MercadoLibre bajo la lupa: Provincia la imputó por presuntas cláusulas abusivas

La autoridad de Defensa del Consumidor bonaerense abrió una actuación de oficio contra MercadoLibre S.R.L. por sus términos y condiciones. La empresa puede adecuar las cláusulas observadas o exponerse a una multa de hasta $1.815 millones.

Cuando el contrato está en el botón “aceptar”

Detrás de ese uso cotidiano de la plataforma hay algo bastante más pesado: contratos de adhesión. La Provincia de Buenos Aires informó que imputó a MercadoLibre S.R.L. por presuntas cláusulas abusivas detectadas en los contratos publicados en el sitio oficial de la empresa. La actuación fue iniciada de oficio por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.
La fiscalización no se limitó a una compra puntual. Según la Provincia, el análisis abarcó las condiciones generales del llamado “ecosistema MELI”, los términos de préstamos personales y los términos de préstamos para compras y pagos de Mercado Pago. Además, el organismo informó que MercadoLibre es la empresa con más reclamos en la Provincia: 2.396 denuncias individuales en los primeros cuatro meses del año.

Qué encontró la Provincia

La autoridad bonaerense dijo haber identificado más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor. Los puntos observados incluyen, entre otros, indeterminación en el cobro de tarifas, aceptación tácita de cambios contractuales, traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta, compensación entre cuentas, exoneración por fallas técnicas, débitos sobre cuentas de terceros, caducidad automática de plazos y fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor.

La Provincia sostuvo que esas cláusulas presentarían abusividad en los términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, por generar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de las personas consumidoras.

La imputación no es condena

Dato importante: una imputación administrativa no equivale todavía a una sanción firme. Es el inicio formal de un procedimiento en el cual la empresa puede defenderse.

Según la información oficial, MercadoLibre tiene la posibilidad de formular una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas. Si lo hace y la autoridad la acepta, el expediente podría terminar. De lo contrario, la empresa puede ser sancionada con una multa de hasta $1.815.000.000. También se le otorgó un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar descargo y acreditar personería y domicilios.

La Ley 13.133 bonaerense permite iniciar actuaciones por infracciones a la Ley 24.240 de oficio o por denuncia del consumidor. También prevé que, si se verifica la infracción, pueden aplicarse sanciones como apercibimiento, multa, decomiso, clausura o suspensión del servicio, según el caso.

Qué dice la ley sobre cláusulas abusivas

La Ley de Defensa del Consumidor dice que, aunque el contrato siga siendo válido, se tienen por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; las que impliquen renuncia o restricción de derechos del consumidor; o las que inviertan la carga de la prueba en su perjuicio. También ordena interpretar el contrato en el sentido más favorable al consumidor.

El Código Civil y Comercial va en la misma línea: en contratos de consumo, una cláusula puede ser declarada abusiva incluso si fue aprobada expresamente por el consumidor. Y define como abusiva la cláusula que tenga por objeto o efecto provocar un desequilibrio significativo entre derechos y obligaciones en perjuicio del consumidor.

Esto es central en contratos digitales: hacer click en “acepto” no convierte mágicamente cualquier condición en válida. El consentimiento existe, sí, pero está condicionado por la información, la claridad, la buena fe y el equilibrio contractual.

La nueva lista de cláusulas abusivas

En marzo de 2026, la autoridad nacional actualizó el listado de cláusulas consideradas abusivas mediante la Disposición 377/2026. Allí se incluyen, entre otras, las cláusulas que le dan al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el contrato, modificarlo unilateralmente, rescindir sin causa, limitar acciones judiciales, imponer jurisdicciones alejadas del domicilio del consumidor, compensar deudas con otros servicios o excluir la responsabilidad por daños.

Visto así, varios de los puntos observados por la Provincia dialogan directamente con esa lista: cambios unilaterales, jurisdicción desfavorable, limitación de responsabilidad, compensaciones entre cuentas y restricciones para reclamar.

Los términos y condiciones son la letra chica del siglo XXI. Antes estaban al dorso de un papel. Ahora están en un link que casi nadie lee, con párrafos largos, referencias cruzadas, actualizaciones automáticas y frases como “podremos modificar”, “el usuario acepta” o “la empresa no será responsable”.

La ley no exige que cada usuario negocie línea por línea. Eso sería imposible. Pero sí exige que los contratos predispuestos no funcionen como una encerrona.

En una plataforma masiva, una cláusula abusiva no afecta a una sola persona. Puede impactar en miles o millones de relaciones de consumo. Por eso el control de oficio tiene sentido: no espera a que cada usuario reclame solo, sino que revisa el contrato base.

Qué puede pasar ahora

Hay tres escenarios posibles.
El primero: que la empresa presente un plan de adecuación y modifique las cláusulas cuestionadas. Sería el camino más rápido y, según la comunicación oficial, podría cerrar el expediente.
El segundo: que MercadoLibre rechace la imputación, presente su descargo y discuta la interpretación de la autoridad administrativa.
El tercero: que la Provincia considere acreditada la infracción y aplique una sanción. En ese caso, además de la multa, puede ordenar medidas para corregir las prácticas observadas.

Para el consumidor común, la clave es esta: si una plataforma dice en sus términos que puede cambiar condiciones sin aviso claro, cobrar conceptos indeterminados, mover saldos entre cuentas, limitar su responsabilidad por fallas o mandarte a litigar lejos de tu domicilio, eso puede ser discutido. No todo lo que está escrito en un contrato vale. Y no todo click equivale a una renuncia.