tanto contra la discriminación dirigida a sujetos particulares como contra la crítica de conceptos que reunen grupos de personas. Ahora, estos mecanismos de penalización son aplicables una vez cometidos los actos.  Como dice la famosa frase: el derecho corre tras los hechos.

Hasta el momento no hay precedentes judiciales argentinos que condenen a Facebook por su falta de intervención. Generalmente las denuncias van dirigidas contra los autores de las publicaciones.

Sería interesante ver qué dicen los tribunales en este aspecto. La cuestión no es sencilla: los límites que definen los discursos de odio y la libertad de expresión se encuentran en contacto y en constante evolución en búsqueda del equilibrio perfecto (si es que este existe).

El desafío más grande parecería estar en la prevención. Allí es donde se visibiliza la mayor dificultad para encontrar un balance entre la preservación de la libre expresión y la mitigación de los discursos de odio que incitan a la violencia.

El trabajo debe ser conjunto en pos de una concientización social en las aulas, en la calle y desde el sector político. Siempre promoviendo un debate de ideas que respete las diferencias, la seguridad y la identidad de las personas.


* La autora estudia derecho en la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Internacional Público. Le apasionan los idiomas, porque cree que son la puerta a conocer y entender las culturas del mundo y disfruta de escribir para compartir reflexiones sobre temas que le despiertan un gran interés

 

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