Por: Martina Goldsztein, Abogada,
www.ambientalymas.com
En Entre Ríos, la Justicia provincial acaba de dejar una huella en la historia del
Derecho Ambiental Argentino #porunmundomejor. En un fallo contundente, el
Superior Tribunal de Justicia ordenó la regeneración de un bosque nativo que
había sido desmontado ilegalmente en Villaguay. El mensaje es muy claro: el
ambiente dañado no puede quedar impune.
Todo comenzó con una Acción de Amparo Ambiental (Articulo 43 Constitución
Nacional) presentada por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa
Ecologista, una organización civil con fuerte presencia en la región
(https://cauceecologico.org). Denunciaron que la empresa Salentein Argentina
BV y otras firmas (como SYS S.A., representada por Cristian Stertz) estaban
arrasando con el monte nativo en varios lotes rurales. Pero no solo apuntaron a
los privados: también responsabilizaron al propio Estado de Entre Ríos por no
controlar ni prevenir el daño.
El reclamo se basó en nuestro gran Artículo 41 de la Constitución Nacional,
que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a recomponer el daño
ambiental. Además, invocaron la Ley N° 26.331 de Protección de Bosques
Nativos, que protege estos ecosistemas vitales y exige ordenamientos
territoriales que aseguren su conservación.
El tribunal no solo avaló el Amparo, sino que fue más allá: ordenó la
elaboración de un plan técnico para restaurar el bosque, ya sea por
regeneración natural o plantación de especies nativas. Este plan deberá ser
presentado en un plazo de 3 meses y ejecutado por quienes fueron declarados
responsables, con la posibilidad de contar con el respaldo de universidades
públicas y expertos en ecología.
Además, se le impuso al Estado provincial la obligación de actualizar su
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) mediante un proceso
participativo, reforzando su rol de garante ambiental (recuerden que la Ley
General del Ambiente delega competencias de la Nación en materia Ambiental
a cada Provincia)
Este caso demuestra cómo las organizaciones sociales, la justicia y el
conocimiento científico pueden unirse para proteger el patrimonio natural que
nos pertenece a todos. También nos recuerda que los bosques no se
regeneran solos: necesitan compromiso, decisión y acción.
El fallo interpela y toca a la sociedad, a los gobiernos: detener la destrucción no
alcanza si no se repara el daño. Y esa reparación no puede quedar en manos
de la buena voluntad: debe ser exigida, planificada y ejecutada.
Justicia, ciencia y ciudadanía, la clave para reparar lo que dañamos. Porque no
hay futuro posible sin naturaleza, ni justicia sin ambiente
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