Docente terminó con lumbalgia. Ahora ART debe pagarle indemnización

Se trata de una celadora de escuela, quien tuve esa secuela en la espalda. Promovió juicio laboral y ahora la aseguradora de riesgos de trabajo tiene que pagarle una indmnización.

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Una celadora de una escuela de Mendoza sufrió un fuerte dolor en la cintura mientras intentaba subir una mesa encima de otra. La atendieron en su obra social y le indicaron reposo por lumbocitalgia. En la ART la ingresaron con diagnóstico de lumbalgia y le prescribieron reposo laboral.

Luego del alta médica, denunció a la aseguradora afirmando que padecía una incapacidad permanente del 20% y que merecía resarcimiento económico. Para la ley, hay derecho a que las secuelas se indemnicen.

En el caso, mientras acomodaba una mesa sintió un fuerte tirón y dolor en la cintura que la inmovilizó de manerainmediata. Se dirigió de manera inmediata a su obra social adonde le prescribieron reposo y como le quedó una secuela demandó por lumbocitalgia en la espalda.

La ART contestó la demanda y planteó que la trabajadora debió seguir la vía administrativa, técnicamente se llama defensa de falta de acción y de legitimación sustancial pasiva. Argumentó que el artículo 4 establece que la ART tiene que pagar la indemnización recién cuando sea notificados por la junta médica sobre la incapacidad del trabajador, sobre las secuelas.

Los magistrados rechazaron la defensa de la ART por considerar que el trabajador no está obligado a seguir ese proceso, pudiendo elegir accionar directamente contra la ART:

“El dispositivo normativo dispone que para el trabajador siniestrado laboralmente es de carácter voluntario, y siempre para el supuesto caso que tuvieran la intencionalidad de ejercer la opción excluyente que en el mismo se establece, entre las prestaciones dinerarias de la Ley 24.557 o la reparación integral del Derecho Común”.

Es decir, la ART reconoció el contrato de afiliación con la empleadora de la persona accidentada pero entendió que no les correspondía a ellos pagar la indemnización. Pero los jueces, en cambio, explicaron que las ART son las administradores del sistema a las cuales el empleador transfiere su responsabilidad sobre el trabajador.

“La Ley 24.557 creó un especial sistema de carácter objetivo, transaccional, tarifado y de transferencia de responsabilidad del empleador del trabajador damnificado a una entidad de carácter privado administradora del sistema denominadas A.R.T., por las cuales éstas deben responder por los infortunios laborales que sufra el trabajador, sean estos consecuencias de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional o de una enfermedad accidente”, argumentaron.

 

El monto de la indemnización por la lumbalgia

La trabajadora basó su reclamo en un certificado médico privado que determinaba una incapacidad física permanente y definitiva del 20%, pero las autoridades explicaron que el valor probatorio del documento era relativo porque no había sido hecho por los peritos correspondientes impidiendo la participación de la ART.

“Este certificado presenta un valor probatorio relativo, requiriéndose de otros medios para poder generar convicción, ello en virtud de que, a mi entender, se trata de un instrumento en que la contraria no ha tenido intervención ni participación en su elaboración ni en sus conclusiones, y tampoco ha podido ejercer acto alguno de contralor en su confección, reduciendo su valor probatorio en el proceso”, entendieron.

Después de realizarse las pericias ordenadas, los jueces confirmaron la incapacidad pero redujeron el porcentaje a 15%. Tuvieron en cuenta la dificultad para la realización de las tareas habituales, la edad de la damnificada y los porcentajes establecidos en el Baremo médico.

En consecuencia, declararon procedente el reclamo resarcitorio y condenaron a la ART a pagar la indemnización laboral por  lumbociatalgia de aproximadamente $ 150 mil más intereses, que pueden llegar a duplicar esa suma.

Si bien en esta sentencia se reconoce la vía civil, para muchos jueces de la Capita y PBA la ley es constitucional y por ende el trabajador debe, primero, transitar la vía administrativa. Esto es, agotar los recursos ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y recién con una resolución contraria podrá demandar.

Anexo con sentencia completa sobre responsabilidad de la ART por lumbalgia, acción civil

En la ciudad de Mendoza, a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de DOS MIL
DIECIOCHO, se reúnen en la Sala de Acuerdos del Tribunal los Señores Jueces de la
Excma. Cámara Sexta del Trabajo: Dres. ELIANA LIS ESTEBAN, DIEGO CISILOTTO BARNES y CESAR AUGUSTO RUMBO, con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nº 155.503, caratulados: “R, M B C/ PROVINCIA ART S.A. P/ ENFERMEDAD ACCIDENTE”, de los que RESULTA:
Que la actora comparece a fs. 22/30 por medio de apoderado e interpone formal
demanda contra PROVINCIA ART S.A. por la suma de $ 170.801,77. Señala que su
mandante se desempeñó en relación de dependencia para el GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA – DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS, prestando
servicios como “celadora” de Lunes a Viernes de 07.00 a 13.30 hs. Describe
específicamente las tareas a su cargo. Afirma que el día 17.12.2015, al subir una mesa
encima otra, sintió un fuerte tirón y dolor en la cintura que la inmovilizó de manera
inmediata. Que se dirigió de manera inmediata a su obra social donde le indicaron reposo por lumbociatalgia, informándole que debía concurrir ante su ART. Que en la aseguradora la ingresaron con diagnóstico de lumbalgia y le prescribieron reposo laboral, otorgándole alta médica el día 07.01.2016.-
Describe su situación médica actual, afirmando que padece un cuadro de
lumbociatalgia con alteraciones clínicas que le determina una incapacidad del 20%
incluídos factores de ponderación, por el que entiende debe ser resarcida por la
demandada.-
Funda en derecho y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc.3, 21, 22, 46,
49 cláusula adicional 3° de la LRT. Liquida el reclamo y ofrece prueba.-
Corrido el traslado de ley, a fs. 51/55 se presenta por apoderado PROVINCIA ART
S.A. y contesta demanda. Opone defensa de falta de acción. Plantea excepción de falta de legitimación sustancial pasiva. Formula negativa general y específica de los extremos invocados por la actora. Sostiene la constitucionalidad de las normas de la LRT. Impugna liquidación. Ofrece pruebas. Hacer reserva del caso federal.-
A fs. 57/58 la actora contesta vista art. 47 CPL.-
A fs. 60 obra dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras.-
A fs. 61 el Tribunal decreta su competencia para entender en la causa.-
A fs. 64/65 vta. luce auto de admisión de pruebas.-
A fs. 80/85 encontramos informe pericial médico.-
A fs. 96 se fija fecha de audiencia de vista de causa.-
A fs. 97/110 obra informe de la DGE, en el que se adjunta legajo personal y médico
de la actora.-
A fs. 111 obra acta que da cuenta de la realización de la audiencia de vista de
causa.-
A fs. 112/119 se incorporan los alegatos formulados por las partes.-
A fs. 121 obra informe de la SRT.-
A fs. 122 se practica sorteo de juez preopinante, a fs. 123 son llamados los autos
para el dictado de sentencia, y CONSIDERANDO:
En los términos en que ha quedado trabada la litis y de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 69 del C.P.L., este Tribunal se plantea las siguientes cuestiones objeto de resolución:
PRIMERA CUESTION: Existencia de la relación laboral. Relación de Aseguramiento.-
SEGUNDA CUESTION: Procedencia de la indemnización reclamada.
Intereses.-
TERCERA CUESTION: Costas.-
A LA PRIMERA CUESTION EL Dr. CESAR AUGUSTO RUMBO DIJO:
En atención al esbozo realizado por la actora respecto a la pretendida
inconstitucionalidad del art. 46 de la L.R.T., que hacen a la competencia de este Tribunal, previo a todo, y en virtud de compartir plenamente los fundamentos consagrados por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en “Castillo Ángel Santos c/Cerámica Alberdi S.A.” y por la Corte Federal in re “Castillo Ángel Santos” Fallos 327:3610, y en “Obregón Francisco Víctor c/Liberty ART”, DT 2012-7, 1865, a los que me remito en honor a la brevedad, entiendo que corresponde hacer lugar a dicho planteo y, en consecuencia, abocarme a la resolución de la presente causa; ello en consonancia por lo ya resuelto por el Tribunal.-
De acuerdo con los criterios expuestos, que también hallan sustento en diversos
pronunciamientos de la SCJM (autos N° 72.153 – “Borecki E. en j: 29.273… p/ enf. Acc. s/ cas.”); dictamen de Fiscalía de Cámaras, que resultan válidos para sostener la
inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la LRT; con lo cual la pretensión del actor encuadra en las previsiones del art. 1.I inc. m) del C.P.L., resultando competente el Tribunal para entender en la presente causa que deberá sustanciar en esta Jurisdicción.-
En cuanto a la relación laboral invocada por el actor, debo decir que la misma no ha
sido objeto de un expreso desconocimiento por parte de la demandada en su responde,
razón por la cual, se torna operativa la presunción adjetiva sobre su veracidad.-
En consecuencia, y no siendo este un hecho controvertido entre las partes, tengo por
acreditado en autos la existencia misma de la relación laboral esgrimida por el actor con su empleador. Además, ello es lo que resulta de la prueba instrumental agregada en autos.-
Del mismo modo, el contrato de afiliación entre el principal del actor y la
demandada no ha sido negada en la contestación de la demanda, por lo que no siendo este tampoco un hecho controvertido entre los litigantes, tengo por demostrado en la especie que entre el empleador del demandante y la accionada, existía un contrato de afiliación en los términos de la Ley 24.557 que las vinculaba jurídicamente conforme dicho cuerpo legislativo.-
ASI VOTO.-
Los Dres. DIEGO FERNANDO CISILOTTO BARNES y ELIANA LIS
ESTEBAN, dijeron que por sus fundamentos adhieren al voto que antecede del Dr.
CESAR AUGUSTO RUMBO.- A LA SEGUNDA CUESTION EL Dr. CESAR AUGUSTO RUMBO DIJO:
En su escrito inicial la actora promueve demanda en virtud de las secuelas
incapacitantes que manifiesta padecer producto las tareas prestadas para su empleadora.
Señala que se desempeñó en relación de dependencia para el GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA – DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS, prestando
servicios como “celadora”. Que el día 17.12.2015, al subir una mesa encima otra, sintió
un fuerte tirón y dolor en la cintura que la inmovilizó de manera inmediata. Que fue
asistida por su obra social, donde le indicaron reposo por lumbociatalgia, informándole que debía concurrir ante su ART. Que en la aseguradora ingresó con diagnóstico de lumbalgia y le prescribieron reposo laboral, otorgándole alta médica el día 07.01.2016. Que actualmente presenta un cuadro de lumbociatalgia con alteraciones clínicas que le
determina una incapacidad del 20% incluidos factores de ponderación, por el que entiende debe ser resarcida por la demandada.-
Por su parte la demandada opone defensa de falta de acción. Plantea excepción de
falta de legitimación sustancial pasiva. Formula negativa general y específica de los
extremos invocados por la actora. Sostiene la constitucionalidad de las normas de la LRT. Impugna liquidación y ofrece pruebas.-
Entonces y de lo antedicho surge que la discusión se encuentra centrada en: a)
Defensas opuestas por la demandada; b) La existencia de las patologías denunciadas por el actor – porcentaje de incapacidad – existencia de nexo causal; c) la legislación aplicable; d) en el monto de la indemnización pertinente; y e) intereses. Se tratarán a continuación.- a) Defensas opuestas por la demandada
Preliminarmente, corresponde analizar las excepciones de falta de acción, y de falta de
legitimación sustancial pasiva interpuestas por la demandada en su conteste.-
Falta de acción.
En relación a los argumentos argüidos por la demandada en sustento de la defensa
de falta de acción planteada, debo decir que la misma no tendrá acogida favorable, ello es así porque, en primer lugar, del texto del art. 4 de la Ley 26.773 se advierte claramente que se trata de una norma legal dirigida a la aseguradora y cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio solamente para esta y no para el trabajador que ha sufrido una contingencia laboral, ya que en ella se disponen obligaciones legales que únicamente debe acatar la A.R.T. y los plazos en que estas deben ser satisfechas (ver art. 4, 1° párrafo), mientras que a la inversa, el dispositivo normativo dispone que para el trabajador siniestrado laboralmente es de carácter voluntario, y siempre para el supuesto caso que tuvieran la intencionalidad de ejercer la opción excluyente que en el mismo se establece, entre las prestaciones dinerarias de la Ley 24.557 o la reparación integral del Derecho Común (ver art. 4°, 2° párrafo).-
El art. 4 de la Ley 26.773 instituye un deber legislativo a cargo de la aseguradora,
pero la supedita al cumplimiento de una condición por parte del trabajador que ha padecido el siniestro laboral. La condición es que este previa y voluntariamente hubiera transitado el proceso pautado por los arts. 8, 21, 22 y 46 de la Ley 24.557. Por ende, si este como consecuencia de los fallos de la Corte Provincial y de la Corte Federal sobre esta temática, no cumple con esa condición y, por el contrario, insta directamente una acción en contra de la A.R.T, evidentemente, nunca se activarán las obligaciones legales que el 1° párrafo del artículo en análisis le imponen a la aseguradora, tornándose por este motivo en inoperativa y sin ninguna virtualidad jurídica.-
Por lo expuesto, el planteo defensivo debe ser rechazado.-
Falta de legitimación sustancial pasiva.
La demandada al contestar demanda, reconoce la existencia del contrato de afiliación
existente entre su parte y la empleadora del actor; pero a pesar de ello, plantea la excepción en análisis.-
La resistencia articulada por la accionada para no responder por las prestaciones
dinerarias de la L.R.T., es sostenida en cuanto entiende que el demandado no es la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tal calidad con referencia a la concreta materia sobre la que versa el proceso, negando enfáticamente la fecha de manifestación invalidante consignada por la actora.-
A pesar de ello y de la contundencia con que lo expresa la accionada, debo recordar
que es criterio de este Tribunal, que el sujeto legitimado pasivo de las acciones derivadas de siniestros laborales son las “operadoras” del “sistema” creado por la Ley 24.557.-
Luego de diversos avatares jurisprudenciales, actualmente existe amplio consenso en
los Tribunales Laborales y en nuestro Máximo Tribunal, en el sentido que la Ley 24.557
creó un especial “sistema” de carácter objetivo, transaccional, tarifado y de transferencia de responsabilidad del empleador del trabajador damnificado a una entidad de carácter privado
“administradora” del “sistema” denominadas A.R.T., por las cuales éstas deben responder por los infortunios laborales que sufra el trabajador, sean estos consecuencias de un “accidente de trabajo”, de una “enfermedad profesional” o de una “enfermedad
accidente”.-
La legitimación sustancial pasiva de las A.R.T. en el actual diseño de la ley referida a
los siniestros laborales surge claramente de lo dispuesto por el art. 26, inc. 1) L.R.T., entre otros.-
A partir de esta norma legal y de la interpretación que ha hecho la jurisprudencia
sobre la problemática de la legitimación sustancial pasiva de las A.R.T., en la actualidad no existe controversia sobre este tema: el sujeto legitimado pasivo en las acciones “sistémicas” de la L.R.T. es la A.R.T. a la que se encuentra afiliado el empleador del trabajador
siniestrado laboralmente. Esta concepción jurídica sobre este tema se ha visto ratificada y convalidada con la sanción de la Ley 26.773.-
En este sentido se ha pronunciado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia
en la causa 72.153, “Borecki Eduardo en J. Borecki Eduardo c. I.M.P.S.A. p/ Enf. Acc. s/ Cas.”, 17-10-02, LS. 313 – 057 al confirmar la responsabilidad “sistémica” de las A.R.T. frente a las contingencias previstas en la L.R.T.-
La obligación de las A.R.T. de responder por las prestaciones dinerarias para con el
trabajador afectado por un infortunio laboral surgen de la propia Ley 24.557 y no del
contrato de afiliación que el principal del trabajador hubiere suscripto con la aseguradora de conformidad con lo dispuesto por el art. 27, inc. 3) y 28, inc. 1) L.R.T. El contrato de afiliación celebrado entre la A.R.T. y el empleador del obrero siniestrado es ajeno a la vinculación legal que establece la L.R.T. entre la A.R.T. y el dependiente afectado por un “accidente de trabajo”, “enfermedad profesional” o “enfermedad accidente”. A su respecto, dicho convenio de afiliación resulta ser “res inter alios acta” ya que, como se ha sostenido, la obligación de indemnizar una incapacidad laboral por parte de la A.R.T. surge de la propia L.R.T. y no del contrato de afiliación que pudiera haber concertado el patrono del empleado con una de las operadoras del “sistema”.-
Además, y en cuanto a que el sujeto legitimado pasivo en el marco de la Ley 24.557
son las A.R.T., es el criterio sustentado por nuestro Supremo Tribunal Provincial. Así, por ejemplo, lo ha resuelto en autos 83.645 “Bernardelli Adolfo Hermenegildo en Jº 7.476 Bernardelli Adolfo Hermenegildo c. D.P.V. y ot. p/ Indemnización accidente de trabajo s/ Inc. Cas.”; en autos “Rodriguez H. c. Juan Minetti S.A. y otros p/ Enfermedad Accidente s/ Inc. Cas.”; en autos 90.641, “Ibañez Marcelo Rodolfo en J. 9.354 Ibañez Marcelo c. O.S.M.S.A. p/ Enf. Acc. s/ Inc. Cas” y con anterioridad en autos 88.205, “Luz A.R.T.S.A. en J. 32.709 Cagliero Guillermo Hugo c. O.S.M.S.A. p/ Enf. Acc. s/ Inc. Cas” y en autos 87.447, “Orellano José David en J. 32.711 Orellano Jose David c. O.S.M.S.A. p/ Enf. Acc. s/ Inc. Cas.” al expedirse sobre el carácter que tiene la indemnización reparatoria creada por el “sistema” de la L.R.T. cuando se acciona contra una A.R.T. y el empleador del dependiente y, más recientemente, se arribó a igual conclusión, en autos 90.439, “Ciancia Roberto Hugo en J. 34.056 Ciancia Roberto Hugo c. Pride Internacional S.R.L. p/ Enf. Acc. s/ Inc. – Cas.”, 05-03-09, LS. 398 – 064.-
En síntesis, en el ámbito de la Ley 24.557, el sujeto legitimado pasivo de las
acciones “sistémicas” es la A.R.T. a la que se encuentre afiliada la empresa donde prestaba servicios laborales el trabajador accidentado o enfermo por causa del trabajo.-
En consecuencia, y por los fundamentos expuestos, se declara la legitimación
sustancial pasiva de la denunciada y la legitimación sustancial activa del actor con
basamento en la Ley 24.557 y, por ende, se rechaza la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva y la excepción de falta de acción interpuestas por la accionada.-
b) La existencia de las patologías denunciadas por el actor – porcentaje de incapacidad
– existencia de nexo causal:
La actora fundó su reclamo a partir de un certificado médico de parte que
determinó un total del 20% de incapacidad parcial, permanente y definitiva (fs. 06) por
presentar: …lumbociatalgia con manifestaciones clínicas.-
Desde ya aclaro que este certificado presenta un valor probatorio relativo,
requiriéndose de otros medios para poder generar convicción, ello en virtud de que, a mi
entender, se trata de un instrumento en que la contraria no ha tenido intervención ni
participación en su elaboración ni en sus conclusiones, y tampoco ha podido ejercer acto alguno de contralor en su confección, reduciendo su valor probatorio en el proceso.-
Entiendo que tratándose de un reclamo indemnizatorio derivado de las tareas
desarrolladas por la trabajadora, la prueba principal tanto de la incapacidad, de las labores desempeñadas, como su relación de causalidad, será la prueba pericial médica, la que deberá integrarse con el resto de la prueba rendida.-
De la pericia médica obrante a fs. 80/85, que da cuenta del examen físico de la
trabajadora y de cotejo de los elementos probatorios acercados al proceso, se pueden
transcribir las siguientes conclusiones en cuanto a las patologías incapacitantes constatadas:
“…La Ecografía de Miembros Inferiores, mostró: …radiculopatía L5 crónica derecha,
leve… La Resonancia Magnética Nuclear de columna lumbosacra: “a nivel L4-L5
deshidratación discal; …protrusión herniaria postero-medial/posterolateral derecha;…
disminución del calibra foraminal bilateral a predominio derecho”… Columna
lumbosacra- Miembros inferiores Encontramos pérdida de la lordosis lumbar fisiológica.
Hay contractura muscular paravertebral lumbosacra. La presión sobre las apófisis
espinosas lumbares, despierta dolor… puedo concluir que: María R, es portadora de una
incapacidad parcial y permanente de un 12% de la total, por las lesiones sufridas en
accidente y tipo de actividad laboral realizada… Al agregar factores de ponderación
(2,4% por tipo de actividad, y 0,24% por factor edad), tenemos una incapacidad final del 14,64% de la total…”
El perito en su informe, también hizo referencia al Dto. 49/2014, transcribiendo
pasajes del mismo relativos a las lesiones intervertebrales discales y la etiología de las
hernias discales.-
Las partes no observaron ni impugnaron el informe pericial razón por la cual lo
tengo por consentido por ambas.-
Abocándome a su análisis, entiendo que el Sr. Perito ha estudiado los antecedentes
médicos de la actora, y ha examinado físicamente a la misma; por lo que a mi criterio no caben dudas respecto de la existencia del cuadro incapacitante denunciado en estos
obrados: lumbociatalgia con alteraciones clínicas…, el cual está contemplado por el
baremo legal como patología bajo cobertura de la aseguradora.-
Considero en este punto, que si bien el perito omitió la mención expresa del
diagnóstico posteriormente cuantificado, los hallazgos médicos referidos por el mismo
resultan indiscutiblemente determinantes de las secuelas verificadas.-
El Baremo del Decreto 659/96, el cual es de aplicación obligatoria por imperio del
art. 9 de la Ley 26.773, es el que considero que mejor se adapta a los daños físicos que
padece la trabajadora, dado que el mismo no presenta oscilaciones porcentuales tan
dispares en las afecciones físicas que la aquejan, tal como se puede apreciar sí ocurre con otros baremos de la ciencia médica.-
El Baremo prevé para este tipo de lesiones incapacitantes un rango discrecional
conforme las características de cada caso, el que oscila entre el 5% y el 10%. El Sr. Perito, conforme pueden constatarse en las constancias incorporadas a la causa, otorgó a la trabajadora un porcentaje de incapacidad del 12%, es decir superó el máximo de la escala, por lo que corresponde en esta instancia ajustar cuantitativamente el porcentaje en cuestión, correspondiendo asignar un 10% de incapacidad, sin superar el máximo referido.-
Debo decir que incuestionablemente la actora presenta secuelas columnarias
vinculadas causalmente con sus labores; ello es así teniendo en cuenta las características de las tareas cotidianas a su cargo (celadora), que ingresó apta para prestar los servicios
encomendados (conf. constancias de fs. 103/109); el tiempo durante el cual ha prestado
servicios (desde el día 25.03.2013 – según constancias de fs. 99) y lo informado en los
estudios de imagen diagnóstica consultados (fs. 80/81).-
Por los fundamentos brindados, tengo la convicción que la actora presenta una
Incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 10%, por presentar un
cuadro de lumbociatalgia con alteraciones clínicas, vinculado causalmente con las tareas
cumplidas para su empleadora y que se manifestaron invalidándola en fecha 17.12.2015.-
Respecto a los factores de ponderación entiendo que corresponde aplicar un 20%
respecto al primero de ellos “Dificultad para la realización de las tareas habituales”, por
entender que ella es Alta. Es así porque aun cuando la demandante pueda continuar
prestando servicios, atento a la índole de las dolencias físicas que la afectan, me resulta
incuestionable que debe padecer una dificultad para seguir realizado sus tareas habituales.-
Respecto del factor “Amerita recalificación”, por similares fundamentos a los
vertidos precedentemente, considero que corresponde atribuir un 10%.-
Y respecto al factor “Edad”, teniendo en cuenta que al momento de manifestarse su
patología la trabajadora tenía 30 años de edad (conforme constancias de autos), le asigno un 2% de incapacidad laboral, la que estimo en este caso concreto como razonable, prudente, justa y equitativa.-
En suma, la totalidad de los factores de ponderación del Decreto 659/96 ascienden
al 5% (2% + 1% + 2%). Resultando que el total de la incapacidad laboral que sufre la
actora incluidos los factores de ponderación del baremo del Decreto 659/96 es del 15%
(10% + 5%) de la total obrera.-
En consecuencia, y por los argumentos aludidos precedentemente tengo el total
convencimiento que la demandante presenta un cuadro de lumbociatalgia con
alteraciones clínicas, de las cuales deviene una incapacidad Laboral Permanente,
Parcial y Definitiva por del 15% de la total obrera, por lo que opino que es procedente
el reclamo resarcitorio efectuado por la actora toda vez que ha quedado acreditado la
existencia de un daño susceptible de ser indemnizado, que tiene vinculación causal con
las tareas cumplidas para su empleador.-
c) Legislación aplicable:
A los fines de fijar el monto indemnizatorio, corresponde previamente establecer cuál
es la legislación que deberá definir los alcances de la tarifa resarcitoria.-
Debo recordar que nuestro Máximo Tribunal Provincial se ha expedido al respecto
manifestando que: “Para determinar la responsabilidad de la aseguradora, hay que
considerar como primera manifestación invalidante el momento en que se determinó que la dolencia discapacita o invalida al trabajador y le impide continuar con sus tareas
habituales, precisamente por su carácter invalidante.” (Expte.: 108367 – PREVENCION
ART S.A. EN J 3.090 LEYES, JUAN CARLOS C/PREVENCION A.R.T. S.A. P/ENF. ACC. S/CAS. Fecha: 03/04/2014).-
Sobre el particular, debemos tener en cuenta que la fecha de la primera manifestación
invalidante de la patología fue el día 17.12.2015. Conforme a ello, no caben dudas que
resulta procedente la aplicación de la ley 26.773, ya que la misma –como expresamente lo prevé en su texto en su art. 17 inc.5- es aplicable a las contingencias cuya primera
manifestación invalidante se produjeron a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial (26.10.2012).-
Esta decisión es conteste con la jurisprudencia del plenario de la S.C.J.M. en la causa
N° 109.647, caratulada: “LA SEGUNDA ART S.A. EN J° 20.018 “NAVARRO JUAN
ARMANDO C/ LA SEGUNDA ART S.A. P/ ACCIDENTE” S/ INC. CAS” del 14/05/2015;
siendo, en virtud del art. 149 del C.P.C. de cumplimiento obligatorio para los Inferiores.
En consonancia con fallo de fecha 07.06.2016 de la CSJN “ESPOSITO, DARDO LUIS C/PROVINCIA ART P/ ACCIDENTE”).-
d) Monto de la indemnización pertinente:
Efectuando el cálculo conforme a la operación prevista en el art. 14 inc. 2 a) L.R.T.,
teniendo en cuenta que el IBM de la trabajadora asciende a $ 6.216,58 (monto que surge de los recibos de haberes incorporados a la causa, y que no ha sido desacreditado por la
demandada); que el coeficiente de edad es de 2,16 (65/30 – edad a la fecha de la primera manifestación invalidante según constancias de autos); y que la incapacidad de la trabajadora es del 15%, obtenemos: 53 x 6.216,58 x 2,16 x 15%: $ 106.751,11.-
Esta suma traduce una cuantía inferior al piso legal vigente determinado por la
Resolución Nº 28/2015 del M.T.E.y S.S, que es la resolución que corresponde aplicar en atención a la fecha de la primera manifestación invalidante. En efecto, la misma actualiza las prestaciones dinerarias previstas en la L.R.T. para el período comprendido entre el 01/09/2015 y el 29/02/2016 inclusive, fijando que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la Ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $ 841.856 por el porcentaje de incapacidad (Art. 2). Dicho piso determina la suma de $ 126.278,40 ($ 841.856 x 15%), por lo que la demanda hasta aquí prospera por la suma de $ 126.278,40.-
Conforme a lo expuesto, a la suma alcanzada de conformidad a la fórmula que surge
del art. 14 inc. 2 a) L.R.T. debe adicionársele el 20% previsto en el art. 3 de la ley
26.773: $ 25.255,68 ascendiendo la prestación dineraria a la SUMA TOTAL de $
151.534,08.-
e) Intereses.
De conformidad a lo previsto en el art. 82 C.P.L. y 768 CCN, al monto arribado se le
deben adicionar intereses.-
El art. 2 de la Ley 26.773 expresamente prevé en su parte pertinente que “…El
derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se
determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional…”.-
En el sub examine, la primera manifestación invalidante acaeció en fecha 17.12.2015,
por lo que los interes correspondientes deberán computarse desde el 17.01.2016 (conf. Art. 2 Resol. SRT 414/99), en conformidad a la doctrina derivada de la causa N° 13-01957286-
7/1, caratulada: “ASOCIART A.R.T. S.A. EN J: 47.782 “PEREZ, ESTEBAN OSIRIS Y OTS. C/ ASOCIART A.R.T S.A S/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACIÓN” P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN”, del 08/08/2016.-
Respecto a la tasa de interés legal aplicable, y de conformidad a la doctrina de la
S.C.J.M. derivada de los fallos N° 13-03690375-3/1, caratulados “PROVINCIA A.R.T. S.A. EN J: 153.077 “CASANOVA OSCAR ROBERTO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. P/ACCIDENTE” P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN.” del 02/02/2018 y N° 13-00844567-7/1 caratulados “GALENO A.R.T. S.A. EN J° N° 26.349 “CRUZ, PEDRO JUAN C/ MAPFRE A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE” S/ RECURSO EXT. DE CASACION.”, del 15/05/2017, corresponde aplicar la tasa nominal anual para préstamos de libre destino a 36 meses fijada por el BNA vigente según el período de devengamiento de las utilidades que corresponda, y hasta el pago íntegro de la condena.-
Ajustada a estas pautas deberá practicarse liquidación por Secretaría del Tribunal.-
CONCLUSION:
Por lo que la presente demanda prospera por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 08/100 ($
151.534,08.-) en concepto de prestación dineraria art. 14 ap. 2 inc. a) de la ley 24.557 y art. 3 de la ley 26.773 (conf. art. 2 Res. 28/2015 del M.T.E.y S.S.) con más los intereses legales, por incapacidad Permanente, Parcial y Definitiva del 15% de la total obrera, que sería secuela de las tareas prestadas por la actora para su empleadora.-
ASI VOTO.-
Los Dres. DIEGO FERNANDO CISILOTTO BARNES y ELIANA LIS
ESTEBAN, dijeron que por sus fundamentos adhieren al voto que antecede del Dr.
CESAR AUGUSTO RUMBO.-
A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. CESAR AUGUSTO RUMBO DIJO:
COSTAS DEL PROCESO:
Por lo que prospera la demanda y teniendo presente el principio chiovendano de la
derrota, y de conformidad a lo previsto en el artículo 31 del C.P.L. las costas se imponen a la demandada vencida en autos.-
Ajustada a estas pautas deberá practicarse liquidación por Secretaría del Tribunal.-
ASI VOTO.-
Los Dres. DIEGO FERNANDO CISILOTTO BARNES y ELIANA LIS
ESTEBAN, dijeron que por sus fundamentos adhieren al voto que antecede del Dr.
CESAR AUGUSTO RUMBO.-
Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a
continuación se inserta.-
MENDOZA, 28 de NOVIEMBRE de 2018.
Y VISTOS: El acuerdo arribado, el Tribunal
R E S U E L V E:
I.- HACER LUGAR a la demanda y reconocer que, como consecuencia del
accidente protagonizado por la Sra. M B R, esta padece un cuadro de lumbociatalgia con alteraciones clínicas, presentando por ello una Incapacidad parcial, permanente y
definida del 15%, incluidos factores de ponderación.-
II.- Rechazar las excepciones de falta de acción y de falta de legitimación
sustancial pasiva, y condenar a PROVINCIA ART S.A., a pagar a la Sra. M B R la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 08/100 ($ 151.534,08.-) en concepto de prestación dineraria art. 14 ap. 2 inc. a) de la ley 24.557 y art. 3 de la ley 26.773 (conf. art. 2 Res. 28/2015 del M.T.E.y S.S.)
con más los intereses legales; en el plazo de CINCO días de quedar firme la liquidación a practicarse conforme lo resuelto en la SEGUNDA CUESTION.-
III.- Las costas serán a cargo de PROVINCIA ART S.A., según lo resuelto en la
TERCERA CUESTION.-
IV.- Diferir la regulación de honorarios y determinación de los gastos causídicos
para la oportunidad de practicarse la liquidación respectiva por Secretaría del Tribunal,
conforme a las pautas establecidas en la SEGUNDA Y TERCERA CUESTIÓN.-
V.- Notifíquese a la Delegación de la SRT en Mendoza la presente resolución a los
fines de su debido registro y demás competencias que por ley le corresponde. (art. 2.4 g)
del Anexo I, del Decreto 1556/09. CSJN “Trejo”).-
COPIESE. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.- CARP
Firmado:
DRA. ELIANA LIS ESTEBAN OLIVARES DR. CESAR AUGUSTO RUMBO PEREGRINA
Camarista Camarista
DR. DIEGO FERNANDO CISILOTTO BARNES
Camarista

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