Trabajador despedido por falsificar certificados médicos

Por Elisa Cerri – Abogada UBA

Trabajaba como empleado de seguridad y había presentado dos certificados por licencia psiquiátrica de 1 mes. La justicia laboral argentina consideró que la empresa actuó conforme a la ley cuando, luego de confirmar que se trataban de certificados médicos adulterados, decidió rescindir el
contrato de trabajo con justa causa (art. 242 LCT) y no abonar ningún tipo de indemnización a un trabajador que había falsificado dos certificados médicos.

Para corroborar la veracidad de los documentos presentados, la empresa decidió tomar contacto personal con el centro médico actuante y, para su sorpresa, recibió como respuesta que el establecimiento se encontraba cerrado al público desde el año 2020, es decir, dos años antes de la fecha plasmada en los certificados (2022) y, además, hicieron hincapié en que no tenían ningún tipo de vínculo con el médico que firmaba las supuestas licencias.

Si bien la defensa del trabajador negó haber falsificado los documentos e intentó desligarse de responsabilidad al manifestar que no correspondería al paciente investigar las circunstancias en las cuales el médico le otorga el reposo laboral, al momento de decidir el magistrado optó por rechazar el reclamo del empleado.

Para fundamentar su decisión, el juez no solo tuvo en cuenta la prueba testimonial aportada a la causa por la empresa sino también la respuesta del centro médico involucrado quien constató la versión empresarial respecto a la falsedad de los certificados.

En definitiva, el magistrado entendió que la conducta del trabajador violó la lealtad y la buena fe esperable de cualquier empleado (arts. 62 y 63 LCT), y agregó que: “…esta jurisdicción no puede tolerar, ni hacer tolerar a la demandada, la mala fe de un trabajador” en tanto hay incumplimientos tan graves que tornan imposible la prosecución del vínculo.

Si bien la justicia laboral se suele mostrar reticente y estricta al momento de dejar a un trabajador sin indemnización, lo cierto es que este caso nos demuestra que hay excepciones. Evidentemente, adulterar documentación y faltar a la palabra no es algo menor para los jueces argentinos.

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