Qué es la movilidad previsional y qué derechos tiene la persona que se jubila

Tras la presentación del proyecto que establece la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, analizamos la evolución de la movilidad en la Argentina y la situación del sistema previsional.

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Por Maximiliano Schitter

El Estado nacional anunció que el aumento de las jubilaciones y pensiones para el mes de diciembre será del 5%. A partir de este incremento, la jubilación mínima alcanzará el valor de $19.035, totalizando un aumento del 35,3% en lo que va del año y, desde el gobierno, estiman que más del 70% de los jubilados recibirán incrementos superiores a la inflación anual.

Se trata de la última actualización que será establecida vía decreto del Poder Ejecutivo que envió al Congreso la nueva fórmula de movilidad, la cual ya recibió sanción por parte del Senado.

Esta fórmula de movilidad previsional reemplazará a la establecida a fines de 2017 por el gobierno anterior, suspendida en diciembre de 2019, cuando comenzaron a aplicarse los aumentos discrecionales por decreto.

Desde el anuncio de la nueva fórmula, que se espera que entre en vigencia en marzo de 2021, cuando deben volver a actualizarse los haberes previsionales, mucho se ha debatido respecto de las ventajas y desventajas de este mecanismo de actualización.

Pero antes de meternos de lleno en ese debate, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de movilidad.

 

Qué es la movilidad previsional

Se trata de la fórmula en virtud de la cual se determina la actualización de los valores de los haberes de las jubilaciones y pensiones.

Una vez calculado el valor del haber inicial, que se establece en base al promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años trabajados, el objetivo de la movilidad es mantener el poder adquisitivo de los beneficios previsionales y compensar los perjuicios que ocasiona la inflación, además de intentar mantener cierta proporción entre las prestaciones y los salarios de los trabajadores activos.

Esta actualización de los haberes es un aspecto fundamental de todo régimen jubilatorio, pues de ella depende la conservación de la calidad de vida de la población pasiva.

En un contexto de alta inflación como el que vivimos en la Argentina, la movilidad, derecho consagrado expresamente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, se torna aún más importante.

Si bien no puede hablarse de una fórmula ideal, existe cierto consenso respecto de que la actualización basada en la evolución de los precios es la más conveniente para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones y sostener la proporción entre éstas y los salarios de actividad.

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”.

Además, si se analiza la legislación comparada puede verse que la mayor parte de los países incluyen a la inflación como pauta de movilidad, ya sea de manera independiente o combinada con la evolución salarial o algún otro indicador.

Sin embargo, algunos especialistas dicen que esto no es lo más conveniente para la realidad argentina. Esto se debe a que, por los constantes y significativos aumentos de precios en nuestro país, la movilidad por inflación genera un rezago en la actualización de las jubilaciones. Siendo que el ajuste se realiza con los datos correspondientes al período anterior, los aumentos por movilidad terminan siendo inferiores a la inflación actual.

Las críticas también señalan que, en nuestro país, la actualización por inflación  tampoco permite mantener la proporción entre los haberes previsionales y la evolución salarial. Esto es así porque, a diferencia de la mayor parte de los países, en la Argentina los sueldos no se actualizan por la inflación, sino que, en su mayoría, lo hacen por convenios colectivos o paritarias, que no necesariamente se corresponden con los aumentos de precios.

 

Fórmulas de movilidad

En el año 2008, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la denominada “ley de movilidad jubilatoria” (Ley 26.417), que estableció por primera vez que la movilidad sería determinada por una ley del Congreso.

Hasta ese momento, los aumentos eran establecidos de manera discrecional por el Poder Ejecutivo, el cual podía o no otorgarlos.

A partir de la sanción de la ley de movilidad, que estuvo vigente hasta el 2017, las jubilaciones comenzaron a actualizarse automáticamente de manera semestral (en marzo y septiembre de cada año), en base a una fórmula que contemplaba en partes iguales las variaciones de los salarios de los trabajadores formales y los recursos tributarios. Para medir la evolución salarial se aplicaba el índice que resultara mayor entre el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) o el Índice de Salarios que publicaba el Indec.

En cuanto a la recaudación, se contemplaban los recursos tributarios que recibe la ANSES (que incluyen el IVA y el impuesto a las Ganancias, entre otros tributos).

Esta fórmula generó un aumento de los haberes previsionales superior al de la inflación para la mayoría de los años en los que estuvo vigente, con excepción de 2010, 2014, y 2016, en los que los aumentos de precios fueron especialmente elevados.

En diciembre de 2017, bajo la gestión de anterior, el Congreso modificó la fórmula de movilidad. A partir de allí, el monto de las jubilaciones pasó a actualizarse de manera trimestral (en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre) en base a la inflación y a los salarios.

La nueva fórmula resultaría de combinar en un 70% el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, y en un 30% la variación salarial, medida según el Ripte.

Durante la vigencia de esta fórmula, las jubilaciones recibieron aumentos inferiores a la inflación. Esto se explica porque la movilidad se calcula en base a las variaciones de precios del semestre anterior. Y, como la inflación del período actual suele ser mayor a la anterior, los aumentos de las jubilaciones siempre corren de atrás a los aumentos de precios.

En diciembre de 2019 y a pocos días de la asunción de esta gestión, esta fórmula fue suspendida por el Congreso de la Nación, que autorizó al Poder Ejecutivo a determinar los aumentos discrecionalmente por un período de 6 meses.

A mediados de junio pasado, el Presidente extendió por decreto esta suspensión hasta fin de año, motivo por el cual se presentó para su debate en el Congreso la nueva fórmula de movilidad que deberá regir a partir de 2021. Cabe señalar que los incrementos establecidos por el Ejecutivo estuvieron por debajo de los que hubieran correspondido por la fórmula sancionada en 2017.

 

Cómo es la nueva fórmula

La fórmula de movilidad enviada por el Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso y aprobada por el Senado de la Nación es casi idéntica a la que estuvo vigente entre 2009 y 2017, ya que propone nuevamente que los haberes se actualicen considerando los salarios y la recaudación tributaria de la ANSES.

Más allá de que la nueva fórmula retoma los parámetros de la que fuera aprobada en 2008, existen algunas diferencias. En primer lugar, el proyecto dispone que los aumentos sean trimestrales, y no semestrales como en la fórmula de 2008. De esta manera, se realizarán las actualizaciones en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

Además el actual proyecto establece que, para medir la variación de los salarios, se aplicará el Ripte, mientras que en la fórmula original se tomaba el que resultara más favorable entre dicho índice y el Índice de Salarios del Indec.

La nueva fórmula incluye, además, un tope máximo para los aumentos por movilidad, estableciendo que no podrán superar en más de un 3% al monto de los recursos totales de la ANSES.

Esta limitación, que también se aplicó entre 2009 y 2017, busca garantizar la sustentabilidad del sistema, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y se genere un gran déficit previsional.

Esta nueva fórmula genera que los haberes jubilatorios sigan la tendencia general de los ciclos económicos, es decir que los aumentos de los haberes serán superiores a los incrementos de precios en los períodos de crecimiento económico, mientras que, en los períodos de contracción, las jubilaciones perderán contra la inflación.

Esto se debe a que, por lo general, en los períodos de recesión, tanto los salarios como la recaudación aumentan en menor medida que los precios. Por el contrario, los períodos de expansión económica están asociados a subas de salarios y nivel de empleo, lo que a su vez genera aumentos en la recaudación.

 

¿Qué derechos hay en torno de la movilidad del haber jubilatorio?

El derecho constitucional a la movilidad previsional alcanza no sólo a las jubilaciones, sino también a las pensiones y a las denominadas “prestaciones no contributivas”, las cuales se otorgan sin necesidad de haber realizado los 30 años de aportes. Entre estas últimas podemos mencionar la prestación por invalidez, la prestación por edad avanzada y la prestación por desempleo, entre otras.

Como ya mencionamos anteriormente, hasta la sanción de la ley de movilidad en 2008, los aumentos se aplicaban de manera discrecional por el Poder Ejecutivo, ya que no existía una fórmula establecida por ley. Es por esto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cubierto, a través de su jurisprudencia en la materia, el vacío que quedaba en materia de movilidad.

El fallo más recordado a este respecto es el de Adolfo Badaro, un conductor de buques retirado en 1983 que, entre 2002 y 2006, se vio perjudicado por una serie de aumentos que sólo se contemplaban a los haberes mínimos.

En 2007 la Corte dictó su fallo en el que, además de intimar al Congreso para que sancionara una ley de movilidad, ordenó aplicar como pauta de actualización el mismo aumento que el de los salarios de los trabajadores activos, medido según el índice elaborado por el INDEC.

El fallo Badaro se ha convertido en un verdadero precedente jurisprudencial, y es aplicado de manera uniforme en todos los juzgados del fuero de la Seguridad Social. Esto permite que aquellos beneficiarios a los que la ANSES no les haya aplicado la movilidad correspondiente al período 2002-2006 reclamen la actualización de sus haberes para dicho período en base al índice de salarios del INDEC.

También existe la posibilidad de impugnar judicialmente la suspensión de la ley de movilidad que fuera dispuesta en 2019, como se explicó anteriormente. Si bien, por lo reciente de la medida, no existen casos que hayan llegado a la Corte, ya se conocen fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social que ordenaron revertir esta medida.

En este sentido, en el mes de julio la Cámara Federal de Salta dictó el fallo “Caliva” en el que, si bien no se declara la inconstitucionalidad de la ley que dispone la suspensión de la fórmula de 2017, estableció un mínimo para la actualización de los haberes hasta tanto se fije por ley una nueva fórmula de movilidad.

El fallo resolvió que este piso para la actualización por movilidad surgirá del índice de la nueva ley de alquileres, compuesto en partes iguales por el Índice de Precios al Consumidor del INDEC y el Ripte.

Más recientemente, en el mes de noviembre, el fallo “Cabrera, Roque Agapito”, de la Cámara Federal de la Seguridad Social de Paraná, declaró la inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo que establecieron los aumentos correspondientes a marzo y junio de este año, por considerarlos confiscatorios.

La decisión se dio en el caso de un jubilado que obtuvo un aumento del 8,56%, mientras que, de haberse aplicado la fórmula de 2017, le habría correspondido un 23% de incremento.

 

Panorama general del sistema previsional

Más allá de las discusiones acerca de las ventajas o desventajas a corto plazo que genera una u otra fórmula de movilidad, resulta imprescindible plantear un debate de fondo acerca de la sostenibilidad a largo plazo del régimen previsional, que se ve afectada por múltiples factores que hacen a la realidad económica argentina.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que las limitaciones de la creación de empleo y la alta informalidad del mercado de trabajo atentan contra el sistema previsional, que se nutre en gran medida de los aportes de los trabajadores activos.

Así, mientras suele considerarse que el sistema previsional requiere de tres aportantes por cada beneficiario para resultar sostenible, en Argentina esta proporción es de 1,26 trabajadores que realizan aportes (según datos de la ANSES a junio de este año, la cantidad de aportantes asciende a 8,6 millones) por cada beneficiario de jubilaciones o pensiones (6,85 millones en total).

 

Cantidad de beneficiarios del sistema previsional. Fuente: Boletín Estadístico de la Seguridad Social de ANSES.

Otro aspecto que opera en forma negativa sobre la sustentabilidad del régimen previsional tiene que ver con la estructura demográfica del país.

Este es uno de los principales factores que determina el volumen de recursos que se requiere para financiar las prestaciones de la seguridad social.

Entre estos indicadores tiene especial relevancia el “envejecimiento poblacional”, que es el incremento de la proporción de adultos mayores respecto de la población total, debido principalmente al aumento de la esperanza de vida.

En la Argentina, la población mayor de 65 años (edad para acceder a la jubilación en el caso de los varones) aumentó, en la segunda mitad del Siglo XX, de 0,7 a 3,7 millones, y se estima que alcanzará un total de 9,7 millones en 2050. Esto ha generado, en los últimos años, un aumento sostenido en la cantidad de beneficios previsionales totales.

En este contexto, los fondos de la ANSES resultan insuficientes para dar respuesta a un sistema que demanda cada vez más recursos, por lo que se ha vuelto una práctica habitual que el organismo otorgue beneficios por montos inferiores a los que corresponden por ley.

Esto ha generado una creciente judicialización en materia previsional, siendo cada vez más los beneficiarios del sistema que inician demandas para obtener el reajuste de sus haberes.

Como consecuencia de la gran cantidad de juicios existentes (se estima que hay más de 1 millón de casos activos) y por la práctica habitual de ANSES de demorar los pagos incluso en los casos con sentencias favorables a los beneficiarios, se producen retrasos significativos en la resolución de los juicios de reajuste, que suelen durar más de 10 años.

Ante este panorama resulta evidente que, más allá de los ligeros beneficios o perjuicios que una u otra fórmula de movilidad generan a corto plazo, debería debatirse seriamente una reforma estructural que apunte a generar un sistema previsional sustentable y previsible a largo plazo.

Lograr esta sostenibilidad sin desatender las necesidades de los adultos mayores es todo un desafío. Pese a que algunos expertos proponen soluciones inherentes al propio régimen previsional (como ser el aumento de la edad jubilatoria o la limitación de los regímenes de privilegio) para que el sistema resulte viable a largo plazo, debe pensarse en una reforma integral que fomente, por ejemplo, una mayor formalidad en el mercado laboral para incrementar los recursos genuinos de la ANSES.

 

Alternativas en caso de no contar con los aportes necesarios

Para jubilarse se precisan dos requisitos, la edad y los aportes. Teniendo en cuenta lo mencionado respecto de la alta informalidad en el mercado laboral argentino, muchas personas no alcanzan el mínimo de 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación a pesar de haber trabajado toda su vida.

En este sentido, existen algunas alternativas para que trabajadores y trabajadoras que no cumplan ese requisito puedan trabajar, de eso modo seguir aportando y así acceder a un beneficio previsional.

En primer lugar tenemos las moratorias previsionales, que son planes que permiten “comprar” los aportes faltantes, pagándolos en cuotas que se van descontando del monto de los haberes mensuales.

Actualmente existen tres planes vigentes para acceder a una moratoria:

  • La Ley 24.476 permite regularizar aportes correspondientes al período comprendido entre el 01/01/1955 y el 30/09/1993, desde que el usuario haya alcanzado los 18 años de edad. La inclusión en esta moratoria está sujeta previamente a una evaluación socioeconómica por parte de la ANSES.
  • La Ley 26.970, conocida como moratoria para amas de casa, permite que mujeres de entre 60 y 64 años que no perciban otro beneficio previsional “compren” aportes desde que alcanzaron la mayoría edad y que estén comprendidos entre el 01/01/1955 y el 31/12/2003.
  • La Ley 25.994 por su parte permite que hombres que cuenten con aportes como autónomos o monotributistas regularicen su situación. Los períodos contemplados deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 y el 31/12/2003 para autónomo y hasta el 31/01/2004 en caso de monotributo.

En todos los casos, quien se jubile a través de moratorias previsionales percibirá el haber mínimo. Para leer más sobre moratorias ver esta nota sobre moratorias previsionales ANSES de Derecho En Zapatillas.

Quienes no cumplan el mínimo de aportes necesarios también pueden compensar los años faltantes con la edad. Por cada dos años que el beneficiario exceda la edad mínima jubilatoria (65 para los hombres y 60 para las mujeres), se necesita un año menos de aportes para acceder a la prestación.

Por ejemplo, un hombre de 67 años o una mujer de 62 necesitarán únicamente 29 años de aportes. Es decir, a medida que se envejece, se precisan menos años aportados. Es inversamente proporcional.

Otra alternativa para quienes no estén aportando y no alcancen el mínimo de 30 años es abonar el monotributo o aportar como autónomo por el plazo faltante en tanto se realicen actividades y se cumplan demás requisitos legales. Esto puede hacerse desde antes de alcanzar la edad mínima, para poder acceder al beneficio al cumplirse este requisito.

Por último, quienes no cumplan los requisitos pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación, que equivale al 80% de la jubilación mínima, puede ser solicitada por toda persona mayor de 65 años que no perciban otro beneficio previsional.

1 comentario
  1. Veronica dice

    Muy buen artículo colega!!

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