Por Elizabeth Orrico – Abogada especialista en Derecho a la Salud
En Argentina, el conflicto en salud se volvió estructural. Entre 2011 y 2018, los amparos en salud iniciados ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal crecieron de 1.130 a 5.474, un aumento del 385 %. Solo en 2024 hubo 7.602 acciones judiciales contra obras sociales nacionales, y en el primer semestre de 2025 ya se habían acumulado 3.308 más.
Lo más llamativo es que más del 90 % de esos litigios se refieren a prestaciones ya incluidas en la cobertura a la que se encuentran obligados los Agentes del Seguro de Salud. Es decir: no se reclama un “nuevo derecho”, sino el cumplimiento de lo que ya estaba garantizado.
Ese fenómeno tiene nombre: judicialización crónica de la salud. Un sistema que responde tarde, fragmentado, con expedientes que reemplazan a las personas, y jueces que terminan ordenando prestaciones que debieron resolverse antes.
El 4 de junio se publicó el Decreto 379/2025, que creó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Salud (PROMESA). Y el 11 de julio, la Resolución Conjunta 1/2025 lo reglamentó. PROMESA es una política inédita: habilita una instancia voluntaria de mediación especializada en salud, previa al juicio, con mediadores capacitados y plazos breves.
No se trata de un filtro ni de un obstáculo. Se trata de un puente institucional: resolver rápido y con criterio técnico lo que, de otro modo, terminaría en tribunales. Los jueces también pueden derivar casos a PROMESA, con consentimiento de la parte actora, lo que refuerza la seguridad jurídica y descomprime al Poder Judicial.
Como toda política innovadora, su consolidación dependerá de que logre sostener agilidad, confianza y legitimidad en el tiempo. PROMESA abre un camino distinto: reconstruir la capacidad estatal de intervenir en el conflicto sanitario sin esperar la sentencia.
Toda esta transformación —sus orígenes, fundamentos normativos y tensiones— se analiza en profundidad en el libro recién publicado: 📖 PROMESA: Mediación prejudicial en salud como política pública de los autores Juan Pierre Ganchegui y Elizabeth Orrico junto con la Editorial Visión Jurídica.
La obra muestra que el problema no es que haya conflictos en salud (los habrá siempre), sino que todo termine en un amparo. PROMESA abre un camino diferente: que el derecho a la salud se garantice antes de litigar, con legitimidad, técnica y diálogo.
PROMESA es una apuesta institucional. Si logra sostenerse con agilidad, confianza y legitimidad, puede marcar un cambio de época: que el acceso a la salud deje de depender de un oficio judicial y vuelva a ser garantizado desde el propio sistema.
El verdadero desafío será sostener a PROMESA en el tiempo con el espíritu innovador con el que nació. Solo así podrá consolidarse como una alternativa real a la judicialización rutinaria y transformar la forma en que se garantizan los derechos en salud.
El libro PROMESA: Mediación prejudicial en salud como política pública destaca que su alcance no se mide sólo en normas, sino en decisiones políticas, jurídicas e institucionales capaces de anticipar, ordenar y resolver los conflictos con legitimidad.
Porque, al final, lo que está en juego no es solo una norma ni un procedimiento. Es la capacidad de un Estado democrático de gobernar el conflicto en salud sin resignarse a que todo termine en tribunales.
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