El privilegio en la quiebra del derecho a la salud de una persona con discapacidad

La corte decidió que hay preferencia por sobre los acreedores quirografarios de quien padece una discapacidad, por el derecho a la vida y a la salud. La ley 24522 de concursos y quiebras no prevé ese privilegio.

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Para decidir de ese modo, la corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 239 primer párrafo; 241; 242 parte general; 243 parte general e inc. 2° de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras.

De este modo, verificó el crédito con privilegio especial a favor de una joven con una discapacidad grave e irreversible, para que pueda tener cubiertas las prestaciones médicas que necesita.

Los créditos quirografarios son los comunes, y carecen de privilegio, cobran a prorrata como todos. La cámara había determinado que cobrase como cualquiera una persona con discapacidad.

Pero la corte $425.000, pero la Cámara revocó la decisión y le asignó a la acreencia en cuestión el carácter de quirografaria, lo que importó dejar sin efecto también el pronto pago.

En el caso la persona “lleva 28 años transitados con una incapacidad total y sin cobrar la totalidad de su crédito reconocido por sentencia judicial firme en el año 2003”.

Encima, “la insuficiencia de tratamientos médicos adecuados para atender el delicado estado de su hijo, derivada de la falta de recursos económicos, agravó considerablemente la salud”. Finalmente la corte le dio la razón, podés leer la sentencia completa abajo.

 

Sentencia completa, pronto pago y privilegio concursal por el derecho a la salud, persona con discapacidad:

 

Foto: https://es.validasinbarreras.com/

CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
Buenos Aires, ab- frbia-ty,
Vistos los autos: “Institutos Médicos Antártida s/ quiebra
s/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F.”.
Considerando:
1°) Que la Sala A de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, en lo que aquí interesa, revocó la
sentencia de primera instancia que había declarado la
inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales
previsto en los arts. 239, primer párrafo, 241, 242 parte
general y 243 parte general e inc. 2°de la ley 24.522 y
verificado a favor de B.M.F. un crédito con privilegio especial
prioritario de cualquier otro privilegio. A raíz de ello, le
asignó a la acreencia en cuestión el carácter de quirografaria,
lo que importó dejar sin efecto también el pronto pago dispuesto
por el magistrado.
Para así decidir, la alzada sostuvo que no era el
derecho a la vida, a la salud ni a la dignidad de B.M.F. lo que
se encontraba en juego en el sub lite, sino que se trataba de un
derecho patrimonial transmisible y renunciable, originado en una
obligación pecuniaria, a la que el legislador no le había
reconocido preferencia de cobro con respecto a otras
obligaciones del deudor, valoración que -estimó- concordaba con
el hecho de que los propios actores habían cedido una parte
importante de su crédito a un tercero en el marco del concurso
de OSMATA.
-1-
Asimismo, consideró que no se advertía la
incompatibilidad entre el interés superior del niño y el derecho
del acreedor hipotecario para que este último pudiese hacer
efectiva la preferencia que le concedía la normativa concursal.
Además, la cámara agregó que era el Estado el sujeto
pasivo de las obligaciones consagradas por las convenciones
internacionales en las cuales el juez de grado había fundado su
decisión, sin que correspondiese trasladar esa obligación a los
acreedores concurrentes que contaban con un privilegio
legalmente reconocido, como sucedería en autos con los
acreedores, hipotecarios que apelaron el pronunciamiento bajo
examen, quienes verían postergado el pago de sus créditos.
Por otra parte, afirmó que el hecho de que el sistema
taxativo de privilegios no incluyese acreencias con causa en una
indemnización resarcitoria otorgada a un menor víctima de un
hecho dañoso no contrariaba principios de raigambre
constitucional. Advirtió que ponderar, como lo había hecho el
juez de grado, aspectos subjetivos de los protagonistas para
otorgar una prioridad en el cobro del crédito, resultaba
contrario a los principios esenciales del régimen de los
privilegios.
2°) Que la incidentista y la Defensora Pública de
Menores e Incapaces ante la cámara interpusieron sendos recursos
extraordinarios que fueron concedidos únicamente en relación con
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
cuestión federal invocada, sin que, interpusieran la
correspondiente queja por los agravios denegados.
Los apelantes expresan, en lo principal, que la
indemnización reconocida a favor de B.M.F. es asistencial y que
su objeto consiste exclusivamente en cubrir los tratamientos
médicos adecuados y los restantes gastos que el estado de salud
del incidentista demande. Manifiestan que las disposiciones de
la ley 24.522 deben ser desplazadas frente a lo dispuesto en la
Convención sobre los Derechos del Niño y que el crédito del
menor goza de un privilegio autónomo que debe prevalecer con
respecto a los privilegios especiales o generales de terceros.
3°) Que el Defensor Oficial ante esta Corte y la
señora Procuradora General dictaminaron a favor de la
procedencia de los recursos extraordinarios (fs. 652/656 y 660/
664).
4°) Que existe en el caso materia federal suficiente
que habilita el tratamiento de los agravios por la vía elegida
toda vez que la decisión del a quo ha sido contraria al derecho
que los apelantes fundan en las normas internacionales que
invocan de incuestionable naturaleza federal (art. 14, inc. 3°,
ley 48).
5°) Que a los fines de una mayor comprensión de las
cuestiones que se plantean en la presente causa, resulta
pertinente destacar que el crédito de B.M.F. deriva de una
indemnización concedida por la mala praxis médica ocurrida
durante su nacimiento (25 de mayo de 1990), que le provocó una
parálisis cerebral con 100% de incapacidad irreversible, que
condujo al sufrimiento fetal agudo con afección de todos los
órganos y especialmente el cerebro. Como consecuencia de ello,
presenta desde su alumbramiento lesiones cerebrales gravísimas
con una incapacidad total e irreversible, una parálisis en los
cuatro miembros que le impide movilizarse y un retraso en el
crecimiento (cfr. fs. 4 vta.).
Incoada por sus padres la acción civil por daños y
perjuicios contra el médico Dr. López Mautino, el sanatorio
Institutos Médicos Antártida y la Obra Social del Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte (OSMATA), el 20 de agosto de
1998 obtuvo sentencia de primera instancia que condenó
solidariamente a los codemandados a pagar $ 380.000 a favor de
B.M.F. y $ 20.000 a favor de sus padres, más intereses, decisión
que fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil el 30 de mayo de 2003.
La quiebra de Institutos Médicos Antártida, decretada
el 10 de febrero de 2003, motivó a los beneficiarios de aquella
indemnización a solicitar la verificación de su crédito.
Con posterioridad al dictado de la sentencia de
primera instancia que verificó la acreencia con privilegio
especial de primer orden, la sindicatura informó que la
incidentista también había verificado el crédito derivado de la
indemnización referida en el concurso preventivo de la obra
social OSMATA y que este había sido cancelado parcialmente
mediante una cesión onerosa de $ 201.507.
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CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
Con motivo de ello, los aquí apelantes presentaron
los documentos que acreditaban el- contrato de cesión y señalaron
en el recurso extraordinario que, en tanto todos sus deudores se
encontraban en estado de insolvencia, verificaron la totalidad
del crédito en ambos procesos concursales a fin de recuperar el
total de su acreencia.
Así pues, B.M.F. lleva 28 años transitados con una
incapacidad total y sin cobrar la totalidad de su crédito
reconocido por sentencia judicial firme en el año 2003. Conforme
lo manifiestan los padres en el remedio federal y tras
comunicarse con la Defensoría Oficial ante esta Corte (cfr. fs.
532 y 655/655 vta.), la insuficiencia de tratamientos médicos
adecuados para atender el delicado estado de su hijo, derivada
de la falta de recursos económicos, agravó considerablemente la
salud de B.M.F., de forma tal que actualmente padece, además de
la condición cuadripléjica irreversible, pérdida de la visión y
del habla, debiendo ser alimentado con una sonda gástrica y
sufriendo recurrentes complicaciones como trombosis, escaras y
anemia. Además, señalan que los tratamientos médicos adecuados
para su hijo son excesivamente onerosos para ser afrontados por
su parte, donde la madre se dedica exclusivamente a su cuidado,
siendo el padre el único sostén de familia, cuyo salario no
alcanza para revertir la situación de ahogo económico en la que
se encuentran.
6°) Que las circunstancias fácticas y las cuestiones
de fondo planteadas en la presente causa resultan
sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas en la
causa “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/
quiebra s/ incidencia de verificación de crédito por L.A.R. y
otros”, voto en disidencia del juez Maqueda (Fallos: 341:1511),
en el que se hizo lugar al reclamo efectuado por los
incidentistas, se declaró la inconstitucionalidad de los arts.
239, primer párrafo; 241; 242, parte general, y 243, parte
general e inc. 2° de la ley 24.522, y se verificó el crédito con
privilegio especial prioritario de cualquier otro privilegio.
Sin perjuicio de tener por reproducidas las
consideraciones efectuadas en dicho precedente y aun a riesgo de
ser reiterativo, habida cuenta de la entidad de los derechos en
juego, corresponde efectuar el examen de los temas traídos a
conocimiento de esta Corte Suprema.
7°) Que, frente al particular contexto fáctico
descripto en el considerando 5°, cabe ponderar si las normas
internacionales invocadas por los recurrentes, en especial la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, alcanzan a la
situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra B.M.F.,
como titular de un crédito en el marco de un proceso universal
y, en su caso, si alteran la preferencia de cobro establecida en
la Ley de Concursos y Quiebras. Es decir, si el crédito de
B.M.F. debe ser verificado con rango de quirografario o
privilegiado y, en este último caso, qué orden de preferencia en
el cobro tiene frente a otros privilegios.
-6-
‘4 @fíat/ida c4 cifracid41
Tal categorización tiene relevancia en esta quiebra
puesto que la liquidación del total del activo no alcanzaría
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
para la satisfacción ni siquiera mínima de los créditos
quirografarios entre los que se encuentra el de autos y, según
surge del presente incidente, el único inmueble de la quiebra
está gravado con dos hipotecas.
8°) Que, esta Corte, en la causa “Pinturas y
Revestimientos aplicados SA” (Fallos: 337:315), destacó que el
régimen de privilegios previsto en la ley 24.522 debe ser
integrado con las disposiciones previstas en los instrumentos
internacionales que fueron incorporados a nuestro sistema
jurídico con rango superior a las leyes. Allí el Tribunal
consideró que las normas internacionales invocadas por el
apelante -Convenio n° 173 de la OIT-, para verificar su crédito
laboral con el carácter de privilegiado, establecían
expresamente que los créditos adeudados a los trabajadores en
razón de su empleo debían quedar protegidos por un
caso de insolvencia del deudor y que, COMO
desplazaban a las reglas de la ley concursal que
sus disposiciones.
privilegio en
consecuencia,
se opongan a
9°) Que corresponde recordar que la vida es el primer
derecho de la persona humana reconocido y protegido por la Ley
Fundamental (Fallos: 310:112; 312:1953, entre otros) y que, en
tanto eje y centro de todo el sistema jurídico, es inviolable y
constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás
tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479; 324:
3569). En lo que al caso concierne, este Tribunal ha
puntualizado -con especial énfasis tras la reforma
-7-
constitucional del año 1994- que la preservación de la salud
integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación
impostergable de las autoridades públicas de garantizarla
mediante la realización de acciones positivas (conf. arts. 42 y
75, inc. 22, de la Constitución Nacional y Fallos: 321:1684;
323:1339 y 3229; 331:2135 y 337:222, entre otros).
10) Que dentro del citado marco, cabe señalar que la
Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 25 reconoce
el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios”. ,
Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales se encuentra plasmado “el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia (…) a una mejora continua de las condiciones de
existencia” asumiendo los Estados Partes la obligación de tomar
las medidas apropiadas para asegurar su efectividad, y el
derecho “al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental” (arts. 11 y 12).
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos reconoce el derecho de todo niño “a las medidas de
protección que su condición de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado” (art. 19).
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CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
ityfremta ” 6415b pIfact•dw
En la Convención sobre los Derechos del Niño los
E tados Partes asumen el compromiso de que “en todas las medidas
c ncernientes a los niños que tomen instituciones públicas o
puyadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
inistrativas o los órganos legislativos, una consideración
p imordial a que se atenderá será el interés superior del niño”
rt. 3.1). Además, se reconoce “que el niño mental o
sicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y
d cente en condiciones que aseguren su dignidad…” (art. 23.1).
Asimismo, se hace expreso reconocimiento del derecho del niño
“al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios
para el tratamiento de las enfermedades y a la rehabilitación de
la salud” (art. 24) y “a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” (art.
27.1). En este sentido, los Estados Partes se comprometen a
adoptar las “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a
otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este
derecho…” (art. 27.3).
Finalmente, en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad los Estados Partes se obligan a
“[tomar] todas las medidas necesarias para asegurar que todos
los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos…”, debiendo tenerse especial consideración
por la protección del interés superior del niño; reafirman el
derecho inherente a la vida y reconocen los derechos de las
personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de
salud; a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo
cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la
-9-
mejora continua de sus condiciones de vida. Asimismo, se
comprometen a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (arts. 70 ,
aps. 1 y 2; 10; 12; 25 y art. 28.1).
En resumen, de los mencionados tratados
internacionales que cuentan con jerarquía constitucional se
desprende la existencia tanto de los derechos de toda persona a
gozar de un nivel adecuado de vida y al disfrute del más alto
nivel posible de salud, como de la correspondiente obligación de
los Estados Partes de adoptar las medidas que resulten
pertinentes de modo de hacer efectivos tales derechos.
11) Que a diferencia del precedente antes citado
(“Pinturas y Revestimientos aplicados SA”), las normas
internacionales aquí en juego no aluden en forma explícita a la
prioridad de pago de las acreencias -como la de B.M.F.- que han
quedado vinculadas con un deudor devenido insolvente, a raíz de
un hecho ilícito que determina el deber de reparar el daño
ocasionado a la vida, a la salud y a la integridad física de una
persona.
Si bien es cierto que el privilegio contemplado en la
Ley de Concursos y Quiebras es una excepción al principio de
paridad que rige entre los acreedores de un mismo deudor, que
solo puede resultar de una disposición legal, en el caso se
presenta una situación excepcional de absoluta vulnerabilidad
que este Tribunal no puede desatender en orden a las exigencias
de los tratados internacionales citados.
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CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
Se trata como ya se dijo de un crédito a favor del
incidentista que tiene origen en una indemnización por mala
praxis médica ocurrida en el año 1990, que le ocasionó una
condición cuadripléjica irreversible desde su nacimiento, que
actualmente se encuentra agravada por la pérdida de visión y del
habla, la alimentación mediante una sonda gástrica y por
continuas complicaciones como el padecimiento de trombosis,
escaras y anemia. De ello da cuenta la última información
suministrada por el Defensor General Adjunto que obra a fs.
684/688.
Tal resarcimiento tiene por finalidad garantizar el
goce del derecho a la vida, al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental y social.
12) Que dadas las particularidades que presenta el
caso, resulta imperativo ofrecer una satisfactoria protección
jurídica de la vida y de la salud del incidentista, que sea
respetuosa de la dignidad que es inherente al ser humano y que
no signifique una demora que desnaturalice y torne ilusoria la
reparación del derecho irreversiblemente dañado.
En tal sentido, la extrema situación de
vulnerabilidad descripta y la falta de recursos económicos
suficientes para afrontar los tratamientos médicos adecuados
para que B.M.F. lleve el nivel más alto posible de vida digna,
sumado a la especial protección que los instrumentos
internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico con
igual rango constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución
-11-
Nacional) le otorgan a su persona, conducen a considerar
inconstitucionales las normas concursales en juego -arts. 239,
primer párrafo; 241; 242 parte general; 243 parte general e inc.
2° de la ley 24.522-, habida cuenta de que no dan una respuesta
adecuada, definitiva y acorde con la situación descripta al no
prever privilegio o preferencia de pago alguno que ampare y
garantice el goce de los derechos constitucionales mencionados.
Que son los derechos humanos reconocidos tanto
por nuestra Constitución Nacional como por las convenciones
internacionales mencionadas; la extrema situación de
vulnerabilidad de B.M.F. y el reclamo efectuado, que tiene por
objeto satisfacer sus derechos esenciales, los que llevan a
concluir que el crédito en cuestión debe estar resguardado por
un privilegio que lo coloque en un plano superior al de los
demás créditos privilegiados. Ello así, con el fin de garantizar
a B.M.F. -en alguna medida- el goce de su derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud y de una vida plena y
decente en condiciones que aseguren su dignidad.
Que esta Corte ha sostenido que los menores,
máxime en circunstancias en las que se encuentra comprometida su
salud y su normal desarrollo, a más de la especial atención que
demandan de quienes están directamente obligados a su cuidado,
requieren también la de los jueces y de la sociedad toda
(Fallos: 327:2127; 331:2691 y 335:452). También ha dicho que la
consideración primordial del interés del niño viene tanto a
orientar como a condicionar la decisión de los magistrados
llamados al juzgamiento de casos que los involucran,
proporcionando un parámetro objetivo que permite resolver las
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de verificación (R.A.E.. y L.R.H. de F).
(1,«Atteta h pil(cref,dy)t
cuestiones en las que están comprendidos los menores, debiendo
atenderse primordialmente a aquella solución que les resulte de
mayor beneficio (doctrina de Fallos: 318:1269; 322:2701; 324:122
y 335:2242).
Asimismo, ha destacado el Tribunal que de los
instrumentos internacionales aquí en juego se desprende el deber
de protección de sectores especialmente vulnerables como las
personas con discapacidad (Fallos: 335:452). Es en este sentido
que consideró improcedente aplicar normas que difieren el pago
de la deuda cuando está ello en directa colisión con el derecho
a la vida, a la salud y a la dignidad de las personas (cfr.
causa “M. M. M. G.”, Fallos: 334:842).
Además, tiene dicho la Corte que la Constitución
Nacional -y los instrumentos internacionales incorporados a
ella- asume el carácter de una norma jurídica y, en cuanto
reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y
no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en juego un derecho
humano fundamental (Fallos: 327:3677; 330:1989 y 335:452).
15) Que, en las condiciones expuestas cabe concluir
que, a criterio de esta Corte, la solución a la que se arriba
es, por un lado, la que mejor contribuye a la realización de los
fines protectores y de justicia tenidos en mira por la
organización internacional al dictar los instrumentos examinados
y, por otro, la que brinda una respuesta apropiada ala singular
situación de vulnerabilidad en que se encuentra el recurrente en
esta causa, signada por una inusitada postergación del cobro de
su crédito por circunstancias que le resultaron ajenas.
-13-
16) Que en razón de todo lo dicho, corresponde
descalificar el fallo recurrido pues ha sido demostrada la
relación directa e inmediata entre lo debatido y resuelto, y las
garantías constitucionales que ‘se reputaron vulneradas (art. 15
de la ley 48).
Asimismo, atento a la citada situación de
vulnerabilidad descripta que requiere de una solución que la
atienda con urgencia, al tiempo transcurrido desde el
reconocimiento del crédito por los daños y perjuicios sufridos,
y a la duración que tuvo el trámite del presente incidente de
verificación, corresponde que este Tribunal, en uso de las
atribuciones conferidas por el art. 16, última parte, de la ley
48, ponga fin a la discusión en examen y fije para el crédito de
B.M.F. el privilegio especial de primer orden en los términos en
que fue reconocido por el juez de primera instancia.
No obsta a esta decisión la cuestión referida a la
cesión parcial del crédito de los incidentistas, que deberá ser
considerada oportunamente por el juez de la causa a la luz de
las consideraciones expresadas en este fallo.
Por ello, concordemente con lo dictaminado por la señora
Procuradora General de la Nación, se declaran procedentes los
recursos extraordinarios, se deja sin efecto la sentencia
apelada y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16,
última parte, de la ley 48, se declara la inconstitucionalidad
de los arts. 239 primer párrafo; 241; 242 parte general; 243
parte general e inc. 2° de la ley 24.522, y se verifica a favor
de B.M.F. un crédito •con privilegio especial prioritario de
-14-
JUAN CARLOS MAQUEDA
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
!CARDO LUIS LORENZETTI
—15—
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Institutos Médicos Antártdda s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
(17o4cte P9€04~a 9 c22114~t h I Aracid4t
cualquier otro privilegio en los términos del considerando 16.
Cón costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación). Not .uese y, oportunamente, remítase.
-16-
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
cludttebah cl17cwrAt –
-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI
Considerando:
1°) Que el magistrado de primera instancia, en el
marco del incidente de verificación promovido en la quiebra de
Institutos Médicos Antártida, admitió el pedido de los
incidentistas -progenitores del entonces menor de edad B.M.F.,
discapacitado y titular del crédito quirografario insinuado-• y
declaró la inconstitucionalidad del régimen de privilegios
concursales previsto en los arts. 239, párrafo 1°, 241, 242
parte general, y 243 parte general e inciso 2°, de la ley
24.522. En tales condiciones, tuvo por verificado a favor de
aquel un crédito con privilegio especial prioritario de
cualquier privilegio especial y general por la suma de $
425.600, comprensivo de $ 380.000 por capital y de $ 45.600 por
intereses prefalenciales por dos años, y otro, con grado
quirografario por la suma de $ 261.981,37 en concepto de
intereses prefalenciales por más de dos años.
Asimismo, dispuso hacer lugar al pedido de pronto
pago del crédito en la porción reconocida con privilegio
especial prioritario y, por aplicación de lo dispuesto en el
art. 220 de la citada ley, su inclusión como “reserva” en el
proyecto de distribución final presentado en el expediente sobre
quiebra (fs. 179/206 del expte. n° 61648).
2°) Que la Sala A de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a los recursos de
apelación deducidos por dos acreedores hipotecarios del
instituto médico fallido presentados en este proceso concursal
-17-
y, en lo que aquí interesa, revocó la sentencia de primera
instancia y con sustento en la mencionada Ley de Concursos y
Quiebras, asignó a la acreencia en cuestión el carácter de
quirografario. En ese contexto, dejó sin efecto también el
pronto pago dispuesto por el citado magistrado de grado (fs.
501/520 del citado expte.).
3
0
) Que después de formular variadas consideraciones
sobre la finalidad, el alcance y la interpretación del régimen
de privilegios concursales y de remarcar que los privilegios no
constituían favores o concesiones arbitrarias de la ley ni se
basaban en la calidad de las personas, el a quo examinó la
naturaleza del crédito.
Puntualizó que la acreencia del entonces menor de
edad encontraba su causa en una indemnización derivada de los
daños y perjuicios que sufrió con motivo de la mala praxis
médica de la que fue víctima en oportunidad de su nacimiento el
25 de mayo de 1990 que le provocó una incapacidad total e
irreversible del orden del 100% (cuadriplejía y parálisis
cerebral), y que dicho crédito no se encontraba conformado por
prestaciones cuya ausencia pusieran en juego el derecho a la
vida, a la dignidad y a la salud del menor discapacitado, sino
que se trataba de un derecho de carácter exclusivamente
patrimonial, transmisible y renunciable que había nacido con
motivo de un incumplimiento.
4
0
) Que sin desconocer los derechos reconocidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto de San José
de Costa Rica, en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
-18-
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
t04~za cludtieta h pilraridw
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y en la ley 26.061, la cámara expresó que el régimen de
privilegios establecido en el Código Civil -que se mantiene
inalterado en el actual Código Civil y Comercial de la Naciónfue receptado por el ordenamiento concursal y que, contrariamente a lo afirmado en la instancia anterior, no se encontraba
en pugna con las disposiciones de los citados tratados
internacionales, por lo que no se presentaba violatorio •de
principios y derechos constitucionales.
Las directivas de los tratados referidos no hacían
ninguna mención a la situación de un niño como titular de un
crédito en el marco de un proceso universal, ni tampoco
establecían preferencia de cobro alguna respecto del resto de
los acreedores concurrentes por su condición de tal, por lo que
no se apreciaba incompatibilidad entre el •interés superior del
niño y el derecho de los acreedores hipotecarios a hacer
efectiva la preferencia que les concedía el sistema concursal.
5°) Que en efecto, el a quo resaltó que aun cuando el
menor era titular de todos y cada uno de los derechos
mencionados en las normas y tratados internacionales que tienen
rango constitucional (art. 75, inciso 22, de la Ley
Fundamental), lo cierto era que la acreencia verificada a su
favor no tenía por objeto una prestación directamente vinculada
con el goce de esos derechos sino que se trataba de una
acreencia pecuniaria que había nacido del incumplimiento de una
relación contractual, con absoluta independencia de su condición
de niño, a la que el legislador no le había reconocido
ce
-19-
preferencia de cobro con respecto a otras obligaciones del
deudor.
6°) Que por lo demás, señaló que era el Estado el
sujeto pasivo de las obligaciones consagradas en las
convenciones internacionales en las que el magistrado de grado
había fundado su decisión y, por ende, quien debía asegurar el
pleno goce de los derechos en cuestión, sin que correspondiera
trasladar esa obligación a los demás acreedores concurrentes que
contaban con un privilegio legalmente reconocido, como sucedería
en el caso con los acreedores hipotecarios que verían postergado
el pago de sus créditos.
7.) Que contra dicho pronunciamiento los
incidentistas y la Defensora Pública de Menores e Incapaces ante
la cámara interpusieron sendos recursos extraordinarios que
fueron concedidos a fs. 619 del mencionado expediente.
8°) Que existe en el caso materia federal suficiente
que habilita el tratamiento de los agravios por la vía elegida
toda vez que la decisión del a quo ha sido contraria al derecho
que los apelantes fundan en las normas internacionales que
invocan, de incuestionable naturaleza federal (art. 14, inciso
3°, ley 48).
Cabe recordar que cuando se encuentra en debate el
alcance e interpretación de normas federales la Corte Suprema no
se encuentra limitada por los argumentos del tribunal apelado ni
de las partes, sino que le incumbe realizar una declaración
sobre el punto disputado (conf. Fallos: 330:3836; 331:1369;
338:88, entre otros).
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
9°) Que la cuestión que se plantea en autos presenta
sustancial analogía con la examinada en mi voto en la causa
“Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra
s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros”,
(Fallos: 341:1511), cuyas consideraciones resultan de aplicación
al caso en examen y a las que me remito -en lo
razón de brevedad. En dicha oportunidad, a
pertinente- por
la luz de las
caso, se declaró la
privilegios concursales
1°, 241, y 242, parte
2°, de la ley 24.522, y
especialísimas circunstancias del
inconstitucionalidad del régimen de
previsto en los arts. 239, párrafo
general, y 243, parte general e inciso
se verificó a favor del incidentista un crédito con privilegio
especial prioritario a cualquier otro privilegio.
No obstante, la relevancia de los derechos en juego
así como la trascendencia de la solución que se propone, exigen
que -aun a riesgo de ser reiterativo- se otorgue en el presente
caso un tratamiento particularizado al asunto que brinde a los
interesados una respuesta ajustada a la específica situación que
se evidencia en autos.
10) Que deviene oportuno precisar que la cuestión en
examen radica en determinar si, en el particular caso de autos,
la calificación del crédito en cuestión como quirografario
lesiona derechos de raigambre constitucional que autoriza a
admitir que B.M.F. tiene derecho a recibir el crédito verificado
a su favor con preferencia a los restantes acreedores
falenciales con sustento en lo dispuesto por las normas
internacionales que gozan de jerarquía constitucional, en
especial en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la
-21-
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
y en su caso, establecer en qué orden de privilegio.
La dilucidación de la categorización del crédito
adquiere especial relevancla en esta causa en que, a estar a lo
expresado en las instancias de grado, la liquidación del total
del activo no alcanzaría para satisfacer -siquiera mínimamentelos créditos quirografarios y el único inmueble de la quiebra
estaría gravado con dos hipotecas.
Que más allá de las diferencias que se advierten,
el examen de la controversia impone tener presente la doctrina
que se desprende del precedente de la Corte Suprema “Pinturas y
Revestimientos aplicados SA s/ quiebra” (Fallos: 337:315), según
la cual el régimen de privilegios previsto en la ley 24.522 debe
ser integrado con las disposiciones contempladas en los
instrumentos internacionales que fueron incorporados a nuestro
sistema jurídico con rango superior a las leyes (art. 75, inciso
22, de la Constitución Nacional). En ese marco de ponderación,
no puede desconocerse aquí que la pretensión debe ser analizada
bajo el prisma de los derechos de los niños y de las personas
con discapacidad consagrados en los instrumentos de esa
naturaleza, desde que no puede negarse que la indemnización que
fue verificada en el marco de este proceso falencial tiene por
único objeto satisfacer aquellos específicos derechos.
Que la Convención sobre los Derechos del Niño y
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad reconocen que los niños discapacitados se
encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, lo que
-22-
tribunales, las autoridades
legislativos, proporcionando
administrativas y
así un parámetro
los órganos
objetivo que
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
demanda una protección especial de parte del Estado, la familia,
la comunidad y la sociedad, y estas obligaciones reforzadas
tienen por fin garantizar que aquellos gocen de los derechos
humanos fundamentales reconocidos en esos instrumentos y en el
resto de las normas nacionales e internacionales. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos, por su parte, recepta la misma
consideración al establecer que los niños tienen derecho a
medidas especiales de protección, esto es, medidas que su
condición de menor requieran por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado.
Asimismo, para alcanzar esa protección especial, la
citada Convención sobre los Derechos del Niño establece la
noción del interés superior del niño, como un principio rector
de la normativa particular y como una consideración primordial
en la adopción de las medidas que deban ser tomadas por los
permita resolver las cuestiones en las que están comprendidos
los menores atendiendo a aquella solución que les resulte de
mayor beneficio (arts. 3°de la referida Convención y 3°de la
ley 26.061; doctrina de Fallos: 318:1269; 322:2701; 324:122 y
335:2242).
Las declaraciones contenidas en dichos instrumentos
al ser ratificadas por nuestro país adquirieron jerarquía
constitucional, status que es superior a las leyes y que
complementan los derechos y garantías consagrados en la primera
parte de la Constitución Nacional. De ahí que si una norma de
rango infraconstitucional, como es el caso de una ley, violenta
-23-
los derechos derivados de la dignidad de la persona deberá
concluirse que no es válida y tacharla de inconstitucional.
Que en el contexto normativo señalado y ante la
ostensible situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el
beneficiario del crédito, no cabe afirmar, sin más, que la
indemnización de B.M.F. solo protege un mero interés pecuniario
ajeno y escindible de su situación personal, sino que, por el
contrario, se presenta como uno de los modos previstos en
nuestra legislación para garantizar el goce de los derechos
esenciales reconocidos en los citados tratados, entre los que
corresponde mencionar el derecho a la vida, a la salud, a la
supervivencia y al desarrollo, a un nivel de vida adecuado para
su desarrollo físico, mental,
definitiva, a la igualdad.
espiritual, moral y social y, en
Que como ha sido señalado en mi voto en la citada
causa “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia”, el
crédito reclamado importa una mensura económica del daño
inmaterial causado al beneficiario (véase considerandos 12 y 13)
y, por lo tanto, resulta evidente que tiene por objeto una
prestación directamente vinculada con el goce de su derecho al
disfrute del más alto nivel posible de la salud, que, a su vez
-en razón de la delicada situación de B.M.F.- está íntimamente
relacionado con su derecho a la vida (Fallos: 329:1638; 336:244,
entre otros). La conclusión señalada se ve firmemente reafirmada
con lo expresado por los propios incidentistas en el remedio
federal como por el Defensor Público ante la Corte en su
dictamen en punto a que la insatisfacción del pago del crédito
-24-
c99 te/irba cludttda h pl(acid41
ha significado un deterioro mayor en su estado de salud (confr.
fs. 526 y 651 y 684/688 del expte. principal).
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc. •
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
La Corte Suprema ha sostenido que el derecho a la
vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y
protegido por la Ley Fundamental (Fallos: 310:112; 312:1953,
entre otros) y que, en tanto eje y centro de todo el sistema
jurídico, es inviolable y constituye un valor fundamental con
respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental
(Fallos: 316:479; 324:3569). También ha afirmado -con especial
énfasis tras la reforma constitucional del año 1994- que la
preservación de la salud integra el derecho a la vida (conf.
arts. 42 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y Fallos:
321:1684; 323:1339 y 3229; 331:2135, entre otros, y causa
“P. L., J. M.”, Fallos: 337:222).
15) Que en ese orden de ideas, no puede desconocerse
que la protección especial contemplada en los instrumentos
internacionales de derechos específicos de los niños
discapacitados genera consecuencias concretas en el caso donde
diversos acreedores concurren a procurar satisfacer sus créditos
de un patrimonio que devino insuficiente para atender sus
obligaciones en el tiempo y en las condiciones previstas
originariamente. En este escenario particular, el cuidado
especial que demanda la situación de vulnerabilidad de aquellos
exige que se traduzca, ineludiblemente, en una preferencia en el
cobro de sus acreencias vinculadas con la satisfacción de sus
derechos fundamentales.
-25-
Atento la extrema situación de vulnerabilidad en que
se encuentra el sujeto de autos, como la falta de recursos
económicos suficientes para afrontar los tratamientos médicos
adecuados para llevar el nivel más alto posible de vida digna
-aspectos que han sido destacados recientemente en el informe
presentado por el Defensor General Adjunto a fs. 684/688 del
expte. principal-, resulta imperativo ofrecer una satisfactoria
protección jurídica de la vida y de la salud del incidentista
que sea respetuosa de la dignidad que es inherente al ser humano
y que no signifique una demora que desnaturalice y torne
ilusoria la protección del derecho dañado.
16) Que en tales condiciones, la prioridad de pago
que merece el crédito de B.M.F. ante el resto de las
preferencias previstas y reguladas por la Ley de Concursos y
Quiebras (conf. art. 241 de la citada norma), conduce
necesariamente a descalificar la sentencia apelada y, en razón
de las especialísimas circunstancias del caso, a declarar la
inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales
previsto en los arts. 239, párrafo 10, 241, 242 parte general, y
243 parte general e inciso 2°, de la ley 24.522, único modo de
que pueda tornarse operativa la protección especial prevista en
los instrumentos internacionales para supuestos como el
examinado en el caso.
Sin desconocer el carácter restrictivo del régimen de
privilegios y que el mayor resguardo de cobro que la referida
ley otorga a ciertos créditos tiene por finalidad no solo la
protección del interés individual del acreedor sino de otros
intereses colectivos subyacentes, la entidad de los derechos
-26-
,,rúttcba cÁ7;w,,,d4,b
comprometidos como la afectación -seria y difícilmente
reversible- que derivaría de su desatención, así como las
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
mayores obligaciones asumidas ante la comunidad internacional,
autorizan a decidir en el modo indicado en tanto importa, en
definitiva, tutelar intereses superiores de la comunidad en
general.
17) Que la Corte Suprema ha sostenido que los jueces,
en cuanto servidores de justicia en el caso concreto, no deben
limitarse a la aplicación mecánica de las normas y desentenderse
de las circunstancias fácticas con incidencia en la resolución
del conflicto,
convertiría en
del derecho y
tarea en la que
se derivan de
una tarea incompatible con la
con la función específica de
tampoco cabe prescindir de las
naturaleza misma
los magistrados,
consecuencias que
los
su
pues de lo contrario aplicar la ley se
los fallos, pues ello constituye uno de
índices más seguros para verificar la razonabilidad de
decisión (conf. arg. Fallos: 302:1611; 304:1919; 315:992;
323:3139; 326:3593; 328:4818 y 331:1262, entre otros).
De ahí que las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los
principios y garantías de raigambre constitucional para obtener
un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas o conclusiones reñidas con las circunstancias
singulares del caso no resulta compatible con el fin común tanto
de la tarea legislativa como de la judicial (doctrina de Fallos:
300:417; 302:1209, 1284; 303:248 y sus citas).
Que la conclusión precedente constituye una respuesta apropiada a la particular situación del recurrente pues
se presenta como un modo de implementar las obligaciones
reforzadas que tiene el Estado, la familia, la comunidad y la
sociedad en aras de garantizar y proteger los derechos de los
niños con discapacidad de manera adecuada (art. 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional). Al mismo tiempo, permite hacer
efectivos los derechos a una tutela judicial eficaz y a un
debido proceso, prerrogativas que adquieren una valoración
primordial en el caso por tratarse de un sujeto discapacitado
que, por razones ajenas, vio postergada la satisfacción de su
crédito (confr. arts. 8, inciso 1, y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; art. 13, inciso 1°, de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Cabe recordar que el Tribunal ha afirmado reiteradamente que la Constitución Nacional -y los instrumentos internacionales incorporados a ella- asume el carácter de una norma
jurídica y, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos
resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se
encuentra en juego un derecho humano fundamental (Fallos:
327:3677; 330:1989 y 335:452).
Que por último, corresponde señalar que no obsta
a la solución propuesta la circunstancia denunciada por la
sindicatura con posterioridad a la sentencia de primera
instancia, cuestión que deberá, oportunamente, ser materia de
ponderación por los jueces de la causa (véase fs. 247, 250,
261/262, 289 y 301/302).
-28-
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
cecv„k g99€0.,4j,d,, h piVacidw
Que no cabe examinar las cuestiones vinculadas
con los intereses prefalenciales por más de dos años planteadas
en la expresión de agravios, desde que no han sido mantenidas
por los recurrentes en el escrito de interposición del remedio
federal.
Que en tales condiciones, atento a que la
situación de vulnerabilidad descripta requiere de una solución
urgente y habida cuenta del tiempo transcurrido desde el
reconocimiento del crédito por los daños y perjuicios sufridos y
de la demora que tuvo el trámite del presente incidente de
verificación, corresponde que este Tribunal, en uso de las
atribuciones conferidas por el art. 16, última parte, de la ley
48, ponga fin a la discusión en examen y declare, para el
presente caso, la inconstitucionalidad del régimen de
privilegios concursales previsto en los arts. 239, párrafo 1°,
241, 242 parte general, y 243 parte general e inciso 2°, de la
ley 24.522, y fije para el crédito de B.M.F. el privilegio
especial de primer orden en los términos en que fue reconocido
por el juez de primera instancia.
Por ello, concordemente con lo dictaminado por la señora
Procuradora General de la Nación, se declaran procedentes los
recursos extraordinarios, se deja sin efecto la sentencia
apelada, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16,
última parte, de la ley 48, se declara para la presente causa y
en los términos de los considerandos 16 y 21, la
inconstitucionalidad del régimen de privilegios, y se admite,
con el alcance señalado, que el crédito a favor de B.M.F. goza
de privilegio especial prioritario de cualquier otro privilegio.
Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación). Notifíquese y, oportunamente, remítase.
vo-//-
-30-
c99 ee/122Ct cit&Weia h iCb Plfracid4z
//-TO DE LA SEÑORA CONJUEZA DOCTORA DOÑA GRACIELA MEDINA
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
Considerando:
1°) Que el magistrado de primera instancia, en el
marco del incidente de verificación promovido en la quiebra de
Institutos Médicos Antártida, admitió el pedido de los
incidentistas -progenitores del entonces menor de edad B.M.F.,
discapacitado y titular del crédito quirografario insinuado- y
declaró la inconstitucionalidad del régimen de privilegios
concursales previsto en los arts. 239, párrafo 1°, 241, 242
parte general, y 243 parte general e inciso 2°, de la ley
24.522. En tales condiciones, tuvo por verificado a favor de
aquél un crédito con privilegio especial prioritario de
cualquier privilegio especial y general por la suma de $ 425.600
comprensivo de $ 380.000 por capital y de $ 45.600 por intereses
prefalenciales por dos años, y otro, con grado quirografario por
la suma de $ 261.981,37 en concepto de intereses prefalenciales
por más de dos años.
Asimismo, dispuso hacer lugar al pedido de pronto
pago del crédito en la proporción reconocida con privilegio
especial prioritario y, por aplicación de lo dispuesto en el
art. 220 de la citada ley, su inclusión como “reserva” en el
proyecto de distribución final presentado en el expediente sobre
quiebra (fs. 179/206 del expte. n°61.648).
2°) Que la Sala A de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a los recursos de
apelación deducidos por dos acreedores hipotecarios del
instituto médico fallido presentados en este proceso concursal
-31-
y, en lo que aquí interesa, revocó la sentencia de primera
instancia con sustento en la mencionada ley de concursos y
quiebras y asignó a la acreencia en cuestión el carácter de
quirografaria. En este contexto, dejó sin efecto también el
pronto pago dispuesto por el citado magistrado de grado (fs.
501/520 del citado expte.).
Después de formular variadas consideraciones sobre la
finalidad, el alcance y la interpretación del régimen de
privilegios concursales y de remarcar que los privilegios no
constituían favores o concesiones arbitrarias de la ley ni se
basaban en la calidad de las personas, el a quo examinó la
naturaleza del crédito. Puntualizó que la acreencia del entonces
menor de edad encontraba su causa en una indemnización derivada
de los daños y perjuicios que sufrió con motivo de la mala
praxis médica de la que fue víctima en oportunidad de su
nacimiento el 25 de mayo de 1990 que le provocó una incapacidad
total e irreversible del orden del 100% (cuadriplejia y
parálisis cerebral), y que dicho crédito no se encontraba
conformado por prestaciones cuya ausencia pusieran en juego el
derecho a la vida, a la dignidad y a la salud del menor
discapacitado, sino que se trataba de un derecho de carácter
exclusivamente patrimonial, transmisible y renunciable que había
nacido con motivo de un incumplimiento.
Sin desconocer los derechos reconocidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto de San José
de Costa Rica, en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y en la ley 26.061, la cámara expresó que el régimen de
-32-
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
(19044 cfidticia h piírao¿d-it
privilegios establecido en el Código Civil -que se mantiene
inalterado en el actual Código Civil y Comercial de la Naciónfue receptado por el ordenamiento concursal y que,
contrariamente a lo firmado en la instancia anterior, no se
encontraba en pugna con las disposiciones de los citados
tratados internacionales, por lo que no se presentaba violatorio
de principios y derechos constitucionales.
Según el fallo, las directivas de los tratados
referidos no hacían ninguna mención a la situación de un niño
como titular de un crédito en el marco de un proceso universal,
ni tampoco establecían preferencia de cobro alguna respecto del
resto de los acreedores concurrente por su condición de tal, por
lo que no se apreciaba incompatibilidad entre el interés
superior del niño y el derecho de los acreedores hipotecarios a
hacer efectiva la preferencia que les concedía el sistema
concursal.
Asimismo, el a quo resaltó que aun cuando el menor
era titular de todos y cada uno de los derechos mencionados en
las normas y tratados internacionales que tienen rango
constitucional (art. 75. inc. 22, de la Ley Fundamental), lo
cierto era que la acreencia verificada a su favor no tenía por
objeto una prestación directamente vinculada con el goce de esos
derechos, sino que se trataba de una acreencia pecuniaria que
había nacido del incumplimiento de una relación contractual, con
absoluta independencia de su condición de niño, a la que el
legislador no le había reconocido preferencia de cobro con
respecto a otras obligaciones del deudor.
-33-
Por otra parte, expuso que era el Estado el sujeto
pasivo de las obligaciones consagradas en las convenciones
internacionales en las que el magistrado de grado había fundado
su decisión y, por ende, quien debía asegurar el pleno goce de
los derechos en cuestión, sin que correspondiera trasladar esa
obligación a los demás acreedores concurrentes que contaban con
un privilegio legalmente reconocido, como sucedería en el caso
con los acreedores hipotecarios que verían postergado el pago de
sus créditos.
3
0 ) Que la incidentista y la Defensora Pública de
Menores e Incapaces ante la cámara interpusieron sendos recursos
extraordinarios que fueron concedidos únicamente en relación con
la cuestión federal invocada, sin que interpusieran la
correspondiente queja por los agravios denegados.
Los apelantes expresan, en lo principal, que la
indemnización reconocida a favor de B.M.F. es asistencial y que
su objeto consiste exclusivamente en cubrir los tratamientos
médicos adecuados y los restantes gastos que el estado de salud
del incidentista demande. Manifiestan que las disposiciones de
la ley 24.522 deben ser desplazadas frente a lo dispuesto por la
Convención sobre los Derechos del Niño y que el crédito del
menor goza de un privilegio autónomo que debe prevalecer con
respecto a los privilegios especiales o generales de terceros.
4°) Que el Defensor Oficial ante esta Corte y la
señora Procuradora General de la Nación dictaminaron a favor de
la procedencia de los recursos extraordinarios (fs. 652/656 y
660/664).
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
5°) Que existe en el caso materia federal suficiente
que habilita el tratamiento de los agravios por la vía elegida
toda vez que la decisión del a quo ha sido contraria al derecho
que el apelante funda en las normas internacionales que invoca,
de incuestionable materia federal (art. 14, inc. 3°, de la ley
48).
Cabe recordar que cuando se encuentra en debate el
alcance e interpretación de normas federales la Corte Suprema no
se encuentra limitada por los argumentos del tribunal apelado ni
de las partes, sino que le incumbe realizar una declaración
sobre el punto disputado (confr. Fallos: 330:3836; 331:1369;
338:88, entre otros).
6°) Que a los fines de una mayor comprensión de las
cuestiones que se plantean en la presente causa, resulta
pertinente destacar que el crédito de B.M.F. deriva de una
indemnización concedida por la mala praxis médica de la que fue
víctima en oportunidad de su nacimiento el 25 de mayo de 1990,
que le produjo sufrimiento fetal agudo con afección de todos los
órganos y especialmente del cerebro y le implicó una incapacidad
total e irreversible del orden del 100% (cuadriplejia y
parálisis cerebral). Como consecuencia de ello, presenta desde
su alumbramiento lesiones cerebrales gravísimas con una
incapacidad total e irreversible, una parálisis en los cuatro
miembros que le impide movilizarse y un retraso en el
crecimiento (cfr. fs. 4 vta.).
Iniciada por sus padres la acción civil por daños y
perjuicios contra el médico Dr. López Mautino, el sanatorio
-35-
Institutos Médicos Antártida y la Obra Social del Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte (OSMATA), el 20 de agosto de
1998 obtuvo sentencia de primera instancia que condenó
solidariamente a los codemandados a pagar $ 380.000 a favor de
B.M.F. y $ 20.000 en favor de sus padres, más intereses,
decisión que fue confirmada por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil el 30 de mayo de 2003.
La quiebra de Institutos Médicos Antártida, decretada
el 10 de febrero de 2003, motivó a los beneficiarios de aquella
indemnización a solicitar la verificación de su crédito.
Con posterioridad al dictado de la sentencia de
primera instancia que verificó la acreencia con privilegio
especial de primer orden, la sindicatura informó que la
incidentista también había verificado el crédito derivado de la
indemnización referida en el concurso preventivo de la obra
social OSMATA y que este había sido cancelado parcialmente
mediante una cesión onerosa de $ 201.507.
Con motivo de ello, los aquí apelantes presentaron
los documentos que acreditaban el contrato de cesión y señalaron
en el recurso extraordinario que, en tanto todos sus deudores se
encontraban en estado de insolvencia, verificaron la totalidad
del crédito en ambos procesos concursales’a fin de recuperar el
total de su acreencia.
Lo cierto es que B.M.F. lleva 28 años intentando
cobrar su crédito reconocido por sentencia judicial firme en el
año 2003, mientras sobrelleva una incapacidad del 100%. Conforme
lo manifiestan sus padres en el remedio federal y tras
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CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
d,tt’eÁ,*a t5b piVar,t’4z (ee& P99
comunicarse con la Defensoría Oficial ante esta Corte (cfr. fs.
532 y 655/655 vta.), la insuficiencia de tratamientos médicos
adecuados para atender el delicado estado de su hijo, derivada
de la falta de recursos económicos, agravó considerablemente la
salud de B.M.F., de forma tal que presenta además de la
condición cuadripléjica irreversible, pérdida de la visión y del
habla, debiendo ser alimentado con una sonda gástrica y
sufriendo recurrentes complicaciones como trombosis, escaras y
anemia. Además, señalan que los tratamiento médicos adecuados
para su hijo son excesivamente onerosos para ser afrontados por
su parte, donde la madre se dedica exclusivamente a su cuidado,
siendo el padre el único sostén de familia, cuyo salario no
alcanza para revertir la situación de ahogo económico en la que
se encuentran. Como se verá más adelante, a la fecha esta
situación ha empeorado aun más.
Para completar tal contexto fáctico, cabe agregar que
de acuerdo a la información suministrada por el Defensor General
Adjunto, el cuadro de salud de B.M.F. continúa deteriorándose.
Expone en tal sentido, que hace unos años sufrió un paro cardio
respiratorio que originó que se le hiciera una traqueotomía y le
colocaran un botón gástrico, • con lo cual cada vez su estado es
más delicado y requiere una mayor atención. Asimismo, ha
aumentado de peso, lo cual torna más complejo moverlo, máxime si
se aprecia que al padre lo han operado de una hernia y su mamá
recientemente se fracturó el peroné. Finalmente, su padre que
como quedó dicho era el único sostén del hogar perdió el trabajo
hace ya cuatro años lo cual afecta directamente la calidad de
vida de la familia.
-37-
7
0) Que, en estas condiciones tan particulares, cabe
ponderar si las normas internacionales invocadas por los
recurrentes, en especial la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, alcanzan a la situación de extrema vulnerabilidad
en que se encuentra B.M.F., como titular de un crédito en el
marco de un proceso universal en el que resulta ser acreedor
involuntario y, en su caso, si alteran la preferencia de cobro
establecida en la Ley de Concursos y Quiebras. Es decir, si el
crédito de B.M.F. debe ser verificado con rango de quirografario
o privilegiado y, en este último caso, qué orden de preferencia
en el cobro tiene frente a otros privilegios.
Tal categorización tiene relevancia en esta quiebra
puesto que la liquidación del total del activo no alcanzaría
para la satisfacción -ni siquiera mínima- de los créditos
quirografarios, entre los que se encontraría el de autos, y
según surge del presente incidente, el único inmueble de la
quiebra está gravado con dos hipotecas.
8°) Que esta Corte, en la causa “Pinturas y
Revestimientos aplicados SA”, (Fallos: 337:315), destacó que el
régimen de privilegios previsto en la ley 24.522 debe ser
integrado con las disposiciones previstas en los instrumentos
internacionales que fueron incorporados a nuestro sistema
jurídico con rango superior a las leyes. De ahí, que en el
presente caso la pretensión debe ser analizada bajo el prisma de
los derechos de los niños y de las personas con discapacidad
consagrados en los instrumentos de esa naturaleza, desde que no
puede negarse que la indemnización que fue verificada en el
-38-
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
„lió/ida (4 ia Plfract64t .
“Marco de este proceso falencial tiene por único objeto
satisfacer específicamente los derechos de un niño,
discapacitado y en una situación de máxima vulnerabilidad.
9
0
) Que, siendo así, corresponde recordar que la vida
es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido
por la Ley Fundamental (Fallos: 310:112 y 312:1953, entre otros)
y que, en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico, es
inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al
cual los demás tienen siempre carácter instrumental (Fallos:
316:479 y 324:3569). En lo que al caso concierne, este Tribunal
ha puntualizado -con especial énfasis tras la reforma
constitucional de 1994- que la preservación de la salud integra
el derecho a la vida, por lo que existe una obligación
impostergable de las autoridades públicas de garantizarla
mediante la realización de acciones positivas (conf. arts. 42 y
75, inc. 22, de la Constitución Nacional y Fallos: 321:1684;
323:1339 y 3229; 331:2135, entre otros).
10) Que en lo que respecta a los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos con jerarquía
constitucional, cabe señalar que la Declaración Universal de
Derechos Humanos en su art. 25 reconoce el derecho de toda
persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios”.
Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales se encuentra plasmado “el
-39-
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia (_) a una mejora continua de las condiciones de
existencia” asumiendo los Estados Partes la obligación de tomar
las medidas apropiadas para asegurar su efectividad, y el
derecho “al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental” (arts. 11 y 12).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconoce el derecho de todo niño a “las medidas de protección
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de
la sociedad y del Estado” (art. 19).
En la Convención sobre los Derechos del Niño los
Estados Partes asumen el compromiso de que “en todas las medidas
concernientes a los niños que tomen instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”
(art. 3.1). Además, se reconoce “que el niño mental o
físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y
decente en condiciones que aseguren su dignidad_” (art. 23.1).
Asimismo, se hace expreso reconocimiento del derecho del niño
“al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios
para el tratamiento de las enfermedades y a la rehabilitación de
la salud” (art. 24) y “a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” (art.
27.1). En este sentido, los Estados Partes se comprometen a
adoptar las “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a
otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este
derecho_” (art. 27.3).
-40-
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
j(44:e (4 cif((w”
Finalmente, en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad los Estados Partes se obligan a
“tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los
niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los
derechos humanos…”, debiendo tenerse especial consideración por
la protección del interés superior del niño (art. 7, aps. 1 y
2). Asimismo, se establece que “los Estados Partes reconocen el
derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familiares” (art. 28.1).
En resumen, de los mencionados tratados
internacionales que cuentan con jerarquía constitucional se
desprende la existencia tanto de los derechos de toda persona a
gozar de un nivel adecuado de vida y al disfrute del más alto
nivel posible de salud, como de la correspondiente obligación de
los Estados Partes de adoptar las medidas que resulten
pertinentes de modo de hacer efectivos tales derechos, más aún
cuando se trata de niños o personas con discapacidad.
11) Que, asimismo, no puede soslayarse que la
protección dispuesta en los tratados internacionales de derechos
humanos ya mencionados, se ha visto reforzada luego de la
reforma constitucional de 1994, con el mandato constitucional de
tutela para situaciones de vulnerabilidad -como la que es objeto
de examen- al advertir que el Congreso debe “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen (“3 el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños (…) y las personas
con discapacidad (…)” (primer párrafo del art. 75, inc. 23).
-41-
Como ha señalado el Tribunal, esta norma dirigida
específicamente al legislador federal, debe igualmente servir de
pauta de orientación para toda autoridad estatal en su ámbito de
competencia (Fallos: 335:452).
Que como se advierte, tanto el propio texto de la
Constitución Nacional como los tratados internacionales en
materia de derechos humanos, especialmente la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad, reconocen que los niños, más aun si
sufren una discapacidad, se encuentran en una situación de
particular vulnerabilidad, lo que demanda una protección
especial de parte del Estado, la familia, la comunidad y la
sociedad, y estas obligaciones reforzadas tienen por fin
garantizar que aquellos gocen de los derechos humanos
fundamentales reconocidos en esos instrumentos y en el resto de
las normas nacionales e internacionales. La Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por su parte, recepta la misma
consideración al establecer que los niños tienen derecho a
medidas especiales de protección, esto es, medidas que su
condición de menor requieran por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado.
Que, en este orden de ideas, esta Corte ha
sostenido que los menores, máxime en circunstancias en las que
se encuentra comprometida su salud y su normal desarrollo, a más
de la especial atención que demandan de quienes están
directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los
jueces y de la sociedad toda (Fallos: 327:2127; 331:2691 y
335:452). También ha dicho que la consideración primordial del
-42-
CSJ 344/2011 (47-I)/CS1
Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
j
„.(t„,„. h, Plf(aorAd4t
interés del niño viene tanto a orientar como a condicionar la
decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de casos que
los involucran, proporcionando un parámetro objetivo que permite
resolver las cuestiones en las que están comprendidos los
menores, debiendo atenderse primordialmente a aquella solución
que les resulte de mayor beneficio (doctrina de Fallos:
318:1269; 322:2701; 324:122 y 335:2242).
Asimismo, ha destacado el Tribunal que de los
instrumentos internacionales aquí en juego se desprende el deber
de protección de sectores especialmente vulnerables como las
personas con discapacidad (Fallos: 335:452). Es en este sentido
que consideró improcedente aplicar normas que difieren el pago
de la deuda cuando está ello en directa colisión con el derecho
a la vida, a la salud y a la dignidad (Fallos: 334:842). Máxime
en este caso en el que aplicar el régimen de privilegios del
Código Civil y Comercial de la Nación y de la ley concursal, no
solo no respeta el derecho a la salud del vulnerable, sino que
agrava sus condiciones físicas, ya de por sí deterioradas, lo
cual sería aun más perjudicial si no se establece un pronto
pago, que ponga fin a esta interminable disputa en la que se ha
visto indirectamente involucrado por la conducta del deudor.
14) Que no puede desconocerse que esta protección
especial genera consecuencias concretas en el caso donde
diversos acreedores concurren a procurar satisfacer sus créditos
de un patrimonio que devino insuficiente para atender sus
obligaciones en el tiempo y en las condiciones previstas
originariamente. Entre ellos un menor de edad discapacitado que
resulta ser un acreedor involuntario, que desde hace años
intenta hacer efectiva la reparación por un caso de mala praxis.
De allí que atento la extrema situación de
vulnerabilidad en que se encuentra el sujeto de autos, como la
falta de recursos económicos suficientes para afrontar los
tratamientos médicos adecuados para llevar adelante el nivel más
alto de vida digna, resulta imperativo ofrecer una satisfactoria
protección jurídica de la vida y de la salud del incidentista
que sea respetuosa de la dignidad que es inherente al ser humano
y que no signifique una demora que desnaturalice y torne
ilusoria la protección -todavía útil- del derecho dañado.
En este sentido, no puede soslayarse que si en el
citado fallo “Pinturas y Revestimientos aplicados SA”, las
reglas de los arts. 239, párrafo primero, 247 y 249 de la ley
concursal fueron desplazadas por la aplicación de un Convenio de
la OIT, dicha regulación no puede prevalecer cuando están en
juego derechos que tienen una clara y preferente protección
constitucional.
15) Que por otra parte, la obligación que los
tratados de derechos humanos imponen a los Estados Parte,
alcanza a todos aquellos que se encuentren bajo su jurisdicción,
tal como se ha planteado en distintas Observaciones Generales de
los distintos Comités de seguimiento de los Tratados
Internacionales en la materia, que constituyen los intérpretes
autorizados de cada uno de los respectivos pactos en el plano
internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya
que comprende las “condiciones de vigencia” de esos instrumentos
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
W0-04 P99 h jati,ria h piVaridw
internacionales que poseen jerarquía constitucional en los
términos del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional
(Fallos: 332:709).
Así, la Observación General N°9/1998 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “La Aplicación
Interna del Pacto” dispone que “En la presente Observación
general se trata de aclarar más, ciertos elementos de la
declaración anterior (0G. N°3 -1990-). La obligación
fundamental que deriva del Pacto es que los Estados Partes den
efectividad .a los derechos reconocidos en él. Al exigir que los
gobiernos lo hagan ‘por todos los medios apropiados’, el Pacto
adopta un planteamiento amplio y flexible que permite tener en
cuenta las particularidades del sistema legal y administrativo
de cada Estado, así como otras consideraciones pertinentes”
(parr. 1). Expresa luego que “Las cuestiones relacionadas con la
aplicación interna del Pacto deben considerarse teniendo en
cuenta dos principios del derecho internacional: el primero,
reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, es que ‘Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado’. En otras palabras, los Estados
deben modificar el ordenamiento jurídico interno en la medida
necesaria para dar efectividad a las obligaciones dimanantes de
los tratados en los que sean Parte. El segundo principio está
reflejado en el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, según el cual ‘Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la
-45-
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la (párr. 3).
Años más tarde, la Observación General N°31/2004 del
Comité de Derechos Humanos, “Naturaleza de la obligación
jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto”, ha
profundizado estos principios al establecer que “Las
obligaciones que imponen el Pacto en general y su artículo 2 en
particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos
los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás
autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango
—nacional, regional o local— están en condiciones de comprometer
la responsabilidad del Estado Parte” (párr. 4). También exponer
que “Las obligaciones estipuladas en el párrafo 1 del artículo 2
tienen fuerza vinculante para los Estados Parte y, en estas
condiciones, no tienen un efecto horizontal directo como
elemento del derecho internacional. No cabe considerar que el
Pacto es supletorio del derecho penal o civil interno. Sin
embargo, sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones
positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos
reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no
sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el
Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que
cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los
derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan
aplicarse entre particulares o entidades privadas. Puede haber
circunstancias en las que, por no haberse garantizado los
derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo
2, los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
(4 cfidt(e,(a (4 la cIffae,(4b
particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las
medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para
prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado”
(parr. 8).
16) Que el alcance de las obligaciones de los Estados
frente al derecho interno y los particulares, ha sido también
señalado por este Tribunal en más de una oportunidad. En la
causa “Alvarez” ha dicho que “los Estados son los que determinan
su ordenamiento jurídico, el cual regula las relaciones entre
particulares y, por ende, el derecho privado, de manera que
deben también velar para que en esas relaciones se respeten los
derechos humanos, ya que de lo contrario el Estado resultaría
responsable de la violación de los derechos, y en un grado tanto
más grave en la medida en que ese incumplimiento viola normas
‘perentorias’ del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(…) En cuanto a los particulares, el mentado carácter erga
omnes establece una obligación de respeto de los derechos
humanos en los vínculos ínter privatos, la cual, desarrollada
por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del
Drittwirkung, se especifica en el marco de la relación laboral
en el deber del empleador de respetar los derechos humanos de
sus trabajadores (Condición Jurídica y Derechos de los
Migrantes, cit., párrs. 100/101, 103/106, 109/110, 139/140,
146, 148/149, y 151)” (Fallos: 333:2306).
Más recientemente, en el fallo “Sisnero” ha
reconocido que conforme la doctrina de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, de “la obligación positiva de asegurar la
efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en
-47-
cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con
terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por
la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del
Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser
respetados tanto por los poderes públicos como por los
particulares en relación con otros particulares” (Fallos:
337:611).
17) Que, en estas condiciones, no cabe sino concluir
en que las normas concursales en juego -arts. 239, primer
párrafo; 241, 242 parte general y 243 parte general e inciso 2°
de la ley 24.522-, no dan una respuesta adecuada, definitiva y
acorde con la particular situaciem descripta al no prever
privilegio o preferencia de pago alguno que ampare y garantice
el goce de los derechos constitucionales de este acreedor
involuntario, menor de edad y discapacitado en extremo, lo cual
lo torna doblemente vulnerable.
Que en razón de todo lo dicho, la prioridad de pago
que merece el crédito de B.M.F. ante el resto de las
preferencias previstas y reguladas por la Ley de Concursos y
Quiebras (conf. art. 241 de la citada norma), conduce
necesariamente a descalificar la sentencia apelada y, en razón
de las especialísimas circunstancias del caso, a declarar la
inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales
previsto en los arts. 239, párrafo 1°, 241, 242 parte general, y
243 parte general e inciso 2°, de la ley 24.522, único modo de
que pueda tornarse operativa la protección especial prevista en
los instrumentos internacionales para supuestos como el
examinado en el caso.
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de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
b la Ciffla td
Sin desconocer el carácter restrictivo del régimen de
privilegios y que el mayor resguardo de cobro que la referida
ley otorga a ciertos créditos tienen por finalidad no solo la
protección del interés individual del acreedor, sino de otros
intereses colectivos subyacentes, la entidad de los derechos
comprometidos • como la afectación -seria y difícilmente
reversible- que derivaría de su desatención, así como las
mayores obligaciones asumidas ante la comunidad internacional,
autoriza a decidir en el modo indicado en tanto importa, en
definitiva, tutelar intereses superiores de la comunidad en
general.
Ello permitirá garantizar a B.M.F. -en alguna medidael goce de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud y de una vida plena y decente en condiciones que aseguren
su dignidad.
Esta decisión constituye una respuesta apropiada a la
particular situación del recurrente pues se presenta como un
modo de implementar las obligaciones reforzadas que tiene el
Estado, la familia, la comunidad y la sociedad en aras de
garantizar y proteger los derechos de los niños con discapacidad
de manera adecuada (art. 75, incs. 22 y 23 de la Constitución
Nacional). Al mismo tiempo, permite hacer efectivos los derechos
a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso,
prerrogativas que adquieren un valoración primordial en el caso
por tratarse de un sujeto discapacitado que, por razones ajenas,
vio postergada la satisfacción de su crédito (conf. arts. 8,
inc. 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
-49-
art. 13, inc. 1°de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad).
Cabe recordar que el Tribunal ha afirmado
reiteradamente que la Constitución Nacional -y los instrumentos
internacionales incorporados a ella- asume el carácter de una
norma jurídica y, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que
estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se
encuentra en juego un derecho humano fundamental (Fallos:
327:3677; 330:1989 y 335:452).
18) Que el Tribunal también ha sostenido que los
jueces, en cuanto servidores de justicia en el caso concreto, no
deben limitarse a la aplicación mecánica de las normas y
desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia en
la resolución del conflicto, pues de lo contrario aplicar la ley
se convertiría en una tarea incompatible con la naturaleza misma
del derecho y con la función específica de los magistrados,
tarea en la que tampoco cabe prescindir de las consecuencias que
se derivan de los fallos, pues ello constituye uno de los
índices más seguros para verificar la razonabilidad de su
decisión (conf. arg. Fallos: 302:1611; 304:1919; 315:992;
323:3139; 326:3593; 328:4818 y 331:1262, entre otros).
De ahí que las leyes deben ser interpretadas
considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento
jurídico y los principios y garantías de raigambre
constitucional para obtener un resultado adecuado, pues la
admisión de soluciones notoriamente disvaliosas o conclusiones
reñidas con las circunstancias singulares del caso no resulta
compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como
de la judicial (doctrina Fallos: 300:417; 302:1209, 1284;
303:248 y sus citas).
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
(144 c9 , h
Que no debe perderse de vista que este marco de
actuación del Tribunal no implica en modo alguno incursionar en
facultades que son propias del legislador, toda vez que mientras
este dicta normas generales, los magistrados resuelven casos
particulares en los cuales no pueden desentenderse de las
circunstancias concretas de la causa. Así, cuando se juzga que
el régimen de privilegios concursales resulta en este caso
inconstitucional, ello no implica desconocer que en general no
atenta contra la dignidad humana, ni contra las convenciones de
derechos humanos. Es en este caso, donde la aplicación armónica
de las normas conduce a una decisión particular, que tenga en
cuenta la dignidad del actor y su derecho a la vida, seriamente
comprometido, quien prácticamente toda su vida ha litigado para
obtener un resarcimiento por la mala praxis sufrida durante su
nacimiento. No dar una respuesta adecuada a esta situación,
sería tanto como transformar al Estado -del cual el Poder
Judicial forma parte-, en un segundo agresor, comprometiendo así
su responsabilidad internacional.
Como conclusión, atento a que la situación de
vulnerabilidad descripta -en continuo agravamiento- requiere de
una solución que la atienda con urgencia, al tiempo transcurrido
desde el reconocimiento del crédito por los daños y perjuicios
sufridos y a la duración que tuvo el trámite del presente
incidente de verificación, corresponde que este Tribunal, en uso
de las atribuciones conferidas por el art. 16, última parte, de
-51-
la ley 48, ponga fin a la discusión en examen y declare, para el
presente caso, la inconstitucionalidad del régimen de
privilegios concursales previsto en los arts. 239, párrafo 1°,
241, 242 parte general, y243 parte general e inciso 2°, de la
ley 24.522 y fije para el crédito de B.M.F. el privilegio
especial de primer orden en los términos en que fue reconocido
por el juez de primera instancia.
Para finalizar, no puedo dejar de expresar el
profundo dolor que siento como mujer de derecho y magistrada, al
ver que este joven, ha transitado toda su niñez, su adolescencia
y parte de su vida adulta, esperando una respuesta judicial
definitiva que no llega, mientras su salud se deteriora. Tengo
claro que la intervención de este Tribunal, no ha sido más que
otro escalón en un larguísimo proceso, pero eso no hace que me
sienta menos mal. Todos los operadores judiciales deberíamos
sentarnos unos momentos a reflexionar sobre este tipo de
situaciones y replantearnos el rol de cada uno, para evitar que
se repitan. Ojalá este pronunciamiento lleve un poco de paz a la
víctima y a sus familiares, y contribuya a que pueda obtener la
mejor calidad de vida posible por el resto de su existencia.
Por ello, concordemente con lo dictaminado por la señora
Procuradora General de la Nación, se declaran procedentes los
recursos extraordinarios, se deja sin efecto la sentencia
apelada y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16,
última parte, de la ley 48, se declara la inconstitucionalidad
de los arts. 239 primer párrafo; 241; 242 parte general; 243
parte general e inc. 2° de la ley 24.522, y se verifica a favor
de B.M.F. un crédito con privilegio especial prioritario de
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de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
(207fik P9(04~ 14 9 cAtc.cía 04 ict CiVaddit
cualquier otro privilegio en los términos del considerando 17.
Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación). Notifíquese y, oportunamente, remítase.
11111111
GRACIELA INA
DISI -// –
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
Wo4ek cilatteta (4 la cilraced-it
-//-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS
LORENZETTI
Considerando:
1°) Que en el marco del incidente de verificación
promovido en la quiebra de Institutos Médicos Antártida, la Sala
A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la
sentencia de primera instancia que había declarado la
inconstitucionalidad del régimen de privilegios concursales
previsto en los arts. 239, párrafo 1°, 241, 242 parte general y
243 parte general e inciso 2°de la ley 24.522 y verificado a
favor de B.M.F., un crédito con privilegio especial prioritario
de cualquier otro privilegio. Como consecuencia de ello, le
asignó a dicho crédito el carácter de quirografario y dejó sin
efecto el pronto pago dispuesto por el juez de grado respecto de
la porción privilegiada del crédito.
2°) Que para así decidir, la alzada destacó que el
crédito de B.M.F. tenía su causa en una indemnización derivada
de los daños que sufriera con motivo de la mala praxis médica
durante su nacimiento y que no se encontraba alcanzado por
ninguno de los privilegios previstos en la ley 24.522.
Consideró que el régimen de privilegios concursales era
compatible con los derechos consagrados en la Convención sobre
los Derechos del Niño y en las restantes normas internacionales
invocadas, las que no contemplaban de modo específico la
situación del niño titular de un crédito en el marco de un
proceso universal, ni establecían preferencia de cobro alguna
-55-
respecto de los restantes acreedores concurrentes por su
condición de tal. Por ello concluyó que no se encontraban en
pugna el interés superior del niño y el derecho de los.
acreedores hipotecarios a hacer efectiva la preferencia que les
concedía el sistema concursal.
Asimismo, el a quo sostuvo que los privilegios solo
podían resultar de la ley y obedecían a características propias
del crédito y no del acreedor; advirtió que el reclamo de B.M.F.
no se encontraba conformado por prestaciones cuya ausencia
pudiera poner en juego su derecho a la vida, a la dignidad y a
la salud como menor discapacitado, sino que se trataba de un
derecho de carácter exclusivamente patrimonial, transmisible y
renunciable que nació con motivo de un incumplimiento de una
relación contractual, con absoluta independencia de su condición
de niño y a la que el legislador no le había reconocido
preferencia de cobro con respecto a otras obligaciones del
deudor. Precisó que era el Estado el sujeto pasivo de las
obligaciones consagradas en las convenciones internacionales en
las que el magistrado de grado había fundado su decisión y, por
ende, quien debía asegurar el pleno goce de los derechos en
cuestión, sin que correspondiera trasladar esa obligación a los
demás acreedores concurrentes que contaban con un privilegio
legalmente reconocido, como sucedería en el caso con los
acreedores hipotecarios que verían postergado el pago de sus
créditos.
3°) Que contra dicho pronunciamiento los
incidentistas y la Defensora Pública de Menores e Incapaces ante
-56-
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Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc.
de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F).
Wo4e& c9:04,~za lecludtéria pirfa,e,idw
la cámara dedujeron sendos recursos extraordinarios que fueron
concedidos únicamente en relación con la cuestión federal
invocada, sin que interpusieran la correspondiente queja por los
agravios denegados (fs. 619 del mencionado expediente).
4°) Que existe en el caso materia federal suficiente
que habilita el tratamiento de los agravios por la vía del
recurso extraordinario toda vez que la decisión del a quo ha
sido contraria al derecho que los apelantes fundan en las normas
internacionales que invocan, de incuestionable naturaleza
federal (art. 14 inciso 3° de la ley 48). Cabe recordar, a su
vez, que cuando está en debate el alcance e interpretación de
normas federales esta Corte no se encuentra limitada por los
argumentos del tribunal apelado ni de las partes, sino que le
incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado
(confr. Fallos: 330:3836; 331:1369; 338:88, •entre otros).
5°) Que la cuestión propuesta es sustancialmente
análoga a la debatida y resuelta en la causa “Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra s/ incidente
de verificación de crédito por L.A.R. y otros”, (Fallos:
341:1511), a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde
remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad.
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora
General de la Nación, se declaran admisibles los recursos
extraordinarios y se confirma la sentencia apelada. Costas por
-57-
-//- su orden en atención a las particularidades que presenta la
cuestión (art. 68 in fine, del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación). Notifíque y, oportunamente remítase.
CARDO LUIS LORENZETTI
ELENA 1. IGHTON de NOLASCO

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=751134&interno=1

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