CABA no incinerará residuos

Una jueza suspendió la ley que lo autorizaba, en una sentencia 2.0 que contiene hipervínculos

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La ciudad aprobó una ley que permite incinerar residuos. Ahora una jueza suspendió su viegencia por no haber sido aprobada según el procedimiento de doble lectura.

La sentencia, que publicó el sitio iJudicial, la jueza evaluó  los potenciales riesgos a la salud y al medioambiente que implica la tecnología de termovalorización autorizada por la ley.

Sobre esto consideró que «se debe aplicar el Principio Precautorio que señala la Ley General del Ambiente ‘Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente’».

Además, requirió producir los informes de impacto ambiental antes de autorizar tecnologías que como la termovalorización de residuos, puedan implicar daños ambientales.

En el análisis de las plantas termovalorizadoras, la sentencia indicó que «tampoco surgen detalles de cuántas serán las plantas incineradoras que se instalarán, y dónde; tampoco se establece la capacidad de termovalorización de esta planta, ni a qué partidas presupuestarias se van a imputar los gastos que demanden la construcción de estas plantas, como para conocer efectivamente si se podrán alcanzar las metas fijadas en la Ley cuestionada».

Fuente: iJudicial

Anexo con ley y sentencia completa – quema de residuos

Buenos Aires, 03 de mayo de 2018.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 2° de la Ley 1854 -texto consolidado por Ley 5666- el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2°. – Se entiende como concepto de Basura Cero, en el marco de esta norma, el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazo y metas concretas por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación, el reciclado y la valorización.”

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 6° de la Ley 1854- según texto consolidado por Ley 5666- el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 6°. – A los efectos del debido cumplimiento del Artículo 2° de la presente ley, la Autoridad de Aplicación fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 50% para el 2021, de un 65% para el 2025 y un 80% para el 2030, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2012. Se prohíbe para el 2028 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”.

Artículo 3°.- Incorpórase el Artículo 6° bis a la Ley 1854 -Texto consolidado por Ley 5666-, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 6° bis. – La Ciudad fijará un cronograma gradual de recuperación de materiales reciclables y aprovechables provenientes del circuito de recolección diferenciada cuyas funciones esenciales seguirán siendo prestadas con exclusividad por los recuperadores, en los términos de la Ley 992 –texto consolidado por Ley 5666”.

Artículo 4°.- Modifícase el Artículo 7° de la Ley 1854 -Texto consolidado por Ley 5666– el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 7°. – Queda prohibido, desde la publicación de la presente, la combustión de residuos sólidos urbanos sin recuperación de energía. Asimismo, queda prohibida la contratación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos de esta ciudad que tenga por objeto la combustión sin recuperación de energía en otras jurisdicciones. Se prohíbe el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes de todo circuito de recolección diferenciada, implementado con exclusividad para esta fracción por la autoridad de aplicación, con excepción del rechazo producto de los mismos.”

Artículo 5°.- Incorpórase el Artículo 7° bis a la Ley 1854 -Texto consolidado por Ley 5666- que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 7° bis. – La fracción de residuos sólidos urbanos húmedos sólo podrán ser pasibles de transformación y valorización, mediante técnicas de combustión con recuperación energética, previo tratamiento en planta de separación con el fin de seleccionar aquellos materiales factibles de ser reciclados, principalmente cartón, papel y polietileno tereftalato. A tal fin, la autoridad de aplicación tomará medidas y realizará controles periódicos a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el presente.”

Artículo 6°.- Modifícase el Inciso d) del punto 2 del Artículo 10° de la Ley 1854- según texto consolidado por Ley 5666- el que quedará redactado de la siguiente manera:

“d) Promover el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, incluyendo la combustión con recuperación energética.”

Artículo 7°.- Modifícase el Inciso b) de Artículo 33° de la Ley 1854 -según el texto consolidado por Ley 5666-el que quedará redactado de la siguiente manera:

“b) Transformación, consistente en la conversión por métodos químicos (hidrogenación, oxigenación húmeda o hidrólisis), térmicos con recuperación energética o bioquímicos (compostaje, digestión anaerobia y degradación biológica) de determinados productos de los residuos, en otros aprovechables.”

Artículo 8°.- Incorpórase el Artículo 33° bis a la Ley 1854 -Texto consolidado por Ley 5666- que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 33° bis. – El tratamiento de residuos sólidos urbanos por medio de combustión con recuperación de energía, deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a. Los servicios de tratamiento que tengan por objeto la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación energética deben utilizar métodos o tecnologías que aseguren el cumplimiento de los estándares de eficiencia energética definidos en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo I de la presente), así como sus actualizaciones posteriores.
b. Los límites para las emisiones a la atmósfera producto de la combustión de residuos no podrán superar los límites establecidos en el Anexo VI, Parte 3, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo II de la presente).
c. La gestión de los residuos resultantes de la combustión debe realizarse según las normas vigentes para el tratamiento de residuos, en particular las cenizas volantes que deben ser consideradas como residuos peligrosos.

Artículo 9°.- Modifícase el Artículo 52° de la Ley 1854 –según texto consolidado por la Ley 5666– el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 52°. – En el caso de utilizar como tecnología para el tratamiento de residuos sólidos urbanos la combustión con recuperación energética, los residuos sólidos urbanos podrán ser pasibles de valorización energética cuando estos no hayan podido previamente ser recuperados y/o reutilizados en los centros de selección, acondicionamiento o tratamiento“. Asimismo, se deberá garantizar la protección de la salud de las personas y del ambiente.

Artículo 10.- Incorpórase el Artículo 52° bis a la Ley 1854 -texto consolidado por Ley 5666-, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 52° bis. – Créase el Sistema de Información Pública del Sector de la Valorización Energética de Residuos (SIPSVER), que permita el monitoreo continuo y permanente de las emisiones en la atmósfera, en el suelo y en las aguas superficiales y subterráneas que resulten de las actividades de combustión con recuperación energética. Los resultados obtenidos deberán ser remitidos de forma bimestral a la Comisión de Asesoramiento Técnico mencionada en el artículo 10 de la presente, para su conocimiento y evaluación.”

Artículo 11.- Comuníquese, etc.

 

2019 – Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 4
SECRETARÍA N°8
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS
SOBRE AMPARO – AMBIENTAL
Número: EXP 12519/2018-0
CUIJ: EXP J-01-00023414-8/2018-0
ÍNDICE DE SENTENCIA
ANTECEDENTES 3
1er. demanda 3
Oficio a la Legislatura de la CABA 6
Medida Cautelar 6
2da. demanda 7
Apelación de la Medida Cautelar 8
Contestación de la primera y segunda demanda 12
3er. demanda 15
Contestación de la tercer demanda 17
Amigos del Tribunal (Amicus Curiae) 18
FUNDAMENTOS 22
1.- Tema 1. Relativo a la doble lectura 23
1.1.- Análisis del requisito de doble lectura para el dictado de la Ley
5966. 23
1.2.- Selectividad del Requisito de doble lectura para asuntos
ambientales. 26
1.3.- La omisión de la Legislatura de dictar un Código Ambiental. 30
1.4.- Derecho a la participación ciudadana y acceso a la información en
materia ambiental. 32
2.- Tema 2. Contradicción de Ley 5966 a principios establecidos en leyes
Federales. 41
2.1- Consideraciones previas 42
2.2.- Análisis del marco normativo, doctrinario y jurisprudencial 45
2.3.- Las directrices de la “La Estrategia Nacional para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (ENGIRSU) 49
2.4.- Principio de congruencia en materia ambiental 51
2.5.- Análisis de las modificaciones introducidas por la Ley 5966 53
3.- Tema 3. Afectación del Derecho a la Salud y a un Ambiente Sano. 69
4.- Consideraciones Finales 80
Las pretensiones 80
4.1.- Conclusión Tema 1. Relativo a la doble lectura. 80
4.1.1. El “caso judicial” 80
4.1.2. La legitimación procesal 81
4.1.3. Relativo al análisis literal de la cláusula constitucional 82
4.2- Conclusión Tema 2. Contradicción de Ley 5966 a principios
establecidos en leyes Federales. 84
4.3- Conclusión Tema 3. Afectación del Derecho a la Salud y a un
Ambiente Sano. 88
5.- Disculpa a las Generaciones Futuras y Acciones a tomar en Materia
Ambiental 94
6.- Costas 99
DECIDO: 99
BIBLIOGRAFÍA 101
Jurisprudencia 104
Normativa 105
2
2019 – Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 4
SECRETARÍA N°8
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS
SOBRE AMPARO – AMBIENTAL
Número: EXP 12519/2018-0
CUIJ: EXP J-01-00023414-8/2018-0
Ciudad de Buenos Aires, 02 de octubre de 2019.
ANTECEDENTES
1er. demanda
I.- A fs. 1/19 vta., el 4 de junio de 2018, se presentan Sergio
Alejandro Sánchez (DM 16.893.667), en representación de la FEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA (Cuit 30-71234486-1), Andrés
María Napoli (DNI 16.392.779), en calidad de apoderado de la FUNDACIÓN
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN) (Cuit 30-64463335-3), María
Cristina Lescano (DNI 10.506.782), en representación de la COOPERATIVA DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA RECOLECTORES EL CEIBO LIMITADA, Susana
Beatriz Izaguirre (DNI 25.420.259), en representación de la COOPERATIVA DE
TRABAJO LAS MADRESELVAS LIMITADA (CUIT 30-71137476-7);
representados por su letrado patrocinante Dr. Diego Gonzalo Falcón (T. 81 F.
10 del CPACF), y vienen a iniciar la presente acción de amparo colectivo contra
el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (en adelante GCBA) y la
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES con el objeto de que se
declare la inconstitucionalidad de la Ley 5966 y su nulidad absoluta porque no
se cumplió con el procedimiento de doble lectura establecido en los arts. 89
inciso 1 y 90 de la CCABA durante su aprobación legislativa.
Manifiestan que la Ley 5966 que modifica la Ley 1854 de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, fue aprobada en simple lectura y esto
constituye una violación al art. 89 inciso 1 y art. 90 de la Constitución de la
Ciudad.
Indican que esa ley tiene por objeto modificar la Ley 1854 a
efectos de autorizar en la ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos
con recuperación de energía (termovalorización).
3
Señalan que, en ausencia de un Código Ambiental, el código
“ambiental” vigente es la Ordenanza 39025 “Código de Prevención de la
Contaminación Ambiental”.
La Ordenanza 39025 aprueba el “Código de Prevención de la
Contaminación Ambiental” a los efectos de prevenir, minimizar y controlar la
contaminación ambiental dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fue sancionada el 31/05/1983 (Boletín Oficial del 13/06/1983
Número 17049)
Sostienen los actores que “…en su art. 2.1.1.3 Incineradores
comerciales e institucionales, inciso a), prohíbe la instalación o funcionamiento
de incineradores comerciales e institucionales. Es decir, prohíbe la combustión
de residuos por parte del GCBA (Institucional) ya sea con recuperación o no de
energía.”
Y que “en su art. 3.1.2.1 “Disposición de residuos degradables”
establece que los residuos degradables deberán ser enviados exclusivamente
al Cinturón Ecológico, sea directamente o por medio del servicio municipal de
recolección. Aquí también se prohíbe que el tratamiento final sea la
combustión o incineración de los residuos degradables. Estableciendo como
disposición final su depósito en el Cinturón Ecológico” (fs. 9).
A su vez destacan que “…el art. 24 del Plan Urbano Ambiental
declara que la Ciudad cuenta actualmente con el Código de Prevención de la
Contaminación (CPC) y se ordena que sea reformulado con la aprobación de
un instrumento normativo, el Código Ambiental” (fs. 9).
“En el Código de Prevención de la Contaminación Ambiental se
observa el principal interés por prohibir la incineración de residuos en ámbitos
domiciliarios, comerciales e institucionales. Por lo tanto, si la Ley 5966
modifica el Código de Prevención de la Contaminación Ambiental también
habría implicado una modificación del Código Ambiental porque justamente
éste reemplazaría al anterior” (fs. 9 vta.)
Afirman que cualquier modificación a este Código de Prevención
de la Contaminación Ambiental debería aplicarse el procedimiento de Doble
Lectura (art. 89 inciso 1 y art. 90 de la CABA).
4
Expresan que cualquier ley que modifique o verse sobre temas
ambientales debe considerarse como una ley modificatoria de ese Código
Ambiental que implica la Ordenanza de 1983, y, por lo tanto, respetarse el
procedimiento de Doble Lectura que determina el artículo 89 de la Constitución
de la Ciudad de Bs.As. al establecer que “Tienen el procedimiento de doble
lectura las siguientes materia y sus modificaciones: 1. Códigos de
Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación, 2. Plan Urbano Ambiental de
la Ciudad de Buenos Aires…”.
Afirman que la omisión de aprobar un nuevo Código Ambiental no
puede habilitar a la Legislatura a defraudar la Constitución de la Ciudad, al
aplicar el procedimiento de simple lectura a proyectos a los cuales tendría que
haber aplicado el procedimiento de doble lectura de existir el Código Ambiental
de la Ordenanza de 1983.
Indican que el derecho de los habitantes de la Ciudad a participar
en el ámbito parlamentario específicamente en la audiencia pública prevista en
el marco del procedimiento de doble lectura ha sido violado con el
procedimiento simple de una sola sesión legislativa dado que para la sanción
de la Ley 5966 se ha omitido, por esa razón, la discusión de tal normativa en
una audiencia pública y por ende, dicha ley no tuvo ningún ámbito formal de
participación ciudadana.
Concluyen que la conducta del GCBA aquí denunciada lesiona el
derecho de todo habitante de la ciudad, de las organizaciones y cooperativas a
participar en la elaboración de las políticas públicas en el ámbito de la
Legislatura Porteña (artículo 1, 11, 89 y 90 de la CCABA).
Asimismo, requirieron que hasta que se resuelva la cuestión de
fondo, se dicte una medida cautelar con el objeto de que se ordene la
suspensión inmediata de los efectos de la Ley 5966.
Fundan en derecho, ofrecen prueba y solicitan se dicte sentencia.
Adjuntan prueba documental que se encuentra agregada a fojas
23/139.
II.- A fs. 21 el Secretario General de la Cámara de Apelaciones
CAyT procede a la anotación de este expediente en el Registro de Procesos
5
Colectivos de acuerdo a lo dispuesto en el anexo I art. 3 del Acuerdo Plenario
Nº4/2016.
Oficio a la Legislatura de la CABA
III.- A fs. 142, el 13 de junio de 2018, se dispone oficiar a la
Legislatura de la CABA a fin de que informe:
1. si la Ley 1854 y su modificatoria 5966 fueron sancionadas con
procedimiento de doble lectura.
2. se indique cómo se determina el tipo de proceso parlamentario
en el caso de leyes ambientales, es decir, simple o doble
lectura.
A fs. 151 obra la respuesta del 21 de junio de 2018 firmada por el
Secretario Parlamentario de la Legislatura Carlos Pérez, que dice “las leyes
1854 y 5966 no fueron sancionadas con procedimiento de doble lectura”.
En cuanto al punto segundo, es decir, cómo determina la
Legislatura, el tipo de procedimiento parlamentario en caso de leyes de
materia ambiental, no fue respondido sin que haya una explicación de tal
conducta ante la pregunta formulada por el tribunal.
Medida Cautelar
IV.- Por medio de la resolución del 27 de junio de 2018, se hizo
lugar a la medida cautelar solicitada por los actores y, se dispuso la
suspensión inmediata de los efectos de la Ley 5966 hasta tanto se cumpla el
procedimiento de doble lectura de acuerdo al procedimiento constitucional (art
90 de la Constitución de la Ciudad), o se dicte sentencia definitiva en autos.
Además, dado el carácter colectivo de los derechos involucrados
en el presente caso (protección del ambiente y del patrimonio cultural e
histórico de la CABA), cumplida la anotación de la causa en el Registro de
Procesos Colectivos (art. 3 Acuerdo Plenario 4/2016), se ordenó la difusión de
la presente acción de amparo y la notificación a todas aquellas personas que
puedan tener interés en el resultado del litigio a fin de garantizar su derecho
de defensa y de participación.
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2da. demanda
V.- A fs. 166/188 se encuentra acumulado el expediente
13482/2018-0 que tramitó por ante el Juzgado CAyT Nº 21, Secretaría Nº 42,
en el cual mediante resolución del 21 de junio de 2018, la Jueza María Soledad
Larrea, entendió que ambas causas debían ser acumuladas y tramitar en
forma conjunta ante este Juzgado por resultar el tribunal previniente (confr.
art. 13 de la Resolución 335/01 CMCABA), ello en atención al bien jurídico
protegido, que resulta ser un bien colectivo -como lo es el medio ambiente- y
en virtud del efecto que la sentencia pudiere tener (fs. 187/188), y quien
suscribe ordenó cumplir con dicha acumulación a fs. 192.
La demanda de amparo tramitada en dicho expediente (fs.
167/177) fue presentada por Roberto Fabián Manzanelli, DNI 20.480.671, en
su carácter de representante en la República Argentina de la FUNDACIÓN
AGRESTE (ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE), con el patrocinio jurídico de María
Inés Fadel T 54 F 128 del CPACF y de Federico Paruolo, abogado inscripta con
el T° 87 F° 811 del CPACF, con el objeto de solicitar se declare la
inconstitucionalidad de la Ley 5966.
Sostienen que la citada ley constituye un retroceso enorme para
la Ciudad y tendrá consecuencias ambientales gravísimas (fs. 171 vta.).
Indican que la afectación a la salud, y el claro retroceso en materia de salud
pública de la norma es notable (fs. 172).
Señalan que resulta necesario realizar un análisis respecto de los
derechos involucrados, privilegiando estos frente al acto que los pone en jaque
tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
diversas oportunidades y nuestra Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L.
al determinar que cualquier interpretación de normas debe realizarse con base
al principio Pro-Homine, en virtud del cual se debe acudir a la norma más
amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer
derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al
ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
Y solicitan como medida cautelar la suspensión de la aplicación de
la Ley 5966 durante la sustanciación del presente proceso.
7
Apelación de la Medida Cautelar
VI.- A fs. 194/225, el 4 de julio de 2018, el GCBA interpuso
recurso de apelación contra la medida cautelar dictada el 27 de junio de 2018
-que disponía la suspensión inmediata de los efectos de la Ley 5966, hasta
tanto se cumpla el procedimiento de doble lectura (art. 90 CCABA)-, recurso
que fue concedido el 5 de julio de 2018, en relación y con efecto suspensivo.
Asimismo, el GCBA acompañó el IF- 2018 — 08320724 — DGTNT,
que contiene el Informe Técnico, Proyecto de modificación Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Ley 1854, suscripto por Pablo
Rodríguez, Director General de la Dirección General Tecnologías y Nuevos
Tratamientos, de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, de febrero de 2018 (fs. 194/200).
En el mismo se señala que “la Ciudad debe gestionar miles de
toneladas de residuos urbanos diarios”, y se menciona que “la Ciudad cuenta
con un Centro de Reciclaje que presenta cinco plantas de procesamiento de
residuos: áridos y restos de construcción, que procesa en promedio 2.400
toneladas diarias; una segunda que trata la poda de la Ciudad, con una
capacidad de 100 toneladas diarias; una tercera que procesa botellas de PET
(tereftalato de polietileno), con capacidad para tratar 10 toneladas día; una
cuarta que consta de reactores donde se procesa material orgánico,
obteniendo como resultado un producto bioestabilizado, con capacidad para
tratar 30 toneladas por día; y una quinta planta denominada Material Recovery
Facility (MRF por sus siglas en inglés), donde automáticamente se separan los
residuos secos que allí ingresan”.
“Para la valorización de los residuos domiciliarios, la Ciudad
presenta una planta de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT por sus siglas en
inglés) en el predio que la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad
de Estado, la cual se encuentra ubicada en el Complejo Ambiental Norte III,
partido de José León Suárez” (fs. 195).
Por otra parte, indican que, para la recuperación de la fracción
seca, la Ciudad ha provisto a las Cooperativas de Recuperadores Urbanos con
camiones, herramientas, indumentaria y numerosos centros de tratamiento,
denominados Centros Verdes, donde los Recuperadores tienen toda la
8
maquinaria necesaria para separar, clasificar y valorizar los residuos secos de
la Ciudad.
Y señalan que, si bien la capacidad de tratamiento instalada ha
aumentado considerablemente en los últimos diez años, no se ha podido dar
cumplimiento a las metas establecidas en la Ley 1854. Por ello, advierten que
las metas planteadas por la ley devinieron abstractas y han quedado
obsoletas, por lo cual resultaba imperioso redefinirlas.
Luego el Informe en cuestión, afirma que “en materia de
controles ambientales, la tecnología de valorización energética ha
evolucionado de tal manera que actualmente tiene la capacidad de garantizar
una adecuada protección del ambiente”, y refiere a experiencias de las plantas
europeas (fs. 197).
Sostiene que “La valorización ofrece la posibilidad de obtener
energía a partir de las fracciones de residuos en los que no es viable el
reciclado del material, y disminuir así en gran magnitud la cantidad de
residuos que de otra forma se dispondrían en relleno sanitario. Atendiendo así
al requerimiento de reducir las fracciones destinadas a vertedero y la dificultad
de ampliar la capacidad de los actuales y futuros rellenos… la valorización
energética es un tratamiento que permite la recuperación de energía, sin
utilizar los combustibles a base del petróleo”.
Asimismo, se indica “En consonancia con el principio de
“Mixticidad” se propone una solución mixta que incluya, además de las plantas
de clasificación y las plantas de tratamiento implementadas o en vías de
implementación, el desarrollo de una instalación de valorización
energética…Se propone la instalación de una Planta de Valorización Energética
con capacidad de tratamiento que reciba únicamente aquellos residuos que
hayan pasado previamente por un proceso de recuperación de materiales. Una
planta de estas características definiría una nueva meta de disposición de
residuos”, y se concluye que el proyecto de ley de modificación de la Ley 1854
se plantea para solucionar el problema de la disposición de residuos en relleno
sanitario, y que resulta esencial tomar en consideración los tiempos de
implementación de proyectos de esta magnitud y complejidad (fs. 199).
Asimismo, el GCBA acompañó el IF —2018 — 08508046 — APRA,
que contiene el Informe Técnico de la Agencia de Protección Ambiental (APRA)
9
sobre el Proyecto de modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos -Ley 1854 denominada “Ley Basura Cero”-, suscripto por Juan
Bautista Filgueira Risso, abogado, Presidente de esa Agencia (fs. 201/208).
En el citado informe se indica que “Según el Banco Mundial, en el
Diagnóstico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Argentina,
en el año 2015 solo la Ciudad de Buenos Aires generaba 5.792 toneladas por
día, registrando junto con la Provincia de Buenos Aires (19.665 tn por día), la
más alta generación de residuos sólidos urbanos del país…” (fs. 202)
Agrega, que la tecnología Waste to Energy, es un “mecanismo
adecuado de la valorización de residuos que permite la generación de energía
a partir de la combustión de los residuos, generando además un saldo positivo
en términos de energía por encima del consumo de funcionamiento de la
planta. Estas tecnologías se utilizan en las ciudades más densamente pobladas
y desarrolladas. Entre los aspectos positivos, a diferencia de lo que ocurre en
rellenos sanitarios, no se produce la degradación del suelo que trae aparejado
el dejar enormes extensiones de tierras inutilizables por largos períodos de
tiempo. Sin duda podemos afirmar que con la creciente generación de residuos
se hace insostenible, como única política pública, el entierro de residuos,
siendo necesario desarrollar esquemas de gestión alternativos viables y
sostenibles, complementarios al relleno sanitario como único mecanismo de
disposición final” (fs. 203 vta.)
A su vez, se informa que “…la Ciudad viene impulsando el
concepto de economía circular que, a diferencia del esquema lineal basado en
la extracción de recursos, utilización y descarte, paradigma social que
actualmente se encuentra agotado, se propone la utilización de dichos
residuos, como insumo en otros procesos productivos….Bajo este esquema,
dentro de las estrategias de gestión integral de residuos, insertadas dentro de
un marco de economía circular, la termo-valorización puede resultar una
tecnología viable y adecuada para tratar ciertas corrientes de residuos” (fs.
204) .
Acto seguido menciona, ejemplos de implementación de la
economía circular como criterio de política sustentable en la Ciudad:
“El Centro de Reciclaje de la Ciudad fue creado con el objetivo de
otorgarle tratamiento a las diferentes fracciones de residuos sólidos urbanos
10
generados en la Ciudad que con anterioridad iban a relleno sanitario.
Dependiendo del tipo de residuo que se analice, el tratamiento varía, sin
embargo, el principal objetivo de cualquier tipo de tratamiento es valorizar el
residuo, tratando de transformarlo para re introducirlo en diferentes
industrias. El Centro de Reciclaje cuenta con cinco plantas de tratamiento:
Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición
trata más de 2.400 toneladas de residuos áridos por día. Dicho material
consiste básicamente en escombros generados dentro de la Ciudad tanto por
la obra pública como la obra privada…Planta de valorización de las botellas de
tereftalato de polietileno (PET)…Planta de procesamiento de los residuos
forestales…Planta de tratamiento de residuos orgánicos presenta una
capacidad de procesamiento de 30 toneladas diarias de material orgánico
proveniente de una recolección pública y diferenciada…Por último, se ha
incorporado al Centro de Reciclaje una planta M.R.E. (Material Recovery
Facility), la cual es operada por Recuperadores Urbanos. La misma es una
planta automática de separación de residuos reciclables y presenta una
capacidad de procesamiento de 10 toneladas por hora” (fs. 205/206).
En relación a los estándares de calidad de aire ambiente que se
deben cumplir sostiene que “Sin perjuicio de la regulación nacional y de la
Ciudad vigentes, y con el objeto de asegurar la protección ambiental, es
oportuno destacar aquí que se tendrán en cuenta para regular, los estándares
de emisión establecidos a nivel internacional por las Directivas de la
Comunidad Europea, siendo éstas actualmente las más restrictivas,
asegurando la calidad del aire para todos los ciudadanos” (fs. 206).
Se menciona asimismo normativa técnica de la Unión Europea
para el control, monitoreo y funcionamiento en tecnologías de waste to
energy: Unión Europea Directiva 2010/75/UE, “Sobre Las Emisiones
Industriales (Prevención Y Control Integrados De La Contaminación); Decisión
2006/329/Ce; Europea Directiva 2000/76/Ce, “Incineración De Residuos”;
Unión Europea Directiva 96/62/Ce, “Sobre Evaluación Y Gestión de la Calidad
del Aire Ambiente” (fs. 206 vta. /207), indicando luego de cada una un breve
resumen de las mismas.
APRA concluye dicho informe señalando que “las plantas de waste
to energy que hoy existen en las grandes ciudades del mundo han demostrado
11
ser una solución eficiente un problema global que requiere soluciones a la
altura de las circunstancias… precisamente en términos de calidad de aire, se
tomará como referencia a estos fines la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de fecha 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones
industriales (prevención y control integrados de la contaminación),
especialmente su Anexo VI sobre las disposiciones técnicas relativas a las
instalaciones de incineración de residuos y las instalaciones de co-incineración
de residuos” (fs. 207 vta.)
A fs. 256, el 10 de julio de 2018, la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires manifiesta que el recurso interpuesto contra la medida
cautelar el 4 de julio del 2018, también lo fue en representación de la
Legislatura de la Ciudad y el Poder Ejecutivo, y acompaña copia del Expediente
18172.01/SA/2018, que contiene el requerimiento de la Legislatura de la
Ciudad para ser representada por la Procuración General de la CABA (fs.
228/255).
A fs. 257, el 10 de julio de 2018 se tuvo por presentada a la
Legislatura de la CABA y se declaró extemporánea por haber sido presentada
fuera del plazo correspondiente la apelación contra la medida cautelar dictada
en autos presentada por la Procuración General en representación de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no obstante lo cual y en base a lo
dictaminado por el Fiscal de Cámara Dr. Juan Octavio Gauna, la Cámara abrió
el recurso de queja.
Y en atención al estado de autos se corrió traslado de la acción a
GCBA y a la Legislatura por el término de 10 días.
Contestación de la primera y segunda demanda
VII.- El 9 de agosto de 2018 a fs. 260/279 el GCBA contestó
demanda, y acompañó el informe glosado a fs. 260/265, IF-2018-21205960-
-DGTNT suscripto por Pablo Rodríguez Director General de la Dirección General
de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, en el que señala que “A efectos de
alcanzar la máxima reducción posible de la cantidad de residuos a ser
depositados en rellenos sanitarios, mediante
EX-2017-27133108-MGEYA-DGTNT tramitó la iniciativa legislativa promovida
por esta Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente
12
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad, con el fin de establecer modificaciones a la Ley 1854”,
mismos informes que los acompañados con la apelación de la medida cautelar.
“… se explica que aun cuando a través de los varios mecanismos
implementados actualmente en nuestra Ciudad, se ha logrado reducir de modo
significativo la cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario, a efectos
de mejorar la eficiencia en la gestión de los mismos, resulta necesario avanzar
sobre la ampliación de las tecnologías consideradas para su tratamiento”
En dicho sentido, señala que la tecnología de valorización
energética “(…) consiste en la oxidación total de los residuos a altas
temperaturas y se realiza en hornos apropiados con múltiples sistemas de
control” Y se hace mención a que “(…) como resultado de la misma se destaca
una reducción del volumen de los residuos hasta en un 90% y la generación
de cenizas que pueden ser reutilizadas en la industria de la construcción. El
principal objeto de la mentada tecnología es disminuir la cantidad de residuos
que son dispuestos en relleno sanitario, permitiendo así valorizar un recurso
que actualmente no presenta posibilidad de recupero alguna”.
Acto seguido, el informe del GCBA remite a los términos del IF2018 — 08320724 — DGTNT, Informe Técnico, Proyecto de modificación Ley
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Ley 1854, suscripto por
Pablo Rodríguez, Director General de la Dirección General Tecnologías y
Nuevos Tratamientos, y al IF —2018 — 08508046 — APRA, que contiene el
Informe Técnico de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) sobre el
Proyecto de modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos -Ley 1854 denominada “Ley Basura Cero”-, suscripto por Juan
Bautista Filgueira Risso, abogado en su carácter de Presidente de esa Agencia
(fs. 201/208), que fueran adjuntados al expediente a fs. 194/200 y 201/208
respectivamente y cuyas partes pertinentes han sido transcriptas
precedentemente, a las que me remito en honor a la brevedad.
Efectuadas las negativas de rigor, el GCBA señaló en el escrito de
contestación de demanda que “… resulta ser una atribución de la Legislatura
definir la sanción de un Código Ambiental y el modo en que ello se materializa
en su caso…” (fs. 271) por ello sostiene que no existe obligación legal
incumplida de sancionar un Código Ambiental, e indica que señalar, como lo
13
hace la contraria que el Código Ambiental estaría integrado por “todas las
leyes que aborden cuestiones ambientales en general”, “…claramente
representa un concepto impreciso e indeterminado, y que además no tiene
ningún respaldo técnico ni legal.” (fs. 273).
Respecto de los riesgos a la salud y al medio ambiente que puede
generar, el GCBA sostiene, en el escrito de contestación, que fueron
analizados los aspectos técnicos y señalan que “debe destacarse con el mayor
énfasis posible que una disposición inicial con clasificación selectiva adecuada
es excluyente para completar el resto de las etapas de gestión que deben
necesariamente seguir tal esquema, en la recolección diferenciada,
discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración
posterior, todo lo cual un paso previo a la termovalorización.” (fs. 277)
A su vez señala que “…el argumento que busca igualar
jurídicamente una ley ambiental con el Código Ambiental, de ninguna forma
puede ser admitida como fundamento de la acción que pretende la
inconstitucionalidad de una ley. De allí también se deriva obviamente la no
necesidad de la doble lectura que pretende la actora” (fs. 273 vta.)
Sostiene el GCBA que “…El principal objeto de la mentada
tecnología (valorización energética) es disminuir la cantidad de residuos que
son dispuestos en relleno sanitario, permitiendo así valorizar un recurso que
actualmente no presenta posibilidad de recupero alguna” (fs. 274 vta.).
Asimismo, sostiene que “En el mismo sentido se informó que la
gestión coloca la más alta prioridad a la prevención, reducción y reciclaje de
residuos con el objetivo de reducir la cantidad de residuos enviada a
disposición final” (fs. 276 vta.).
Agrega “…debe destacarse con el mayor énfasis posible que una
disposición inicial con clasificación selectiva adecuada es excluyente para
completar el resto de las etapas de gestión que deben necesariamente seguir
tal esquema, en la recolección diferenciada, discriminando por tipo de residuo
en función de su tratamiento y valoración posterior, todo lo cual un paso
previo a la termovalorización”.
14
Fundó en derecho, mencionó jurisprudencia, ofreció prueba y
solicitó se rechace la demanda incoada con expresa imposición de costas a la
contraria.
VIII.- A fs. 311/346 la parte actora acreditó el diligenciamiento de
los oficios ordenados en la resolución del 27 de junio de 2018 al Departamento
de Información Judicial del Consejo de la Magistratura Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Secretario de Gestión Comunal Y Atención Ciudadana,
Secretaria Legal Y Técnica del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires, a la
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires, y a la
Secretaría de Medios de la CABA.
3er. demanda
IX.- A fs. 348/ 518, con fecha 5 de febrero de 2019, la
ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD (Cuit
30-71550690-0), representada por su Presidente, Jonatan Emanuel Baldiviezo
(DNI 30.150.327), junto con la FUNDACIÓN GREENPEACE ARGENTINA (Cuit
33-63417234-9), representada por su apoderado, Juan Ladanza (DNI
12.419.423), solicitaron tomar participación en el proceso en el carácter de
parte actora, y en calidad de personas jurídicas defensoras de derechos o
intereses colectivos como es la protección del derecho a un ambiente sano y
equilibrado, y de acuerdo a la colectivización del expediente resuelta el 27 de
Junio de 2018.
Adhirieron en todos sus términos al escrito de demanda que dio
origen al presente amparo colectivo, y solicitaron se declare la
inconstitucionalidad de la Ley 5966 y su nulidad absoluta por “Violar el art. 41,
párrafo 3°, de la Constitución Nacional en tanto no respeta el presupuesto
mínimo establecido en la Ley Nacional 25916 de Gestión Integral de Residuos
Domiciliarios que en su art. 3 sólo autoriza en la etapa de tratamiento la
valorización de los residuos que implican el reciclaje en sus formas física,
química, mecánica o biológica, y la reutilización y no autoriza la combustión de
residuos con recuperación de energía por no constituir un método de reciclaje.
Violar el principio de progresividad y el principio de no regresión aplicable en la
protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado y del derecho a la
salud reconocido en la Ley 25675 y en los Tratados Internacionales de
15
Derechos Humanos; Autorizar el daño al ambiente y a la salud de los
habitantes de la Ciudad” (fs. 497).
Señalaron que “La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la
Gestión Integral de Residuos Domiciliarios sólo autoriza en la Etapa de
Tratamiento la valorización de los residuos mediante el reciclaje FÍSICO,
QUÍMICO, MECÁNICO O BIOLÓGICO Y LA REUTILIZACIÓN. La Ley Nacional de
Gestión Integral de Residuos no autoriza la Termovalorización con
recuperación de energía, es decir, no autoriza la combustión de residuos” (fs.
503).
Sostuvieron que “El reciclaje físico, químico, mecánico o biológico
no abarca la combustión de residuos porque el reciclaje tiene como principal
objeto obtener materia prima a partir de los residuos para su introducción
nuevamente en un ciclo de vida. La combustión no es una forma de reciclaje”
(fs. 503).
Concluyeron que “De esta forma, la Ley 5966 al modificar la Ley
1854 para autorizar la combustión de residuos con recuperación de energía
viola flagrantemente la Ley Nacional 25916 de Gestión Integral de Residuos
Domiciliarios que en su art. 3 sólo autoriza en la etapa de tratamiento la
valorización de los residuos que implican el reciclaje en sus formas física,
química, mecánica o biológica, y la reutilización y no autoriza la combustión de
residuos por no constituir un método de reciclaje” (fs. 505).
Además, sostuvieron que “La Ley Nacional de Gestión Integral de
Residuos Domiciliarios prohíbe la combustión de residuos domiciliarios por
generar graves impactos al ambiente y a la salud… El ambiente resulta
dañado por las sustancias que son liberadas al aire así como por la generación
de gases de efecto invernadero en la combustión. Estos elementos pueden
provocar diversas afecciones en la salud y enfermedades entre las que cuenta
el cáncer.” (fs. 505 in fine y 506).
“Los residuos… se transforman en gases, líquidos y cenizas que
son liberados al ambiente, esta transformación puede producir nuevos
compuestos aún más tóxicos…. estas sustancias son creadas y liberadas por
todos los incineradores, incluso las tecnologías más recientes y avanzadas….la
16
incineración no elimina los residuos sino que solo reduce su volumen y los
transforma en residuos peligrosos” (fs. 506/507).
Los actores agregan que en relación a los impactos ambientales
“…esta tecnología genera emisiones de dióxido de carbono, llegando a ser
nula o insignificante la diferencia de emisión de gases de efecto invernadero
con un relleno sanitario manejado correctamente… ” (fs. 507)
Acompañaron un Informe elaborado por la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales titulado “Incineración de Basura con Recuperación de
Energía: una tecnología cara, sucia, y a contramano del manejo sustentable de
los recursos” para brindar mayor detalle del daño al ambiente y a la salud (fs.
509).
Por otra parte, los actores sostuvieron que la Ley 5966 viola el
principio de progresividad reconocido en la Ley 25675 y en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.
Por último, ofrecieron prueba documental y solicitaron se declare
la inconstitucionalidad de la Ley 5966 por violar el principio de progresividad y
el principio de no regresión aplicable en la protección del derecho a un
ambiente sano y equilibrado y del derecho a la salud reconocido en la Ley
25675 y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Contestación de la tercer demanda
X.- El 19 de febrero de 2019, a fs. 525/534 el GCBA contestó el
traslado de las presentaciones efectuadas por la Asociación Civil Observatorio
del Derecho a la Ciudad y por la Fundación Greenpeace Argentina reiterando
los ejes centrales y gran parte del contenido de su contestación de demanda
obrante a fs. 260/279 a los cuales, en honor a la brevedad, me remito.
También, y en particular, el GCBA relató que la Ley Nacional
25916, de Gestión de Residuos Urbanos, sancionada en 2004, “establece las
pautas sobre las que debe estructurarse una gestión integral de los residuos
domiciliarios” y acto seguido, enumeró como algunos de los objetivos de esta
ley a “lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios
mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida
de la población”, “promover la valorización de los residuos domiciliarios, a
17
través de la implementación de métodos y procesos adecuados” y mencionó
como objetivos cuantificables “minimizar los impactos negativos que los
residuos domiciliarios puedan producir sobre el ambiente y lograr la
minimización de los residuos con destino a disposición final” (fs. 528 vta.)
Agregó que “la ley prevé una serie de etapas que, juntas,
conforman la Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios” y que esta
Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios se definió como el “conjunto de
actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un
proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de
proteger el ambiente y la calidad de vida de la población” (fs. 528 vta.)
Enumeró como etapas de la Gestión Integral de los Residuos
Domiciliarios a la “generación, disposición inicial, recolección, transferencia,
transporte, tratamiento y disposición final. Cada una de las etapas de la
Gestión es definida en la Ley”, destacando que en esas etapas no está la
termovalorización.
Acto seguido, el GCBA sostuvo que “… se ve claramente que el
espíritu de la ley no es el de reglamentar lo que le corresponde a las
autoridades locales sino respetar, en principio, las facultades de complementar
y reglamentar que a éstas corresponde” y señaló que no se explicita en el
libelo en traslado “…de qué manera la ley cuestionada contradice a este
cuerpo normativo” (fs. 529).
XI.- A fs. 540, con fecha 22 de abril de 2019, se intimó al GCBA a
acreditar fehacientemente el cumplimiento de las medidas de promoción y
publicidad del presente proceso colectivo, oportunamente dispuestas a fs. 528.
A fs. 542/628 obran agregadas distintas constancias de
publicación en carteleras de las quince Sedes Comunales de la Ciudad, radios
AM/FM y televisión de la ciudad.
Amigos del Tribunal (Amicus Curiae)
XII.- Con fecha 16 de mayo de 2019, a fs. 630 se convocó -en
uso de las facultades y atribuciones conferidas por el art. 29 del CCAyT- a
expertos en calidad de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) para que se
expidan en un plazo de 50 (cincuenta) días hábiles administrativos sobre dos
cuestiones centrales atinentes a la necesidad de participación pública cuando
18
se trata de “materia ambiental”, término que la Constitución de la Ciudad
emplea en el artículo 89, referido a la necesidad de doble lectura y la
consecuente audiencia pública entre ambas sesiones.
La convocatoria a Amigos del Tribunal (amicus curiae)
puntualizaba así en dos preguntas, a nuestro parecer, determinantes en
relación al insoslayable y necesario debate público atendiendo a la evidente
relevancia de la “materia” ambiental para los habitantes de la Ciudad y las
“generaciones futuras”, especialmente contempladas en el Artículo 26 de la
Constitución CABA.
Y en particular, para poner énfasis en el hecho de que, según las
respuestas del GCBA en este expediente, no surge una información completa e
integral al respecto, es decir, cómo es y cómo tendría que ser el sistema de
gestión de la basura en la Ciudad
Sea dicho tampoco es del caso que las respuestas
gubernamentales sustituyan aquí lo que pudiere haberse debatido en la
Audiencia Pública realizada en el marco del procedimiento parlamentario de
doble lectura.
Es así que se preguntó:
1. “cómo es el sistema de gestión actual de la basura en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
2. “cómo tendría que ser para un funcionamiento eficaz desde el
punto de vista medioambiental” (fs. 630 in fine)
A fin de dar difusión a la convocatoria, se ordenó oficio a la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, a las
dependencias técnicas del GCBA que pudieran expedirse sobre la cuestión
planteada, a la Universidad Nacional de San Martín, al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y a la carrera de Urbanismo en la Universidad
Nacional de General Sarmiento. (fs. 630 vta., 636 y 649)
A fs. 646/648 el GCBA interpuso recurso de apelación contra la
convocatoria de Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), el cual fue denegado a
fs. 649 por quien suscribe, por tratarse de la apelación de una medida prueba
en un proceso de amparo artículos 19 de la Ley 2145 y artículo 303 del CCAyT.
19
Al respecto, el artículo 19 de la ley 2145 dice en lo que aquí
interesa que “…Todas las resoluciones son inapelables, excepto la sentencia
definitiva, el rechazo in limine de la acción, la que resuelva reconducir el
proceso, la que resuelva la caducidad de la instancia, el rechazo de una
recusación con causa y las que versen sobre medidas cautelares. (…)”.
Por lo tanto, se trata de seis supuestos expresos que no permite
agregar otro que no se halle previsto en la ley 2145, como aquí hizo el GCBA
al apelar la convocatoria de los Amigos del tribunal (Amicus Curiae).
Cabe decir que dicha convocatoria resultaba necesaria por la
índole técnica y científica a la que alude la ley aquí cuestionada reveladora de
la importancia que amerita un debate público, que fue cercenado por el
procedimiento simple impreso a la ley 5966.
Por otra parte el artículo 303 del Código en lo Contencioso
Administrativo –ley 189- establece que son inapelables “… las resoluciones del
tribunal sobre producción, denegación y substanciación de las pruebas”
No obstante, las claras disposiciones legales transcriptas en
cuanto a la inapelabilidad de las medidas de prueba en el procedimiento de
Amparo, a fs. 683/712 se encuentra glosado el Incidente sobre queja por
apelación denegada interpuesto por el GCBA ante la Sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo CAyT donde se dispone “admitir el recurso de hecho. En
consecuencia, ordenar a la Sra. juez de primera instancia conceda el recurso
de apelación planteado por la parte demandada según fs. 4/5 vta., con efecto
suspensivo” (fs. 702 vta.)
Es del caso advertir que para la concesión del recurso de hecho
por apelación denegada, la Alzada tuvo en cuenta el Dictamen del Fiscal
GAUNA que opinó que correspondía hacer lugar al recurso de queja y conceder
la apelación interpuesta por el GCBA contra la decisión de convocar a los
amigos del tribunal (Amicus Curiae) efectuada por quien suscribe (fs. 630), en
orden a los siguientes argumentos centrales de su dictamen:
“C. …al margen del debate relativo a la procedencia de la
convocatoria a los “amigos del tribunal” sin haberse solicitado previamente la
conformidad de las partes, pareciera que las cuestiones sobre las que se
pretende ilustrar a partir de la medida dispuesta por la juez a quo con fecha
20
16/05/2019, en principio, no estarían vinculadas con el objeto del presente
litigio en cuyo marco, como se dijo, se pretende instar el control judicial del
proceso de formación y sanción de la Ley 5966 (…)
En efecto, el procedimiento legislativo de la Ley 5966, violando la
Constitución de la Ciudad, impidió la realización de la Audiencia pública, una
instancia participativa que como se analizará más adelante, resulta obligatoria.
Es así que, sobre la base de lo dictaminado por el Fiscal, la Alzada
resuelve a fs. 713, con fecha 3 de julio de 2019, conceder en relación y con
efectos suspensivos, el recurso de apelación interpuesto por el GCBA (fs.
646/647) contra la decisión de convocar a personas físicas o jurídicas para que
se expidan en calidad de amicus curiae o amigos del Tribunal de fs. 630.
A ese momento, se encontraban ya agregados al expediente, a fs.
650/657, y con fecha 28 de mayo de 2019, el informe de SHERMAN
Engineering de Suiza (www.sherman-engineering.ch) titulado “Convocatoria
Amicus Curae – Instalación de plantas incineradoras para el tratamiento de
residuos en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina”.
A fs. 668/680, y con fecha 21 de junio de 2019, se había
presentado la ACADEMIA NACIONAL DE INGENIERÍA, mediante informe
suscripto por el Ingeniero Luis U. Jáuregui, Director del Instituto del Ambientey por el Ingeniero Oscar A. Vardé, Presidente de la Academia Nacional de
Ingeniería, sosteniendo en la nota de presentación del Informe que “Durante
el año 2018, esta Academia Nacional de Ingeniería a través de su Instituto del
Ambiente, incorpora esta temática en la agenda de sus actividades, por
considerarla de suma importancia desde el punto de vista tanto ambiental,
como social y económico y también en el convencimiento que la Ingeniería con
su aporte específico puede contribuir al logro de esos objetivos Durante ese
año ya partir del intercambio de opiniones, se fue elaborando un documento
consensuado por los integrantes del Instituto y que refleja la opinión de
nuestra Academia en el tema” (fs.680).
La nota de fs. 680 acompaña el documento técnico titulado “La
gestión de los residuos sólidos urbanos. Desafíos para una situación ambiental
crítica”, disponible en www.acadning.org.ar.
21
A fs. 718 los actores solicitan se dicte sentencia definitiva y a fs.
719 se pasan los Autos a sentencia.
El 17/09/2019 se suspende el llamado de autos para sentencia, y
se ordena correr vista al Ministerio Público Fiscal en virtud de los planteos
efectuados por los actores (fs. 721). Asimismo, en la misma fecha se forma
incidente para remitir a la Cámara el recurso de apelación interpuesto contra
la decisión de convocar a amicus curiae (fs. 630).
A fs. 723/726 obra el dictamen de la Fiscal Catalina Legarre.
A fs. 727 se pasaron los autos para sentencia.
FUNDAMENTOS
Previo a analizar punto por punto las cuestiones planteadas
resulta necesario determinar los hechos y derechos controvertidos por las
partes sobre los que me pronunciaré en la presente sentencia.
En primer término, corresponde evaluar si la Ley 5966 de Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos, aprobada por la Legislatura en sesión
parlamentaria de simple lectura constituye una violación al art. 89 inciso 1 y
art. 90 de la Constitución de la Ciudad que establecen el procedimiento de
doble lectura y audiencia pública cuando se trate de legislación en “materia”
ambiental.
En segundo lugar, compete precisar si la citada Ley 5966 cuyo
art. 3 autoriza la termovalorización de residuos, contraviene la prohibición de
“combustión de residuos con recuperación de energía por no constituir un
método de reciclaje” dispuesto como presupuesto mínimo en la Ley Nacional
25916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
Y entonces cabe determinar si la Ley 5966 no trae aparejada la
violación del Principio de Progresividad y el Principio de No Regresión aplicable
en la protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado y del derecho a
la salud reconocidos en la Ley 25675 y en los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (art. 2.1.), la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos (art. 26) y su Protocolo Adicional el protocolo de San Salvador.
22
En tercer lugar, es necesario analizar si la Ley en cuestión incluye
medidas que pueden producir un daño al ambiente y a la salud de los
habitantes de la Ciudad y a sus generaciones futuras, tal como lo expresan los
actores a fs. 505/509.
1.- Tema 1. Relativo a la doble lectura
1.1.- Análisis del requisito de doble lectura para el dictado
de la Ley 5966.
La Ley 5966 cuestionada, de gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, modifica la Ley 1854, ya desde su objeto, que es establecer el
conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fija la cuestión ambiental
determinando que la gestión de los mismos debe realizarse de forma sanitaria
y ambientalmente adecuadas, con el fin de proteger el ambiente, seres vivos y
bienes.
En este contexto, de reducción progresiva de la disposición final
de los residuos sólidos urbanos, se establecieron plazos y metas concretas, y
la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la
generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
Con las modificaciones introducidas por la Ley 5966 se levantó
una prohibición específicamente establecida por la Ley 1854 anterior,
autorizándose en la Ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos con
recuperación de energía (termovalorización).
Como podemos advertir, los contenidos de la ley cuestionada
refieren de modo directo al Medioambiente en cuestiones trascendentes
también desde lo social y lo económico.
Eso, torna en ineludible el tratamiento legal mediante el
procedimiento constitucional de doble lectura y el necesario debate público
que dicho procedimiento implica.
No menor resulta el hecho de que el procedimiento de sesión
simple que la Legislatura viene dando a la materia ambiental -omitiendo dictar
el Código Ambiental-, por lo pronto, deja de lado el debate, la información y la
23
participación pública respecto de cuestiones que hacen a la vida, a la salud de
los habitantes de la Ciudad y de las generaciones futuras.
Aunque en la Contestación de Demanda del GCBA no se señala el
fundamento para descartar la igualación de una ley ambiental y de un código
ambiental, que por cierto no es lo que postulan los actores, la Constitución
expresamente establece que la “materia ambiental” se regula por
procedimiento de doble lectura y audiencia pública.
De ello se concluye que, la regulación normativa de la materia
ambiental, sea por código o por una ley, debe ser mediante el procedimiento
de doble lectura y audiencia pública.
La inferencia que realiza el GCBA en cuanto a que la omisión de
sancionar el Código Ambiental permite la sanción de leyes ambientales por
procedimiento legislativo simple sin audiencia pública, es deleznable. La
Constitución no ha establecido excepción alguna para sortear el procedimiento
de doble lectura y la audiencia pública. Y dónde el Constituyente no distingue
no cabe efectuar una distinción no prevista.
Por lo que entonces, la materia ambiental, sea que se codifique o
sea que se legisle, -reitero, una distinción que no efectúa la Constitución
porteña-, en ambos casos debe seguir la regla del artículo 89 que
expresamente dice que tienen procedimiento de doble lectura y audiencia
pública, las materias ambientales, de planeamiento urbano y edificación.
Respecto a la gestión de los residuos Sólidos Urbanos, existen
varios sistemas diferenciados en virtud de su eficiencia, de su costo económico
y de su grado de impacto al medioambiente.
Es necesario comprender que cuando hablamos de la preservación
y cuidado de la salud, también nos referimos a la salud de los ecosistemas,
que es a la vez, la salud de los seres humanos. Ese es el concepto de salud, se
trata de “una salud”. (ver trabajo de tesis doctoral del médico veterinario
Wiemeyer, Guillermo M. (2019) “Evaluación de salud en carnívoros tope como
aporte para la medicina de la conservación en la Argentina: el caso Cóndor
Andino (vultur gryphus)” Tesis doctoral, Facultad de Cs. Veterinarias, UBA)
No es proponible que la Legislatura pretenda ejercer
discrecionalmente (ver fojas 272/273) la atribución conferida por el artículo 89
24
en cuanto a no legislar el Código Ambiental y que ese incumplimiento la
habilite a sancionar leyes simples sin audiencia pública, cuando se trata de
materia ambiental.
La Legislatura pretende a su respecto que le es potestativo
resolver que el procedimiento sea simple -contraviniendo la manda
constitucional sin ambages en cuanto a la doble lectura y audiencia pública-,
tornando en evidente la indisimulada intencionalidad de evitar que la
ciudadanía participe, intervenga, proponga, mejore, y en especial, ilustre tanto
a los legisladores como a los ciudadanos en general acerca las cuestiones
técnicas que esa ley ambiental cuestionada implica.
El Papa Francisco señala que “el medio ambiente es un bien
colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien
se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos,
cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros (…)”
(Papa Francisco, (2015) Enciclica Laudato Si, Pag. 75
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-france
sco_20150524_enciclica-laudato-si.html)
Por eso, nos pareció del caso, convocar no solo a universidades
sino también a las propias dependencias técnicas del GCBA y a los
encumbrados organismos técnicos que el país tiene a nivel científico.
Porque lo cierto es que no se advierte de los argumentos
expuestos por el GCBA en este expediente de amparo, el nivel científico
integral que requiere la materia ambiental y la conveniencia técnica de las
plantas de incineración, cuestiones que deliberadamente se soslayan y se
solapan por parte del GCBA bajo pseudos argumentos jurídicos como una
supuesta potestad de reglamentación de leyes federales (contestación de
demanda de fojas 529), o la discrecionalidad de la Legislatura para decidir en
lo que hace a la material ambiental, para legislar por un procedimiento u otro,
como si fueran lo mismo, y sin saberse cuándo uno y cuándo el otro y menos
por qué, lo cual deja a la luz que el objetivo de tal proceder de un órgano del
Estado deja de lado los debates y la participación de la ciudadanía
precisamente en el ámbito institucional en que cabe esa participación.
A ese respecto, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad
indica que “el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a
25
gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en
provecho de las generaciones presentes y futuras…Toda persona tiene
derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto
que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o
privadas.”
Sobre esto último el Papa Francisco reflexiona respecto de lo se
deja a la generaciones futuras en materia ambiental:
“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que
están creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada,
porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. (…) Por eso, ya
no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se
requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos
nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la
humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto
pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra.” (Papa Francisco, (2015)
Enciclica Laudato Si, Pag. 123-124
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesc
o_20150524_enciclica-laudato-si.html )
1.2.- Selectividad del Requisito de doble lectura para
asuntos ambientales.
Por lo pronto, el art. 81, inciso 3 de la Constitución de la C.A.B.A.,
establece que la Legislatura de la Ciudad “Con el voto de la mayoría absoluta
del total de sus miembros… “Aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento
Urbano, Ambiental y de Edificación”.
A su vez, el art. 89 establece que “Tienen el procedimiento de
doble lectura las siguientes materias y sus modificaciones: 1. Códigos de
Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación…”.
En el art. 24 del Plan Urbano Ambiental (Ley 2930) se hace
referencia a los instrumentos normativos existentes: “Son disposiciones que
regulan la construcción y las formas de uso de la ciudad, las que suelen
compilarse en códigos. Actualmente, la Ciudad cuenta con Códigos de
Planeamiento Urbano (CPU), de Prevención de la Contaminación (CPC), de la
Edificación (CE) y de Habilitaciones y Verificaciones (CHV), así como leyes
ambientales y de accesibilidad. Se propone que estos Instrumentos sean
reformulados de acuerdo a los siguientes criterios normativos… b. Código
26
Ambiental. Este nuevo Código contendrá el conjunto de disposiciones que
regulen la calidad del medio ambiente con vistas al logro de su máxima
sustentabilidad y el control de las situaciones de riesgo. A tal fin se atenderá a
la prevención de acciones ambientalmente inadecuadas y, en su caso, la
resolución o morigeración de las situaciones indeseables existentes,
asegurando la máxima recuperación posible del medio afectado. Se
establecerán medidas y mecanismos de negociación y concertación para la
promoción de las acciones ambientales sustentables y la disuasión de las
prácticas incorrectas. El desarrollo del Código Ambiental, deberá tener en
cuenta la escala metropolitana de los procesos ambientales más
significativos,… Será prioritaria la promoción de medidas preventivas y la
puesta en práctica de acciones ambientales sustentables. Este Código
contendrá los mecanismos procedimentales de las acciones judiciales de índole
ambiental, incluyendo el procedimiento de recomposición del ambiente en caso
de daño ambiental colectivo” (el destacado me pertenece).
De ello, obsérvese que el Plan Urbano Ambiental -ley 2930- que
contempla la calidad del medio ambiente, su máxima sustentabilidad y el
control de las situaciones de riesgo, la prevención de acciones ambientalmente
inadecuadas y, en su caso, la resolución o morigeración de las situaciones
indeseables existentes, la negociación y concertación para la promoción de las
acciones ambientales sustentables y la disuasión de las prácticas incorrectas,
en las pautas legales se establece que el Código Ambiental, deberá tener en
cuenta la escala metropolitana de los procesos ambientales más significativos,
se establecerá como prioritaria la promoción de medidas preventivas y la
puesta en práctica de acciones ambientales sustentables fue aprobado bajo el
procedimiento de doble lectura y audiencia pública.
Ya el mismo Código de Planeamiento Urbano (ley 449/2000) hoy
derogado y reemplazado por el Código Urbanístico, pero vigente al momento
de sancionarse la Ley 5966 (mayo de 2018), establecía en el punto 5.5.1.13:
“Higiene Urbana.
A fin de dar cumplimiento con lo previsto por la Ley “Basura Cero“ (Ley 1854 ) y
sus modificatorias, se deberá disponer en el ámbito de la C.A.B.A. de distintos
establecimientos para el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): I.
Planta de Tratamiento de RSU. II. Planta de Transferencia de RSU. III. Planta de
transferencia de RSU Secos Clasificados. IV. Punto Limpio. V. Centro de
27
selección de residuos sólidos urbanos secos – Centro Verde. VI. Base primaria de
recolección de RSU. VII. Base secundaria de recolección de RSU.
Para los establecimientos reseñados en los puntos I, II, III, V y VI se debe
implementar un sistema de análisis automático de variables físicas, químicas y
biológicas de las instalaciones que permitan controlar todas las actividades del
proceso, cuyos datos puedan ser accesibles mediante un sitio Web dispuesto por
la Autoridad de Aplicación en forma permanente, para el control por parte de la
Comunidad en general.”
Es decir que había directa mención al cumplimiento de la Ley de
Basura Cero 1854 en el Código de Planeamiento Urbano que fue sancionado
por medio de doble lectura.
Del mismo modo, la Ley 6099 que aprobó el Código Urbanístico
de la Ciudad de Buenos Aires (BOCABA 5561, 27/12/2018), y deroga en su
art. 3 al Código de Planeamiento Urbano, fue tramitada bajo el procedimiento
de doble lectura.
Dentro de sus principios, establece que “1.2.1. Principios de la
planificación urbana y ambiental Los principios de planificación urbana y
ambiental que rigen al Código Urbanístico son: …Ciudad Saludable. En cuanto
a las condiciones de habitabilidad que garanticen la calidad ambiental y la
sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías apropiadas en las actividades
productivas y en los sistemas de transporte, de provisión adecuada de
infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la
resolución de la gestión de los residuos”
Y en el punto 1.4.2.2. los Tipos de Uso de suelo para Higiene
Urbana, aprueba en el inciso f. el uso Planta de Tratamiento de RSU,
definiéndolo como lugar especialmente acondicionado y habilitado por la
autoridad competente para el tratamiento de residuos sólidos urbanos por
métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a normas certificadas por
organismos competentes.
Es decir que el uso del suelo donde se podría llegar a instalar una
planta destinada a la termovalorización fue aprobado siguiendo los
procedimientos establecidos en los artículos 89 y 90 de la CCABA mientras que
la autorización de dicha tecnología propiamente dicha fue aprobada con un
28
procedimiento simple. No hay ninguna explicación para que lo ambiental sea
tratado legislativamente según la ocasión.
Asimismo, en el punto 3.9 “Usos que aplican instrumentos de
desarrollo territorial” del Código Urbanístico se enuncia cuáles son los usos que
corresponden a grandes equipamientos públicos o privados, y dispone que
estos deben tener aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conforme art. 89 y art. 90 de la CCABA. – doble lectura y
audiencia pública-, entre ellos se encuentra la compactación de basura de
escala urbana (inciso e).
De ello se concluye, que lo ambiental cuando incumbe al Código
de Planeamiento Urbano y/o al Código Urbanístico se legisla con procedimiento
de doble lectura y audiencia pública.
Resulta inentendible entonces que la Ley 5966 no haya seguido el
mismo procedimiento. Es evidente que hay una selectividad inapropiada con
respecto a qué procedimiento legislativo se aplica a lo ambiental. Ningún
fundamento válido avala esa selección.
Así lo dispone tal como vimos, la propia Constitución de la CABA
y también específicamente, lo establece el Código Urbanístico al referirse a la
aprobación de los usos referidos a la compactación de basura de escala
urbana.
Cabe destacar que este “Código Urbanístico”, que no se encuentra
“taxativa” y “literalmente” mencionado en el artículo 89 de la Constitución de
la CABA, no obstante, fue como ya sostuvimos, aprobado bajo procedimiento
de doble lectura y audiencia pública, es decir ha sido considerado como
materia urbanística y ambiental a tales efectos.
Por lo tanto, queda en evidencia que la Legislatura selecciona
arbitrariamente cuándo la materia ambiental se legisla con procedimiento
simple –claramente para evadir el procedimiento de doble lectura y Audiencia
Pública- y no obstante, cuando lo ambiental incumbe en lo urbanístico, y como
lo urbanístico se legisla con el procedimiento especial de doble lectura y
audiencia pública, resulta ser que la misma materia ambiental, si es una
legislación específica como la Ley 5966 aquí cuestionada, va por procedimiento
29
simple, incurriendo así la Legislatura en lo que la doctrina de los Actos Propios
impide.
1.3.- La omisión de la Legislatura de dictar un Código
Ambiental.
La Ley 2930, el Plan Urbano Ambiental, sancionada el 13 de
noviembre de 2008, constituye una verdadera reglamentación del dispositivo
constitucional referido al artículo 89 de la Constitución en general y en
particular, con respecto al Código Ambiental que la Legislatura omite dictar
desde hace 23 años.
Queda claro que no es discrecional de la Legislatura, el no dictado
del Código Ambiental, y con ello está violando una atribución reglada,
dispuesta en el artículo 81 inciso 4 de la Constitución local, que establece que
son atribuciones de la Legislatura aprobar y modificar los Códigos de
Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.
Como señala la doctrina “Las facultades de un órgano
administrativo están regladas cuando una norma jurídica predetermina en
forma concreta una conducta determinada que el administrador debe seguir, o
sea, cuando el orden jurídico establece de antemano qué es específicamente lo
que el órgano debe hacer en un caso concreto. Las facultades del órgano serán
en cambio discrecionales cuando el orden jurídico le otorgue cierta libertad
para elegir entre uno y otro curso de acción, para hacer una u otra cosa, o
hacerla de una u otra manera” (Agustín Gordillo, “Tratado de Derecho
Administrativo y Obras Selectas”, Formas Jurídicas de la Actividad
Administrativa, Sección III, Capítulo VIII, p. 5 y ss.).
Y por supuesto, las leyes ambientales que se vienen dictando no
pueden considerarse sustitutivas del Código Ambiental (C.A.) y menos que sea
una técnica legislativa encomiable, ir legislando de a parches, en el marco de
la omisión de dictar el Código Ambiental para inferir de esa omisión
inconstitucional de la Legislatura que las leyes menores al mismo, puedan
sancionarse con procedimientos simples.
Este hecho es aberrante jurídicamente. La Legislatura omite dictar
el Código Ambiental -situación en la que ya no podría eludir como lo hace, el
procedimiento de doble lectura y Audiencia Pública- y de esa anómala
30
conducta, inferir que las leyes de materia ambiental pueden ser emitidas por
procedimientos simples, constituye una convalidación fáctica del
incumplimiento constitucional de dictar un código ambiental.
Resulta importante mencionar que hubo un proyecto de ley de
Código Ambiental de la Ciudad presentado en el año 2009 por el entonces
legislador Tamargo Avelino del bloque Propuesta Republicana, que tramitó por
Nº de expte 784-D-09. Dicho proyecto fue girado a la Comisión de Ecología
(hoy de Ambiente) y la legisladora Marta Varela (PRO) quien presidía dicha
Comisión lo puso en tratamiento. A pesar de haber tenido dos reuniones de
Comisión en octubre y en noviembre de ese año para definir los lineamientos
generales sobre el procedimiento a seguir, el mismo fue abandonado.
El citado proyecto del Diputado Tamargo recepta en su Capítulo I
lo referido a Residuos Sólidos Urbanos, prohibiendo expresamente la
combustión de residuos sólidos urbanos en cualquiera de sus formas (el
artículo 172).
Lo expuesto demuestra que no asiste razón a los demandados, la
Legislatura y el GCBA cuando sostienen “… que resulta ser una atribución de
la legislatura definir la sanción de un Código Ambiental y el modo en que ello
se materializa en su caso” (fs. 271).
Vale aclarar que nadie puso en duda aquí que sea una atribución
constitucional de la Legislatura, dictar el Código Ambiental. Ahora bien, “el
modo en que ello se materializa en su caso” es improponible a la luz del
artículo 89 de la Constitución. El único modo es el dispuesto por la
Constitución, es decir, doble sesión y audiencia pública. Cabe preguntarse
acerca de cuáles serían los “modos de materializar” el cumplimiento de la
Constitución que no sean precisamente los que ella contempla.
En este sentido, es menester señalar que tampoco se pudo
conocer a ciencia cierta cuál es el trámite parlamentario que se le imprimen a
todas las leyes que versen sobre cuestiones ambientales, ya que la Legislatura
omitió en su respuesta del 21 de junio de 2018 (fs. 151) contestar ese punto.
Tal vez, eso sea ejemplo de los “modos” legislativos que la ciudadanía
desconoce.
31
Se reitera, este tribunal no pudo corroborar si existen leyes
ambientales que se hayan aprobado cumpliendo el requisito constitucional de
la doble lectura y audiencia pública, o si a todas las leyes ambientales, como la
que aquí se cuestiona, han sido aprobadas por simple lectura, por lo cual nos
hallaríamos ante una única y arbitraria selectividad: no dictar el Código
Ambiental y legislar la materia ambiental por procedimiento simple, dejando
de lado la Audiencia Pública y la segunda sesión de votación agravada.
En atención a lo expuesto, sostengo que, a partir del
incumplimiento de dictar el Código Ambiental, por parte del GCBA y de la
Legislatura de la CABA, se ha instalado entonces la “práctica habitual” o el
“modo” de darle un trámite de procedimiento común a los proyectos de leyes
de materia ambiental violando abiertamente la Constitución porteña que
establece que dicha materia, sea codificada y/o legislativa, es de trámite
parlamentario de Doble Lectura y Audiencia Pública.
1.4.- Derecho a la participación ciudadana y acceso a la
información en materia ambiental.
Es de toda evidencia que la Ley 5966, por otra parte, atañe de
modo exclusivo a materias ambientales y que por ende, susceptibles de tener
impacto en la única salud, de las personas y de los ecosistemas (Wiemeyer,
Op. cit), violando así las disposiciones mencionadas precedentemente que
toman en cuenta al Ambiente, SUS ECOSISTEMAS Y LOS SERES HUMANOS
como “patrimonio común de todas las personas”, con derecho a gozar de un
ambiente sano, a preservarlo y defenderlo y a recibir libremente información
sobre el impacto que puedan causar sobre el ambiente actividades públicas o
privadas y como ya se señaló, resultando de suma importancia, el ambiente
debe preservarse “… en provecho de las generaciones presentes y futuras…”
(artículo 26 Constitución de la Ciudad De Bs.As.).
Sobre ello la Dra. Petrella (2019) señala “La Constitución de
Buenos Aires trata el tema en su “Capítulo Cuarto: Ambiente”. El artículo 26
afirma que: “El ambiente es patrimonio común”. Los posteriores establecen la
necesidad de realización de audiencias públicas y la evaluación de impacto
ambiental como obligatoria” (Petrella, Alejandra (2019) “El desarrollo
sostenible como modo de paliar la economía de exclusión. Una mirada
32
sistémica desde los derechos sociales”, en Gallardo Roberto Andrés (Coord.),
Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, 2019, Editorial Jusbaires).
Y es justamente aquí donde se cristaliza, una vez más, que el
procedimiento de Doble Lectura y Audiencia Pública era necesario y debió
haberse cumplido en el trámite brindado a la Ley de Gestión de Basura, ya que
a través del mismo es la única forma de garantizar que todos los interesados
-todas las personas que habitan la CABA con derecho a un ambiente sanoconozcan cuales son los temas involucrados y sus consecuencias, y puedan
efectuar reclamos y observaciones en la Audiencia Pública que se convoque al
efecto, y a la consideración de los mismos por parte de la Legislatura (artículo
90 Constitución Ciudad de Bs.As.) sea para admitir o rechazar fundadamente
los mismos, y en particular, como antes dije, para que la comunidad científica
ilustre a la sociedad y a los legisladores.
Cuando la Constitución local le atribuye al habitante el
“derecho-deber de preservar el ambiente” (artículo 26 CCABA), lo está
habilitando para participar en su gestión y esta disposición no es caprichosa ni
decorativa sino que surge del principio 23 de la Carta Mundial de la Naturaleza
de las Naciones Unidas (1982) que estableció “toda persona, de conformidad
con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar, individual o
colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen
directamente a su medio ambiente”.
Asimismo, el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de
1992 fue más allá cuando estableció que “el mejor modo de tratar las
cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos
interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional toda persona
deberá tener la oportunidad de participar en los procesos de adopción de
decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación del público poniendo la información a disposición de todos” (el
subrayado me pertenece).
“Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio
ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades
ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas
y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en
33
particular los países en desarrollo.” (Declaración de Río sobre el medio
ambiente y el desarrollo, 1992, Principio 11)
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe, creado el 4 de marzo del 2018 al cual adhirió la
Argentina el 27 de septiembre del 2018, señala en su art. 7 “Participación
pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”, inc. 1 que: “Cada
Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se
compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los
procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos
normativos interno e internacional.”, en su inc. 7 que “El derecho del público a
participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la
oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles,
conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la decisión,
la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el
resultado del proceso de participación.” (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe; 2018, CEPAL).
Cabe destacar que este Acuerdo Regional surgió de una “fase
preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones de su Comité de
Negociación” de las cuales participó la Argentina como parte de su Mesa
Directiva (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe; 2018, CEPAL, Pág. 7).
“Información, sensibilización y formación del público. 1.
Cada Parte, dentro de sus capacidades, promoverá y facilitará: a) La
sensibilización de sus encargados de formular políticas y adoptar decisiones
acerca de los contaminantes orgánicos persistentes; b) La comunicación al
público de toda la información disponible sobre los contaminantes orgánicos
persistentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 9; c)
La elaboración y aplicación de programas de formación y de sensibilización del
público, especialmente para las mujeres, los niños y las personas menos
instruidas, sobre los contaminantes orgánicos persistentes, así como sobre sus
efectos para la salud y el medio ambiente y sobre sus alternativas; d) La
34
participación del público en el tratamiento del tema de los contaminantes
orgánicos persistentes y sus efectos para la salud y el medio ambiente y en la
elaboración de respuestas adecuadas, incluida la posibilidad de hacer
aportaciones a nivel nacional acerca de la aplicación del presente Convenio; e)
La capacitación de los trabajadores y del personal científico, docente, técnico y
directivo; f) La elaboración y el intercambio de materiales de formación y
sensibilización del público a los niveles nacional e internacional; y g) La
elaboración y aplicación de programas de educación y capacitación a los
niveles nacional e internacional. 2. Cada Parte, dentro de sus capacidades,
velará por que el público tenga acceso a la información pública a que se hace
referencia en el párrafo 1 y porque esa información se mantenga actualizada.
3. Cada Parte, dentro de sus capacidades, alentará a la industria y a los
usuarios profesionales a que promuevan y faciliten el suministro de
información a que se hace referencia en el párrafo 1 a nivel nacional y, según
proceda, a lo niveles subregional, regional y mundial. 4. Al proporcionar
información sobre los contaminantes orgánicos persistentes y sus alternativas,
las Partes podrán utilizar hojas de datos de seguridad, informes, medios de
difusión y otros medios de comunicación, y podrán establecer centros de
información a los niveles nacional y regional. 5. Cada Parte estudiará con
buena disposición la posibilidad de concebir mecanismos, tales como registros
de liberaciones y transferencias, para la reunión y difusión de información
sobre estimaciones de las cantidades anuales de productos químicos incluidos
en los anexos A, B o C que se liberan o eliminan.” (Art. 10 del Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) de mayo de
2001, habiendo entrado en vigor en 2004, Ley 26011).
En oportunidad de dictarse el Convenio Minamata sobre el Mercurio
del 10 de octubre de 2013, habiendo entrado en vigor el 16 de agosto de
2017, Ley 27356, los Estados parte sostuvieron que son conscientes de los
problemas de salud, especialmente en países en desarrollo, resultantes de la
exposición local a los COP, en especial los efectos en las Mujeres y a través de
ellas, en las futuras generaciones, y han acordado entre otras lo siguiente:
“Artículo 18. Información, sensibilización y formación del público
1. Cada Parte, con arreglo a sus capacidades, promoverá y facilitará: a) El
acceso del público a información disponible sobre: i) Los efectos del mercurio y
los compuestos de mercurio para la salud y el medio ambiente; ii) Alternativas
35
al mercurio y los compuestos de mercurio; iii) Los temas que figuran en el
párrafo 1 del artículo 17; iv) Los resultados de las actividades de investigación,
desarrollo y vigilancia que realice de conformidad con el artículo 19; y v) Las
actividades destinadas a cumplir las obligaciones contraídas en virtud del
presente Convenio; b) La formación, la capacitación y la sensibilización del
público en relación con los efectos de la exposición al mercurio y los
compuestos de mercurio para la salud humana y el medio ambiente, en
colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
pertinentes y con poblaciones vulnerables, según proceda. 2. Cada Parte
utilizará los mecanismos existentes o considerará la posibilidad de establecer
mecanismos, tales como registros de liberaciones y transferencias de
contaminantes, si procede, para la recopilación y difusión de información sobre
estimaciones de las cantidades anuales de mercurio y compuestos de mercurio
que se emiten, liberan o eliminan a través de actividades humanas.” (Art. 18
Convenio Minamata sobre el Mercurio del 10 de octubre de 2013, habiendo
entrado en vigor el 16 de agosto de 2017, Ley 27356.)
“Investigación, desarrollo y vigilancia. (…) e) La información
sobre el ciclo ambiental, el transporte (incluidos el transporte y la deposición a
larga distancia), la transformación y el destino del mercurio y los compuestos
de mercurio en un conjunto de ecosistemas, teniendo debidamente en cuenta
la distinción entre las emisiones y liberaciones antropógenas y naturales de
mercurio y la nueva movilización de mercurio procedente de su deposición
histórica” (Art. 19 del Convenio Minamata sobre el Mercurio del 10 de octubre
de 2013, habiendo entrado en vigor el 16 de agosto de 2017, Ley 27356.)
Dichos principios han sido receptados a nivel nacional por la Ley
General del Ambiente 25675, que define como objetivo de la política ambiental
nacional fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión
(art. 2°, inc. c).
Dicha norma en su Anexo II contiene el “Pacto Federal Ambiental”
suscripto por los Gobernadores de las Provincias y por el entonces Intendente
de la CABA, en el que acordaron en el punto “V. – En materia de desarrollo de
una conciencia ambiental, los Estados signatarios se comprometen a impulsar
y adoptar políticas de educación, investigación científico-tecnológica,
36
capacitación, formación y participación comunitaria que conduzcan a la
protección y preservación del ambiente.”
Respecto a las obligaciones de procedimiento para garantizar los
derechos a la vida y a la integridad personal en el contexto de la protección
del medio ambiente la Corte Interamericana señala en la Opinión Consultiva
OC-23/17 sobre la participación en el punto 226 lo siguiente:
“ La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los
derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la
participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones
estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las
funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas
formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean
escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades
exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de
decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos
gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la
participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y
transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información
que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable .”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) Opinión consultiva
oc-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Colombia.
Medio Ambiente y Derechos Humanos.
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf , Pag. 91)
En esta dirección, la proximidad del individuo con el medio
ambiente lo habilita a accionar adecuadamente cuando advierte que puede
estar siendo amenazado o dañado, y en ese sentido los ciudadanos tienen la
atribución de cooperar aun en las decisiones políticas, administrativas y/o
legislativas, ejerciendo su derecho-deber de preservar el ambiente.
Al respecto, el Papa Francisco sostiene que:
“ Hay que dejar de pensar en « intervenciones » sobre el ambiente para dar lugar
a políticas pensadas y discutidas por todas las partes interesadas. La
participación requiere que todos sean adecuadamente informados de los diversos
aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce a la decisión
inicial sobre un proyecto, sino que implica también acciones de seguimiento o
monitorización constante. ”
37
(Papa Francisco, (2015) Laudato Si, Pag. 141
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesc
o_20150524_enciclica-laudato-si.html )
El justificativo vertido por los demandados, para sostener la
legitimidad de la sanción simple de la Ley 5966, según el cual al no estar ésta
contemplada en ninguno de los supuestos especiales del artículo 89 de la
CCABA, no cabría darle el procedimiento de doble lectura y en consecuencia
omitir la audiencia pública, se basa en una falacia de razonamiento, es una
argucia despreciable con el propósito de dejar de lado el debate público y la
mayoría agravada de la segunda sesión Legislativa.
En efecto, sostener que como no se ha cumplido el mandato
constitucional de sancionar un Código Ambiental, las leyes ambientales son
“huérfanas” del mismo y por ende pueden ser sancionadas por el
procedimiento de trámite parlamentario “simple”, es concretamente arrasar
los principios normativos superiores y convencionales que rigen en esta
materia y que otorgan derechos de participación a los ciudadanos.
Ahora bien, cabe destacar que el Legislador Gabriel Solano,
advirtió en el recinto parlamentario, de manera encomiable dado el contexto,
respecto de la necesidad de la doble lectura de la Ley 5966 al decir “La
ausencia de la aprobación de un Código Ambiental no solo prueba que el
medioambiente no les importa nada -de lo contrario, lo hubieran aprobado,
sino que permite a través de la no aprobación la violación de un principio que
figura en la Constitución. Porque si existiese un Código Ambiental, obviamente
esta Ley modificaría al Código Ambiental. Y la modificación del Código
Ambiental, según la Constitución, tiene dos requisitos: audiencia pública
-doble lectura- y la mayoría especial…” (Dichos del Diputado Solano extraídos
del Acta de la 90 Sesión ordinaria del 03/05/2018, Versión taquigráfica,
Legislatura CABA).
Y como sí lo expuesto hasta aquí no fuera suficiente, al darse a la
Ley 5966 el procedimiento de simple lectura omitiéndose la audiencia pública,
se discutieron las cuestiones relativas a la incorporación de la
termovalorización como método de gestión de residuos de la CABA y los
impactos a la salud y al ambiente que ello podría ocasionar, a puertas
38
cerradas, a espaldas del debate ciudadano y de la participación que a favor de
ella establece la Constitución.
Valga recordar lo prescripto en art. 27 de la CCBA por el cual se
establece que la “Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de
planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de
desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área
metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y
ambiental participativo y permanente que promueve: (..) 12. Minimizar
volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento,
recuperación y disposición de residuos”.
Así también lo ha dicho el Juez Francisco Ferrer, “el artículo 89
luego de señalar que “tienen procedimiento de doble lectura” alude a “las
siguientes materias” y “sus modificaciones”, para luego efectuar una
enumeración que, tal como se ha adelantado no es taxativa. Ahora bien, los
propios términos elegidos, “materias” y “modificaciones” dan cuenta de la
voluntad de alcanzar con el procedimiento de doble lectura a cualquier
decisión que incumba a los temas enumerados, circunstancia por la que se
evita toda expresión que pueda ser utilizada para mutilarlos” (“Desplats
Gustavo María contra GCBA sobre Amparo”, Expte. A 2248-2017/0, Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 23,
Secretaría 45, sentencia del 19/06/2018).
En efecto, hay que condenar la argucia -en la acepción de la RAE
sutileza, sofisma, argumento falso presentado con agudeza- por la cual se
apartó a la Ley 5966 del procedimiento especial de doble lectura ya que el
artículo 89 de la Constitución utiliza el conector “y” entre las palabras
“materias” y “modificaciones” de lo cual surge que la materia ambiental -que
es lo de este caso- puede o no estar codificada pero en ninguno de los casos,
quedar por ello, exenta del procedimiento especial de doble lectura.
La no existencia del Código Ambiental o lo que es peor, la omisión
de 23 años en la que incurre el Legislador en dictarlo, no debe permitir la
deducción que hace el GCBA en el sentido de que las leyes que legislan
“materia ambiental” pueden soslayar la Doble Lectura y la Audiencia Pública.
39
La previsión constituyente es puntillosa, minuciosa, en cuanto a
reglar que la materia ambiental siempre tiene que ser legislada mediante
procedimiento especial de doble lectura y audiencia pública.
Al respecto, el Reglamento -actualizado al 2017- de la Legislatura
en el Capítulo 3 -Del Procedimiento de Doble Lectura y de las Audiencias
Públicas- señala en el artículo 73 que “… los proyectos que versen sobre las
materias o asuntos que según el artículo 89 de la Constitución de la Ciudad,
deben ser sometidos al procedimiento de doble lectura, deben contar, para ser
considerados por el Cuerpo,.. y la resolución de convocatoria a Audiencia
Pública …. ”
Se advierte que el reglamento de la propia Legislatura incluye
además la palabra “asuntos” captando la voluntad del Legislador constituyente
a fin de que cuando se tratan, “materias”, “asuntos”, “códigos” o
“modificatorias” en materia ambiental, sólo cabe el procedimiento de doble
lectura y la realización de la Audiencia Pública.
También cabe mencionar que al momento de sancionarse la Ley
5966, 3 de mayo de 2018 el Código de Planeamiento Urbano estaba vigente
(LEY N° 449, B.O.C.B.A. Nº 1.044, Pub. 09/12/2000).
Por ello y en consonancia con lo expuesto hasta aquí, la Ley 5966
no sólo debió haber tenido tratamiento de doble lectura y haberse realizado la
Audiencia Pública, por ser una ley que trata “asuntos ambientales” -según el
Reglamento interno de la Legislatura- sino también en atención al hecho de
que la misma modifica el Código de Planeamiento Urbano en lo referido a la
Higiene Urbana (artículo 5.5.1.13) en tanto en el cuerpo de dicho Código se
incorporó el cumplimiento a cuestiones legisladas en la Ley de Basura Cero
1854 y sus modificatorias. (Texto del Código de Planeamiento Urbano
disponible en la siguiente página web
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/tomo_i_-texto-.pdf)
Como también ha sido sostenido por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LA C.A.B.A. “Un asunto de semejante importancia y complejidad no puede
ser contenido dentro de consignas a favor o en contra de la incineración, sino
por una política pública inclusiva y ambientalmente sustentable, para lo cual
será necesario un debate honesto acerca de qué convendría hacer con la
fracción final que queda después de aplicar una gestión integral de residuos, lo
40
cual incluye, necesariamente, el problema de la disposición final.” (Defensoría
del Pueblo de la C.A.B.A. (2018) Basura cero. Combustión, inclusión y cuidado
ambiental, Coordinación Ejecutiva de Derechos Urbanos, Ambiente y Espacio
Público, Coordinación Operativa de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Disponible en:
http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/incineracion.pdf
Pág. 15)
En el mismo sentido el Papa Francisco señala:
“ Cuando aparecen eventuales riesgos para el ambiente que afecten al bien
común presente y futuro, esta situación exige « que las decisiones se basen en
una comparación entre los riesgos y los beneficios hipotéticos que comporta
cada decisión alternativa posible ». Esto vale sobre todo si un proyecto puede
producir un incremento de utilización de recursos naturales, de emisiones o
vertidos, de generación de residuos, o una modificación significativa en el
paisaje, en el hábitat de especies protegidas o en un espacio público. ” (Papa
Francisco, (2015) Laudato Si, Pag. 141-142
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesc
o_20150524_enciclica-laudato-si.html )
Como se aprecia de la evidencia contundente reunida en la causa,
es un hecho que la Ley motivo de análisis ha sido sancionada SIN el
procedimiento constitucional de la Doble Lectura y consecuente Audiencia
Pública, de acuerdo a lo informado por la propia Legislatura, lo cual no deja de
ser una admisión escrita y en expediente, reconocimiento que no necesita
ninguna otra indagación.
2.- Tema 2. Contradicción de Ley 5966 a principios
establecidos en leyes Federales.
En segundo lugar, corresponde dilucidar si la Ley 5966 ha sido
dictada teniendo en cuenta o no los presupuestos mínimos ambientales fijados
por la Ley General del Ambiente y la Ley Nacional de Gestión Integral de
Residuos.
El Papa Francisco en la Encíclica Evangelii Gaudium nos recuerda
que “(…) el afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que
tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que
41
sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del
mercado divinizado, convertidos en regla absoluta.” (Papa Francisco, (2013)
Encíclica Evangelii Gaudium, Pag. 48
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/pap
a-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html)
2.1- Consideraciones previas
Antes de comenzar a desarrollar las consideraciones corresponde
destacar que tanto en las presentaciones de los coactores FUNDACIÓN
AGRESTE (ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE), como las de la FUNDACIÓN
GREENPEACE ARGENTINA y la ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL
DERECHO A LA CIUDAD, se amplía la demanda reputando la incongruencia de
la Ley 5966 -tachada de inconstitucional- con los principios rectores en
materia ambiental emanados del bloque constitucional federal (Constitucional
Nacional junto los instrumentos internacionales de Derechos Humanos de
jerarquía constitucional), establecidos en la Ley General de Ambiente, y la Ley
de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
Nos atañe resaltar dicha situación porque algunos avatares
procesales relacionados a la forma mediante la cual llegan los recursos de
queja a la Cámara del fuero, pueden haber inducido a un error.
Lo cierto es que al momento de analizar la queja presentada por
la Procuración General de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal dictaminó ante
la Sala II del fuero que las medidas tomadas en el expediente “en principio, no
estarían vinculadas con el objeto del presente litigio en cuyo marco, como se
dijo, se pretende instar el control judicial del proceso de formación y sanción
de la Ley 5966”.
Y posteriormente agrega que “si bien la limitación recursiva
contenida en el artículo 19 de la Ley 2145 pretende hacer efectiva la
sumariedad que caracteriza al trámite del amparo (conforme artículos 43, CN
y 14, CCABA), su aplicación no puede ser mecánica, antes bien debe
preservarse en todo momento la tutela judicial efectiva y el derecho de
defensa, especialmente si éste no puede ser garantizado a través de lo que se
resuelva en la sentencia definitiva (cf. Sala I in re ‘GCBA sobre queja por
apelación denegada’, A39049-2015/1, 10/02/2017)” (ver fs. XX).
42
Reitero, que los coactores han traído al debate dicha pretensión
pero si ello no hubiera sido así, debe considerarse que la acción iniciada tiene
una tutela especial constitucional puesto que versa sobre el paradigma del
derecho “ambiental”.
Desde esa perspectiva se le ha otorgado a los/las jueces/zas
mayores herramientas y principios, que no detentan otras “materias” como
pueda ser la “civil”.
Este enfoque protectorio establecido por el constituyente y el
legislador, obliga a todos los operadores judiciales a tener un mayor deber de
diligencia.
La Ley General del Ambiente 25675, sancionada en función de la
manda constitucional establecida en el art. 41 de la CN, ley de presupuestos
mínimos, establece en su art. 32, que “El juez interviniente podrá disponer
todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos
dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general.”
Las normas y los principios que protegen el bien jurídico “medio
ambiente” pretenden un poder judicial proactivo y no expectante.
Por si quedan dudas, el último párrafo del mismo artículo nos
indica: “En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida
precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la
parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que
pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de
parte”.
La jurisprudencia de la CSJN recientemente estableció nuevos
estándares procesales en materia ambiental “En ese sentido, los jueces deben
buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de
evitar la frustración de derechos fundamentales (Fallos: 327:2127 y 2413;
332:1394, entre otros).” (Corte Suprema de la Nación Argentina fallo “Recurso
de hecho deducido por la actora en la causa Majul, Julio c/ Municipalidad de
Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de amparo ambiental”)
En este sentido, la Corte Suprema de la Nación menciona que
respecto a la tutela del daño ambiental no puede desconocerse que: “las
reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin
43
trascender el límite de la propia lógica, ponga el acento en su carácter
meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta como
una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que
exceden la tradicional versión del juez espectador (Fallos: 329:3493)”.
Sobre ello Mariana Pucciarello señala que “la situación de
vulnerabilidad que frecuentemente presentan quienes recurren a los tribunales
para hacer valer sus DESC genera situaciones no contempladas en los
ordenamientos procesales, o bien la necesidad de ajustes en los aspectos
regulados.” (Pucciarello, Mariana (2019) “La Encíclica Laudato Si’ y sus
proyecciones jurídicas: el caso de litigios sobre derechos económicos, sociales
y culturales” En: Gallardo, Andrés Roberto (Coor.) (2019) Derechos sociales y
doctrina franciscana. Reflexiones y debates, Buenos Aires, Ed. Jusbaires.)
Al respecto Carlos Balbín señala: “Es importante desarrollar la
creatividad en el estudio y construcción del derecho, y esta creatividad debe
apoyarse en el contexto local. (…) Esto supone no sólo encontrar soluciones
más razonables y eficientes, sino también preservar la riqueza cultural de la
sociedad.” (Balbín, Carlos (2019) “El derecho a tener derechos” En: Gallardo,
Andrés Roberto (Coor.) (2019) Derechos sociales y doctrina franciscana.
Reflexiones y debates, Buenos Aires, Ed. Jusbaires.)
En síntesis, la tutela en materia ambiental permite despojar de
ciertos rigorismos formales al proceso judicial: legitimación amplia (art. 43
C.N. y 14 de la C.C.), ampliar el fallo a cuestiones no sometidas al debate,
medidas judiciales en cualquier etapa procesal (art. 32 de la Ley General del
Ambiente 25675), entre otros.
A la luz de este análisis en cuanto a las facultades de jueces y
juezas para resolver en materia ambiental, que se me haya cercenado
consultar a expertos y científicos a través de la convocatoria de Amigos del
Tribunal (amicus curiae) debe alertarnos acerca de los impedimentos y trabas
que obstruyen el debate público que prescriben las normas constitucionales y
legales, locales, nacionales y los convenios internacionales suscriptos por la
Argentina.
Cabe señalar al respecto que es de toda evidencia que quien
suscribe es ajena a la índole técnica y científica que subyace en relación a las
44
plantas de termovalorización y su posible afectación al medioambiente y a la
Salud.
La supuesta falta de conformidad de las partes -por lo pronto, la
parte actora nada objetó al respecto-, resulta irrelevante ante la entidad de los
temas a los que atañe la ley cuestionada, y por el contrario, el dictamen fiscal
exhibe una alineación con el hecho de no abrir al debate público y a la
participación ciudadana, los temas que la ley cuestionada propugna.
En mi convicción: el dictamen fiscal está en consonancia con la
negativa a abrir a la participación ciudadana la decisión de instalar plantas de
termovalorización en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el Fiscal de Cámara argumenta acerca de que la
inapelabilidad de la decisión de convocar a expertos y científicos que ilustren
sobre el sensible tema de las plantas de incineración tanto al tribunal como a
la sociedad por vía de esta sentencia, establecida tanto por la Ley de amparo
2145 como por el Código procesal, no puede ser aplicada de “manera
mecánica”.
La verdad es la primera vez que encuentro una supuesta
distinción entre maneras mecánicas y no de aplicar la ley, concluyendo el
Fiscal que los amigos del tribunal (amicus curiae) pudieran ocasionar una
afectación a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa sin indicar por
cierto de qué modo ello pudiera darse ya que efectivamente la tutela judicial
efectiva se pone en acto, en primer lugar con la aplicación de la ley y no bajo
subterfugios que, en los hechos impidieron una vez más la participación
restringida a expertos y científicos, incluso de los del GCBA tal como fue hecha
la convocatoria.
2.2.- Análisis del marco normativo, doctrinario y
jurisprudencial
La Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan presupuestos mínimos de protección y a las
provincias las necesarias para complementarlas, sin que ellas alteren las
jurisdicciones locales (Art. 41 párrafo 3).
En ese sentido, la Ley General del Ambiente dispone que se
entiende por “presupuesto mínimo” a toda norma que concede una tutela
45
ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto
imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su
contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica
de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general,
asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable (Ley 25675 art.
6).
De ese modo, la Ley Nacional 25916 de Gestión Integral de
Residuos Domiciliarios (aprobada el 4 de Agosto de 2004) establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los
residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial,
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que
se encuentren regulados por normas específicas.
Entre estos presupuestos mínimos, se refiere en su artículo 3° a
la etapa de Tratamiento que comprende el conjunto de operaciones tendientes
al acondicionamiento y valorización de los residuos. Y aclara específicamente
que se entiende por “valorización” a todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el
reciclaje en sus formas físicos, químicos, mecánicos o biológicos, y la
reutilización (inciso f).
Es clara que la dirección de la política pública nacional en materia
de gestión de residuos domiciliarios está orientada al reciclaje de los mismos
en todas sus formas, ya que en ningún caso la ley hace alusión a la
combustión de residuos ni siquiera con recuperación de energía.
Sobre este punto, cabe señalar que la Ley 1854 de Basura Cero
en su artículo 10 inciso a) tiene por objeto “Garantizar los objetivos del
artículo 4° de la Ley Nacional 25.916 (B.O. 30497 del 7/9/04) “Gestión de
Residuos Domiciliarios””, siendo estos objetivos: Lograr un adecuado y
racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a
fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; promover la
valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de
métodos y procesos adecuados; minimizar los impactos negativos que estos
residuos puedan producir sobre el ambiente; y lograr la minimización de los
residuos con destino a disposición final.
46
Cabe aquí efectuar una aclaración acerca de la competencia
territorial en materia ambiental, teniendo en cuenta que, como sostuvimos, los
problemas ambientales no pueden ser divisibles, la cláusula tercera del artículo
41 de la Constitución Nacional, le asigna al Estado federal el dictado las leyes
de presupuestos mínimos, dejando en manos de las provincias aquellas que
las complementen.
De acuerdo a estas referencias, corresponde que se reconozca a
las autoridades de las distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que
consideren necesarios para el resguardo de sus gobernados respecto al
ambiente, para de este modo valorar si la actividad que se está desarrollando
o por desarrollar tiene incidencia en cuanto al deterioro del entorno
(Cafferatta, Néstor A., “Tratado jurisprudencial y doctrinario – Derecho
Ambiental”, Tomo I, Editorial La Ley, año 2012, pág. 607).
Es decir, la Nación solo puede establecer los presupuestos
mínimos pero no puede privar a las Provincias y a la CABA de la posibilidad de
dictar las normas complementarias; es decir, aquellas normas que agreguen
algo al estándar mínimo fijado por la Nación, o, con palabras de los jueces
Lorenzetti, Fayt y Petracchi, “corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las
normas necesarias para complementarlas, ya que complementar supone
agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación
complementada”. (Su voto disidente en la causa “Villivar, Silvana Noemí c/
Provincia del Chubut y otros” (V. 1015 XXXIX, 17.04.2007).
Por otra parte, cabe señalar que al referirse a presupuestos
mínimos ambientales “no se hace referencia únicamente a normas sustantivas,
sino también a normas de procedimentales, como ocurre, por ejemplo, con la
exigencia de la evaluación de impacto ambiental, las audiencias públicas o la
conformación de comités de cuenca previstos en el Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas aprobado por la ley 25.688”. (Laplacette, Carlos J., “La
competencia territorial en materia ambiental” Publicado en: Sup. Const. 2014
(octubre), 02/10/2014, 104 – LA LEY 2014-E, 1134 Cita Online:
AR/DOC/3205/2014).
47
En la Opinión Consultiva solicitada por Colombia a la Corte
Interamericana, ésta se ha expedido respecto a las obligaciones para prevenir
daños al medio ambiente y señaló en el punto 145: “Entre estas obligaciones
específicas de los Estados se encuentran los deberes de: i) regular; ii)
supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental;
iv) establecer un plan de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de
daño ambiental.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) Opinión
Consultiva oc-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República
de Colombia. Medio Ambiente y Derechos Humanos.
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf, Pág. 60)
Al respecto, existe un nutrido cuerpo de jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia en esta materia. Por ejemplo en el caso “Roca, Magdalena
c. Provincia de Buenos Aires” (Fallos 318:992.), dictado en mayo de 1995.
En esta ocasión, al declararse incompetente para analizar la
constitucionalidad de una ley provincial que homologaba un convenio para la
construcción de un muro en el Río de La Plata, la Corte Suprema consideró
que el planteo versaba sustancialmente sobre una cuestión ambiental, lo cual
trae aparejado que sean las autoridades administrativas y judiciales de la
Provincia las encargadas de valorar si la obra proyectada “afecta aspectos tan
propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente a la protección
del medio ambiente. En efecto, corresponde reconocer a las autoridades
locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que
consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que
gobiernan, como asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus
autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido.
Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución Nacional, la que, si bien
establece que le cabe a la Nación ‘dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección’, reconoce expresamente las
jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas (Artículo
41, tercer párrafo, Constitución Nacional)”
Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos sostener que la
modificación introducida por la Ley 5966, en tanto elimina la prohibición de la
combustión de residuos sólidos urbanos en cualquiera de sus formas y autoriza
la termovalorización con recuperación de energía entre los métodos para el
48
tratamiento de los residuos sólidos (Inciso b) artículo 33), no garantiza el
cumplimiento de los recaudos mínimos ambientales regidos por la Ley Nacional
de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 25916, en tanto introduce la
implementación de un método y un procedimiento que nada tiene que ver con
el reciclaje en ninguna de sus formas, es decir “no adecuado”, en los términos
de la propia Ley.
2.3.- Las directrices de l a “La Estrategia Nacional para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (ENGIRSU)
Por otra parte, la normativa ambiental en cuestión, aprobada en
simple lectura, debió tener en cuenta la jerarquía de tratamiento de los
residuos establecida en la Estrategia de Nacional de Gestión Integral de RSU
(ENGIRSU) implementada en todo el país desde el año 2005, que indica el
siguiente orden de prioridad: minimizar, clasificar, valorizar y disponer
adecuadamente los restos. En este sentido, se busca disminuir la cantidad de
residuos a disponer, si los que no pueden dejar de generarse son sometidos a
procesos de reuso y reciclado tantas veces como sea posible, antes de ser
descartados definitivamente y enviados a su disposición final.
El proceso de reciclado, al utilizar como insumo los materiales
recuperados de los RSU dando lugar a su valorización, permiten, al mismo
tiempo, reemplazar y ahorrar los recursos naturales que sustituyen. Los
métodos para la valorización de los RSU están asociados al concepto de
prevención cuantitativa, el cual promueve la minimización de las cantidades de
residuos a generar y también a disponer
(https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/gestionresiduos
/estrategianacional).
Inclusive, los principios fundamentales de la ENGIRSU indican
dentro de sus metas: la preservación de la salud pública; preservación
ambiental; disminución significativa de residuos a generar y disponer con la
aplicación de procesos de minimización y valorización, a través de las 4R,
(Reducción de los RSU generados en origen, asociada a la Producción Limpia,
Envases, Ciclo de Vida y Consumo Sustentable de productos y servicios;
Reuso; Reciclado, y Recompra de los materiales procesados para su re uso y el
49
reciclado); Disposición final de los RSU en forma sostenible y erradicación y
posterior clausura de los basurales a cielo abierto.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, estimo que la política
pública del GCBA y de la Legislatura en materia de gestión de residuos
domiciliarios, y por tanto las modificaciones introducidas a la Ley 1854 de
Basura Cero, debió tener en cuenta y respetar los presupuestos mínimos
ambientales establecidos legalmente y el orden de jerarquía y de principios
establecida en la Estrategia de Nacional de Gestión Integral de RSU
(ENGIRSU).
Al respecto, en la “Declaración de Investigadores y Docentes
de Universidades Nacionales a los Diputados y Diputadas de la
Legislatura Porteña en relación a la Modificación del Ley 1854 (Basura
Cero)”, de fecha 2 de mayo de 2018, suscripta por decenas de investigadores
de Universidades nacionales se señala que: “En materia de valorización
energética es imperioso dejar en claro cuáles son las corrientes de residuos
que podrán ser tratados por esta tecnología. Tasas de incineración altas son
incoherentes con objetivos de reciclaje ambiciosos. Recomendamos hacer
explícita la exclusión de plásticos que desde hace más de 15 años forman
parte de los circuitos de recuperación y reciclado: Tereftalato de polietileno,
Policloruro de vinilo, Polietileno de alta y baja densidad, Polipropileno y
Poliestireno; con el mismo criterio recomendamos excluir a los distintos tipos
de papeles y cartones.”
(Ver documento en la siguiente página web:
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/Declaraci%C3%B3n-d
e-Investigadores-de-Universidades-Nacionales-frente-a-la-modificaci%C3%B3
n-de-la-ley-de-Basura-Cero.pdf)
Asimismo, señalan que “Tanto el reciclado de los plásticos
mencionados, como el de papeles y cartones, ofrecen un balance energético
positivo (en relación a los ahorros energéticos frente al uso de materia prima
virgen), provee insumos al sector industrial y generan mayor mano de obra en
comparación con cualquier otro método de tratamiento de los residuos. Se
debe priorizar la recogida selectiva y el aumento de las tasas de reciclado,
compostaje y digestión anaeróbica, y reducir los residuos que se puedan
disponer en los procesos de transformación de residuos en energía. Siguiendo
50
la jerarquía de tratamiento de los residuos se hace evidente lo poco que
avanzó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de compostaje
y/o biodigestión de residuos orgánicos. Entendemos que debe ponerse en
marcha una política pública para impulsar este método. Los residuos orgánicos
constituyen alrededor del 40% del total de los RSU. Recomendamos hacer
explícita la promoción del compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos
en el ámbito domiciliario, comercial e institucional.”
(Ver documento en página web:
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/Declaraci%C3%B3n-d
e-Investigadores-de-Universidades-Nacionales-frente-a-la-modificaci%C3%B3
n-de-la-ley-de-Basura-Cero.pdf).
En el punto 21 de la Encíclica Laudato Si el Papa Francisco señala
respecto a la generación de basura lo siguiente:
“Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos,
incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se
producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos
no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición,
residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y
radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un
inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos
añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura.
Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las
ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los
organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel
de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se
toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud
de las personas. ” (Papa Francisco, (2015) Laudato Si, Pag. 19
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesc
o_20150524_enciclica-laudato-si.html )
2.4.- Principio de congruencia en materia ambiental
A su vez, la incorporación del método de la termovalorización con
recuperación de energía en Ley de Basura Cero, debió haber respetado
también el Principio de Congruencia por el cual la legislación provincial y
51
municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y
normas fijadas en la Ley General del Ambiente (artículo 4° Ley 25675).
Considerando dicho principio, las modificaciones legislativas
introducidas por la Ley 5966 debieron ser congruentes con la Ley Nacional de
Gestión de Residuos Domiciliarios Ley 25916, y disponer la profundización de
sistemas de reciclado -física, química, mecánica o biológica, y la reutilizacióncomo allí se establece; como la profundización y aplicación de otras medidas,
como el principio de responsabilidad del generador por el cual “El generador de
efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los
costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio
de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”
(artículo 4° Ley 25675), tomado del principio 16 de la Declaración de Rio de
Janeiro de 1992 sobre el Ambiente y el Desarrollo, consagrado a nivel local en
el artículo 9 de la Ley 1854, que hace imperioso instaurar un sistema de
Responsabilidad Extendida del Producto o Ley de Envases, que responsabilice
al productor de envases en la recuperación y/o el tratamiento de los mismos.
Como ha sido sostenido en el fallo del Tribunal Superior de
Justicia en “Asociación Civil Alianza para el Uso Racional de Envases en
Argentina (AUREA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”
Expte. n° 6370/08, de fecha 15 de septiembre de 2010,
“ …3.7.El mencionado “principio 16” establece la regla según la cual: “Las
autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el
criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la
contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales (…) el principio
contaminador-pagador y la noción de “internalización” de los costos. El principio
mencionado en primer término pone en cabeza de quien genere un daño al
ambiente el deber de repararlo. En cambio, la noción de internalización apunta a
que quien produce, importa, etc. bienes para que sean puestos en un mercado
deba incorporar entre sus costos, por ejemplo, y en lo que al caso importa, el
costo de la gestión de los residuos que esos bienes generen con su consumo.
Este último sistema permite, por un lado, que la carga pese sobre quien está en
condiciones de transar en un mercado el costo de cumplirla (vrg. el productor, a
diferencia del consumidor, puede elegir organizar la fabricación de determinado
producto con materiales que tengan menor impacto ambiental que otros y, de
esa manera, reducir el costo de la gestión de los desechos que generen); y, por
52
el otro, que el consumidor, esto es, quien contamina al disponer del bien de que
se trate, sea quien cargue, en los hechos, con el costo de la gestión de los
residuos al pagar un precio que, se supone, contempla los costos que se
debieron afrontar para poner el producto en el mercado; es decir, que el
contaminador sea quien pague el daño producido por esa contaminación ”.
A pesar de que se encuentra vigente el Decreto 760/GCABA/08,
del 25 de junio de 2008 que reglamenta el art. 9 de la Ley 1845, con un fallo a
favor de su constitucionalidad, el GCBA no avanzó en el proyecto de la tasa de
envases y embalajes, por lo cual siguen los productores sin pagar por los
envases que ponen en el mercado que con su uso se transforman en residuos.
Por las consideraciones efectuadas supra, queda claro que la Ley
5966 al autorizar la combustión de residuos con recuperación energética, no
tuvo en cuenta los presupuestos mínimos contenidos en la Ley General del
Ambiente ni las disposiciones de la Ley Nacional de Residuos Domiciliarios que
autorizan en la etapa de tratamiento la valorización de residuos entendida
como el reciclaje en todas sus formas física, química, mecánica o biológica, y
la reutilización y no menciona ni autoriza la termovalorización de basura, no
constituyendo éste un método adecuado de reciclaje.
2.5.- Análisis de las modificaciones introducidas por la Ley
5966
Sentado lo expuesto, cabe ahora referirnos a las modificaciones
concretas incorporadas por la Ley 5966, con el fin de analizar si los principios
ambientales y recaudos mínimos respetando las Leyes Nacionales ya citadas
han sido tomado en cuenta.
En primer lugar, la Ley 5966 modifica el art. 2° de la Ley 1854
agregando la “valorización” como una de las medidas orientadas a la reducción
progresiva de la disposición final.
“Artículo 2°. – Se entiende como concepto de Basura Cero, en el
marco de esta norma, el principio de reducción progresiva de la disposición
final de los residuos sólidos urbanos, con plazo y metas concretas por medio
de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la
generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación, el reciclado y
la valorización” .
53
Es interesante observar como en la norma se introduce el término
“valorización” para referirse a la combustión de residuos con recuperación de
energía, dicha acepción dista de manera sustancial con la establecida en la Ley
Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios que entiende por valorización a
todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química,
mecánica o biológica, y la reutilización (artículo 3° inciso f).
A su vez hay que destacar el mencionado artículo habla de un
conjunto de medidas como la separación selectiva, la recuperación, el
reciclado, y de acuerdo a las constancias obrantes en las actuaciones, se ha
podido corroborar que las mismas no se cumplen adecuadamente, lo que
asimismo surge de la propia Ley cuestionada cuando ha pospuesto las metas a
alcanzarse en materia de reducción progresiva de la disposición final de
residuos sólidos urbanos más de ocho años.
En ese sentido, resulta particularmente revelador el Informe Final
de Auditoría, elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires (AGCBA) sobre el reciclado de residuos urbanos para el periodo 2016.
(Informe 1.17.11 con fecha Octubre de 2018 disponible para descarga en el
sitio web de la Auditoria General a través del siguiente enlace:
http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20181113_1865—RECICLADO-DE-RESIDU
OS..pdf )
En el mentado informe se realiza un pormenorizado análisis del
“programa 11 – Reciclado de Residuos Urbanos” con el objetivo de evaluar “en
términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos del
programa con relación a los recursos asignados y la normativa vigente”. (fs.
13 del informe 1.17.11 AGCBA)
La primera de las observaciones formuladas por la AGCBA se
refiere en específico al control de las metas físicas donde se menciona que la
Dirección General de Reciclado (DGREC) ha incurrido en un “Incumplimiento
del Art. 12, incisos b), c) y d) de la Ley 70 por cuanto no se cuenta con
información debidamente respaldada para evaluar el cumplimiento de las
metas físicas, de acuerdo a lo estimado en el Presupuesto General. Ninguna de
las áreas administrativas y operativas de la DGREC poseen información
54
oportuna y confiable sobre el manejo del programa.” (fs. 6 del informe 1.17.11
AGCBA)
Este es apenas el primero de 16 puntos a los que la Auditoría
General enumera como “observaciones generales” y que juntos configuran una
imagen cruda sobre el estado actual y el control de cumplimiento de la Ley
“basura cero”.
En el punto 9 se indica: “La DGREC no posee la información
requerida (en una cláusula de los Convenios) sobre la cantidad y origen de los
materiales ingresados provenientes de la recolección de RSU, las cantidades
vendidas por tipo de material y su precio de venta. A su vez, la DGREC
incumple con su función (o acción) de Generar la información operativa y de
gestión de los centros de reciclado (Centros Verdes)” (fs. 9 del informe
1.17.11 AGCBA)
En el punto 10 señala: “La DGREC No cumple, eficazmente, con
uno de los principales objetivos del Programa 11, auditado, que es el de
Supervisión de la actividad que se desarrolla en los Centros Verdes, control de
normas de higiene y seguridad, reparto del material recolectado. En efecto, la
DGREC no proveyó información sobre el procedimiento de control e inspección
de los Centros Verdes” (fs. 9 del informe 1.17.11 AGCBA)
Y finalizan en el punto 16 aludiendo: “Los Centros Verdes, no
cumplen con la normativa exigida por la Ley 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental de la CABA y sus reglamentaciones. La DGREC informó que había
iniciado las tramitaciones de cumplimiento de las exigencias de la Ley N° 123,
ante la Autoridad de Aplicación. No obstante, su respuesta no incluye la
documentación respaldatoria correspondiente” (fs. 11 del informe 1.17.11
AGCBA)
A modo ilustrativo se trae aquí el análisis de la respuesta dada a
Auditoría General de la CABA respecto a las cantidades de material procesado
por los Centros de Reciclado: “Se observó también que los datos informados
de RSU recuperado se repiten, mes a mes, para cada uno de los trimestres del
año. La cantidad informada del 1° Trimestre fue de 6.579 toneladas para cada
uno de los 3 meses. Igual situación se presenta en los meses de Agosto y
Septiembre, en que se informaron 4.734 toneladas (c/u) y en el 4° Trimestre
en que se informaron 4.642 toneladas en cada uno de los 3 meses, de la
55
siguiente forma (1) – 1° Trimestre – 6.579 toneladas * 3 meses = 19.737
toneladas. (2) – Agosto y Septiembre = 4.734 toneladas cada uno. (3) – 4°
Trimestre – 4.642 toneladas * 3 meses = 13.926 toneladas. …Queda
expuesto que (en la DGREC) no se realiza un trabajo de medición de los
resultados obtenidos mes a mes en cuanto a la cantidad de toneladas de
productos reciclados. De tal forma, la carga de la ejecución física en el SIGAF
se realiza sólo para cumplir con las exigencias de los Sistemas de
Administración Financiera” ante pedidos de informes respondió “En base a la
información proporcionada por las adjudicatarias del servicio de recuperación
de RSU secos para el período bajo análisis, la cantidad promedio de material
reciclable recuperable fue 400 tn/día’. Asimismo, agregó que ‘Esta repartición
(la DGREC) no cuenta con mayores datos estadísticos que los ya
proporcionadas oportunamente’. De tal forma, se concluye que la DGREC
carecía, para el año 2016 (y 2017), de sistema de información, con
estadísticas e Indicadores.” (fs. 51 y 58 del informe 1.17.11 AGCBA)
Estas falencias quedan plasmadas de forma cabal y concisa en las
conclusiones del informe que a continuación transcribo: “…En resumen, se
observó que durante el año 2016, la DGREC no ha cumplido eficazmente, ni
eficientemente con muchas de sus responsabilidades primarias.
Consecuentemente, la DGREC no pudo proporcionar un grado de seguridad
razonable respecto al logro de los objetivos planteados, ni en la eficacia y
eficiencia de las operaciones realizadas por las Cooperativas. De tal forma, la
DGREC no logró ejercer un adecuado control con el objetivo de prevenir
posibles fraudes que afecten los recursos presupuestarios que son transferidos
(a las Cooperativas) por el GCBA.” (fs. 11 y 12 del Informe 1.17.11 AGCBA)
Las manifestaciones expresadas en la auditoría 1.17.11 de la
AGCBA ponen en evidencia que no se cuentan con datos oficiales de cuánto es
el volumen de residuos reciclables que procesa la Ciudad.
Y consecuentemente, al no contar con datos oficiales acerca del
volumen de residuos reciclables que procesa la Ciudad, no se encuentran los
fundamentos que motivaron la autorización legal de las plantas de
termovalorización de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido el informe de SHERMAN Engineering de Suiza
glosado a fs. 654 indica que “…3.- Si hablamos de termovalorización en
56
concreto, es una técnica adecuada cuando el volumen de residuos es elevado
y de acuerdo con la capacidad de la planta. Cuando el volumen es insuficiente,
la planta no trabaja de forma eficiente. Por ello no se trata de construir
muchas plantas sino centralizarlas y transportar residuos desde las
comunidades a plantas de incineración centralizadas. Países como China y
Dinamarca aceptan residuos de otros países para aumentar la eficiencia de sus
plantas de termovalorización. De esta forma se reducen también los costos de
incineración para los clientes. Es de suponer que una ciudad como Buenos
Aires tendría (después de separar para reciclar y compostar) un volumen
suficiente de residuos para justificar la construcción de
incineradoras/gasificadoras, pero hace falta un estudio detallado del volumen
esperado de residuos para construir la planta adecuada con la capacidad y
eficiencias adecuadas.” (v. fs. 654/655)
Además la Ley 5966 modifica el art. 6° de la Ley 1854
estableciendo un nuevo cronograma de reducción progresiva de la disposición
final de residuos sólidos urbanos, extendiéndose los plazos de cumplimiento de
las metas a ocho años más.
El artículo original establecía que las metas a cumplir “serán de
un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017,
tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004. Se
prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables
como aprovechables”.
“Artículo 6°. – A los efectos del debido cumplimiento del Artículo
2° de la presente ley, la Autoridad de Aplicación fija un cronograma de
reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que
conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en
rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 50% para el 2021, de
un 65% para el 2025 y un 80% para el 2030, tomando como base los niveles
enviados al CEAMSE durante el año 2012. Se prohíbe para el 2028 la
disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”.
El artículo modificado, establecía en su redacción anterior, que
para el año 2017 las metas a cumplir eran de un 75 %, ahora bien, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1854/05, en el supuesto de
alcanzarse dicha meta, se evaluaría la incorporación como método de
57
disposición final, otras tecnologías, incluida la combustión, siempre y cuando
se garantice la protección de la salud de las personas y el ambiente.
Ahora bien, de la prueba documental arrimada al expediente por
el GCBA, no surge que se haya cumplido con el 75% de las metas, recaudo
que debió haber sido cumplido para activar la posibilidad de incorporar la
valorización/combustión u otra tecnologías, esto también fue advertido en la
Observación al Despacho 0087/18 del 02/05/2018, suscripta por la Legisladora
Myriam Bregman cuando sostiene que “…Dado que la meta de reducción al
75%, inicialmente programada para el 2017, está lejos de cumplirse como es
reconocido por el proyecto oficial que la reprograma para 2020; la
incorporación de la incineración de basura contradice por completo el espíritu
de la ley vigente de Basura Cero”.
Al respecto, la única mención efectuada por el GCBA en su
informe realizado por la Dirección General de Tecnologías y Nuevos
Tratamientos obrante a fs. 194/199, señala genéricamente que “… no se ha
podido dar cumplimiento a las metas establecidas en la Ley 1854. Por ello se
advierte que las metas planteadas por la ley devinieron abstractas y han
quedado obsoletas” (fs. 195 vta.) sin explicar por qué motivos las metas
previstas en la ley anterior no se cumplieron, ni consignar en base a qué
cálculos y estudios se pensaron estas nuevas metas y su cumplimiento en los
años previstos en la nueva Ley.
Tampoco surgen detalles de cuántas serán las plantas
incineradoras que se instalarán, y dónde -aunque en el Informe del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de febrero de 2018, agregado en la
contestación de demanda del GCBA, a fs.199, dice “Se propone la instalación
de una Planta de Valorizacion Energética….” , tampoco se establece la
capacidad de termovalorización de esta planta, ni a qué partidas
presupuestarias se van a imputar los gastos que demanden la construcción de
estas plantas, como para conocer efectivamente si se podrán alcanzar las
metas fijadas en la Ley cuestionada.
Esto mismo fue cuestionado en el debate de la ley “Sería deseable
que se incorporen al proyecto metas concretas de incremento de la inversión
en las partidas del presupuesto que se destinan a la fracción de residuos
reciclables y a la recolección diferenciada de la fracción de material orgánico.
58
Fijar metas de reducción de residuos sin respaldarlas en metas de inversión,
no es serio” (dichos de la Legisladora María Inés Gorbea, alianza UNEN, VT 11
– Pág. 90 LEGISLATURA 3 de mayo de 2018).
“La verdad es que cuando no se cumplen las metas uno trata de
buscar otras herramientas para alcanzarlas: no cambia las metas. Cuando uno
tiene un objetivo que es el de las 3 “erres” -reducir, reciclar y reutilizar- del
que tanto se habló durante todo este tiempo y no se logra, uno busca otros
caminos para llegar a ese objetivo. Pero resulta que hoy abrimos la puerta a
un nuevo objetivo, una nueva herramienta de política para el tratamiento de
los residuos, que es la incineración” (dichos del Legislador Recalde, 9ª Sesión
Ordinaria LEGISLATURA VT 11 – Pág. 95)
En relación a la ubicación de la planta de termovalorización,
según las declaraciones del legislador Roy Cortina (Partido Socialista), se
instalaría en la Comuna 8, al lado del Riachuelo (Versión Taquigráfica 11 – Pág.
104 LEGISLATURA, 3 de mayo de 2018).
A fs. 199 en el informe de Ambiente y Espacio Público previo al
dictado de la Ley 5966, de febrero de 2018, acompañado por el GCBA en la
contestación de demanda se dice: “Segun la Guia para la Incineración de
Residuos Municipales, del Banco Mundial en el 2000, en proceso desde que se
inicia la toma de decisión de implementar incineración hasta el momento en
que comienza a operar la planta incineradora suele ser de más de cuatro
años”.
Los demandados al referirse a la termovalorización dan ejemplos
generales del funcionamiento de esta tecnología en otros países de Europa,
pero no se habla de datos duros y cálculos estimados de funcionamiento, o
informes de impacto ambiental (art. 30 CCABA ), que permitan dar cuenta de
que la combustión con recuperación de energía sea un método adecuado para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En efecto “En Europa se comenzó el proceso de optimización del
tratamiento de residuos desde la educación de la ciudadanía a separar desde
sus casas los residuos (metales, cartón, papel, vidrio, plásticos, pilas, filtros de
agua, aceite usado, medicamentos, restos orgánicos (compost), restos
vegetales, etc.) con el fin de dar a cada uno un proceso de reciclaje, reuso o
revalorización específico y en el caso de no ser posible el reciclaje, reuso o
59
revalorización para determinar un tratamiento final específico. Los municipios
dotaron de recipientes específicos y tipos de transporte específicos para cada
tipo de residuo a todas las comunidades. Y se implantaron medidas de
penalización para el incumplimiento en fase de separación. La eficiencia de
cualquier tipo de planta de tratamiento reside en una buena separación al
inicio. La separación desde las propias casas reduce muchísimo los costes
posteriores de separación. Esta primera fase lleva tiempo y depende del grado
de campañas de información a cargo del estado o empresas privadas y
lamentablemente también de las penalizaciones que se impongan. La
termovalorización es uno de los métodos usados en Europa pero no se
considera como un proceso aislado sino como parte de un grupo de
actividades complementarias.” (SHERMAN Engineering de Suiza, consultora
especializada en Seguridad (Safety), Salud (Health), Medioambiente
(Environment), Energía (Energy) y Gerencia de Riesgos industriales (Risk
Management), “Instalación de plantas incineradoras para el tratamiento de
residuos en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina”, Fs. 651/657)
La DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD indica sobre la
implementación de las plantas de incineración: “(…) Producir energía en vez de
generar basurales parece, en teoría, una buena idea.(…) Antes de definir si se
va a incinerar o no, es importante plantearse qué se quiere incinerar y con qué
criterios.(…) La prioridad debe ser el mantenimiento de la calidad de aire y no
la necesidad de “hacer desaparecer la basura”, sin prestar atención a los
peligros que implica. (…) Esto plantea un problema que no es tecnológico sino
de gestión: Desde la racionalidad económica, ambiental y social, es necesario
establecer criterios que apunten al aprovechamiento de la mayor parte (en
realidad, de la casi totalidad) de los residuos, salvo un núcleo duro,
absolutamente inutilizable. Cualquier autorización de incineración de residuos
debe establecer estándares de calidad del aire y mecanismos de control de un
rigor equivalente a los que se realizan en la Comunidad Europea. La
implementación de una tecnología de muy alta peligrosidad en un contexto de
controles débiles o inexistentes es la peor combinación posible. Sin embargo,
la Ciudad de Buenos Aires no realiza un control adecuado de las fuentes de
contaminación que existen en su territorio. Agregar nuevas fuentes potenciales
de contaminación, de mucho mayor riesgo, sin establecer previamente un
control confiable, es someter a los vecinos a una amenaza innecesaria. En un
60
contexto de fuerte desconfianza en los controles que pueda realizar la Ciudad
de Buenos Aires, cualquier actividad peligrosa como la que se menciona
debería tener un control externo duplicado, tal vez a cargo de alguna de las
Universidades públicas con sede en la Ciudad.” (Defensoría del Pueblo de la
C.A.B.A. (2018) Basura cero. Combustión, inclusión y cuidado ambiental,
Coordinación Ejecutiva de Derechos Urbanos, Ambiente y Espacio Público,
Coordinación Operativa de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Disponible en:
http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/incineracion.pdf
Pag. 9-11)
En atención a ello, cabe reconocer que la existencia de un circuito
de Cooperativas que tiene a su cargo la recolección y separación de materiales
reciclables presentes dentro de los residuos domésticos y que ello se
encuentra contemplado en la Ley 992 de la CABA , es una experiencia única en
el mundo, sobre ello el Papa Francisco señala:
“ La diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia
humana para crear e innovar, a la vez que protege el ambiente y crea más
fuentes de trabajo. Esta sería una creatividad capaz de hacer florecer
nuevamente la nobleza del ser humano, porque es más digno usar la
inteligencia, con audacia y responsabilidad, para encontrar formas de desarrollo
sostenible y equitativo, en el marco de una noción más amplia de lo que es la
calidad de vida. ” (Papa Francisco, (2015) Laudato Si, Pag. 147
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesc
o_20150524_enciclica-laudato-si.html )
En la DECLARACIÓN DE INVESTIGADORES Y DOCENTES DE
UNIVERSIDADES NACIONALES del 2 de mayo de 2018 indican que si se desea
un uso intensivo del método de incineración ello se contrapone con la tarea de
reciclar todo el material reciclable. En esa línea: “en materia de valorización
energética es imperioso dejar en claro cuáles son las corrientes de residuos
que podrán ser tratados por esta tecnología. Tasas de incineración altas son
incoherentes con objetivos de reciclaje ambiciosos.” (Ver documento completo
en página web:
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/Declaraci%C3%B3n-d
e-Investigadores-de-Universidades-Nacionales-frente-a-la-modificaci%C3%B3
n-de-la-ley-de-Basura-Cero.pdf)
61
Al respecto la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD señala en
el documento que elaboró en relación a la modificación de la Ley 1854: “Para
que estos sistemas [de incineración] sean eficientes, entonces, es necesario
que el contenido de materia orgánica sea el más bajo posible o que se trate de
plantas que solo procesen húmedos. Como en la CABA la segregación en
origen es muy baja, si el sistema necesita bajo nivel de orgánicos, procesará
secos y provocará un alto costo socio-económico; o solo incinerará húmedos,
lo cual parece improbable si consideramos el contenido de los contenedores
negros de la CABA. La primera variante implica desempleo; la segunda, un
cambio significativo en los hábitos ciudadanos.” (Defensoría del Pueblo de la
C.A.B.A. (2018) Basura cero. Combustión, inclusión y cuidado ambiental,
Coordinación Ejecutiva de Derechos Urbanos, Ambiente y Espacio Público,
Coordinación Operativa de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Disponible en:
http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/incineracion.pdf
Pág. 36)
Según datos obtenidos por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA
CIUDAD: “El 44% de los residuos cargados en los camiones de recolección
domiciliaria son reciclables y/o reutilizables. (…)Para los RSU recolectados en
contenedores negros: * 40% = materia orgánica = compost, biodigestión,
etc.* 40% = cartón, plástico, papel, etc. = reciclable, reutilizable, etc. Estas
estimaciones están calculadas tomando muestras de los camiones que llegan a
las plantas de transferencia, lo cual deja fuera del cálculo a los residuos secos
que los recuperadores urbanos ya extrajeron de los contenedores negros.”
(Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A. (2018) Basura cero. Combustión,
inclusión y cuidado ambiental, Coordinación Ejecutiva de Derechos Urbanos,
Ambiente y Espacio Público, Coordinación Operativa de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Disponible en:
http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/incineracion.pdf
Pág. 23)
Por otra parte, se modifica el art. 7 de la Ley 1854 que prohibía la
combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o
sin recuperación de energía; y ahora autoriza la combustión de residuos
sólidos urbanos con recuperación de energía, violando así los principios
mínimos ambientales contenidos en la Ley General del Ambiente, como así
62
también las pautas establecidas en la Ley Nacional de Gestión de Residuos, de
acuerdo a lo expresado supra.
Además, se incorpora el artículo 7° bis que agrega que sólo
podrán ser pasible de transformación y valorización mediante técnicas de
combustión con recuperación energética, los residuos sólidos urbanos
húmedos, previo tratamiento en planta de separación con el fin de seleccionar
aquellos materiales factibles de ser reciclados (artículos 7°bis).
Entre estos materiales nombra al cartón, papel y polietileno, no
dice nada del vidrio y los metales, habría que ver si tienen previsto que van a
hacer con estos residuos. Tampoco habla de los residuos orgánicos que
deberían ir a plantas de compostaje.
También se indica que el tratamiento previo de estos materiales
será en una planta de separación con el fin de seleccionar aquellos materiales
factibles de ser reciclados.
Ahora bien, la Combustión de Residuos es competitivo con la
recuperación y el reciclado, prioridad de la ENGIRSU.
Los materiales que mayor energía generan son los mejores para
el reciclado: Plástico y Papel. Es de descarte que hay países que han
implementado sistemas de combustión de residuos y como efecto ha
disminuido o detenido sus tasas de reciclado de residuos (Ante el avance de
sistemas de combustión de residuos, en Bulgaria y Estonia las tasas de
recuperación se han reducido y en los casos de Suecia y el Reino Unido se
mantuvieron estancadas. Ver Euroactiv Plataforma de medios europea
especializada en la publicación de artículos centrados en la formulación de
políticas públicas europeas (2017): “Waste: Subsidies make it cheaper to burn
than recycle”
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/wastesubsidies-make-it-cheaper-to-burn-thanrecycle/ )
A su vez, es significativa la cantidad de empleos generados por
los procesos de recuperación y reciclado frente a otros métodos de tratamiento
de RSU, se estima en 10 veces más que la combustión de residuos. Diferentes
estudios señalan que el costo de inversión de capital para la valorización
energética es superior a todas las demás fuentes de energía, incluyendo a la
63
energía solar fotovoltaica y la eólica (U.S. Energy Information Administration
–EIA- (2016): “Capital Cost Estimates for Utility Scale Electricity Generating
Plants”, Departamento de Energía de los EEUU, Washington DC.)
Por su parte, la recuperación de materiales como el papel,
plástico, vidrios, metales ahorra más energía que la que generaría en un
proceso de valorización energética (Morris, Jeffrey (2010): “Bury or Burn
North America MSW? LCAs Provide Answers for Climate Impacts & Carbon
Neutral Power Potential” en Environmental Science and
Technology.https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es100529f )
La incineración no es energía renovable, documentos oficiales de
otros países así lo señalan (la Resolución sobre energías renovables resultante
de la 85° Conferencia Anual de Alcaldes de Estados Unidos (United States
Conference of Mayors -USCM-) de junio de 2017, excluye explícitamente a la
incineración de residuos como fuente de energía renovable como parte del
plan para combatir el cambio climático 85° United States Conference of
Mayors -USCM-: Resolución
http://legacy.usmayors.org/resolutions/85th_Conference/proposedcommittee.
asp?committee=Energy) Un argumento lógico demuestra que la combustión
de residuos se realiza con desechos mixtos y no preseleccionados, dentro de
los mismos hay plástico, el plástico proviene del petróleo que no es renovable.
Por su parte, se incluye en el artículo 10, como uno de los
objetivos generales de la Ley, a la promoción del aprovechamiento de los
residuos sólidos urbanos, incorporando la combustión con recuperación
energética –que antes se descartaba expresamente en este inciso- (Inciso d
punto 2 artículo 10). Del mismo modo, se modifica el art. 33 de la Ley 1854
incorporando a la Transformación térmica con recuperación de energía, entre
los métodos para el tratamiento de los residuos sólidos (inciso b) art. 33).
A su vez, se incorporan condiciones que deberá cumplir el
tratamiento de residuos sólidos urbanos por medio de la combustión con
recupero de energía (art. 33 bis): “a. deben utilizar métodos o tecnologías que
aseguren el cumplimiento de los estándares de eficiencia energética definidos
en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo I de
la ley), como sus actualizaciones; b. establece límites para las emisiones de la
atmósfera producto de la combustión Anexo VI, parte 3 de la Directiva
64
2010/75/UE del parlamento Europeo y del Consejo (Anexo II);c. la gestión de
los residuos resultantes de la combustión debe realizarse según las normas
vigentes para el tratamiento de residuos, cenizas volantes deben ser
consideradas residuos peligrosos.”
No surge de las constancias en autos que estas Directivas
emitidas por el Parlamento Europeo hayan sido tomadas en cuenta para
realizar un estudio del impacto ambiental, de acuerdo al nivel de residuos que
produce la CABA, de las emisiones atmosféricas (carga másica) propias de
esta Ciudad, ya que los límites y estándares impuestos en la Unión Europea,
que posee otras características, podría diferir a las propias de la CABA.
No surge de la documentación acompañada por el GCBA que se
hayan efectuado estudios o el informe de Impacto ambiental que permita
conocer cuál es la carga másica, o la línea base de gases en nuestra
atmósfera, para así poder conocer si estaremos en condiciones de cumplir con
Normativas que no nos son propias y pertenecen a un bloque de países con
características de toda índole distintas a las de la CABA.
Tampoco se establece en este artículo ni en otro de la citada Ley,
qué tratamiento se dará a los residuos obtenidos a partir de la
termovalorización, teniendo en cuenta que los mismos son residuos peligrosos.
Desde luego que en Europa a los fines de la incorporación de esta
tecnología se exige una Evaluación de Impacto Ambiental además de los
estudios económicos y de financiación, por lo que la normativa europea
referida a los estándares de eficiencia energética y límites de emisiones a la
atmósfera que la Ley 5966 incorpora, demuestra que el legislador ha
efectuado una selección dentro de esa normativa europea.
Al respecto, la consultora suiza especializada en Seguridad (Safety),
Salud (Health), Medioambiente (Environment), Energía (Energy) y Gerencia de
Riesgos industriales (Risk Management), SHERMAN Engineering, señala en su
informe “Puntos a tener en cuenta: Para construir una planta de tratamiento
se exige en Europa una Evaluación de Impacto Ambiental. Suponemos que en
Argentina es igual. Además el estudio económico y de financiación es
imprescindible para poder tomar una decisión. Si realmente se tomará como
65
base la normativa europea, la tienen que conocer muy bien antes de
adoptarla” (fs. 653).
En la misma línea de las disposiciones europeas, la Constitución
CABA prevé en el artículo 30 la obligatoriedad de la evaluación previa del
impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de
relevante efecto ambiental y su discusión en audiencia pública.
Lo expuesto de modo sucinto refiere de modo incuestionable a la
atmósfera, y procesos de tratamiento de los residuos sólidos urbanos de índole
técnico ambiental, en la que se encuentran áreas de ciencias duras como la
química, la ingeniería ambiental, las cuestiones de salud producto de las
emisiones (recuérdese aquí el Síndrome de Minamata cuando el vertido de
80000 toneladas de mercurio al mar produjo esa enfermedad en Japón en los
50’s).
Por último, modifican el art. 52 donde establecen genéricamente
que se deberá garantizar la protección de la salud de las personas y el
ambiente, y se deja de lado la mención acerca de con qué partidas se
afrontarán los gastos que demanden la aplicación de la citada ley, que el
anterior art. 52 que aclaraba.
Siendo que tal como tal como se expresó en el informe glosado a
fs. 652/656 “Antes de construir una planta de termovalorización hay que
considerar que el 50 % de la inversión está dedicada al control de emisiones a
la atmósfera para reducir o eliminar las dioxinas y furanos (filtros tipo «
scrubber » y su tratamiento posterior) así como construcción y operación de
vertederos controlados de las cenizas provenientes de este tipo de plantas.”
(fs. 655)
Como se puede apreciar, las modificaciones introducidas por la
Ley 5966 traen aparejada la violación del principio de progresividad y el
principio de no regresión aplicable en la protección del derecho a un ambiente
sano y equilibrado y del derecho a la salud, reconocido en la Ley 25675 y en
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
De este modo, es claro que la Ley 5966 viola a su vez los
principios de prevención y precaución también contenidos en las normas
66
citadas, que complementan al principio de no regresión en tanto su fin es
evitar el daño ambiental y situaciones irreversibles para el ambiente.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales adopta la postura de progresividad de los derechos humanos
iniciada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo plasma en los
siguientes artículos:
“ Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.
(…) Artículo 5.2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de
los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en
virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
(…)Artículo 12. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su
artículo 5.2 dispone que no podrá admitirse restricción o menoscabo de
ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un
Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
La Convención Americana de Derechos Humanos inserta la
progresividad dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por
medio de su artículo 26: “Los Estados partes se comprometen a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados”.
67
Además, su art. 29 establece que ninguna disposición de la
Convención puede ser interpretada en el sentido de: permitir a alguno de los
Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la
prevista en ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos
Estados; excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano
o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y excluir
o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
El Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, (Protocolo
de San Salvador), reconoce el derecho a un ambiente sano y a su protección,
preservación y mejoramiento (Artículo 11) y ratifica la progresividad de los
derechos económicos, sociales y culturales hacia los derechos ambientales por
medio de su art. 1:
“Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar
las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación
entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los
recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo” (el
destacado me pertenece).
La Ley 5966 viola el Principio de Progresividad reconocido en la
Ley 25675 y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en sus dos
aspectos, implica una regresión normativa al autorizar la combustión de
residuos e implementa un método de tratamiento de los residuos que no
resulta adecuado; y el segundo aspecto es que la Ley 5966 implica también
una regresión en relación al paradigma de la Economía Circular adoptado por
la Ley 1854.
68
3.- Tema 3. Afectación del Derecho a la Salud y a un
Ambiente Sano.
En tercer lugar, es necesario determinar si la Ley 5966 en
cuestión incluye medidas que pueden producir un daño al ambiente y a la
salud de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
“El acceso a la tierra, su cuidado, son fundamentales para que
podamos desarrollar un proyecto de vida. Sobre la tierra constituimos nuestras
familias, asentamos nuestros hogares, accedemos al agua, al alimento
adecuado. Se trata, pues, del acceso a la tierra para vivir con dignidad.”
(Schafrik de Nuñez, Fabiana (2019) “Algunas reflexiones en torno al derecho a
la tierra en Argentina” En: Gallardo, Andrés Roberto (Coor.) (2019) Derechos
sociales y doctrina franciscana. Reflexiones y debates, Buenos Aires, Ed.
Jusbaires.)
A esos fines se tomaron los informes técnicos sobre el tema
presentados en las actuaciones a fs. 407/495 por la coactora Fundación
Greenpeace Argentina, a fs. 651/657 por Sherman Engineering de Suiza y a
fs. 668/680 por la Academia General de Ingeniería.
La coactora Fundación Greenpeace Argentina, adjunta varios
informes (fs. 407/495) a saber
– Denominado “Núcleo Socio-Productivo Estratégico. Reciclado De
Distintas Corrientes De Residuos.” elaborada por la Dra. Leila Devia para el ex
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (fs.
407/428).
– Artículo elaborado por Alejandro Boada Ortíz titulado “El
Reciclaje, una Herramienta no un Concepto” (fs. 429/453)
– Artículo elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales se encuentra glosado un informe “INCINERACIÓN DE BASURA CON
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA, Una tecnología cara, sucia, y a contramano del
manejo sustentable de los recursos” (fs. 454/495).
Fundan su afirmación en que “no es una tecnología renovable ni
limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su
combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
69
sustancias peligrosas para la salud y el ambiente.(…) Compite con el reciclado
y con la denominada Economía Circular. En esa competencia, los residuos
reciclables (de mayor poder calorífico) son los más codiciados, tanto por las
plantas incineradoras como por la industria del reciclado.” (fs. 455).
Estás conclusiones merecen ser oídas y tenidas en cuenta al
momento de evaluar la implementación de un planta de termovalorización. Al
respecto, y tal como es la temática del presente caso, dichas voces no han
podidos ser oídas ni tenidas en cuenta por no haber cumplido con lo que
dispone nuestra Constitución local en su art. 89.
Así, de esta forma, se procura la interacción deseada por el
constituyente entre la ciudadanía y los representantes (democracia
participativa).
Este informe establece que “La incineración de residuos sólidos
urbanos (RSU) con recuperación de energía, conocida mundialmente como
“Waste to Energy” (WtE), no es una tecnología renovable ni limpia, ya que la
basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sustancias peligrosas para la
salud y el ambiente)” (ver fs. 455).
Entre sus conclusiones establece que (ver fs. 455/456):
– La tecnología WtE compite con el reciclado y con la
denominada Economía Circular
– Es una tecnología cara, ya sea para generar energía como
para tratar a los RSU.
– Es una tecnología altamente dependiente de los subsidios
estatales
– La incineración de residuos destruye fuentes de trabajo.
– La incineración de residuos es una tecnología vieja.
– Generan emisiones contaminantes.
– La incineración de RSU genera residuos peligrosos, que
demandan un sistema de gestión y disposición especial.
70
– Genera emisiones de dióxido de carbono CO2 (gas de
efecto invernadero).
A fs. 480 del informe se encuentra subtítulo 6 “LA INCINERACIÓN
DE BASURA ES CONTAMINANTE”, en el cual se desarrolla el problema de las
emisiones y destacan lo siguiente:
“Los incineradores, con o sin generación de energía, producen
emisiones tóxicas y representan riesgos significativos para la salud y el
ambiente de las comunidades cercanas a sus áreas de emplazamiento. Los
residuos no desaparecen con la combustión, con ningún tipo de tecnología,
solo se transforman en gases, líquidos y cenizas. Esta transformación de los
residuos puede producir además compuestos nuevos, aún más tóxicos que los
desechos que se trata de eliminar (…)
Asimismo, son fuentes de contaminación ambiental, dado que
emiten metales pesados como cadmio, plomo, mercurio, cromo, cobre, entre
otros. Una de las preocupaciones principales en las emisiones de la
incineración, radica en la creación y liberación de las dioxinas y furanos. Estas
sustancias conocidas como COP (contaminantes orgánicos, persistentes,
regulados por la Convención Internacional de COPs y que nuestro país ha
adoptado mediante la Ley 26.011) son altamente tóxicas y pueden viajar
largas distancias, dado que tardan mucho en degradarse, además de
acumularse en los organismos vivos aumentando su concentración a través de
la cadena alimentaria. Las dioxinas pueden provocar problemas de
reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, interferir con
hormonas y, de ese modo, causar cáncer” .
Luego se destaca el tema de los controles en “los países en vías
de desarrollo”
“La guía de GIZ señala que, aunque se den las condiciones
óptimas de combustión, se producen varios compuestos que contienen
mercurio, dioxinas o dióxido de nitrógeno (NO2) entre otros, que solo se
pueden eliminar utilizando procesos químicos muy avanzados, que aumentan
sustancialmente los costos del proyecto. En este sentido, indican que la
aplicación de la termovalorización en países en vías de desarrollo es compleja
y que se debe considerar entre otras circunstancias y que ‘la falta de
71
monitoreo y la débil aplicación de los estándares ambientales, llevará
necesariamente a generar problemas de salud pública’ ” .
Más adelante, trata el tema de las cenizas y sostienen:
“La incineración frecuentemente se muestra como una solución
para la gestión de los residuos y una opción superadora a los vertederos, dado
que supuestamente elimina los residuos. Sin embargo, en los hechos no es así,
solo reduce su volumen y los transforma además en residuos peligrosos.
Debido a la presencia de compuestos tóxicos deben ser tratados y regulados
bajo la Ley Nacional 24.051; por lo tanto en este caso no solo es necesario un
relleno de seguridad para disponer de las cenizas, sino que también se
requiere de un pre tratamiento debido a la toxicidad y peligrosidad del residuo
restante. Se estima que la incineración deja (de diferentes formas) entre un
25% y un 35% de residuos, del total del peso combustionado. En algunos
casos puede alcanzar hasta un 40%.”
El proceso de combustión de RSU en los incineradores deja dos
tipos de cenizas, por un lado, las llamadas cenizas de fondo o escorias (20 a
30% del residuo), que son aquellas que quedan en los hornos, y las cenizas
volantes que pueden quedar en los filtros (1 a 3%) y/o ser emitidas al
ambiente en el caso de las partículas más livianas o nano partículas, que no
alcanzan a ser detectadas y capturadas por los sistemas de control.
A su vez, también existen efluentes líquidos con sustancias
tóxicas provenientes del lavado de gases. Se estima entre un 2 a 5% de
residuos totales provenientes de los sistemas de control de contaminación del
aire.
Asimismo, las cenizas son fuente de emisión de dioxinas, furanos
y una amplia gama de otros contaminantes orgánicos persistentes. Las cenizas
volantes y los residuos provenientes de los sistemas de control, tienen en
general concentraciones más altas de compuestos tóxicos.”
Además, el informe resalta que genera gases de efecto
invernadero. Sostienen a fs. 484/485:
“La incineración de residuos para generación de energía no es una
fuente limpia (Ver apartado 1) por generar emisiones de GEL Y esto es
especialmente evidente si se lo compara con otras fuentes convencionales de
72
generación de energía. De acuerdo a “Sound Resource Management Group” 68
la basura que se quema emite 1,5 veces más dióxido de carbono (CO2) por
kw/h que el carbón y 3 veces más que el gas natural. Por otro lado, y en
relación a comparación de las emisiones de CO2 con respecto a los rellenos
sanitarios, el grupo señala que los estudios que afirman que las plantas de
termovalorización de residuos, reducen de manera significativa las emisiones
de gases de efecto invernadero con respecto a los vertederos, normalmente no
cuentan todo el CO2 que emiten dichas plantas. También basan sus
comparaciones, en parte, en vertederos que no capturan metano, no generan
energía o hacen mal su trabajo”.
Son lapidarias estas investigaciones lo que no implica su certeza
pero justamente el proceso deliberativo fijado por el Constituyente hubiera
permitido que pudieran discutirse estas investigaciones junto con otras que
coadyuven a establecer el criterio más adecuado para establecer mejores
medios/ políticas públicas para el cuidado del medio ambiente y la salud de los
habitantes.
Del informe aportado por SHERMAN ENGINEERING de Suiza, a fs.
651/657, hay una serie de puntos a destacar: “Para construir una planta de
tratamiento se exige en Europa una Evaluación de Impacto Ambiental.
Suponemos que en Argentina es igual. Además el estudio económico y de
financiación es imprescindible para poder tomar una decisión. Si realmente se
tomará como base la normativa europea, la tienen que conocer muy bien
antes de adoptarla” (fs. 655).
“Antes de construir una planta de termovalorización hay que
considerar que el 50 % de la inversión está dedicada al control de emisiones a
la atmósfera para reducir o eliminar las dioxinas y furanos (filtros tipo «
scrubber » y su tratamiento posterior) así como construcción y operación de
vertederos controlados de las cenizas provenientes de este tipo de plantas”
(fs. 655).
“Conclusiones:
La termovalorización es un método aceptable y utilizado en
Europa de forma regular pero considerándolo desde un punto de vista de
método combinado de recuperación integrada y no como método aislado.
73
Se ha implementado como respuesta a la necesidad de reducir
principalmente el volumen de residuos en las grandes urbes (rellenos
sanitarios con el volumen agotado) pero con la exigencia de una separación
desde el inicio para aumentar su eficiencia
Exige unos controles muy estrictos de las operaciones, así como
un mantenimiento predictivo y preventivo muy exhaustos de todas las
instalaciones.
Adjuntamos un documento muy detallado con informaciones de
tratamiento de residuos en España (UNED — Universidad Española a
Distancia). https://www2.uned.es/biblioteca/rsu/paciina4.htm
Es imprescindible prohibir terminantemente el tratamiento
térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes del circuito de
recolección diferenciada.
En Alemania se han construido termorevalorizadoras como
consecuencia de tener centros de reciclaje. Sin tener una red de plantas de
separación y reciclaje que funcionen bien no es posible instalar
termovalorizadoras de forma eficiente.
Como información: La construcción de una planta
termovalorizadora tiene un coste que ronda los 150 millones de dólares para
una línea de incineración; por dos el precio sería aproximadamente 225
millones y para tres, aproximadamente 325 millones” (fs. 655/656, los
destacados son propios).
Ahora bien del informe brindado por la Academia General de
Ingeniería a fs. 668/680 en el punto “4. LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA GIRSU”
“El proceso de incorporación de nuevas tecnologías a la GIRSU
(gestión de los residuos sólidos urbanos) es inherente a todo SG y corresponde
a las autoridades de aplicación y a la sociedad en general integrada a centros
de investigación o en cámaras empresarias o en las ONGs con vocación
ambiental, o en asociaciones civiles sin fines de lucro, entre otras, la búsqueda
permanente de las alternativas tecnológicas aplicables en el contexto o
entorno en el que se desenvuelve cada localidad.”(fs. 676 vta.
74
“La propuesta de este documento es que dichas incorporaciones
tecnológicas respondan a las pautas de las 3R o de la economía circular. En
esas pautas, por supuesto se incluyen las tecnologías que revalorizan los
residuos y les otorgan un valor de reposición en el circuito comercial. Entre
estas tecnologías están las que aplican una termovalorización de los residuos
con el propósito de generar energía” (fs. 677)
“En otras de las referencias consultadas, (…) la opinión es
términos generales negativa a su incorporación en el sistema de GIRSU, si no
es precedida de un esquema de jerarquización de los residuos, ( prevención,
separación en origen, reciclaje, reutilización ) y aun así hacen mención a los
antecedentes habidos en el país, al alto costo de la implantación y Operación y
Mantenimiento de ese tipo de Instalaciones frente a la de los Rellenos
Sanitarios y al eventual riesgo de emisiones de contaminantes atmosféricos”
(fs. 677).
“…la ONU Ambiente que desarrolla el panorama de los residuos y
su perspectiva en los países de América Latina y el Caribe y … que hace lo
propio para la Argentina, sin una mención expresa de la tecnología WtE, como
una alternativa con factibilidad económica, ambiental y social demostrada, sino
como una posibilidad a ser estudiada entre otras alternativas y a tomar
decisiones caso por caso”.
“Como integrante de la Academia Nacional de la Ingeniería, el
Instituto del Ambiente tiene una posición de apertura a la incorporación de
nuevas tecnologías, entendiendo que esas experiencias hacen al desarrollo del
país, en la medida que se observen los debidos recaudos respecto a la tríada
que se remarca en el párrafo anterior. En ese sentido, de acuerdo a los
antecedentes consultados, en los que se da cuenta de la cantidad de
instalaciones de este tipo en operación en los países de la UE y en los EEUU,
no caben dudas que las cuestiones tecnológicas y de cumplimiento de las
exigentes normativas de regulación ambiental a las que deben someterse,
estarían resueltas en la medida que los términos de referencia que se
establezcan para su diseño, construcción, operación y mantenimiento, sean
tan rigurosas como las que están vigentes en esos países”.
“Partiendo de esa base, nuestra propuesta es que la viabilidad de
su incorporación a los sistemas de GIRSU, surja de la consideración exhaustiva
75
y documentada del contexto social, ambiental y económico del país, siguiendo
las pautas y objetivos de la Ley Nacional 25.916, de la ENGIRSU 2005 y de las
normativas complementarias de éstas” (fs. 677).
Normas que como ya se mencionó NO han sido tomadas en
cuenta para la modificación normativa establecida en la Ley aquí cuestionada.
Además ha de tenerse especialmente en cuenta, que en algunos
países europeos como España, los planes de gestión de residuos están
modificándose incluyendo el cierre de las plantas incineradoras, tal es el caso
de la ciudad de Madrid, donde la técnica de la incineración para acabar con los
residuos de esa ciudad será historia, ya que se ha elaborado una Estrategia de
Prevención y Gestión de Residuos según la cual la incineración se reducirá a la
mitad para 2022 y se eliminará por completo en 2025, fecha en la que
también se cerrará la planta incineradora de Valdemingómez. La nueva
estrategia “…se basa en tres principios: la reducción de residuos, la
reutilización y un tratamiento sostenible de los mismos”
https://www.elmundo.es/madrid/2018/06/28/5b34fda1468aeb12768b4616.ht
ml
Las modificaciones se realizaron luego de que los vecinos se
agruparan y reclamaran el cierre de la Planta de termovalorización cuando
notaron que había un aumento de enfermedades respiratorias y casos de
cáncer de pulmón, hígado, etc, : “un estudio del año 2012 del Centro Nacional
de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, concluyó que «existe un
incremento significativo del riesgo de muerte por cáncer en las localidades
próximas a incineradoras e instalaciones para la recuperación o eliminación de
residuos peligrosos”. https://www.ecologistasenaccion.org/35620/
Estos antecedentes demuestran que la técnica de la
termovalorización se está abandonando en países de Europa dando como
consecuencia que estas plantas se ofrecen como una tecnología “segura” en
países subdesarrollados como el nuestro, con serias consecuencias al ambiente
y a la salud, agravada en países de Latinoamérica por la deficiencia de los
controles gubernamentales que el funcionamiento de estas plantas podría
tener.
La jurisprudencia de la CSJN recientemente estableció nuevos
estándares de protección en materia ambiental “…los estudios de evaluación
76
de impacto ambiental y su aprobación deben ser previos a la ejecución de la
obra o actividad, al tiempo que no se admite que la autorización estatal se
expida en forma condicionada. (conforme arts. 2 y 21 del decreto provincial
4977/2009 -conforme art. 84 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos-,
y arts. 11 y 12 de la ley 25.675 y Fallos: 339:201 y 340:1193).” (Corte
Suprema de la Nación Argentina fallo “Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Majul, Julio c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/
acción de amparo ambiental”).
Asimismo, cuando se trata de cuestiones ambientales y los
efectos que se pueda causar en el medio ambiente el más alto tribunal señala
que no puede omitirse: “el derecho a vivir en un ambiente sano (art. 41 de la
Constitución Nacional y 22 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos) y
que el Estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad,
precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional,
progresividad y responsabilidad (art. 83 de la Constitución de la Provincia de
Entre Ríos)” (Op. cit.)
La Corte Suprema adjudica al paradigma jurídico tener en cuenta
en temas ambientales al sistema en su totalidad, es decir tener un abordaje
sistémico de la problemática planteada: “recordar que el paradigma jurídico
que ordena la regulación del agua es eco-céntrico, o sistémico, y no tiene en
cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema,
como bien lo establece la Ley General del Ambiente (Fallos: 340:1695).”,
estándar que bien podría asimilarse al paradigma jurídico que regula la gestión
de residuos domiciliarios.
Debido a la importancia de la temática ambiental la Corte
Suprema de Justicia de la Nación señala que: “los jueces deben considerar el
principio in dubio pro natura que establece que “en caso de duda, todos los
procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de
decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y
conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos
perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos
adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios_
derivados de los mismos” (Declaración Mundial de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza -UICN-, Congreso Mundial de Derecho
77
Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en abril de
2016).” (op. cit.)
“Reconociendo que la idea de precaución es el fundamento de las
preocupaciones de todas las Partes y se halla incorporada de manera
sustancial en el presente Convenio.” (Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) de mayo de 2001, habiendo
entrado en vigor en 2004, Ley 26011)
“(…) b) Medidas de reducción de las liberaciones de carácter
general: Al examinar las propuestas de construcción de nuevas instalaciones o
de modificación importante de instalaciones existentes que utilicen procesos
que liberan productos químicos de los incluidos en el presente anexo, deberán
considerarse de manera prioritaria los procesos, técnicas o prácticas de
carácter alternativo que tengan similar utilidad, pero que eviten la formación y
liberación de esos productos químicos. En los casos en que dichas
instalaciones vayan a construirse o modificarse de forma importante, además
de las medidas de prevención descritas en la sección A de la Parte V, para
determinar las mejores técnicas disponibles se podrán considerar también las
siguientes medidas de reducción: i) Empleo de métodos mejorados de
depuración de gases de combustión, tales como la oxidación termal o
catalítica, la precipitación de polvos o la absorción; ii) Tratamiento de
residuos, aguas residuales, desechos y fangos cloacales mediante, por
ejemplo, tratamiento térmico o volviéndolos inertes o mediante procesos
químicos que les quiten la toxicidad; iii) Cambios de los procesos que den
lugar a la reducción o eliminación de las liberaciones, tales como la adopción
de sistemas cerrados; iv) Modificación del diseño de los procesos para mejorar
la combustión y evitar la formación de los productos químicos incluidos en el
anexo, mediante el control de parámetros como la temperatura de incineración
o el tiempo de permanencia.” (Anexo C, Parte V, B., b, del Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) de mayo de
2001, habiendo entrado en vigor en 2004, Ley 26011)
“A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no
podrá considerarse en forma aislada.” (Declaración de Río sobre el medio
ambiente y el desarrollo (1992) Principio 4).
78
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta los datos contenidos
en los informes técnicos acerca de los potenciales riesgos a la salud y al
medioambiente que implica la tecnología de termovalorización autorizada por
la Ley 5966, considero que se debe aplicar el Principio Precautorio que señala
la Ley General del Ambiente “Cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los
costos, para impedir la degradación del medio ambiente” y en consecuencia,
exhortar a la Legislatura de la CABA y al GCBA a tomar en cuenta estas
opiniones técnicas y producir los informes técnicos de impacto ambiental antes
de autorizar tecnologías que como la termovalorización de residuos, que
puedan implicar daños ambientales.
La Corte Interamericana ha elaborado una Opinión Consultiva que
estipula parámetros a ser aplicados por los Estados adherentes al Pacto de
San José de Costa Rica respecto al medio ambiente. Sobre las obligaciones
que deben cumplir los Estados a dicho en el punto 125:
“ Para el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos
a la vida y a la integridad personal, en el contexto de la protección del medio
ambiente, los Estados deben cumplir con una serie de obligaciones, tanto para
daños ocurridos dentro de su territorio como para daños que traspasen sus
fronteras. En el presente acápite se examinará: (A) la obligación de prevención;
(B) el principio de precaución; (C) la obligación de cooperación, y (D) las
obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente, con
el propósito de establecer y determinar las obligaciones estatales derivados de la
interpretación sistemática de dichas normas junto con las obligaciones de
respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal consagrados
en la Convención Americana (…)” . (Corte Interamericana de Derechos Humanos
(2017) Opinión consultiva oc-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por
la República de Colombia. Medio Ambiente y Derechos Humanos.
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf , Pág. 53)
79
4.- Consideraciones Finales
Las pretensiones
El presente caso tiene tres pretensiones claras y nuestra tarea fue
relacionarla con los preceptos del derecho vigente en materia constitucional y
ambiental.
A modo de síntesis recordemos los puntos en debate:
1) Si el Poder Legislativo de la Ciudad ha omitido cumplir con la
manda constitucional prevista para la elaboración y sanción de las leyes
-en este caso la Ley 5966- en “materia ambiental” que requiere de un
procedimiento de doble y de audiencia pública.
2) Si la Ley 5966 de la C.A.B.A. cuyo art. 3 autoriza la termo
valorización de residuos contraviene los principios de no regresión y
progresividad y las leyes federales de presupuestos mínimos (Ley
General de Ambiente 25675 y Ley de Gestión Integral de Residuos
Domiciliarios 25916) dictadas en virtud del art. 41 de la CN y los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
3) Si la Ley en cuestión incluye medidas que pueden producir un
daño al ambiente y a la salud de “los habitantes” de la Ciudad y a sus
“generaciones futuras”, contrariando así la tutela establecida en la
Constitución Nacional e Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos, la Constitución de la Ciudad y las leyes de presupuestos
mínimos.
4.1.- Conclusión Tema 1. Relativo a la doble lectura.
A lo largo del debate hemos establecido que el Constituyente ha
otorgado a determinadas materias, en este caso la “ambiental”, un
procedimiento especial para asegurar la participación ciudadana estatuida en
la figura de la audiencia pública (conf. art. 90 inc. 3 de la CCABA) y el
procedimiento de doble lectura (conf. art. 89 de la CCABA).
4.1.1. El “caso judicial”
Además, se ha advertido la comprobación de la existencia de una
controversia o “caso judicial”, puesto que aquellas organizaciones que
80
pretendían “consideración” por parte del órgano legislativo de sus “reclamos y
observaciones” esperaban una “resolución definitiva” de la Legislatura,
quedando así obstruido el ejercicio de un derecho constitucional explícito.
Ese agravio, en principio irreparable, de ejercer la participación
ciudadana mediante el mecanismo de la audiencia pública, tenía por objeto la
discusión y observancia de cuestiones referidas a la protección del bien jurídico
“ambiente”.
A modo de ejemplo, corresponde destacar que del compendio de
palabras “ambiente”, “ambiental” y “medio ambiente”, los Constituyentes las
han impreso en el texto constitucional porteño en más de 25 ocasiones,
estableciendo algún que otro indicio a los poderes del estado y al intérprete
constitucional, afianzando así la tutela especial a la cuestión ambiental
emanada del bloque constitucional federal (C.N. y TT. de DD.HH.).
En esa misma línea, entendió la Legislatura la manda
constitucional, como ya se ha explicado, cuando dispuso en su Reglamento
interno el procedimiento de doble lectura (capítulo 3, art. 73) para los
proyectos que versen sobre las materias o asuntos del artículo 89 de la
Constitución de la Ciudad.
4.1.2. La legitimación procesal
También, la legitimación procesal de los actores se encuentra
fuera de toda discusión (conf. art. 43 de la CN y art. 14 de la CCABA) ya que
las mismas son “personas jurídicas defensoras de derechos o intereses
colectivos” relacionadas con la materia, más aún si se considera que el caso se
encuadra dentro del “paradigma ambiental” que tiene por objeto el bien
jurídico colectivo “ambiente”.
Así la sostuvo la CSJN en el Fallo “Halabi” que reconoce
legitimación sobre los derechos de incidencia colectiva al “Defensor del Pueblo
de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado.
En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan
prevalentes. En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un
bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad,
siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se
concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en
81
ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que
no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la
existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es
de naturaleza colectiva” (en Fallo “Halabi” 332:111, cons. 11 del voto de la
mayoría).
4.1.3. Relativo al análisis literal de la cláusula
constitucional
Por lo tanto, resulta oportuno destacar que ninguna de las
codemandadas (tanto el GCBA y como la Legislatura de la C.A.B.A.) han
podido explicar con argumentos coherentes y consistentes, el por qué se ha
decidido omitir el procedimiento de doble lectura y la audiencia pública.
Claramente resulta por lo menos endeble jurídicamente,
argumentar que si antes se había sancionado una ley ambiental mediante
mayoría simple -violando el procedimiento que ordena la Constitución de la
Ciudad-, ahora esta nueva ley adquiere validez, por el solo hecho de
consolidar una vez más una nueva infracción al orden constitucional, máxime
cuando se trata de poderes de estado que deben actuar en el marco de su
competencia constitucional.
Además, se tiene establecido que la competencia de los poderes
del estado es excepcional y deviene de las facultades que les otorga para el
ejercicio la Constitución.
Los límites constitucionales a las competencias de los poderes del
Estado deben respetarse porque esta es la mejor forma de cuidar las
instituciones y delimitar los marcos de actuación de cada Poder del Estado.
El Legislador tiene amplísimas potestades exclusivas que no
pueden ser avasalladas por ningún otro Poder del Estado, y corresponde que
así sea puesto que son los representantes del Pueblo de la Ciudad de Bs.As.
Ahora bien, cuando algunas de esas facultades legislativas son
ejercidas ampliando el marco de la competencia previamente fijada por el
poder constituyente, entran en colisión con el diseño constitucional que
delimita los marcos de actuación de cada poder público.
Además, la omisión de dictar un Código Ambiental, no puede
convalidar el mecanismo del dictado de leyes simples en “materia ambiental”,
82
y atribuirse, el Legislador, una especie de atajo constitucional otorgado
implícitamente por el poder constituyente.
En ese punto, la Constitución es precisa y establece la necesidad
del dictado de Códigos en virtud del reciente proceso constitutivo de la
autonomía porteña, por eso la regla orientadora del art. 89 es “las siguientes
materias y sus modificaciones” debido a que el poder constituyente quiso
resguardar a futuro que cualquier cambio o modificación requieran de esa
mayoría agravada (art. 81 inc. 3 CCABA) y de la participación ciudadana (art.
89 y 90 CCABA) ante dicha temática.
En consecuencia, resulta un contrasentido que el poder
constituyente queriendo resguardar y asegurar en el presente y en el futuro el
debate, la participación ciudadana, los consensos políticos, los diálogos
interjurisdiccionales, es decir todo lo que hace a una democracia deliberativa,
en el mientras tanto le otorgue el Poder Legislativo, la potestad discrecional de
establecer el procedimiento que le plazca para el dictado de leyes ambientales.
Tanto una corriente de interpretación constitucional que se enrole
en el “originalismo” o una teoría que adhiera a una postura “dinámica”
respecto del control de constitucional no pueden llegar a la conclusión
esbozada por el Gobierno de la Ciudad.
Como se aprecia de la evidencia contundente reunida en la causa,
es un hecho que la Ley motivo de análisis ha sido sancionada SIN el
procedimiento constitucional de la Doble Lectura y consecuente Audiencia
Pública, de acuerdo a lo informado por la propia Legislatura, lo cual no deja de
ser una admisión escrita, lisa y llana, reconocimiento que no necesita ninguna
otra indagación.
Y la necesaria participación de la ciudadanía en cuestiones
ambientales, que se garantiza a través de la Audiencia Pública, no debe ser
temida por los poderes del Estado, sino utilizada para fortalecer el debate
público, en ese sentido se expresa el Juez de la Corte Suprema de la Nación
Ricardo Lorenzetti cuando sostiene que: “El consenso no significa que todos,
inicialmente, pensemos igual, sino que es el resultado final del encuentro de
opiniones divergentes que interactúan: “consenso entrecruzado”. Para que ello
sea posible es necesario el diseño de instituciones donde cada uno expone los
conflictos, y todos aprendemos a escuchar al otro” (Lorenzetti Ricardo,
83
(29/09/2019), “El enojo y el idealismo ambiental, por Ricardo Lorenzetti”
Fuente www.perfil.com ).
Por consiguiente, corresponde declarar nula la Ley 5966 en virtud
de la sanción establecida por el poder constituyente en el art. 90 último
párrafo, de la Constitución de la Ciudad al decir “ningún órgano del gobierno
puede conferir excepciones a este trámite y si lo hiciera éstas son nulas”.
4.2- Conclusión Tema 2. Contradicción de Ley 5966 a
principios establecidos en leyes Federales.
Ley 5966 de la CABA que autoriza la termo valorización de
residuos, lo hace sin tener en cuenta lo establecido en las leyes federales de
presupuestos mínimos (Ley General de Ambiente 25675 y Ley de Gestión
Integral de Residuos Domiciliarios 25916) dictadas en virtud del art. 41 de la
CN y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, resultando una
afectación directa a los principios de no regresión y progresividad en materia
ambiental que fue receptado en dichas leyes.
La política pública federal en materia de gestión de residuos
domiciliarios está orientada al reciclaje de los mismos en todas sus formas, ya
que en ningún caso la ley nacional de gestión integral de residuos domiciliarios
(Ley 25916) hace alusión a la combustión de residuos ni siquiera con
recuperación de energía.
El término “valorización” contenido en la normativa nacional de
gestión de residuos domiciliarios se refiere a todo procedimiento que permita
el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el
reciclaje en sus formas físicos, químicos, mecánicos o biológicos, y la
reutilización (inciso f), es diametralmente distinto al concepto de “valorización”
utilizado en la Ley cuestionada que se refiere a técnicas de combustión con
recuperación energética.
La Ley 5966 modificatoria de la Ley 1854 de Basura Cero, debió
garantizar los objetivos dispuestos en la Ley Nacional de Gestión de residuos
domiciliarios, mediante la gestión integral de los residuos, teniendo como
principal objeto la protección del ambiente y la calidad de vida de la población;
promoviendo la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la
implementación de métodos y procesos adecuados (reciclaje en todas sus
84
formas); minimizando los impactos negativos que estos residuos puedan
producir sobre el ambiente; y logrando la minimización de los residuos con
destino a disposición final.
Como quedó probado en las presentes actuaciones, la Ciudad de
Buenos Aires al sancionar una ley que, como la 5966, autorizó un método de
tratamiento de los residuos domiciliarios distinto al previsto en la ley nacional
de gestión de residuos domiciliarios, no aplicó los criterios mínimos de
protección ambiental, violando lo dispuesto en el art. 41 de la CN, en virtud
del cual debió haber complementado las normas nacionales en materia de
gestión de residuos, agregando algo al estándar mínimo fijado por la política
pública nacional en la materia pero no como lo hizo, eliminando la prohibición
de la combustión de residuos sólidos urbanos en cualquiera de sus formas y
autorizando un método no adecuado como lo es la termovalorización.
Por otra parte, la normativa ambiental en cuestión, aprobada en
simple lectura tampoco tuvo en cuenta la jerarquía de tratamiento de los
residuos establecida en la Estrategia de Nacional de Gestión Integral de RSU
(ENGIRSU) implementada en todo el país desde el año 2005, que indicó la
disminución de la cantidad de residuos a disponer, sometiendo a procesos de
reuso y reciclado tantas veces como sea posible, antes de ser descartados
definitivamente y enviados a su disposición final.
Con la incorporación del método de la termovalorización con
recuperación de energía en Ley de Basura Cero, no se respetó el Principio de
Congruencia por el cual la legislación provincial y municipal referida a lo
ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley
General del Ambiente (artículo 4° Ley 25675).
Considerando dicho principio, las modificaciones legislativas
introducidas por la Ley 5966 debieron ser congruentes con la Ley Nacional de
Gestión de Residuos Domiciliarios Ley 25.916, y disponer la profundización de
sistemas de reciclado -física, química, mecánica o biológica, y la reutilizacióncomo allí se establece.
Por otra parte, quedó evidenciado que no se cuentan con datos
oficiales de cuánto es el volumen de residuos reciclables que procesa la Ciudad
(auditoría 1.17.11 de la AGCBA) por lo tanto se puede percibir que no se contó
85
con fundamentos fácticos reales que motivaron la autorización legal de las
plantas de termovalorización de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, la Ley 5966 modifica el art. 6° de la Ley 1854
estableciendo un nuevo cronograma de reducción progresiva de la disposición
final de residuos sólidos urbanos, extendiéndose los plazos de cumplimiento de
las metas a ocho años más, ello sobre la base de que las metas planteadas en
la Ley 1854 “devinieron abstractas y han quedado obsoletas” (fs. 195 vta.),
sin demostrar que se haya cumplido con el 75% de las metas, recaudo que
habilitaba la posibilidad de incorporar la valorización/combustión u otra
tecnologías (art. 54 Ley 1854)
El GCBA aquí demandado dio ejemplos generales del
funcionamiento de esta tecnología en otros países de Europa para legitimar la
incorporación de la termovalorización como técnica de tratamiento de residuos
urbanos pero no expuso datos duros y cálculos estimados de funcionamiento o
informes de impacto ambiental (art. 30 CCABA), que permitan dar cuenta de
que la termovalorización sea un método adecuado para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El sistema de Cooperativas que tiene a su cargo la recolección y
separación de materiales reciclables presentes dentro de los residuos
domésticos, contemplado en la Ley 992 de la CABA, es un sistema único en el
mundo, sin perjuicio de ello, según la declaración realizada por investigadores
el 2 de mayo de 2018, la tarea de reciclar todo el material reciclable es
contrapuesto al método de incineración.
En esa línea: “en materia de valorización energética es imperioso
dejar en claro cuáles son las corrientes de residuos que podrán ser tratados
por esta tecnología. Tasas de incineración altas son incoherentes con objetivos
de reciclaje ambiciosos.” (Ver documento completo en página web:
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/Declaraci%C3%B3n-d
e-Investigadores-de-Universidades-Nacionales-frente-a-la-modificaci%C3%B3
n-de-la-ley-de-Basura-Cero.pdf)
A su vez, es significativa la cantidad de empleos generados por
los procesos de recuperación y reciclado frente a otros métodos de tratamiento
de RSU, se estima en 10 veces más que la combustión de residuos. Diferentes
estudios señalan que el costo de inversión de capital para la valorización
86
energética es superior a todas las demás fuentes de energía, incluyendo a la
energía solar fotovoltaica y la eólica (U.S. Energy Information Administration
–EIA- (2016): “Capital Cost Estimates for Utility Scale Electricity Generating
Plants”, Departamento de Energía de los EEUU, Washington DC.)
No surge de las constancias en autos que se haya realizado un
estudio del impacto ambiental -la Constitución CABA prevé en el artículo 30 la
obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo
emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto ambiental y
su discusión en audiencia pública.-, de acuerdo al nivel de residuos que
produce la CABA, de las emisiones atmosféricas (carga másica) propias de
esta Ciudad, ya que los límites y estándares impuestos en la Unión Europea
para sus ciudades -que fueron agregados de cumplimiento obligatorio para la
CABA por la Ley 5966-, que posee otras características, podría diferir a las
propias de la CABA.
Tampoco se pudo establecer qué tratamiento se dará a los
residuos obtenidos a partir de la termovalorización, teniendo en cuenta que los
mismos son residuos peligrosos.
Podemos sostener entonces que las modificaciones introducidas
por la Ley 5966 traen aparejada la violación del principio de progresividad y el
principio de no regresión aplicable en la protección del derecho a un ambiente
sano y equilibrado y del derecho a la salud, reconocido en la Ley 25.675 y en
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2.1., 5.2, 12;Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 5.2, Convención
Americana de Derechos Humanos, artículo 26 y 29; el Protocolo adicional a la
Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, (Protocolo de San Salvador) artículos 1 y
11)
A su vez, la Ley 5966 viola el principio de progresividad
reconocido en la Ley 25675 y en los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos en sus dos aspectos: implica una regresión normativa al autorizar la
incineración de residuos e implementa un método de tratamiento de los
residuos que no resulta adecuado; y el segundo aspecto es que la Ley 5966
87
implica también una regresión en relación al paradigma de la Economía
Circular adoptado por la Ley 1854.
Como también se puede apreciar que la Ley 5966 viola a su vez
los principios de prevención y precaución también contenidos en las normas
nacionales e internacionales citadas, que complementan al principio de no
regresión en tanto su fin es evitar el daño ambiental y situaciones irreversibles
para el ambiente.
Por las consideraciones realizadas, corresponde declarar la
inconstitucionalidad de la Ley 5966 toda vez que con su dictado se afectan los
presupuestos mínimos en materia de protección ambiental establecidos en la
Ley General del Ambiente 25675 y Ley Nacional 25916 de Gestión de Residuos
Domiciliarios, e incorporar un método de tratamiento de residuos que implica
una regresión normativa afectado así el principio de progresividad normativa y
violando los principios de preventivos y precautorio.
4.3- Conclusión Tema 3. Afectación del Derecho a la Salud
y a un Ambiente Sano.
Siendo que como ya quedó plasmado en los puntos anteriores, la
Ley 5966, que legisla aspectos puramente ambientales, se sancionó sin
cumplir con los requisitos de la doble lectura ni de participación ciudadana, ni
se tuvieron en cuenta para su dictado los presupuestos mínimos definidos por
las leyes federales y que con dichos extremos basta para declarar su nulidad,
cabe igualmente y por las omisiones referidas, aludir al daño al ambiente y a
la salud que la incorporación de la combustión de residuos puede generar.
Debido a que la Ley 5966 se sancionó sin cumplir con los
requisitos de doble lectura y audiencia pública, con ello también los habitantes
de la CABA fueron privados de un debate amplio, participativo y técnico en
relación a si la termovalorización resulta un método adecuado para la Ciudad y
si su inclusión en el sistema de gestión de residuos domésticos puede incluir
medidas que dañen al ambiente y a la salud de los habitantes de la Ciudad de
Buenos Aires.
El alcance técnico de ese análisis, motivó que la suscripta
realizara una convocatoria a distintos organismos públicos incluso del propio
Gobierno de la Ciudad, y privados, para que en calidad de “amigos del
88
tribunal” se expidieran, con el fin de contar con información, investigaciones y
datos científicos que ilustren sobre todas las aristas de la incorporación de la
combustión de residuos y sus consecuencias al medio ambiente y a la salud,
con el objeto de enriquecer y democratizar el debate judicial, siendo que se
consideró pertinente en pos del precepto constitucional del debido proceso y el
afianzamiento de la justicia (Ricardo Carlos Köhler, “Amicus Curiae, Amigos del
Tribunal, Ed. Astrea, 2010, pág. 10).
Sin perjuicio de que la decisión de tal convocatoria fue apelada, y
se hizo lugar al recurso, se aclara que ya habían sido incorporados por
coactores informes técnicos que ilustran sobre la problemática, y también
fueron presentados dos informes que fueron tenidos en cuenta por quien
suscribe para analizar los riesgos al medio ambiente y a la salud que acarrean
la instalación de una planta de termovalorización (informes técnicos obrantes a
fs. 407/495 por la coactora Fundación Greenpeace Argentina, “Núcleo
Socio-Productivo Estratégico. Reciclado De Distintas Corrientes De Residuos.”
elaborada por la Dra. Leila Devia para el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación (fs. 407/428);Artículo elaborado por
Alejandro Boada Ortíz titulado “El Reciclaje, una Herramienta no un Concepto”
(fs. 429/453); Artículo elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales se encuentra glosado un informe “INCINERACIÓN DE BASURA CON
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA, Una tecnología cara, sucia, y a contramano del
manejo sustentable de los recursos” (fs. 454/495), a fs. 651/657 por
Sherman Engineering de Suiza y a fs. 668/680 por la Academia General
de Ingeniería).
Sobre la base de tales informaciones quedaron en claro varios
puntos:
– La tecnología WtE compite con el reciclado y con la
denominada Economía Circular
– Es una tecnología cara, ya sea para generar energía como
para tratar a los RSU.
– Es una tecnología altamente dependiente de los subsidios
estatales
– La incineración de residuos destruye fuentes de trabajo.
89
– La incineración de residuos es una tecnología vieja.
– Generan emisiones contaminantes.
– La incineración de RSU genera residuos peligrosos, que
demandan un sistema de gestión y disposición especial.
– Genera emisiones de dióxido de carbono CO2 (gas de
efecto invernadero).
Todas estas cuestiones se ven agravadas por ‘la falta de
monitoreo y la débil aplicación de los estándares ambientales, llevará
necesariamente a generar problemas de salud pública’, y por la circunstancia
que la termovalorización soo reduce el volumen de los residuos, pero los
transforma además en residuos peligrosos.
El proceso de combustión de RSU en los incineradores deja dos
tipos de cenizas, por un lado, las llamadas cenizas de fondo o escorias (20 a
30% del residuo), que son aquellas que quedan en los hornos, y las cenizas
volantes que pueden quedar en los filtros (1 a 3%) y/o ser emitidas al
ambiente en el caso de las partículas más livianas o nano partículas, que no
alcanzan a ser detectadas y capturadas por los sistemas de control. A su vez,
también existen efluentes líquidos con sustancias tóxicas provenientes del
lavado de gases. Se estima entre un 2 a 5% de residuos totales provenientes
de los sistemas de control de contaminación del aire.
Asimismo, las cenizas son fuente de emisión de dioxinas, furanos
y una amplia gama de otros contaminantes orgánicos persistentes. Las cenizas
volantes y los residuos provenientes de los sistemas de control, tienen en
general concentraciones más altas de compuestos tóxicos.”
Además, el informe resalta que genera gases de efecto
invernadero.
Todos estos datos acerca de las implicancias a la salud y al
medioambiente, fueron acalladas, al no permitirse un debate amplio de toda la
ciudadanía, que permita establecer y conocer los mejores opciones disponibles
a efectos de crear una política pública para el cuidado del medio ambiente y la
salud de los habitantes.
Por otra parte, en la normativa se incluyeron reglas de la Unión
Europea pero aparentemente se hizo un recorte discrecional de las mismas ya
90
que “Para construir una planta de tratamiento se exige en Europa una
Evaluación de Impacto Ambiental. Suponemos que en Argentina es igual.
Además el estudio económico y de financiación es imprescindible para poder
tomar una decisión. Si realmente se tomará como base la normativa europea,
la tienen que conocer muy bien antes de adoptarla” (fs. 655, Sherman, el
subrayado me pertenece) .
“Antes de construir una planta de termovalorización hay que
considerar que el 50 % de la inversión está dedicada al control de emisiones a
la atmósfera para reducir o eliminar las dioxinas y furanos (filtros tipo «
scrubber » y su tratamiento posterior) así como construcción y operación de
vertederos controlados de las cenizas provenientes de este tipo de plantas”
(fs. 655, Sherman).
Normas que como ya se mencionó NO han sido tomadas en
cuenta para la modificación normativa establecida en la Ley aquí cuestionada,
ni han sido referenciadas en los informes presentados por el GCBA en su
contestación de demanda.
Por otra parte, la técnica de la termovalorización se está
abandonando en países como España dando como consecuencia que estas
plantas se ofrecen como una tecnología “segura” en países subdesarrollados
como el nuestro, con serias consecuencias al ambiente y a la salud, agravada
en países de Latinoamérica por la deficiencia de los controles gubernamentales
que el funcionamiento de estas plantas podría tener.
A diferencia de lo que ocurre en Argentina, que no hay ningún
estudio de impacto ambiental oficial ni económico acerca de la implementación
de la combustión de residuos domésticos para su incorporación y sanción en
una Ley local; en Uruguay, en el marco de la Estrategia de Resiliencia
propuesta por Montevideo, se busca realizar los estudios y evaluaciones
previstas para seleccionar el modelo de gestión y las tecnologías más
adecuadas para la gestión de residuos domiciliarios, y tomando en
consideración su rol de ciudad capital y principal centro del área metropolitana.
Se está evaluando la realización de un estudio de factibilidad técnica y
viabilidad económica para la construcción y operación de una planta de
generación de energía a partir de residuos, complementaria a las soluciones de
reciclaje, y alternativa a la disposición final en relleno sanitario.
91
Dentro de la estrategia “Montevideo Resiliente”, la Intendencia de
Montevideo, luego de un proceso participativo iniciado en 2017 realizó
un Estudio de Situación de la Gestión de Riesgo en Montevideo y Bases para el
Diseño de un Plan de Gestión Integral del Riesgo, que fue elaborado por
Raquel Lejtreger en septiembre de 2018, en el cual se tomaron en cuenta los
desastres ocurridos en Montevideo, los impactos causados por la
contaminación por plomo que cobraron fuerza en el año 2001 y el necesario
foco en los diversos aspectos relacionados en la gestión de los residuos y en la
atención a la calidad de aire, suelo, agua.
A modo de ejemplo, se mencionan las múltiples actividades que
se llevan adelante en el Servicio de Evaluación de la Calidad y Control
Ambiental (SECCA) y mencionar puntualmente el proyecto de recuperación de
áreas contaminadas para reducir los efectos negativos en la salud en la
población más vulnerable (asentamientos de la cuenca baja del Arroyo
Pantanoso), con apoyo del Banco Mundial y la Unión Europea a través de la
Alianza para la Salud y contra la Contaminación (GAHP) ejecutado en 2013 y
2014, entre otros.
Con respecto a la contaminación por plomo, “… la intoxicación por
plomo resultó de una magnitud y una extensión tal como para ser tenida en
cuenta como una de las principales amenazas para la especie. Este metal
debería ser considerado a la hora de establecer medidas de mitigación y
evaluar la prohibición del uso de municiones de plomo a lo largo y ancho de la
región” (Wiemeyer, Guillermo (2019) “Evaluación de salud en carnívoros tope
como aporte para la medicina de la conservación en Argentina: el caso del
Cóndor Andino (Vultur gryphus)”, tesis doctoral, Facultad de Cs. Veterinaria,
UBA)
La jurisprudencia de la CSJN recientemente estableció nuevos
estándares de protección en materia ambiental “…los estudios de evaluación
de impacto ambiental y su aprobación deben ser previos a la ejecución de la
obra o actividad, al tiempo que no se admite que la autorización estatal se
expida en forma condicionada. (conforme arts. 2 y 21 del decreto provincial
4977/2009 -conforme art. 84 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos-,
y arts. 11 y 12 de la ley 25.675 y Fallos: 339:201 y 340:1193).” (Corte
Suprema de la Nación Argentina fallo “Recurso de hecho deducido por la actora
92
en la causa Majul, Julio c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/
acción de amparo ambiental”).
Asimismo, cuando se trata de cuestiones ambientales y los
efectos que se pueda causar en el medio ambiente el más alto tribunal señala
que no puede omitirse: “el derecho a vivir en un ambiente sano (art. 41 de la
Constitución Nacional y 22 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos) y
que el Estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad,
precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional,
progresividad y responsabilidad (art. 83 de la Constitución de la Provincia de
Entre Ríos)” (Op. cit.)
Debido a la importancia de la temática ambiental la Corte
Suprema de Justicia de la Nación señala que: “los jueces deben considerar el
principio in dubio pro natura que establece que “en caso de duda, todos los
procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de
decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y
conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos
perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos
adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios_
derivados de los mismos” (Declaración Mundial de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza -UICN-, Congreso Mundial de Derecho
Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en abril de
2016).” (op. cit.)
“Reconociendo que la idea de precaución es el fundamento de las
preocupaciones de todas las Partes y se halla incorporada de manera
sustancial en el presente Convenio.” (Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) de mayo de 2001, habiendo
entrado en vigor en 2004, Ley 26011)
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta los datos contenidos
en los informes técnicos acerca de los potenciales riesgos a la salud y al
medioambiente que implica la tecnología de termovalorización autorizada por
la Ley 5966, considero que se debe aplicar el principio precautorio que señala
la Ley General del Ambiente “Cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los
93
costos, para impedir la degradación del medio ambiente” y en consecuencia,
exhortar a la Legislatura de la CABA y al GCBA a tomar en cuenta estas
opiniones técnicas y producir los informes técnicos de impacto ambiental antes
de autorizar tecnologías que como la termovalorización de residuos, que
puedan implicar daños ambientales.
La Corte Interamericana ha elaborado una Opinión Consultiva que
estipula parámetros a ser aplicados por los Estados adherentes al Pacto de
San José de Costa Rica respecto al medio ambiente. Sobre las obligaciones
que deben cumplir los Estados a dicho en el punto 125:
“ Para el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos
a la vida y a la integridad personal, en el contexto de la protección del medio
ambiente, los Estados deben cumplir con una serie de obligaciones, tanto para
daños ocurridos dentro de su territorio como para daños que traspasen sus
fronteras. En el presente acápite se examinará: (A) la obligación de prevención;
(B) el principio de precaución; (C) la obligación de cooperación, y (D) las
obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente, con
el propósito de establecer y determinar las obligaciones estatales derivados de la
interpretación sistemática de dichas normas junto con las obligaciones de
respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal consagrados
en la Convención Americana.(…)” . (Corte Interamericana de Derechos Humanos
(2017)Opinión consultiva oc-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la
República de Colombia. Medio Ambiente y Derechos Humanos.
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf , Pag. 53)
5.- Disculpa a las Generaciones Futuras y Acciones a tomar
en Materia Ambiental
La protección del medioambiente es hoy un tema global, que
interpela la conducta y las decisiones de las generaciones actuales, tanto a las
personas involucradas en la toma de decisiones, como también a las personas
que habitamos el planeta tierra, ya que hoy los efectos que generamos con
nuestras acciones al medioambiente trascienden todo tipo de fronteras, el
deterioro del ambiente es hoy un problema de todes, el aire contaminado
atraviesa inexorablemente a las naciones, y las emisiones de gases tóxicos de
un país caen en otro como lluvia ácida.
94
La producción de gases invernadero en los países también tiene
su importancia a nivel mundial. La acumulación de estos gases contribuyen de
forma considerable al calentamiento del planeta.
Tal es el deterioro ambiental que sufrimos hoy en día que los
cambios son visibles y palpables por todes les habitantes.
Es así como un grupo de niñes liderados por Greta Thunberg, una
activista ambiental sueca de 16 años, expusieron y advirtieron a los jefes de
Estado reunidos en la Cumbre del Clima de la ONU (23 de septiembre de
2019) que “Hay gente sufriendo, gente muriendo, ecosistemas completos
están colapsando. Estamos al inicio de una extinción masiva. Y ustedes sólo
pueden hablan de dinero, de cuentos de hadas y de eternas promesas de
crecimiento económico” “Nos están fallando pero los jóvenes estamos
empezando a entender la traición. Los ojos de todas las generaciones futuras
están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, les digo, nunca los perdonaremos.
No dejaremos que se salgan con la suya. Aquí, ahora, es donde marcamos el
límite. El mundo está esperando. Y el cambio viene, les guste o no”, y luego
Thunberg, y otros 15 adolescentes de distintos países, entre ellos Chiara
Sacchi y Bruno Rodríguez, de la Argentina tomaron una medida concreta y
denunciaron ante el Comité para los Derechos de la Infancia del organismo
internacional que Argentina y otros cuatro países (Alemania, Francia, Brasil y
Turquía) no cumplen con las obligaciones contraídas por la Convención de los
Derechos del Niño, que por inacción, no protege a los niños del cambio
climático.
(https://www.pagina12.com.ar/220288-greta-thunberg-en-la-onu-el-cambio-v
iene-les-guste-o-no)
“Este Gobierno hace “ecologismo de brillantina”, que sobre todo se
refleja en la Ciudad de Buenos Aires, donde pone más eco-bicis mientras
habilita la incineración de basura, el ingreso de residuos tóxicos al país para
que las empresas lo usen según el acuerdo federal minero. Y encima, te lo
venden como política ambiental! Latinoamérica debe luchar contra la crisis
climática como un asunto de Derechos Humanos, porque podemos gozar de un
ambiente sano sin que las empresas multinacionales extractivistas destrocen
nuestro territorio para aumentar sus ganancias. Debemos aprender de los
pueblos originarios, que se plantan literalmente contra las topadoras. Ellos y
95
todos los sectores populares que sufren en primera persona el impacto, son
quienes deben estar en los espacios de discusión para construir políticas
públicas y dar vuelta la pirámide…” sostuvo Bruno Rodriguez durante la
tercera Movilización Mundial por la Crisis Climática realizada el 28 de
septiembre de 2019
(http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/vamos-gritar-que-la-violenci
a-ambiental-empieza-en-la-villa )
Tal como se mencionan en las declaraciones de Bruno Rodriguez,
llama la atención el reciente dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia
Decreto 591/2019 (B.O. 27/08/2019), donde se habilita a la Argentina a
importar basura debilitando los controles sobre la importación de este tipo de
desechos, con el fundamento de que aquellos residuos que han pasado por
operaciones adecuadas y suficientes de tratamiento, incluyendo la
segregación, acopio y/o acondicionamiento para fines específicos, según los
criterios técnicos, dejan de ser considerados como tales y actualmente son
destinados a un proceso productivo e incluso son comercializados como
insumos, materias primas o productos, tales como los desechos de papel y
cartón, la chatarra ferrosa, la chatarra de aluminio, los desechos de material
plástico y el cascote de vidrio, entre otros.
Resulta incomprensible que el Poder Ejecutivo Nacional por
Decreto de Necesidad y Urgencia (Decreto 591/2019 (B.O. 27/08/2019),
sostenga la necesidad de importar desechos para destinarlos a procesos
productivos y para comercializar los mismos, siendo que como vimos, de
acuerdo a lo informado por el GCBA, la CABA produce suficiente basura propia,
que no sabe dónde poner, y a raíz de ello autoriza su termovalorización.
Por cierto, ese decreto olvida que el Puerto de la Ciudad de
Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus
instalaciones (Art. 8 CCABA), por ello el art. 104 inciso 20 de la CCABA
establece entre las atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, la de
administrar el puerto de la Ciudad.
Nuestro país fue denunciado por no proteger a nuestres niñes, las
generaciones futuras del cambio climático, mientras tanto la Ciudad de Buenos
Aires, en lugar de concentrar todos los esfuerzos técnicos y económicos en
realizar una estrategia de gestión de residuos domiciliarios que respeten los
96
principios mínimos establecidos por las leyes federales, como el reciclado y la
reutilización aprobó un proyecto de modificación de la Ley de Basura Cero
incorporando una técnica de combustión de residuos prohibida en nuestro país
desde hace años, que contradice todos los presupuestos mínimos de
protección ambiental establecidos en leyes federales y que como se evidenció
sus efectos pueden ser altamente degradantes del ambiente y de la salud de
les habitantes de la Ciudad y sus alrededores.
Cabe citar lo sostenido por el Juez de la Corte Suprema de Justica
de la Nación en estos días acerca de la problemática ambiental a raíz de las
acciones llevadas a cabo por les jovenes a nivel mundial:
“ El problema central es que las políticas públicas no tienen en cuenta una
perspectiva de mediano y largo plazo y no están las generaciones futuras para
defenderse de las conductas actuales que los van a perjudicar en el futuro.
Por ello es tan importante dar una legitimación a las generaciones futuras en los
procesos judiciales e incorporar la visión de largo plazo en las decisiones ”
(Lorenzetti Ricardo, (29/09/2019), “El enojo y el idealismo ambiental, por
Ricardo Lorenzetti”Fuente www.perfil.com ).
Esta Ley 5966 fue aprobada por la Legislatura sin el debate
público y participativo que dicha modificación requería por tratarse de un
tema ambiental y que puede significar un cambio abrupto en la calidad del
ambiente para les habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que involucran
además de cuestiones económicas, también cuestiones técnicas, y por lo tanto
todas las voces debieron haber sido escuchadas en un debate amplio en torno
a la conveniencia de incorporar el método de la termovalorización, tal como lo
establece la Constitución de la CABA (art. 89 y 90 CCABA) al determinar que el
procedimiento legislativo incluya una audiencia pública.
Y además, en el transcurso del trámite exprés dado a la ley 5966
en la legislatura, ni siquiera fue remitido y tratado por la Comisión Especial de
Cambio Climático de la Legislatura CABA, teniendo en cuenta que los gases
que emiten las plantas de termovalorización, pueden influir y generar efectos
directos en la problemática del Cambio Climático tal como lo desarrollamos en
el punto 3 (Salud y Medioambiente).
Al respecto, haré propias las palabras del Papa Francisco cuando
sostiene: “La atenuación de los efectos del actual desequilibrio depende de lo
que hagamos ahora mismo, sobre todo si pensamos en la responsabilidad que
97
nos atribuirán los que deberán soportar las peores consecuencias.” (Papa
Francisco, (2015) Laudato Si, Pag. 124
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-france
sco_20150524_enciclica-laudato-si.html)
“En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología
resolverán todos los problemas ambientales, del mismo modo que se afirma, con
lenguajes no académicos, que los problemas del hambre y la miseria en el
mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. (…) Quienes
no lo afirman con palabras lo sostienen con los hechos, cuando no parece
preocuparles una justa dimensión de la producción, una mejor distribución de la
riqueza, un cuidado responsable del ambiente o los derechos de las
generaciones futuras . Con sus comportamientos expresan que el objetivo de
maximizar los beneficios es suficiente. Pero el mercado por sí mismo no
garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. ” (Papa Francisco,
(2015) Laudato Si, Pag. 86
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesc
o_20150524_enciclica-laudato-si.html )
Como jueza participante de la Cumbre Panamericana de Juezas y
Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Ciudad del
Vaticano, junio 2019), mi compromiso frente a cuestiones que afectan los
derechos humanos y sociales de las personas, como lo es el Medio Ambiente y
Salud, es mayor y en ese orden pongo en conocimiento y exhorto a las
Autoridades del GCBA y la Legislatura a tener especialmente en cuenta que la
degradación del medio ambiente, entendido como un derecho humano, es un
tema primordial que debe ser tenido en cuenta en todos los actos del Estado, y
que los derechos ambientales y de protección al ambiente son plenamente
operativos y por lo tanto judicializables, ello en virtud de lo declarado por el
Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la
Doctrina Franciscana en el “Capítulo Argentino Declaración de Buenos Aires”,
dado en la CABA el 10 de septiembre de 2019.
“ Nos asiste una profunda preocupación por la degradación en el ejercicio de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Observamos un pronunciado proceso de polarización social que conlleva a la
injusticia estructural.
98
Advertimos que el sistema económico coadyuva con la pobreza de las personas. El
33,6% los argentinos son pobres y el 6,1% indigente (Fuente: Informe 2018 del
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.).
El Papa Francisco ha dicho en la Carta Encíclica Laudato Si’ que “estos problemas están
íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos
excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura” y, en igual
sentido, ha advertido sobre “la concepción mágica del mercado”.
La situación actual exige que quienes tenemos la enorme responsabilidad de controlar
judicialmente el cumplimiento de los derechos humanos adoptemos una postura firme y
valiente que limite el avance de las prácticas violatorias. Los derechos humanos y los
derechos sociales constituyen los pilares de una sociedad justa y armoniosa y no pueden
subordinarse a factores financieros o de mercado, internos o externos.
En este sentido, la defensa del derecho es esencial para la existencia de una democracia
plena que ubique a los valores universales por sobre los particularismos.
Consideramos que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
–interdependientes e indivisibles– son plenamente operativos y, por tanto, resultan
judicializables.
Hacemos un llamado al Estado para dar estricto cumplimiento a las obligaciones
internacionales asumidas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.
Entendemos que no es posible vivir en paz y democracias plenas ante la existencia de
procesos en los que se profundiza el descarte de las personas y la destrucción del medio
ambiente. Y adherimos a los principios Franciscanos por los que no hay democracia con
hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia con inequidad. ”
http://www.pass.va/content/scienzesociali/en/events/2019-23/social_rights/declaration.html
6.- Costas
En cuanto a las costas, toda vez que no se advierte motivo
justificante para apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde
imponerlas a la demandada vencida (art. 62 del CCAyT).
En consecuencia, por todo lo expuesto,
DECIDO:
1) Haciendo lugar a la demanda de amparo contra el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura de la CABA, declarando nula la Ley
99
5966, conforme lo dispuesto por el artículo 90, último párrafo de la
Constitución de la Ciudad de Bs.As. que establece que ningún órgano del
Gobierno puede conferir excepciones al procedimiento de doble lectura y
Audiencia Pública en materia ambiental que determinan los art. 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad, “y si lo hiciera éstas son nulas”.
2) A todo evento, declarar la inconstitucionalidad de la Ley 5966
por no cumplir con las Leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales y el
Principio de Progresividad y de No Regresividad en materia de Derechos
Humanos.
3) Exhortar al GCBA y a la Legislatura a tomar en cuenta el
Principio Precautorio para la evaluación de proyectos o tecnologías que
pudieran generar un daño al medio ambiente y a la Salud en sentido integral.
4) Costas a los vencidos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
Legislatura
Regístrese, notifíquese a las partes y al Ministerio Público Fiscal; y
oportunamente, archívese.
100
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