Smart Contracts, la tecnología que vino a cambiarlo todo

El Bitcoin y las criptomonedas pueden ir y venir, subir y bajar, pero la tecnología que posibilita su existencia (Blockchain) va mucho más allá de las “monedas virtuales”, y vino para quedarse.

Por Julián Arias

Los contratos inteligentes, o Smart Contracts, son sólo un ejemplo de cómo estas tecnologías aplicadas al mundo del derecho y las finanzas pueden revolucionar las bases mismas de nuestros sistemas jurídicos.

¿Qué son los contratos? Una breve reseña histórica

Para empezar a hablar de los Smart Contracts, debemos tener en claro que en la legislación argentina se considera contrato a todo acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiesten su consentimiento para crear/regular/extinguir o modificar relaciones jurídicas patrimoniales [1]. Esto puede traducirse en que los contratos son esencialmente acuerdos de voluntades para realizar operaciones patrimoniales.

El origen de los contratos como nosotros los conocemos se remonta al derecho romano, donde se reconocían solo dos fuentes de las cuales podía emanar una obligación para un ciudadano: un delito y un contrato. Sin embargo, los historiadores nos revelan que los primeros registros de contratos escritos datan de la antigua Sumeria, donde, desde mucho antes que los romanos, se utilizaba la moderna invención de la escritura en tablillas para instrumentar acuerdos de distinto tipo, e incluso se utilizaban sellos para firmar y expresar el consentimiento.

Los primeros contratos fueron esencialmente acuerdos verbales, pero estos se enfrentaban a un gran problema: las dificultades para probar su existencia ante el eventual caso de un incumplimiento. Como a las palabras se las lleva el viento, la escritura se instala en las civilizaciones humanas como el medio más popular para darle cuerpo y forma a los contratos.

Pensando en sociedades más modernas y en la implementación de un sistema jurídico de libertad comercial, podemos encontrarnos con la siguiente problemática: Para que una sociedad crezca, es necesario que esta produzca y comercialice la mayor cantidad posible de bienes y servicios.

Tanto para producir como para comerciar, son esenciales acuerdos y consensos que garanticen la elaboración y colocación de las mercancías y servicios en el mercado, es decir, son esenciales los contratos. Sin embargo, si resultase posible incumplir un contrato sin consecuencias, o bien se perpetuase socialmente la esperanza de impunidad ante el incumplimiento de obligaciones contractuales, se podría desmoronar por completo el sistema de negocios de un territorio, y con él se derrumbaría toda esperanza de ‘taxabilidad’, sostenibilidad y crecimiento por parte del Estado que lo gobierne.

Todo lo anterior puede resumirse en uno de los enunciados centrales en lo que respecta al desarrollo de nuestras civilizaciones modernas: Es esencial para cualquier sociedad, que pretenda prosperar, encontrar formas efectivas de garantizar el cumplimiento de los contratos (o al menos de disuadir a los individuos de incumplirlos).

Establecimiento, desarrollo y problemas del sistema de justicia clásico

Es en este hilo de ideas que el derecho liberal trae a la historia diversos objetivos políticos y estructurales, dentro de los cuales uno de los principales era el establecimiento de un aparato jurídico que le otorgue a los individuos la garantía de acceder a la justicia ante el caso de un incumplimiento contractual que los perjudique.

De esta forma, mediante el auxilio de un funcionario público (el juez), el Estado presta un servicio esencial para el desarrollo de las actividades comerciales: garantizar que las obligaciones sean ejecutables mediante la fuerza pública. Estos mecanismos, creaciones de décadas y centurias de desarrollo tecnológico, jurídico y social, no son apariciones espontáneas sino ideas previas que se fueron refinando y reformando hasta llegar al sistema de justicia que hoy conocemos.

Hoy en día, a grandes rasgos, si alguien se contrata un bien o servicio y su contraparte incumple, en principio cuenta con la seguridad de poder recurrir a la justicia para que un Juez obligue al incumplidor a realizar aquello a lo que se obligó, o bien indemnizar los perjuicios ocasionados. Esto, fuera de contexto, bien pareciera ser una “solución” al profundo e histórico problema humano de lograr seguridad jurídica y garantizar el cumplimiento de los contratos. Pero no está ni cerca.

Si hilamos fino, podemos encontrar los graves problemas que aquejan a nuestro sistema actual de justicia -que son varios y, por cierto, muy graves-. Enumeremos algunos:

  1. Existen cientos de miles de formas de desaparecer de los registros y darse a la fuga, lo que imposibilita que quien incumple un contrato sea llevado ante la justicia simplemente porque nadie lo encuentra ni puede identificarlo en ninguna base de datos. Ante estas situaciones las obligaciones prescriben y por ende se termina en impunidad. Problema especialmente grave en casos de mayor envergadura (supongamos, incumplimientos millonarios).
  2. Incluso suponiendo que se supera el obstáculo anterior y consiguiéramos dar con la persona a la que buscamos demandar (y esta no se diera a la fuga) existe un problema especialmente sensible a los sectores de menores recursos: la justicia -al menos en nuestro país- suele ser costosa, burocrática y lenta. Esto deriva en dos costos enormes, el costo temporal y el costo económico. Hay quienes, incluso pudiendo pagar tasas de justicia, contracautelas, abogados, costas, etcétera, deciden no elevar un caso ante un juez porque la expectativa de demora es tan alta que el costo temporal vuelve a esta estrategia poco atractiva -cuando no directamente inviable-.
  3. Suponiendo que se lograsen saltar todas las trabas anteriormente mencionadas, se pudiera costear el juicio (temporal y económicamente) y se consiguiese una sentencia favorable a nuestra pretensión, aún subsiste un fantasma: la insolvencia. En la mayoría de los sistemas jurídicos la insolvencia de la parte incumplidora es un problema gravísimo porque existen mecanismos legales (en Argentina el concurso y la quiebra) que permiten al demandado reducir y en algunos casos eliminar por completo sus obligaciones cuando se comprueba la imposibilidad absoluta y general de cumplimiento y se cumplen los requisitos y procedimientos legales de la ley específica.

Todo esto quiere decir que, incluso con la implementación de un sistema judicial de tutela logrado luego de siglos de perfeccionamiento, existen día a día cientos de miles de incumplimientos de contratos absolutamente injustos y que nunca consiguen reparación. Podemos entonces responder al interrogante que nos planteamos anteriormente, ¿Es el sistema de justicia contemporáneo un engranaje suficiente para garantizar el cumplimiento de los contratos y promover la seguridad jurídica en los negocios privados? No, no lo es.

La aparición de Ethereum

La aparición del internet y las nuevas tecnologías reavivaron la esperanza en un nuevo y moderno sistema que permita el cumplimiento automático e impostergable de las obligaciones de un contrato, un sistema basado en tecnología conectada a la World Wide Web (www) y que no requiera de la intermediación de jueces, fiscales ni abogados para lograr su cumplimiento.

Nuevamente la historia nos revela que el 100% de estos intentos no lograron su cometido -y, de hecho, en la mayoría de los casos fallaron estrepitosamente- principalmente debido al reciente fenómeno de la centralización del internet y la incipiente imposibilidad de constatar la autenticidad y autoría y de lo que en él se publica.

El conflicto entonces subsistió, sin una propuesta que pudiera satisfacer la histórica necesidad del mercado de contratos que se ejecuten solos. Hasta que un buen día apareció un muchacho de 19 años que vino a cambiarlo todo: Vitalik Buterin.

Vitalik es un joven ruso que inventó la mayor y más avanzada blockchain descentralizada de la historia: Ethereum.

Ethereum es una plataforma open source, única por ser la primer blockchain capaz de soportar contratos inteligentes. La creación de Ethereum le dio vida a la posibilidad real de un mundo con Smart Contracts.

Características y objetivos de los Smart Contracts

Llegados a este punto, estamos listos para definir un Smart Contract. Se trata de conjuntos especiales de instrucciones almacenadas en una blockchain. Estas instrucciones se elaboran bajo la fórmula “if-then” que implica que, cuando ocurren las condiciones pactadas por las partes del contrato (condiciones “if”) se ejecutarán automáticamente las prestaciones (ejecuciones “then”) de acuerdo a los parámetros preprogramados. Hablamos del primer invento tecnológico capaz de generar y procesar contratos electrónicos e inteligentes -Smart Contracts- capaces 100% de ejecutarse a sí mismos sin intermediarios, y todo esto realizado de una forma inmutable, transparente y completamente segura por construirse sobre una red descentralizada: la blockchain de Ethereum.

Los dos objetivos principales de los Smart Contracts son:

  1. Eliminar intermediarios para simplificar procesos y con ello ahorrar costos al consumidor. (Pensemos que ya no van a ser necesarios tantos abogados ni escribanos para que el individuo contratante se sienta “seguro” de estar redactando un contrato sólido).
  2. Garantizar la ejecución rápida y segura de las prestaciones en el caso de un incumplimiento, sin necesidad de recurrir a la justicia. Nuevamente, hablamos de contratos que se ejecutan solos.

Ambos puntos afectan directamente a la cuestión de los costos, lo cual es, como se explicó anteriormente, una cuestión central. Dejan de ser necesarios los profesionales intermediarios, los gastos administrativos, costas de justicia, entre otros, para la redacción y consecuente ejecución de un contrato.

Utilidad en la vida diaria

Ahora bien, ¿Qué utilidad tienen estos contratos electrónicos? Esencialmente no tienen límites y pueden abarcar virtualmente cualquier operación civil y comercial. Sirven para cualquier intercambio que sea susceptible de programarse en una red blockchain. Desde la transmisión de acciones de una empresa, hasta la venta de víveres básicos en una cadena de supermercados.

Podemos pensar esto con un caso práctico: Pedro y Juan quieren realizar compraventa de una licencia de propiedad intelectual. Pero viven muy lejos entre sí, no se conocen personalmente, y además no confían mucho en los abogados. ¿Qué podrían hacer para instrumentar la operación y estar seguros de no ser víctimas de estafa? ¿Debería Juan primero transferir el dinero, o debería Pedro primero transferir el derecho de propiedad intelectual? ¿Cómo garantizar que el dinero y el derecho transaccionados son auténticos? La respuesta a todo esto la dan los Smart Contracts.

En vez de recurrir a un abogado, Juan y Pedro contratan a un programador de Solidity (el lenguaje de código que se utiliza para programar Smart Contracts en la blockchain de Ethereum). Y sin necesidad de pagar más que los fees (costos internos) de la blockchain, van a poder instrumentar un contrato inteligente que indique que:

  • A – Juan debe depositar el dinero en la dirección virtual descentralizada del contrato inteligente.
  • B – Pedro debe depositar los comprobantes electrónicos del derecho a transferir, ya firmados y listos para ser entregados al portador.
  • C – Una vez cumplido A y B, el contrato inteligente inicia.
  • D – Luego de corroborar la autenticidad de lo depositado, y el cumplimiento de las condiciones previas (supongamos a nivel ejemplificativo que podría establecerse la necesidad de que “ocurra” una firma digital en cierto documento previo a la ejecución prestacional, o que llegue cierta fecha, u ocurra cierto evento, o cualquier otra condición comprobable) el contrato se ejecutará a si mismo “swapeando” (intercambiando) el dinero y el derecho entre las partes.
  • E – Si A no se cumpliera, pero B sí, el contrato no se ejecutaría y devolvería a Pedro los comprobantes. Lo mismo ocurriría en el caso inverso, devolviéndole a Juan su dinero.

Cumplido el proceso, Juan tendrá su derecho y Pedro tendrá su dinero. Durante toda la operación habrán estado completamente seguros y libres de estafas porque pudieron revisar y pactar sobre el código de programación que conforma el Smart Contract que usaron (de la misma forma que se pactan las cláusulas de un contrato en papel). Además, no tuvieron que molestarse en gestionar incumplimientos, ni reservarse un capital extra en caso de tener que recurrir a la justicia, pues el contrato se ejecuta 100% a sí mismo. Por último, alteraciones y “hackeos” al código del Smart Contract son imposibles, pues las líneas de código que lo conforman se convierten en esencialmente inalterables desde que son gravadas en una blockchain descentralizada como lo es la de Ethereum.

Reflexiones finales:

Si juntamos los principios de un Smart Contract con la creatividad de muchos programadores de todo el planeta, el resultado son posibilidades jamás vistas, accesibles para todos y a costes que rozan la gratuidad.

Es imperioso no caer en considerar éste nuevo fenómeno como “algo del futuro”, esto ya existe y su implementación está ocurriendo. Los Smart Contracts constituyen hoy en día los pilares funcionales de empresas e instituciones completamente descentralizadas llamadas DAO (Decentralized Autonomous Organizations, siglas en inglés para “Organización Autónoma y Descentralizada)[1]. En el mundo de las finanzas, este tipo de contratos provocó una evolución desde lo que conocemos como “Fintech” hacia un nuevo mundo: las De-Fi (Decentralized Finance, siglas en inglés para “Finanzas Descentralizadas”)[2].

Las instituciones y empresas descentralizadas implican una revolución a nuestros sistemas jurídicos y comerciales sin precedentes. Es necesario y urgente que se otorguen puestos académicos y legislativos de relevancia a jóvenes capacitados en el tema, ya que de lo contrario estaremos ignorando una tecnología que ya se implementa en los países más desarrollados del mundo, pero a la que el derecho argentino parece darle la espalda.

[1] https://blockchainhub.net/dao-decentralized-autonomous-organization/

[2] https://www.bitcoin.com.mx/que-es-defi/

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