El certificado médico de Coronavirus en el trabajo

Una nueva norma aclara que este dato relativo a la salud del trabajador no tiene por qué ser compartido con la empresa. Lógicamente, sí deben respetarse los protocolos vigentes y el aislamiento para quien tenga o haya tenido síntomas

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Una nueva disposición aclara que no se faculta a las empresas ni empleadores a exigir certificaciones médicas o estudios relativos al COVID-19, a los trabajadores que ingresen o se reintegren a sus tareas.

Es decir, la empresa no podrá indagar sobre la salud del trabajador en lo referido al coronavirus, pero sí hacer controles periódicos generales con los recaudos del caso. Y lógicamente respetar y hacer respetar los protocolos de seguridad e higiene aplicables a la actividad.

Algunas empresas apelaban a la ley de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020 para pedir el antecedente médico.

 

¿Me pueden pedir certificado o estudio sobre el coronavirus?

La respuesta que se impone, a la luz de esta normativa es que no. La empresa no puede exigirle al trabajador certificaciones médicas o estudios relativos al COVID-19, a los trabajadores cuando este esté en el proceso de selección, entrevista, para volver a la empresa o durante la relación de trabajo.

Es decir, lo asimila en cierta forma a una causal de discriminación, y lo pone como un dato privado del trabajador o trabajadora, que no está obligado a proveerlo. Esto es también un modo de evitar que se elija a quien haya tenido coronavirus, en perjuicio del trabajador sano.

Lógicamente, si alguien tiene los síntomas debe comunicarlo y pedir licencia por enfermedad inculpable o enfermedad profesional, según sea el caso, tema que trataré de abordar próximamente.

 

Fundamentos de la medida sobre la salud del trabajador

La normativa cita a la ley  nro. 26529 contempla como parte de los derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, el de confidencialidad, considerándose que el paciente tiene derecho a que se guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente.

En el contexto reseñado y ante diversas situaciones planteadas por los actores sociales, en torno a la exigencia de presentar certificaciones médicas o de exhibir resultados de estudios acerca de la presencia del COVID-19, cabe dar una respuesta conjunta, que aclare debidamente la cuestión, en una interpretación auténtica de la normativa reseñada, proveniente de los órganos que participaron en su creación.

La medida aclara que no se desprende del ordenamiento la posibilidad de requerir certificaciones como las descriptas, conducta que, por otra parte, podría colisionar con normas de superior jerarquía, que vedan la discriminación en sus diversas formas y preservan la reserva y confidencialidad de los pacientes.

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