Presentan hábeas corpus por estar en cuarentena obligatoria en un hotel, jueces se expidieron

Cuestionan la modalidad de cumplimiento de la medida de aislamiento social, y piden seguir en su domicilio

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¿Que es un habeas corpus?

Es una garantía constitucional que protege la libertad ambulatoria de las personas, puede ser presentada por cualquier persona que conozca de una situación que vulnere o amenace este derecho, para sí o terceros, desconocidos incluso. Además puede ser solicitada a las autoridades por cualquier medio

 

El caso

Una persona, llamemosla Sr M que reside permanente en San Pablo (Brasil) desde 1994 llegó al país el día 25 de marzo para asistir a su madre, quien es una persona mayor y debido al aislamiento se le dificulta valerse por si misma

Sin embargo, cuando llegó al país fue dirigida a una instalación extrahospitalaria para que cumpla con la cuarentena obligatoria, por lo que no pudo ir al domicilio de la madre para cumplir su propósito

 

¿Que argumentó la defensa?

Reclama la ilegitimidad de la detención puesto que no había orden escrita de una autoridad competente, no se lo había notificado de los motivos de su detención, ni quien la había ordenado, ni poseía información alguna de la existencia de causal de confinamiento

Agregó que aún dentro del protocolo que habría servido de motivo para su aislamiento en el hotel Impala, no existía constancia escrita de los motivos de la restricción de su libertad ambulatoria, ya que tampoco se le había realizado examen médico alguno

Consideró inconstitucional el protocolo en cuestión, ya que su aplicación resultaba arbitraria e irrazonable por ausencia de motivos y por gozar el Sr. M de buenas condiciones de salud y ausencia de síntomas

además resultaba contrario a los fines del decreto mismo al impedir la circulación de una persona exceptuada del aislamiento conforme art. 5° DNU 297/2020

Por último, argumenta que la madre tiene derecho a vivir dignamente y para eso, requiere necesariamente la asistencia de su hijo

 

¿Que resolvió el poder judicial?

Se rechazó el habeas corpus porque no es una detención en los términos de la ley que regula ésta garantía, sino que se encuentra en aislamiento preventivo y obligatorio como todos los que vienen de zonas de riesgo a fin de prevenir la propagación del virus en territorio nacional. La sentencia fue publicada por el portal iJudicial.

La medida de aislamiento está aplicada de forma razonable, ya que por más que haya venido a cuidar a su madre, corre el riesgo de contagiarla aunque no presente síntomas porque llegó hace dos días

la medida dispuesta tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es la salud
pública, no sólo del afectado en forma directa -como podría serlo el accionante-, sino de los terceros con los que se tenga contacto en caso de ser afectado por el COVID- 19”

Por eso se mantiene firme el confinamiento obligatorio y se procede a poner en funcionamiento el programa “mayores cuidados” para atender las necesidades de la persona mayor

 

El juez de la corte federal Rosatti, en declaraciones a Radio Perfil

“Que el cuerpo del otro pueda ser portador de un virus, me da poder sobre él en el marco del derecho constitucional”

Esta frase puede sonar fuerte, pero hace referencia a que el estado puede ordenar sobre las personas cuando éstas pueden poner en peligro la salud pública

El magistrado fundamenta ésta frase en el art 19 de la constitución nacional “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”

Es decir, que el estado no se puede entrometer en las acciones privadas. Pero, si estas perjudican a un tercero, dejan de ser privadas y el ordenamiento puede interferir para impedir, en este caso por ejemplo, que se ponga en riesgo la salud pública

El aislamiento no constituye una detención pero si una privación de la libertad de la ambulatoria con fundamento el decreto, y que este aislamiento es  el único medio con el que se cuenta a fin de impedir la propagación de la
pandemia y preservar el derecho a la salud pública y que esta preservación no se torne
ilusoria para los habitantes

Anexo con sentencia completa – hábeas corpus

Publicada por el sitio iJudicial

Causa N° 8035/2020-0 Habeas Corpus.
///nos Aires, 28 de marzo de 2020, siendo las 11:00 horas.-
Y VISTOS:
Motiva la intervención de la Alzada la elevación en consulta del presente legajo
realizada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional
y de Faltas N° 31 a los fines previstos por el art. 10 de la ley 23.098. La titular de dicha sede
rechazó la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Dr. E. S. Z., en favor del Sr. A. M.
P. D P, titular del DNI xxxxxx remitida a dicha sede vía mail a la vez que no hizo lugar al
planteo de inconstitucionalidad del “Protocolo de Manejos de Individuos provenientes del
exterior asintomáticos: aislamiento en instituciones extrahospitalarias”, dictado por el
Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que también fuera solicitada por el
peticionante. Por otro lado ordenó dar inmediata intervención al programa “Mayores
Cuidados” dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que mediante la red colaborativa brinde una adecuada
atención y seguimiento a la Sra. M. L. P.
En prieta síntesis, la judicante mencionó que el abogado relató que el día 25 de
marzo de 2020 el Sr. A. M. P. d P. arribó desde la República Federativa del Brasil, donde
reside de manera permanente desde el año 1994, más específicamente en la Ciudad de
San Pablo, a los fines de poder cuidar a su madre de 89 años de edad, Sra. M. L. P d P,
quien necesita asistencia y cuidado permanente debido a la pandemia decretada por la
Organización Mundial de la Salud por
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el virus denominado COVID 19 y tratándose de una persona perteneciente a los
denominados grupos de riesgo. Que la decisión de viajar a la Republica Argentina la tomó
a los fines de cuidarla y procurarle lo necesario para atender sus necesidades básicas
alimentarias, médicas, etc., ya que posee dificultades para movilizarse por sus propios
medios, con las restricciones a la movilidad impuestas por el Decreto del Poder Ejecutivo
de la Nación 297/2020. Aclaró que la madre de su representado no cuenta con nadie más
ya que es viuda y éste es hijo único. Señaló que al arribar al aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini de Ezeiza, el accionante denunció el domicilio en el que vive su madre
sito en el ámbito de la CABA, por lo que, en virtud del protocolo establecido por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fue confinado en un hotel a los fines del aislamiento social
obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto mencionado.
También agregó que la acción interpuesta resultaba procedente en función del art. 3
de la Ley 23.098, en cuanto contempla la “limitación de la libertad ambulatoria sin orden
escrita de autoridad competente”. Expresó que al Sr. M no se lo había notificado de los
motivos de su detención, ni la autoridad que la había ordenado, ni poseía información
alguna de la existencia de causal de confinamiento, lo que denotaba la ilegitimidad de su
detención. Agregó que aún dentro del protocolo que habría servido de motivo para su
aislamiento en el hotel mencionado, no existía constancia escrita de los motivos de la
restricción de su libertad ambulatoria. Tampoco se le había realizado examen médico
alguno.
Consideró inconstitucional el protocolo en cuestión, ya que su aplicación resultaba
arbitraria e irrazonable por ausencia de motivos y por gozar el Sr. M de buenas condiciones
de salud y ausencia de síntomas y que además resultaba contrario a los fines del decreto
mismo al impedir la circulación de una persona exceptuada del aislamiento conf. art. 5°
DTO 297/2020. Mencionó que también era derecho de la Sra. P vivir con dignidad en la
vejez, por lo que las medidas de aislamiento que ella misma debía cumplir en su domicilio
requerían de la presencia y asistencia de su hijo. Por ese motivo entendía que el protocolo
violaba el principio de razonabilidad previsto en el art. 28 de la Constitución Nacional y que
excedía las facultades del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, restringiendo garantías
individuales.
También adujo que dicho protocolo implicaba un trato discriminatorio tanto para el
Sr. M como para la Sra. P, quienes en caso de residir en la Provincia de Buenos Aires no
tendrían tal limitación, pudiendo cumplir el aislamiento en su domicilio, violándose el
derecho a la igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional. Asimismo
consideró avasallado el art. 14 CN pues si bien los derechos allí contemplados pueden ser
limitados, como con el caso del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, el gravamen
que imponía el protocolo impedía de manera irrazonable el goce por parte de la Sra. P. de
los derechos a la asistencia de su vejez.
Finalmente, indicó que en el caso de que la Sra. Jueza accediera al presente habeas
corpus, su asistido cumpliría de manera irrestricta con el aislamiento obligatorio, y se
sometería a los controles médicos y sanitarios que la autoridad dispusiera, pero de forma
tal que el cuidado de la salud pública en general no impidiera de manera irrazonable el
cuidado y asistencia de la salud de una persona mayor. Solicitó el cese de manera
inmediata del confinamiento al que se encuentra sometido el Sr. M en el Hotel Impala por
supuesta disposición del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
La a quo rechazó la vía interpuesta por el Dr. Z, en favor de su representado por
entender que los hechos que fundan su petición no guardan relación con las prescripciones
del artículo 3 de la Ley 23.098, ya que consideró que “el Sr. M. P no se encuentra detenido
como se sostiene en la presentación, sino que ha sido objeto, como todos aquellas
personas que ingresaron al país procedentes de países en riesgo por el número de casos
COVID 19, a someterse al aislamiento preventivo social y obligatorio a los fines de evitar la
propagación de dicha pandemia en todo el territorio nacional, circunstancia por la que
entiendo que, si bien resulta loable que aquél se trasladara desde su país de residencia
con destino final hacia el domicilio de su madre, sito en el ámbito de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a los fines de cuidar
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de su progenitora por ser una persona de edad mayor y encontrarse dentro de aquellos
agrupados considerados por la Organización Mundial de la Salud como ‘personas de
riesgo’, la circunstancia mencionada no dejaría a salvo a su madre de verse en un futuro
afectada por el virus que nos aqueja ya que al tomar contacto con su hijo, el Sr. M, quien
procede de un país catalogado como ‘de riesgo’ y con solo dos días de estadía en esta
ciudad, podría, pese a los controles médicos que se le efectúen, asegurar que aquél
pudiera infectar a su madre con el riesgo que ello atraería aparejado por encontrarse ella
dentro del grupo de riesgo”. Concluyó que “las medidas de aislamiento dispuestas mediante
el protocolo de referencia han sido dictadas en forma razonable a fin de evitar la
propagación de la pandemia y resultan proporcionadas debido a ser las únicas al alcance
para lograr tal fin”.
No obstante rechazar la acción promovida, dispuso que por medio del programa
“Mayores Cuidados” dependiente de la Secretaría deAtención Ciudadana del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se diera inmediata intervención a la red colaborativa
para que se le brinde una adecuada atención y seguimiento a la Sra. M. L. P.
En relación al pedido de inconstitucionalidad del “Protocolo de Manejo de individuos
provenientes del exterior asintomáticos”, consideró, con cita en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que la tacha constituye el último recurso al que se debe apelar por
ser una decisión de gravedad institucional a la cual debe recurrirse en caso de no poder
interpretarse la norma de otra forma.
Seguidamente analizó el fundamento del Protocolo y dijo “que el Poder Ejecutivo
Nacional ha dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/2020 en su
‘ARTÍCULO 1o.- A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación
inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el
país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida e ‘aislamiento social, preventivo
y obligatorio’ en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20
hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el
tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica”.
Tuvo en cuenta que “este decreto fue dictado en función de la declaración de
pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)” y que “el ARTÍCULO 2
del mencionado DNU establece que Durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo
y obligatorio’, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la
residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento
de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo
y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir
la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud
pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física
de las personas. Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo
1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de
artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y en su. ARTÍCULO 3º.- El MINISTERIO
DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos,
accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma
concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y
obligatorio’, de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de
sus normas complementarias. Las autoridades de las demás jurisdicciones y organismos
del sector público nacional, en el ámbito de sus competencias, y en coordinación y en forma
concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dispondrán procedimientos de fiscalización con la misma finalidad”.
De la situación descripta la Magistrada concluyó que “el aislamiento preventivo que
fuera dispuesto respecto del Sr. M, que no constituye técnicamente una detención como
señalara el accionante, pero sí una restricción a su libertad ambulatoria consagrada
constitucionalmente (Art. 14 de la C.N.) … tiene
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fundamento en el decreto presidencial citado y más precisamente en la exposición de sus
motivos” y que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio al cual está siendo sometido
el Sr. M. es el único medio con el que se cuenta a fin de impedir la propagación de la
pandemia y preservar el derecho a la salud pública y que esta preservación no se torne
ilusoria para los habitantes”.
Y CONSIDERANDO:
Compartimos el temperamento adoptado por la Jueza.
Ya hemos dicho en un caso similar (Causa 7991/2020 HABEAS CORPUS) pero con
relación al artículo 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, que la finalidad de la medida de excepción es la de prevenir la
circulación social del COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública, con impacto
fundamental en el derecho a la vida y a la integridad física, razón por la cual no pueden
admitirse otras excepciones a las previstas en la propia norma o en aquellas relacionadas
que fueron emitidas con posterioridad.
También advertimos que al momento de ser declarado como una pandemia, con
fecha 11 del corriente, el coronavirus había provocado 118.554 infectados y 4.281 muertos,
y se había extendido por 110 países, mientras que pocos días después el número de
infectados y fallecidos se había casi triplicado. Cabe aclarar que dicha cifra se ve hoy
largamente superada y aumenta día tras día.
Asimismo consideramos que la única medida cuya eficacia ha quedado demostrada
para reducir el impacto de la pandemia es el aislamiento preventivo, que en distintos países
se ha implementado tardíamente con las consecuencias que se conocen. La anticipación
de esta restricción hace suponer, y así es de desear, que el número de personas afectadas
se reduzca o, cuanto menos, se ralentice de forma tal de evitar un colapso del sistema
sanitario y así poder salvar mayor cantidad de enfermos que requieran de asistencia crítica.
Tal como mencionó la Dra. SP, las medidas de aislamiento dispuestas
mediante el protocolo aquí cuestionado han sido dictadas “en forma razonable a fin de
evitar la propagación de la pandemia y resultan proporcionadas debido a ser las únicas al
alcance para lograr tal fin”.
En este sentido, en relación a un pedido de inconstitucionalidad del DNU 297/2020
en el marco de una presentación de habeas corpus se ha dicho que “…la medida dispuesta
tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es la salud
pública, no sólo del afectado en forma directa -como podría serlo el accionante-, sino de los
terceros con los que se tenga contacto en caso de ser afectado por el COVID- 19”
(Sentencia del 21/3/2020 de la Sala de Habeas Corpus de la Cámara Nac. De Apel. En lo
Criminal y Correccional, Capital Federal, CABA. Magistrados Pociello Argerich – Pinto.
SAIJ: FA20060000).
Las severas medidas adoptadas pretenden reducir al máximo la circulación de
personas, para protección propia y de terceros y en este sentido la pretendida excepción
del accionante, tal como observó la Magistrada, “no dejaría a salvo a su madre de verse en
un futuro afectada por el virus que nos aqueja” tratándose en el caso de una persona que
se enmarca en los grupos de riesgo y que tomaría contacto con su hijo, el Sr. M, quien
procede de un país catalogado como “de riesgo” y con solo dos días de estadía en esta
ciudad, pese a los controles médicos que se le efectúen.
A su vez, las circunstancias que atravesaría la Sra. M. L. P invocadas por el
presentante, se encontrarían atendidas con la decisión de la juez de grado de dar
intervención al programa “Mayores Cuidados” dependiente de la Secretaría de Atención
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que mediante la
red colaborativa brinde una adecuada atención y seguimiento a la mencionada.
Bajo este panorama, no existiendo un acto u omisión de la autoridad pública de los
contemplados en el artículo 3 de la Ley 23.098 que aconseje habilitar la apertura de la
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acción incoada, corresponde confirmar en todos sus términos la resolución de la primera
instancia.
Por ello, el Tribunal; RESUELVE:
CONFIRMAR el pronunciamiento del día 27 de marzo de 2020 en cuanto decidió: “I.
RECHAZAR LA PRESENTE ACCIÓN DE HABEAS CORPUS interpuesta por el Dr.
E. S. Z., en favor del Sr. A. M. P., titular del DNI xxxxxxx. SIN COSTAS (arts. 10 y 23 de la
Ley 23098); II. DAR INMEDIATA INTERVENCIÓN al programa ‘Mayores Cuidados’
dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para que mediante la red colaborativa brinde una adecuada atención y
seguimiento a la Sra. M. L. P.; III. NO HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad
del ‘Protocolo de Manejos de Individuos provenientes del exterior asintomáticos:
aislamiento en instituciones extrahospitalarias’, dictado por el Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Notifíquese al presentante.-
Fdo:Dres. Fernando Bosch, Elizabeth Marum y Marcelo Vázquez. Ante mí: Marina
Calarote.-
Registro de Sentencias nro. 275
SECRETARÍA GRAL PCYF – Expediente:8035/2020-0 CUIJ J-01-00018118-4/2020-0 – Actuacion: 14536784/2020
FIRMADO DIGITALMENTE 28/03/2020 13:12
Gustavo Andrés
Gonzalez Hardoy
SECRETARIO/A
SECRETARIA GENERAL
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CONTRAVENCIONAL Y
DE FALTAS

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