Amparo para que haya RCP en shows, recitales y espectáculos

Medicina En Zapatillas: la norma manda a capacitar en reanimación cardiopulmonar para prevenir la muerte súbita, e instalar desfibriladores en lugares masivos incluyendo estadios y lugares de recitales. Pero nunca se reglamentó

La norma involucrada y que se exige reglamentar es la ley N° 27159 de “Muerte Súbita. Sistema de Prevención Integral». Ya hace más de dos años que salió pero hay una omisión reglamentaria porque el poder ejecutivo no la implementa.

Esta ley trata de promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación. Para esto se obliga a la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa en el nivel comunitario. En todo lugar público masivo deben instalar desfibrilador.

En el marco de una acción de amparo, la justicia entendió que hubo una injustificable omisión de reglamentar una ley, que expresamente impone el deber de hacerlo, y por ende se le ordena al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión en un plazo razonable.

Amparo ante la omisión reglamentaria

La falta de reglamentación conduce en la práctica a privar de efectos jurídicos a la disposición, y apreció que la falta de
reglamentación es la causa que impide el ejercicio del derecho, porque no hay otro modo de obtener su satisfacción.

Podés leer el texto completo de la ley que el juez mandó reglamentar en este artículo de Derecho En Zapatillas. El caso es importante por el derecho a la salud e involucra organizadores de espectáculos deportivos, empresas de shows y recitales y demás:

 

Nueva ley obliga a instalar desfibriladores y a educar en RCP

 

Sentencia completa – amparo por RCP

 

33117/2019
SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGIA Y OTROS c/ EN –
PEN s/AMPARO LEY 16.986
Buenos Aires, de noviembre de 2021.- S23
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.- A fs. 2/11 se presenta mediante apoderado la
Sociedad Argentina de Cardiología, el Centro Latinoamericano
de Derechos Humanos y el Sr. Pablo María Carcavallo e
interponen la presente acción de amparo, en los términos del art. 43 de
la CN y la Ley 16986, contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el
objeto que se lo condene a reglamentar la ley 27.159 y designar su
autoridad de aplicación.
Explica que la citada Ley, que regula un sistema de
prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios
públicos y privados de acceso público, con el objetivo de reducir la
morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, fue sancionada el 1º
de julio y promulgada el 24 de julio de 2015
Indica que dicha norma prevé el establecimiento de una
“Autoridad de Aplicación” que debe coordinar la aplicación de la ley
con las distintas jurisdicciones, así como determinar los espacios
obligados a instalar desfibriladores externos automáticos (DEAs) y su
cantidad, fijando un plazo de adecuación (el que no podrá exceder de
dos años).
A su vez, el art. 17º dispone que el Poder Ejecutivo
nacional debía reglamentarla dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación, lo que a la fecha no se ha cumplimentado.
Relata los hechos, funda en derecho, la legitimación de
sus representados y la procedencia de la vía, adjunta prueba
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documental –vide fs. 18/42-, ofrece prueba y formula reserva del caso
federal.
II.- A fs. 56/59 la representante legal del Estado
Nacional- Ministerio de Salud y Desarrollo Social-Secretaria de
Gobierno de Salud contesta el informe del art. 8º de la Ley 16986 (v
fs. 47 in fine), quien con sustento en los antecedentes y normativa
aplicable al caso que describe y enuncia, peticiona se declare
abstracto, con costas por su orden, o, en su defecto, el rechazo de la
acción, con costas.
Opone la falta de legitimación activa de los accionantes,
la ausencia de caso o cuestión justiciable, y plantean la improcedencia
de la vía.
Precisa que, más allá de la inadmisibilidad formal de la
pretensión, del informe suministrado por la Secretaria de Promoción
de la Salud, Prevención y Control de Riesgos, surge que “…El
proceso de reglamentación de la Ley 27.159, ha tenido su inicio luego
de la revisión bibliográfica correspondiente; y los encuentros con las
sociedades científicas y académicas a fines, entre ellas la Fundación
Cardiología Argentina de la Sociedad Argentina de Cardiología y la
Federación Argentina de Cardiología, estando a cargo de esta
Dirección Nacional la elaboración del proyecto en cuestión, el cual
fuera consensuado con aquellas organizaciones, así como con otros
organismos de la Administración Pública, a saber: Dirección Nacional
de Emergencias Sanitarias, Dirección Nacional de Maternidad,
Infancia y Adolescencia y Departamento Médico da la Presidencia de
la Nación…”; y que luego de elaborado, el proyecto de reglamento
tramita como EXP. 2018-2361545-DD#MS “encontrándose
actualmente en la Dirección de Asesoría Técnica de la Secretaría
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación”.
Funda el derecho de su parte, acompaña documental –v.
fs. 53/55-, y formula reserva del caso federal.

III.- Corrido traslado, la accionante contesta a fs. 61/66,
rebate la falta de legitimación opuesta y las argumentaciones del
informe, y pide se haga lugar al amparo, con costas, y una vez
cumplimentada la vista de fs. 67 a la Fiscalía, quien opina a fs. 68/82,
y que la demandada contestara a fs. 85/87 el requerimiento de fs. 84 –
lo que se hizo saber a la parte actora-, se llama autos para sentencia
(v. fs. 90).
Cabe indicar que el llamado de autos fue suspendido a
raíz de los acontecimientos de público conocimiento generados por la
pandemia-COVID19, resultando menester recordar que en dicha
oportunidad el Tribunal evaluó que el objeto de la acción de amparo
perseguido, esto es “…que se condene al P.E.N. a reglamentar la ley
27159 -que regula un sistema de prevención integral de eventos por
muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público, con
el objetivo de reducir la morbimortalidad súbita de origen
cardiovascular- y designar su autoridad de aplicación, considerando
que los jueces deben fallar atendiendo las circunstancias imperantes
y que -a raíz de la Pandemia producida por el COVI-19 y el
consecuente, A.S.P.O (decreto nro. 297/20 prorrogado por los
decretos 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20, 605/20 y 641/20)-,
se ha suspendido la realización de dichos espectáculos, resulta
prudente –en atención al estado de la causa- suspender el dictado de
la sentencia hasta tanto se dejen sin efecto tales medidas….”.
Ante el posterior pedido de dictado de sentencia por parte
de la actora, se dispuso que “si bien es cierto que los argumentos que
motivaron la resolución de fecha 07/08/2020 se encuentran en parte
superados -dada la finalización del A.S.P.O. y sus sucesivas
prórrogas-, no lo es menos que actualmente se encuentra vigente el
DNU Nro. 67/2021 -publicado en el B.O. en fecha 30/01/2021- que
dispone la extensión del D.I.S.P.O. desde el día 01/02/2021 hasta el
28/02/2021 -ambos inclusive-, como así las eventuales restricciones
de circulación, por lo que por razones de orden procesal y conforme
al principio de congruencia, considero pertinente remitirme al
criterio expuesto en la resolución supra aludida en cuanto a
mantener la suspensión del llamado de autos a sentencia dispuesta.”.
La accionante planteo revocatoria con apelación en
subsidio contra dicha decisión, dando lugar a la resolución del
16/04/21, en la que se estableció que: “Atento el estado de las
actuaciones, dado el criterio expuesto por el Juzgado en la resolución
de fecha 05/02/2021, en base a las consideraciones allí entonces
efectuadas, y a los fines del subexamine – vide revocatoria deducida
por la accionante-, resulta menester atender, en razón de los
antecedentes y argumentos expuestos por la parte demandada en el
conteste que data del 15/03/2021, las medidas de restricción de
circulación de público conocimiento, en atención al D.I.S.P.O. –
DNU Nro. 168/2021 en vigencia hasta el 09/04/2021, inclusive-,
como así en particular las medidas generales de prevención y
disposiciones locales y focalizadas de contención imperantes hasta el
30 de abril de 2021, de reciente data (DNU Nro. 235/2021, de fecha
8/04/21), con motivo de la denominada “segunda ola del virus SARSCoV-2”, en miras a mitigar la epidemia (COVID-19) y su impacto
sanitario, de público conocimiento. En tal sentido, deviene necesario
señalar que, en esta última norma, se hace hincapié que a fin de
lograr un impacto positivo las medidas que se deciden deben
sostenerse en el tiempo e implica no solo la responsabilidad
individual sino también la colectiva y que el dispositivo se dicta con
la finalidad de preservar la salud pública. Desde tal perspectiva y a
raíz del cuadro actual de circunstancias referidas, es de enfatizar,
que en la norma se han establecido reglas de conducta generales y
obligatorias, el fomento del teletrabajo, limitación al traslado de
trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad e higiene y de
los ámbitos laborales, suspensión de determinadas actividades en
todo el territorio nacional, restricción de aforo general en superficies
cerradas (uso hasta el 50% o menor, con protocolo de
funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria), se suspende
actividades en lugares con alto riesgo epidemiológico y sanitario,
aforo en ambientes cerrados en lugares con alto riesgo
epidemiológico y sanitario (que se reduce a un máximo del 30% del
máximo habilitado), la portación de certificado único habilitante
para circulación – emergencia COVID 19, restricción a la
circulación nocturna entre las 0.00 hs. y 6,00 hs..y continuidad de la
vigencia de todos los protocolos aprobados hasta la fecha. Por lo
tanto, en virtud de ello, lo cierto es que habida cuenta de la
naturaleza y el objeto de autos, toda vez que, conforme pacífica
jurisprudencia y doctrina, en materia de amparo los jueces deben
fallar atendiendo a las circunstancias imperantes al momento de
decidir, considero que en el contexto fáctico y jurídico descripto y a
la luz del temperamento expuesto, no procede la reposición
interpuesta por la parte actora y por lo tanto, corresponde mantener
la suspensión del llamado de autos. Respecto a la apelación intentada
en subsidio, cabe destacar que, habiendo adoptado dicha decisión
conforme las facultades ordenatorias e instructorias previstas en el
art. 36 del CPCCN, y sumado a ello lo preceptuado en el art. 15 de la
Ley 16.986, el recurso en cuestión deducido contra la resolución
recurrida deviene improcedente.”.
La amparista hace saber la interposición de recurso de
queja, y en fecha 17/09/21 denuncia como hechos nuevos el dictado
por parte del PEN del Decreto 494/21, vigente -dice- desde el 1/08/21
hasta el 1/10/21, y que estableció la apertura sanitaria (arts. 4, 5 y 10),
y de la Resolución Nº 2753/21 del Ministerio de Cultura de la CABA
que -apunta- bajo ciertos protocolos, dispone que es viable llevar
adelante espectáculos públicos con la presencia de espectadores –
teatros y cines–.
Añade que, por otra parte, la Ley cuya reglamentación
se persigue, no se limita a exigir la instalación de DEAs en espacios
en los que se desarrollen espectáculos públicos, sino que se extiende
a cualquier espacio público o privado de acceso público.
En virtud de ello, sostiene que la normativa actualmente
vigente –el DNU N° 494/2021 y la Resolución N° 2753/MCGC/21–
levantó y/o modificó las prohibiciones tomadas en cuenta por el
Tribunal para disponer y/o mantener la suspensión del llamado de
autos para sentencia -medidas que restringieron la circulación y, en
particular, medidas generales de prevención y de contención de la
enfermedad Covid-19, y prohibición de la realización de espectáculos
públicos-, por lo que pide que sin más se dicte sentencia.
Corrido traslado -vide notificación cursada del 7/09/21-,
la contraria se manifiesta, lo que se tiene presente, y dado lo
peticionado por la actora, atendiendo el objeto y estado de la causa,
como así el tiempo transcurrido desde lo informado respecto al
tratamiento de la reglamentación en cuestión, en el marco del
expediente EXP.2018- 2361545-DD#MS –conf. fs. 58, ap. V-, se
requiere a aquélla que en el plazo de diez informe y/o acredite el
estado de dichas actuaciones administrativas, o bien de la resolución
allí acaecida, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de
resolver con las constancias de autos (conf. art. 36 del CPCyC).
El representante legal de la demandada expresa que,
siguiendo expresas instrucciones de su mandante, en tal sentido que,
el estado actual del EXP.2018-2361545-DD#MS, se encuentra desde
el 29 de Septiembre de 2021 en la Secretaria de Calidad en Salud, y
adjunta notas remitidas por los organismos competentes en la materia,
lo que se hace saber a la actora a sus efectos, quien al respecto
esgrime que se encuentran vigentes las razones que dieran lugar a la
promoción del amparo, por lo que pide se pasen las actuaciones a
resolver.

En atención a lo manifestado y peticionado por la
accionante, dado el tiempo transcurrido desde lo informado –ver
providencia del 7/10/2021- acerca del tratamiento de la
reglamentación en cuestión, en el marco del expediente EXP.2018-
2361545-DD#MS –nótese que conforme las notas adjuntas se
encuentran desde el 29 de Septiembre de 2021 en la Secretaria de
Calidad en Salud del Mª de Salud con el nuevo proyecto de acto, cuyo
trámite tiene por objeto aprobar la Reglamentación de la Ley Nº
27.159, que regula el “SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL
DE EVENTOS POR MUERTE SÚBITA EN ESPACIOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS DE ACCESO PÚBLICO”-, en
congruencia con la medida ya ordenada (art. 36 CPCyC), se intimó a
la parte demandada que en el plazo de dos (2) días acredite el estado
de las actuaciones administrativas enunciadas, o bien de la resolución
allí acaecida, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de
resolver sin más trámite con las constancias del caso.
Nuevamente, el representante legal de la accionada
acompaña copia de las notas y/o lo informado por las áreas
competentes, de la cuales se desprende que “… la DIRECCIÓN
NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES, quien en respuesta a su NO-2021-
102827377-APN-DAJ#MS, informa que «Atento a verificarse que las
actuaciones solicitadas se encuentran en la Dirección Nacional de
Talento Humano y Conocimiento, se sugiere remitir la consulta a la
misma, toda vez que esta Dirección Nacional elevo el proyecto de
Decreto (IF-2021-66476847-APN-DNAIENT#MS) el 25 de julio del
corriente año.».

Finalmente, luego de requerir en distintas oportunidades
a la demandada que informara sobre el trámite de las actuaciones
denunciadas (proyecto de reglamento), y siendo que no se ha acreditado que hubiere concluido con el dictado de la reglamentación
aquí perseguida, se llama autos para sentencia.

IV.- En primer lugar, corresponde señalar que la
presente acción se inició y sustanció como proceso de amparo, de
conformidad con las normas contenidas en el art. 43 de la
Constitución Nacional y la Ley Nº 16.986.
Valga apuntar que, conforme doctrina constante y
reiterada de la Excma. CSJN, la acción de amparo es un proceso
excepcional sólo utilizable en delicadas y extremas situaciones en las
que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de
derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias
de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de
arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiestas que configuren
ante la ineficiencia de los procesos ordinarios, la existencia de un
daño concreto y grave sólo eventualmente reparable por esa acción
urgente y expedita.

Ahora bien, están excluidas del ámbito del amparo
cuestiones opinables y las que requieran de mayor amplitud de debate
y prueba, así como los supuestos en los que exista otras vías aptas
para la protección del administrado, en miras a no privar a los
justiciables del debido proceso. (doct. CSJN Fallos 321:1252;
323:1825, entre otros).
Desde tal óptica, es dable señalar, que quienes optan por
la vía del amparo conocen de antemano dichas limitaciones inherentes
a la misma.
Por otra parte, deviene necesario indicar que no es
factible la utilización de la vía del amparo, si es que no se alega y
funda específicamente un daño concreto y grave, que la arbitrariedad
invocada surja de tal modo que el juzgador pueda captarla a simple
vista, como lo prescribe el art. 1º de la ley 16.986 y que la ilegalidad
del acto lesivo deba evidenciarse en forma notoria, siendo insuficiente
alegar una conducta estatal cuestionable sosteniendo que se afecta o
restringe algún derecho constitucional.
En tal contexto, quien acciona debe demostrar la
presencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios
expresados lo afecten de manera directa o sustancial, concreta e
inmediata, y que no existe otra vía adecuada para dirimir la cuestión.
Por último, resulta menester señalar que es doctrina del
Máximo Tribunal que: “En los juicios de amparo debe fallarse con
arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la
sentencia teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino
también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de las
actuaciones promovidas. Si con posterioridad a la promoción de la
demandada de amparo, cesó la omisión lesiva de derechos
constitucionales que la sustentó, esta circunstancia obsta al
pronunciamiento del tribunal sobre el fondo de la cuestión,
tornándolo inoficioso”. (CS, sept. 22 de 1993, CPACF c EN –Poder
Ejecutivo y Poder Judicial) (LL, Repertorio 1995-pág. 73).
En relación a la suspensión del llamado de autos, como
así los insistentes requerimientos de pedidos de informe del Tribunal a
la demandada, procede señalar que ello obedeció, en base al objeto de
la acción e índole de los derechos involucrados, estrictamente al
peculiar escenario que rodeara la tramitación de la causa frente al
acontecimiento excepcional de la pandemia generada por el COVID19 y el devenir fluyente de los hechos en razón del ASPO
(Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y DISPO
(Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio), como así en
cuanto a las medidas de prevención, restricciones de circulación y/o
aforo, su evolución y progresividad, todo ello de público
conocimiento (Dto. 260/20 y 297/20, sus ampliatorios, modificatorios
y/o normas complementarias, hasta llegar al Dto. 678/21 (BO,
1/10/21), cuyas medidas sanitarias regirán hasta el 31/12/21)).

V.- Pues bien, en los términos en que la controversia ha
quedado planteada y en miras a su solución, y a la luz de las pautas de
examen precedentemente señaladas, he de contemplar que, en cuanto
a la excepción de falta de legitimación activa de los actores -vide que
de acuerdo a lo señalar infra, ha sido acabadamente rebatida por estos
al contestar el traslado del informe-, comparto los sólidos
fundamentos del dictamen del Ministerio Público Fiscal -digitalizado
por Secretaria-, en cuyo marco, con sustento en la jurisprudencia y
doctrina que enuncia, y en base a las directrices que de ellas emana
atendiendo la documentación incorporada, opina que acreditaron de
manera suficiente su interés en obtener la reglamentación de la ley
27.159 y la designación de la autoridad de aplicación de la misma (v.
caps. VI, VII y VIII), y a los cuales me remito en homenaje a la
brevedad, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, y que por ello no
puede prosperar.
Nótese que al respecto la actora manifestara que la
norma de marras necesita la actuación del Poder Ejecutivo para
volverse operativa, razón por la cual -afirma- se ve justificada la
existencia de un caso y, en consecuencia, la procedencia de la acción
promovida, argumentando que se está en presencia de un daño
inminente sobre los bienes jurídicos de la vida y la salud, que, aduce,
requieren del remedio expedito del amparo para su correcta tutela y
resguardo.
A renglón seguido, esgrime que la violación a la
división de poderes, se da cuando la omisión del Poder Ejecutivo ante
una conducta, no sólo determinada por el art. 17 de la Ley 27.159,
sino como atribución propia de aquél reconocida por el art. 99 inc. 2°,
de la Constitución Nacional, provoca que la ley dictada por el Poder
Legislativo se transforme en letra muerta.

En resumidas cuentas, conforme la documentación
aportada por los accionantes -estatutos y certificado médico
suficientemente descriptos en el citado dictamen- “… la parte actora
demostró la existencia de un interés especial en el proceso,
determinando un nexo lógico entre el status afirmado por el litigante y
el reclamo que se procura satisfacer, el cual confirma que los agravios
alegados los afectan en forma “suficientemente directa” o “sustancial”
(CSJN, Fallos 331:2287), por lo que afirmo que los actores
acreditaron de manera suficiente su interés en obtener la
reglamentación de la Ley N°27.159, y la designación de la autoridad
de aplicación de la misma.”.

VI.- En el contexto reseñado, despejada la falta de
legitimación reprochada a los actores y ante la existencia de un caso
concreto, en relación al fondo del asunto, cuadra precisar que –como
lo advierte la Fiscalía- el objeto de la acción aquí entablada es
condenar al Poder Ejecutivo Nacional a que efectúe la reglamentación
de la ley 27.159 y designe su autoridad de aplicación, y que en base a
la jurisprudencia y doctrina que enuncia, entiende resultan de
aplicación al caso en análisis que se hace presente, y opina que se
debe hacer lugar al amparo interpuesto (CN, art.43 y Ley 16.986,
art.2°, inc.d).
Planteada así la cuestión, cabe indicar, en primer lugar,
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en
distintas oportunidades, en favor de reglamentar normas que
prescriban una conducta determinada, cuando esa omisión torna
imposible el cumplimiento de un derecho.
En dicho orden de ideas, como apunta el Sr. Fiscal, se
ha pronunciado sobre la falta de reglamentación de derechos y
garantías, ya sea supliendo la omisión mediante el dictado de la
regulación pertinente (v. gr. derecho a réplica en el precedente
“Ekmekdjian” (Fallos 315:1492) o en el caso de las acciones
colectivas en “Halabi” (Fallos 332:111), o bien, urgiendo a la
autoridad responsable para que se establezcan pautas de aplicación
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que permitan asegurar los derechos constitucionales (“Mignone”
Fallos: 325:524; “Badaro” Fallos 329:3089; CCAF, Sala IV, in re
“Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico c/ ENSuperintendencia de Servicios de Salud s/ proceso de conocimiento”
del 20/02/ 2018).
En segundo término, observa que la Excma. Cámara del
Fuero se ha pronunciado acerca de omisiones normativas, o ante
incumplimientos a mandatos expresos del constituyente o del
legislador.
En tales ocasiones, que destacó ante la falta de
reglamentación de una ley por parte del poder administrador, que
“…frustrar un derecho por la mencionada circunstancia significaría
consagrar una hipótesis de, inconstitucionalidad por omisión. Así
como el texto constitucional cohíbe expresamente el exceso en el
ejercicio de la potestad reglamentaria (art. 99, inc. 2o), idéntica
situación se produciría por silencio del órgano competente en la
reglamentación de la ley. En las condiciones enunciadas, no es
dudoso, por aplicación del principio de jerarquía normativa —
estatuido en el art. 3-1 de la CN- y que el juez debe respetar (art. 34,
inc. 4º, del CPCCN), que la pretensión se debe admitir” (Sala III,
causa 1774/2015, “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/EN-.
Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo
leyl6.986”, sent, de 18/8/2016 y su cita).
De lo anterior, se desprende que por ende debe
verificarse la existencia de un mandato normativo expreso, exigible e
incumplido, por un lado y, por otro, que la omisión vulnere derechos o
garantías.

VII.- Pues bien, en miras a dilucidar la controversia,
resulta menester puntualizar los aspectos de la norma involucrada en
el caso y que se exige reglamentar (Ley N° 27.159 de “Muerte
Súbita. Sistema de Prevención Integral”) -BO, 27/07/2015-.

En su art. 1° dispone que el objeto de la ley es regular
un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en
espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la
morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.
En el art. 3° establece que la autoridad de aplicación de
la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en
el marco del Consejo Federal de Salud —COFESA—1 y del Consejo
Federal de Educación —CFE—.
Por su lado, mediante el art. 4° regula que, la autoridad
de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población a la
resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación.
b) Promover la concientización por parte de la
población sobre la importancia de los lugares cardioasistidos y de la
cadena de supervivencia.
c) Promover el acceso de la población a la información
sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar
básica y desfibrilación automática externa.
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios,
maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación
automática externa en el nivel comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en el marco
de la Comisión RCP – Argentina, de conformidad con la ley 26.835 de
promoción y capacitación en las técnicas de RCP básicas, para
estudiantes de los niveles medio y superior.
f) Determinar las pautas de acreditación para la
capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de
maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y en el uso de los
DEA.
g) Determinar las pautas de capacitación de quienes
participan en espectáculos deportivos, promoviendo la incorporación
en los planes de estudio de contenidos referidos a resucitación
cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para los árbitros y el
personal técnico auxiliar de los deportistas.
h) Desarrollar un sistema de información y estadística
de la morbimortalidad súbita y sus riesgos a nivel nacional.
i) Promover én su ámbito y en su caso con las
jurisdicciones, un registro en el que conste la ubicación de los
desfíbriladores, su correcta utilización y mantenimiento.
j) Definir la cantidad de DEA según la determinación de
los espacios públicos y privados dé acceso público establecidos.
Valga aquí detenerse para hacer hincapié en la previsión
expresa de su inciso k) “Determinar el plazo de adecuación que
tendrán los obligados por la presente ley, el que no podrá exceder de
dos (2) años desde la promulgación de la presente ley”.
A tal fin, la norma prescribe que la autoridad debe
determinar la cantidad de DEA que se deben instalar en los espacios
públicos y los privados de ácceso público , los que deben hallarse en
lugares de fácil acceso para su utilización ante una situación de
emergencia, y su ubicación debe estar claramente señalizada (arts. 5°
y 6°).
Por último, en lo que al nudo medular del tema
concierne, el art. 17° establece que para la instrumentación “el Poder
Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación”.
VIII.- Así las cosas, se observa que ambas partes
coinciden con que la propia ley en cuestión prevé que debía
reglamentarse “dentro de los ciento ochenta (180) días de su
promulgación” (art. 17), así como pone en cabeza de la Autoridad de
Aplicación una serie de funciones, entre las que se encuentra -como
ya se destacara, vide inc.“k”-, determinar el plazo de adecuación que
tendrán los obligados por la referida ley, el que no podrá exceder de
dos (2) años desde la promulgación de la misma (art. 4º de la norma
citada).
Dicho ello, tenemos que, de los términos del informe
producido por la demandada (v. fs. 53/vta.), surge que existe un
proyecto de reglamentación en trámite en el marco de las
actuaciones administrativas Nro. EXP. 2018-2361545-DD#MS –lo
que no es desmentido por las accionantes, quienes se quejan por la
duración del mismo (ver lo especificar a continuación)-, que fue
confeccionado tras un período de revisión bibliográfica y posteriores
consultas con las entidades científicas, académicas e institucionales
allí mencionadas, y actualmente se encuentra “en la Dirección de
Asesoría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de
la Nación”.
Lo que se cuestiona es la omisión de la
reglamentación, y en definitiva persiguen la protección del
derecho a la salud de la comunidad.
Es dable reiterar, que al momento de contestar el
traslado del informe producido, la actora manifiesta que la norma
necesita de la actuación del Poder Ejecutivo para volverse operativa,
razón por la cual -esgrime- se ve justificada la existencia de un caso y,
en consecuencia, la procedencia del amparo deducido, en tanto
considera que la violación a la división de poderes, se da cuando la
omisión del Poder Ejecutivo ante una conducta, no sólo determinada
por el art. 17 de la Ley N° 27.159, sino como atribución propia de
aquel reconocida por el art. 99, inc. 2°, de la Constitución Nacional,
provoca que la ley dictada por el Poder Legislativo se transforme en
letra muerta.
Y entonces, asevera que se está en presencia de un daño
inminente sobre los bienes jurídicos de la vida y la salud, que
requieren del remedio expedito del amparo para su adecuada tutela y
resguardo.
Hete aquí, que resulta conducente traer a reflexión lo
señalado por el Sr. Fiscal Federal en cuanto que “Al respecto, existe
un reconocimiento expreso al derecho a la salud a partir de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuando regula
que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial…
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Agrega que “Por su parte, el art. 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
estipula: “1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y x mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de
este derecho, figurarán las necesarias para: a) la reducción de la
mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños; b) el mejoramiento en todos sus áspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente; c) la prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole,
y la lucha contra ellas; d) la creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”
(ley 23.313).”.
También que, en el ámbito regional se reguló sobre el
tema, “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre de 1948, expresa en su art.ll que “Toda persona tiene derecho
a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales,
relativas a la alimentación, al vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos
y los de la comunidad”.
Sobre tales declaraciones, recalca que “La reforma de
1994 ha dado jerarquía constitucional a los tratados internacionales
mencionados, incorporando el derecho a la salud como reflejo del
avance de los derechos humanos en el constitucionalismo social, es
por ello que no se limita la protección del derecho a la salud a la
abstención de daño, sino que exigeprestaciones de dar y de hacer que
encierra en definitiva la provisión de terapias y medicamentos
(BIDART CAMPOS, GERMAN J. “Manual de la Constitución
Reformada”, TII, pág.107).”.
Por último, destaca que en tal sentido el Máximo
Tribunal ha expresado que “lo dispuesto en los tratados
internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de
la Ley Suprema) reafirma el derecho a la preservación de la salud –
comprendido dentro del derecho a la vida- y destaca la obligación
impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho
con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban
asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras
sociales o las entidades de la llamada medicina privada” (cfr. in re
“Campodonico de Beviacqua” Fallos 323;3229).”.
Bajo esta óptica, no deviene ocioso traer a colación una
de las consideraciones que surgen del decreto al Dto. 678/21 –referido
ut supra-, en el sentido que “Que el derecho a la salud, máxime
cuanto se trata de enfermedades graves en situación de pandemia, se
encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida
reconocido por la CONSTITUCION NACIONAL y los tratados
internacionales que tiene jerarquía Constitucional (artículo 75, inciso
22 – Fallos: 328:4640) y que debe ser protegido por el Estado
Nacional. Que en similar sentido, nuestro más Alto Tribunal ha
destacado que el derecho a la salud, en tanto presupuesto de una vida
que deber ser cuidada, es pasible del más alto grado de protección a
nivel constitucional, y por tanto existe el deber impostergable del
Estado Nacional de garantizar este derecho con acciones positivas,
sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su
cumplimiento las jurisdicciones provinciales y locales (Fallos321:1684; 323:1339;324:3569;326:4931; 328:1708; 338:1110)”, en
cuyos considerandos, el propio Estado Nacional -aquí demandado- se
hace eco del temperamento doctrinario precedente para fundar el
dictado de dicho acto.
IX.- Sentado ello, de acuerdo los lineamientos
desarrollados y de cara a la índole de los derechos en juego, en el caso
de marras se aprecia que las amparistas han demostrado que se
configura en la especie la manifiesta arbitrariedad (por omisión)
endilgada a la conducta de la accionada, con motivo de la falta de
ejercicio oportuno de las facultades otorgadas por la normativa
aplicable en la especie, y que no existen otras vías legales idóneas
para obtener el resguardo y/o reparación de eventuales perjuicios, del
derecho que invoca como lesionado, presupuestos necesarios para la
admisión de la acción y que, por ende, la cuestión de autos, en razón
de los términos y alcances en que la parte actora reclama, y el actual
estadio de circunstancias reseñadas –valga notar que aún se encuentra
en trámite el procedimiento para reglamentar la norma indicada en la
demanda, que fuera sancionada el 1/07/2015 y promulgada el
24/07/2015-, la vía articulada se presenta como idónea para brindar
respuesta al reclamo, lo que me lleva a concluir, en consonancia con
lo opinado por el Ministerio Púbico, que debe prosperar conforme lo a
resolver en el decisorio.
Adviértase que a través de la mentada reglamentación
debe determinarse quién será la Autoridad de Aplicación de dicha
norma, quien tendrá a su cargo las funciones allí conferidas, entre las
que se encuentran determinar en qué ámbitos y en qué proporción se
instalarán dichos equipos, quién correrá con los gastos que ello
implique, y coordinar –en conjunto con el Consejo Federal de Salud
(COFESA) y el Consejo Federal de Educación (CFE), según lo prevé
el art. 3º- la aplicación de la ley con las distintas jurisdicciones
involucradas.

Desde tal perspectiva, sin que implique intromisión de
la aplicación del principio de la división de poderes, el Poder Judicial
de la Nación, frente a una manifiesta omisión, puede compeler al
Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con el dictado de la
reglamentación pretendida –facultad cuyo ejercicio, es de menester
apuntar, resulta del resorte exclusivo de la esfera de ese poder (art. 99,
inc. 2º, CN)-, omisión que la amparista invoca como inconstitucional
y le endilga a este último.
En suma, apreciando que aparecen como cumplidos los
requisitos de admisibilidad de la acción y de acuerdo las constancias
obrantes en los actuados, producto de los requerimientos efectuados
por el Tribunal, considero, en concordancia con el sólido
temperamento del dictamen fiscal incorporado, que se encuentra
acreditado, tanto la obligación como el incumplimiento de los deberes
que emergen del claro mandato legislativo por parte de la accionada,
lo cual surge, con suficente claridad, de sus propias manifestaciones y
constancias aportadas, cuando se ha referido al trámite que se le
estaría imprimiendo a la reglamentación, más sin contemplar las
aristas temporales del asunto de cara a los derechos en juego, esto es
que ha transcurrido holgadamente el plazo previsto legalmente para
ello, o sea que se patentiza la presencia de una omisión por un tiempo
irrazonable, a la luz de la fecha de promulgación de la norma y el
plazo de 180 días establecido en su art. 17 (Promulgada de hecho:
Julio 24 de 2015).
Por último, he de añadir que tampoco puede considerarse
satisfecho el deber de reglamentación por la existencia de las
actuaciones administrativas denunciadas (Nro. EXP. 2018-2361545-
DD#MS), en trámite con un proyecto de reglamentación, y que ello
conlleve -como lo pretendía la accionada- a que la cuestión se torne
abstracta, frente a la fecha que data la promulgación de la norma (ver
BO, 27/07/15), por cuya reglamentación se demanda.
A mayor abundamiento del criterio postulado, resulta
propicio hacer mención del reciente fallo de la CJSN, en autos
“Etcheverry, J. B. c/Estado Nacional s/Amparo Ley 16.986” (Expte.
nro. 49220/2015), del 21/10/2021, que compartiendo los fundamentos
del dictamen del Sr. Procurador Fiscal -antecedente al que también se
refiriera en su dictamen el Sr. Fiscal aquí opinante-, concluyó que
“En definitiva, frente a la injustificable omisión de reglamentar una
ley que expresamente impone el deber de reglamentar, corresponde
ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión en un plazo
razonable.”, y en consecuencia confirmó la sentencia de la Sala I de
la Excma. Cámara del fuero, en cuanto ordenó al Poder Ejecutivo
Nacional reglamentar la ley allí involucrada en el plazo fijado, de
conformidad a lo establecido por el art. 99, inc. 2), de la CN.
Resulta atinente al subexmine, en lo sustancial, la
remisión a Fallos 337:1564, “Villarreal” -v. consid. 11)- (“Se
configura entonces, en los términos de la doctrina de esta Corte, una
omisión de autoridad pública frente a un claro mandato legislativo
que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un tiempo
irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo
99, inciso 2, de la Constitución Nacional.”).

En resumen, consideró que frente a la injustificable
omisión de reglamentar una ley, que expresamente impone el deber de
hacerlo, corresponde entonces ordenar al Poder Ejecutivo que subsane
esa omisión en un plazo razonable.
En lo que a la solución del presente interesa, sostuvo
que la falta de reglamentación conduce en la práctica a privar de
efectos jurídicos a la disposición, y apreció que la falta de
reglamentación es la causa que impide el ejercicio del derecho, porque
no hay otro modo de obtener su satisfacción.
X.- Atendiendo el objeto de la acción y los términos que
dan lugar a su resultado, considero razonable que las costas se asignen
a la demandada vencida (arts. 14 de la ley 16.986 y 68, párrafo
segundo, del CPCC, de aplicación supletoria).
A mérito de lo expuesto y oído el Ministerio Público
Fiscal,
FALLO:
1) Hacer lugar a las actuaciones promovidas por
SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGIA Y OTROS contra
EN – PEN sobre amparo Ley 16.986 (Expte. Nº 33117/2019) y
ordenar a la demandada que en el término de TREINTA (30) días
hábiles administrativos dicte la reglamentación de la Ley 27.159 (BO,
27/07/2015).
2) Asignar las costas a la demandada por no existir
razones para su dispensa (conf. consid. X.-).
3) Teniendo en cuenta la época de los trabajos
profesionales (conf. CSJN “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A.”
del 4/09/2018), la naturaleza del asunto, lo preceptuado por el art. 48
de la ley 27.423, en cuanto fija un honorario mínimo en los procesos
de amparo; atento el motivo, extensión, calidad jurídica y resultado de
la labor desarrollada y el resultado alcanzaso, es preciso remitirse a lo
dispuesto en los incs. b) a g) del art. 16º de la referida Ley de Arancel.
En tales condiciones, corresponde regular, en la suma de Pesos
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 36.960) y
Pesos NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 92.400).-,
equivalente a 6 y 15 UMA (Ac. 21/2021, $6.160)-, los honorarios de
los Dres. Juan Pablo COMADIRA y María Cristina HERRERO, en su
carácter de letrados apoderado y patrocinante de la parte actora
respectivamente (arts. 16, 20, 29, 48 y ccdtes. y citados de la ley
27.423 y Dto. 1077/17).
El importe del Impuesto al Valor Agregado integra las
costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios cuando el
profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en
dicho tributo (conf.Sala II in re: “Beccar Varela Emilio – Lobos
Rafael Marcelo c/Colegio Público de Abogados” del 16 de julio de
1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado
la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo
sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo
haga.
Regístrese, con copia del dictamen fiscal, notifíquese
y, oportunamente, archívese (art. 13, inc. b), Ley 23.898)

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