El bloqueo de la app equivale a despido

Un juez ordenó reinstalar en el puesto a un trabajador de reparto o delivery. Consideró que la normativa prohíbe los despidos y el bloqueo de la app es un cese laboral

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El juez dispuso ordenar a la empresa de delivery a que proceda a reinstalar al trabajador de reparto en su puesto de trabajo mientras se extienda la prohibición de extinguir los vínculos laborales (decreto 329/2020), y por ende la app no puede bloquearlo.

Además, intimó a la empresa a que realice al pago de los haberes que hubiere dejado de percibir el demandante desde la fecha de su baja hasta el agotamiento de las medidas dispuestas por la mencionada norma, pues se encuentran reunidos los recaudos relativos al peligro en la demora, esto como medida cautelar.

El trabajador de reparto había ingresado a trabajar a órdenes de la empresa el 13.04.2018, con categoría de repartidor domiciliario ciclista, de jueves a lunes de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 0:00 horas, con una remuneración aproximadamente de $ 22.000 y que en la segunda semana de abril de 2020 la empleadora bloqueó su acceso a la aplicación de la empresa utilizada para recibir pedidos.

Sin obtener respuesta a sus reclamos, el delegado del personal se comunicó con el coordinador, quien le expresó que el actor había sido desvinculado, sin brindar mayores precisiones.

Por ende, envió un telegrama para que la empresa regularice la situación y ante la falta de respuesta, inició la acción judicial.

 

 

 

Buenos Aires, 03 de julio de 2020.
VISTO Y CONSIDERANDO:
I.- El Sr. Eric … solicita una medida cautelar
consistente en la reinstalación en su empleo a las órdenes de
Repartos Ya S.A., en virtud de haberse dispuesto su
desvinculación durante el mes de abril de 2020, en vigencia
del D.N.U. 329/2020.
Sostuvo que ingresó a trabajar a órdenes de la accionada el
13.04.2018, con categoría de repartidor domiciliario ciclista,
de jueves a lunes de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 0:00 horas,
con una remuneración aproximadamente de $ 22.000 y que
en la segunda semana de abril de 2020 la empleadora
bloqueó su acceso a la aplicación de la empresa utilizada para
recibir pedidos. Sin obtener respuesta a sus reclamos, el
delegado del personal se comunicó con el coordinador, quien
le expresó que el actor había sido desvinculado, sin brindar
mayores precisiones.
En virtud de lo expuesto, el 14.04.2020 reclamó
telegráficamente la aclaración de su situación laboral y el
otorgamiento de tareas, ante el silencio del empleador, el
11.05.2020 reiteró su requerimiento, bajo apercibimiento de
considerar ratificado el despido verbal comunicado por el
supervisor, misiva que tampoco fue contestada.
II.- Habida cuenta que las cuestiones planteadas ameritan su
tratamiento urgente, pues de lo contrario la resolución que
pudiera adoptarse resultaría ineficaz en orden a la evitación
del perjuicio que se intenta evitar, corresponde habilitar la
feria extraordinaria vigente a tales efectos (cfr. Acordadas
C.S.J.N. Nº 10/2020 y 14/2020, Resoluciones C.N.A.T.Nº
22/2020 y 26/2020).
III.- La procedencia de una medida como la solicitada se
encuentra supeditada a la previa demostración de la
verosimilitud del derecho que se pretende asegurar (como
posibilidad que aquél exista y no como acabada demostración
del mismo) y del peligro en la demora (entendido como un
grave temor fundado, en el sentido de verse perdido,
deteriorado o menoscabado durante el proceso el derecho
que se va a reclamar).
Las constancias documentales y declaraciones testimoniales
presentadas digitalmente bastan para considerar
preliminarmente acreditado que el peticionario se
desempeñó a órdenes de Repartos Ya S.A. y que a principios
de abril de 2020 el actor experimentó el bloqueo de la
aplicación mediante la cual se le derivan los viajes a realizar,
lo que -en las particularidades de la actividad- importa el
cese del vínculo, circunstancia corroborada por la
información sumaria aportada.
Por lo demás, la declaración de Gustavo … confirma que
el supervisor Pablo …. dio cuenta de la desvinculación
del actor, extremo que ha sido corroborado mediante la
consulta de la página web de la A.F.I.P., de la que surge que
la accionada registró la baja del demandante a partir del
08.04.2020 mediante el código 7, “Baja por despido”, todo
ello en vigencia del D.N.U. 329/2020.
IV.- Aunque lo requerido posee naturaleza innovativa, pues
se persigue el restablecimiento del estado de cosas previo a
la decisión cuestionada, lo cierto es que, excepcionalmente y
sobre todo a partir del caso “Camacho Acosta, Maximino c/
Grafi Graf S.R.L. y otros” (C.S.J.N., sentencia del
07.06.1998), se han admitido medidas cautelares
innovativas aunque su objeto pudiera identificarse con el que
es motivo de debate en la acción principal, pues allí la Corte
dejó claramente dicho que la decisión que pudiera recaer al
respecto no implica prejuzgamiento y que, cuando la tutela
efectiva de los derechos así lo requiere, es admisible
viabilizar medidas de carácter anticipatorio o
autosatisfactivas (cfr.C.N.A.T., Sala II, “Correa, Pablo Martin
c/ Casino Buenos Aires S.A. s/ Juicio sumarísimo”, sentencia
interlocutoria nro. 56.899 del 14.10.2008).
Si bien corresponde tener presente que los recaudos de
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados
con especial prudencia cuando una decisión favorable altera
el estado de hecho o de derecho existente al momento de su
dictado y configura un anticipo de jurisdicción respecto del
fallo final de la causa (Fallos 329:3464 y 4161 ; 330:2186 y
4076 ), reiteradamente se han considerado procedentes
medidas cautelares con prescindencia de su eventual
superposición con el fondo de la contienda en aquellos
supuestos en los cuales -en principio- se habría soslayado el
sistema de exclusión de tutela previsto por los arts. 48 y 52
de la ley 23.551, cuando estuviera acreditada la verosimilitud
del derecho (cfr. Fiscalía General ante la C.N.A.T., Dictamen
nro. 13.776 del 14.05.1992 en autos “Padrevecchio, Julio
César c/ Consorcio de Propietarios del Edificio de la Calle
Jujuy 136/140”; id., Dictamen nro. 41.986 del 29.03.2006
en autos “Álvarez, Mario Jorge c/ Instituto Argentino de
Diagnóstico y Tratamiento S.A. s/ Medida Cautelar”; id.
Dictamen nro. 45.136 del 30.11.2007 en autos “Varela,
María Inés c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de
Planificación Federal de la Nación – Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial s/ Acción de amparo” ).
Tal acción aún no ha sido promovida, por lo que no se
advierte que pudiera llegar a superponerse o coincidir con
aquél.
V.- En tales condiciones, cabe dilucidar si el D.N.U. 329/2020
se ajusta a las previsiones del art. 99 inc. 3º de la
Constitución Nacional.
El art. 99 inc.3º de la Constitución Nacional establece, como
principio, que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo, habilitándolo
únicamente a hacerlo por razones de necesidad y urgencia,
cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución
para la sanción de las leyes.
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
tiene dicho que corresponde al Poder Judicial el control de
constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se
admite esa facultad excepcional, que constituyen las actuales
exigencias constitucionales para su ejercicio (cfr. “Verrocchi,
Ezio c/ Poder Ejecutivo Nacional – Administración Nacional
de Aduanas”, sentencia del 19.08.1999, Fallos 322:1726 ),
lo que incluye el análisis de las circunstancias de hecho
invocadas como causa del dictado del decreto y su
configuración como razón de emergencia excepcional (cfr.
“Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía”,
sentencia del 06.06.1995, Fallos 318:1154 ), pues se trata
de situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado
de disposiciones legislativas por parte del Presidente de la
Nación (cfr. “Consumidores Argentinos c/ Estado Nacional –
Poder Ejecutivo Nacional – Dto. 558/02-SS-Ley 20.091”,
sentencia del 19.05.2010, Fallos 333:633 ).
Parece evidente que la generalizada situación de emergencia
declarada mediante ley 27.541 se ha visto agravada por la
actual pandemia por COVID19, ya que su irrupción tornó
necesario que el P.E.N. adoptara medidas urgentes para
preservar la salud pública, una de las cuales fue el
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto
mediante D.N.U.297/2020, en consonancia con lo cual el
Congreso Nacional recién retomó su actividad hacia fines del
mes de abril, de manera limitada y remota.
En tales condiciones, cabe concluir que el excepcional uso de
facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional
se halló, en el caso, plenamente justificado.
A mayor abundamiento, cabe destacar que si bien hasta el
momento las normas citadas no han recibido tratamiento
pleno por parte del Congreso Nacional en los términos de la
ley 26.122, en su sesión del 29.04.2020 la Comisión
Bicameral de Trámite Legislativo emitió dictamen favorable
sobre su validez constitucional.
VI.- En consecuencia, se encuentran reunidos los recaudos
relativos al peligro en la demora y la verosimilitud del
derecho, por lo que la medida cautelar solicitada por el
demandante debe ser acogida en los términos
precedentemente establecidos, bajo caución juratoria que se
considera prestada con la petición deducida, sin perjuicio de
la decisión que finalmente pudiere adoptarse en un proceso
de conocimiento pleno.
Por todo lo expuesto, RESUELVO: Habilitar la feria para el
trámite de las presentes actuaciones. Admitir la medida
cautelar solicitada por el Sr. ERIC… y
ordenar a REPARTOS YA S.A. que proceda a reinstalar al
reclamante en su puesto de trabajo mientras se extienda la
prohibición de extinguir los vínculos laborales establecida
mediante D.N.U. 329/2020, extendida por D.N.U. 487/2020
y sus eventuales prórrogas, en el término de 24 horas de
notificado, bajo apercibimiento de imponer astreintes a razón
de $ 1.500 (pesos un mil quinientos) por día en caso de
incumplimiento o demora en el cumplimiento de la manda
(art. 804 del Código Civil y Comercial; art. 37 del C.P.C.C.N.).
Asimismo, dentro del plazo de cinco días, deberá proceder al
pago de los haberes que el Sr. Eric …. hubiere
dejado de percibir desde la fecha de su baja hasta el
agotamiento de las medidas dispuestas por los
D.N.U.329/2020 y 487/2020, así como de sus eventuales
prórrogas.
Déjese constancia que los eventuales recursos que se
pudieran deducir respecto de esta resolución no suspenderán
el cumplimiento de la medida (art. 198 del C.P.C.C.N.).
Imponer las costas del proceso al demandado (art. 68 del
C.P.C.C.N.). La presente resolución será notificada al
demandado por cualquiera de las vías previstas por el art.
136 del C.P.C.C.N. con transcripción íntegra de la parte
resolutiva, identificación del Juzgado donde tramita la causa,
del número de expediente y del sitio web donde pueden ser
visualizados los fundamentos de la decisión. A tal efecto, se
autoriza a los Dres…..ts o quien éstos designen para suscribir la
notificación respectiva, debiendo incorporar digitalmente las
constancias de su emisión como las relativas a su recepción.
Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, previa
citación fiscal, archívese.

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