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Un freno al aumento por edad en la prepaga

Como medida cautelar, limitaron el aumento de precio de la entidad de medicina prepaga por edad

Demandó a la prepaga para que frene el aumento por edad. Ahora, y en forma provisional, como medida cautelar, le ordenaron a la empresa recalcular la cuota del servicio de salud de aquel a las sumas autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Además, decidieron que la prepaga se debe abstener de efectuar aumentos en el futuro por encima de los autorizados por la autoridad de aplicación. Los aumentos de cuotas, que constituyen un desequilibrio de las condiciones contractuales pactadas por las partes, podrían poner en inminente peligro no sólo el equilibrio contractual sino el derecho a la protección de la salud, dijo el procurador, y agregó:

“…el servicio de salud mediante la medicina prepaga nace con la celebración de un contrato por el cual una empresa especializada se obliga a prestar el servicio de asistencia médica a una persona o grupo de ellas, recibiendo como contraprestación el pago de una suma de dinero que generalmente es periódico”. (Del dictamen Fiscal de Cámara, compartido por la Sala)

“…más que un contrato, en realidad lo que el consumidor realiza es una adhesión a un sistema que genera una relación de consumo, constituida por una red de contratos conexados, donde el cliente, futuro paciente, tiene el derecho a una medicina total e integral”. El caso fue publicado por ElDial.

 

 

Dictamen de la procuración general y sentencia completa

Expediente Número: COM – 1371/2022 Autos:
FERNANDEZ, RAMON DANIEL c/ OMINT S.A. DE SERVICIOS s/ORDINARIO Tribunal: CAMARA COMERCIAL – SALA D /
Excma. Cámara:
1. En su resolución de fecha 3/3/2022, el juez de primera instancia decidió admitir la medida precautoria solicitada por el actor, disponiendo que Omint debía recalcular la cuota del servicio de salud de aquel a las sumas autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, absteniéndose de efectuar aumentos en el futuro por encima de los autorizados por la autoridad de aplicación.
Explicó el magistrado que surgía de las constancias de autos, preliminarmente, que la empresa de medicina prepaga había incrementado la cuota mensual del actor, lo que podía considerarse estrechamente relacionado con su edad, acreditándose así la verosimilitud en el derecho.
Asimismo agregó que, el peligro en la demora se hallaba en el hecho de que se cuestionaban decisiones que tenían directa relación con la salud de la persona.
Explicó que la solución propiciada era la que mejor se correspondía con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretendía, al encontrarse comprometida la salud e integridad física de las personas.
2. Contra la mentada resolución, la demandada opuso recurso de apelación.
En su recurso, fundado en fecha 21/4/2022, la accionada manifestó que el decisorio en crisis recaía directamente sobre la relación sustancial controvertida, implicando la medida un adelanto de jurisdicción al imponerle a la empresa una obligación de hacer idéntica a la pretensión procesal de fondo instaurada por la actora.
Para la recurrente, el dictado de la cautelar implicaba lisa y llanamente la eliminación del debido proceso judicial.

Por otro lado, adujo entre otras cuestiones que el accionante no había acompañado documental o información sumaria que acredite de manera evidente la violación de una norma o contrato por parte de la prepaga, por lo que la medida perdía toda virtualidad jurídica, atento la evidente falta de verosimilitud del derecho invocado.
3. En fecha 3/5/2022, el actor contestó traslado del recurso incoado por la demandada, manifestando que su contraparte no había logrado demostrar la existencia de un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genere la decisión recurrida, ni aportaba pruebas que justifiquen sus manifestaciones.
4. Elevadas que han sido las actuaciones, el día 13/5/2022 se corrió vista mediante cédula electrónica a esta Fiscalía.
5. Medida cautelar. Procedencia.
Permítaseme comenzar por analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para la procedencia de la medida cautelar, sin perder de vista que la base fáctica del reclamo trasunta en el marco del derecho constitucional a la prestación del servicio salud.
En tal sentido, debe en primer punto señalarse que una de las más relevantes características que exhibe el actual derecho de daños es su finalidad de prevención. Se asigna mayor importancia a evitar que el daño se cause que a la reparación posterior, ya se trate de hechos ilícitos o de incumplimiento contractual.
Se procura dar una solución ex ante (evitar el daño), en vez de confinar el remedio a una solución ex post (la indemnización). Desde el ámbito doctrinario, se ha señalado esta función de prevención y evitación de los daños como una de las modernas orientaciones que se vienen imponiendo en el estudio del derecho que se ocupa de ellos (Messina de Estrella Gutiérrez, Graciela N., “La responsabilidad civil en la era tecnológica. Tendencias y perspectivas”, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1989).
La Corte Suprema ya ha señalado oportunamente que
mediante una acción preventiva y estando reunidas las condiciones
para el ejercicio de una tutela anticipada o coincidente, puede anticiparse la satisfacción del actor ante la inminencia del periculum in damni que se cierne sobre aquél (CSJN; “Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf SRL. Y otros. s/ Daños y perjuicios”, fallo del 7-8-97).
Ahora bien, cabe señalar que las medidas cautelares pueden tener diversas formas de expresión, de acuerdo al objeto que persigan y a la necesidad impostergable de su proveimiento, en atención a que, de acuerdo a las especiales circunstancias del caso, pueden asegurar preventivamente la efectividad del proceso al que acceden, conservando bienes o pruebas, o bien anticipando total o parcialmente la pretensión principal (Torres Traba, José M., “Utilidad procesal de las medidas cautelares atípicas. La tutela anticipada de los derechos y la medida innovativa”. Revista La Ley, Doctrina Judicial, 5 de noviembre del 2008).
En este sentido, la urgencia de su proveimiento y las circunstancias particulares de la situación jurídica a preservar en el presente caso, serán determinantes tanto para evaluar si corresponde mantener su procedencia.
Dentro de las funciones jurisdiccionales y, específicamente, como manifestación de la eficacia de la gestión judicial, se establece la posibilidad de requerir medidas cautelares tendientes a garantizar el cumplimiento de una sentencia eventualmente favorable (Gozaíni, Osvaldo; “Tratado de Derecho Procesal Civil”, La Ley, 2009, Tomo I, pág. 585).
Empero, las medidas precautorias no advierten como única función las de ser un medio de satisfacción de intereses que aguardan una respuesta jurisdiccional. Por el contrario, desde una visión moderna y dinámica del derecho adjetivo, en virtud del peligro que evidencia el tiempo que insuma el litigio puede ocurrir que sea necesario cubrir necesidades inmediatas.
En esta inteligencia, se ha sostenido que las medidas cautelares constituyen una garantía jurisdiccional de la persona o de los bienes para hacer eficaces las sentencias, asegurando los elementos formales y materiales del proceso y preservando de daños a los sujetos del interés sustancial, mediante la guarda y satisfacción

de sus necesidades urgentes (CNFed. Cont. Adm., Sala II, 13-4-00, La Ley, 2000-D-914, jurispr. agrup., caso 15.173)
Dicho ello, se pueden divisar claramente en autos los presupuestos de procedencia de la medida cautelar.
En primer lugar, debe cumplirse con la exigencia de que el derecho del peticionario de la cautelar sea aparentemente verdadero, ya que su certeza sólo podría obtenerse eventualmente con el dictado del pronunciamiento definitivo (Fallos, 327:3202), en otras palabras, debe existir verosimilitud en el derecho, la cual se encuentra reconocida en el caso de marras, por cuanto se reconoce el vínculo contractual que une a las partes, asimismo se evidencia un notorio aumento de la cuota, los cuales resultarían a priori contrarios a derecho, según los fundamentos que a continuación se desarrollarán.
En cuanto al recaudo del peligro en la demora, cabe señalar que el examen de su concurrencia requiere una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, originando por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso, así como que ese extremo debe resultar en forma objetiva del examen sobre los distintos efectos que podría provocar el accionar reprochado en autos (Fallos: 331:108, entre muchos otros).
En tal sentido, se advierte que mediante la cautelar solicitada, la intención del actor no es otra que la de neutralizar provisoriamente las consecuencias que los mentados aumentos podrían traer en su situación financiera, en medio de un contexto de suma vulnerabilidad e incertidumbre, y evitar, asimismo, quedar desprovisto de la cobertura del plan de medicina prepaga ante la eventual falta de pago de las cuotas, siendo que los derechos que pudieran serle reconocidos a aquel en una eventual sentencia de mérito podrían en tal caso verse afectados.

Ahora bien, se advierte que la medida debiera ser dispuesta, prestando el actor caución juratoria ante eventuales costas y daños que pudiere ocasionar el otorgamiento de la suscitada medida, en los términos del art. 199 CPCCN, cumpliéndose así con el requisito restante.
5.2. Derechos en juego.
Resulta oportuno señalar que los derechos que se encuentran en juego hacen a la dignidad de toda persona humana, su protección, como así también a la sociedad jurídicamente organizada.
Es por ello que los derechos personalísimos fundamentales, como son el derecho de la salud, no sólo cuentan con raigambre constitucional en los capítulos referidos a “Declaraciones, Derechos y Garantías” y “Nuevos Derechos y Garantías” de nuestra Carta Magna, sino que además encuentran especial tutela en los tratados internacionales incorporados a la misma por el art. 75 inc. 22.
5.3. Principios aplicables.
La actividad desplegada por la demandada, como así también el derecho de acceso a los sistemas privados para el resguardo del derecho a la salud, se encuentra regulado por la ley 26.682 que legisla sobre el contrato de medicina prepaga.
En este sentido, la jurisprudencia ha dicho que el servicio de salud mediante la medicina prepaga nace con la celebración de un contrato por el cual una empresa especializada se obliga a prestar el servicio de asistencia médica a una persona o grupo de ellas, recibiendo como contraprestación el pago de una suma de dinero que generalmente es periódico (CSJN, 13-3-01, “Etcheverry, Roberto Eduardo c/ Omint Sociedades Anónimas y Servicios”, Fallos 324:677).
El Dr. Lorenzetti define a la relación jurídica entre la empresa y el paciente como “la que se da mediante un contrato en el cual una de las partes se obliga a prestar servicios médicos a los pacientes por sí o terceros, sujeta a la condición suspensiva de que se dé una determinada enfermedad en el titular o beneficiarios, contra el pago de un precio anticipado y periódico” (Lorenzetti, Ricardo L., La empresa médica, 1998, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, pág. 124).
Incluso, cierta doctrina sostiene que, más que un contrato, en realidad lo que el consumidor realiza es una adhesión a un sistema que genera una relación de consumo, constituida por una red de contratos conexados, donde el cliente, futuro paciente, tiene el derecho a una medicina total e integral (art. 740 y 742 del Código Civil; CN Art. 42 y tratados internacionales) y que sólo puede diferenciarse por cuestiones “colaterales” -por ejemplo: hotelería- (Ghersi, Carlos A., Weingarten Celia, Ippolito Silvia, Contrato de Medicina Prepaga, Ed. Astrea., pág. 107).
Es apreciable por otra parte la disparidad existente entre los sujetos contratantes (usuarios y empresas de medicina prepaga) por la posición asimétrica que ocupan; donde el paciente asume el rol de la parte más débil.
La contratación, en este sentido, no solo resulta ser masiva y estandarizada, sino que además las condiciones y modalidades de la prestación son pre-dispuestas de forma unilateral por la empresa, convirtiéndose en nula la posibilidad de negociación individual (Nucciarone, Gabriela A., “Contradicciones que afectan al derecho constitucional de la salud. Comentario a dos recientes fallos sobre la cobertura o no cobertura de los tratamientos”, 23-4-14; MJ- DOC-6679-AR).
Disparidad que transita no solo desde la etapa precontractual, ejecución del contrato, sino que también se refleja en el proceso judicial, cuando este ocurre, pues a la luz de los hechos, sin dudas la parte accionada es quien cuenta con la información, y los instrumentos necesarios para despejar y efectivamente cumplir con la sentencia recaída en autos.
La sanción de la LDC, cuyas previsiones contienen derechos hoy constitucionalizados y que gozan del carácter de orden público económico, ha modificado y enriquecido al derecho privado en aspectos centrales, atendiendo a un rol muy especial de la persona en la sociedad de consumo y especialmente en el ámbito de la medicina

prepaga, donde más debe preservarse y protegerse al usuario de un servicio esencial como es el de la salud (Ghersi, Carlos Alberto y Weingarten Celia, “Tratado de Daños Reparables”, T. III parte especial”, 2001, La Ley, pág. 343).
En efecto, la normativa en cuestión tiende a proteger abusos y ello se encuentra en consonancia con lo asumido por los Estados que se han comprometido -para emplear la formulación de la Convención Americana- a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobe educación, ciencia y cultura.
Destaco pues lo dicho por Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E en los autos “Murillo, Rafael N. c/ SPM Sistema de Protección Médica S.A.” de agosto de 2005, donde conforme el dictamen de la Fiscalía General, se abordó el planteo desde los ejes que hoy se encuentran afectados en el fallo en crisis.
Así se dispuso que: “a) Los aumentos de cuotas, que constituyen un desequilibrio de las condiciones contractuales pactadas por las partes, podrían poner en inminente peligro no sólo el equilibrio contractual sino el derecho a la protección de la salud del actor; b) En un contrato de prestación de servicios médicos es esencial contar con el acuerdo de ambas partes para alterar los elementos esenciales de la relación jurídica (el precio de la prestación médica y las condiciones previstas para la prestación); c) Aplicación de la cláusula ́favor debitoris ́ (art. 3 y 37, ley 24.240 —Adla, LIII-D, 4125—); d) Necesidad de la demandada de demostrar que los aumentos de cuota han sido consensuados con el actor y que la demandada no ha demostrado que el actor tuviera conocimiento del Reglamento y que haya comprendido que significaba el aludido ‘cambio de categoría’».
Bajo este andamiaje normativo y de tutela especial, subyace la necesidad de preservar y garantizar la prestación del servicio de salud, lo que sin duda implica y justifica la medida cautelar solicitado.
Finalmente y en contraposición a lo planteado por la demandada es preciso aclarar que, la procedencia de la medida cautelar en ningún caso implicaría afirmar, en este estadio del proceso, que la acción fondal debiera prosperar. Asimismo y eventualmente el patrimonio de la empresa de medicina prepaga que pudiera verse afectado por la medida dispuesta se encuentra a resguardo, con la posibilidad de recuperar las sumas devengadas.
Distinto es el supuesto en que se encuentra el accionante, pues de no cesar inmediatamente los aumentos, se vería expuesto a una imposibilidad de afrontar los pagos lo que produciría una expulsión del sistema pre-pago de salud.
6. En pos de lo expuesto, esta Fiscalía propicia la confirmación de la resolución apelada rechazado el recurso de apelación interpuesto por la demandada.
7. Reserva de caso federal.
Para el caso de que se dicte una sentencia que afecte el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción y defensa en juicio de los consumidores, formulo planteo de cuestión federal y la reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía extraordinaria.
23.
8. Dejó así contestada la vista conferida.
Buenos Aires, mayo
de 2022.

 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

SALA D

1371/2022/CA1 FERNANDEZ, RAMON DANIEL C/ OMINT S.A. DE SERVICIOS C/ ORDINARIO.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2022.
1°) La empresa de medicina prepaga demandada apeló la

resolución de fs. 61/62 que admitió la medida cautelar solicitada en el capítulo IV de la presentación inicial (v. fs. 2/14) y, por tanto, dispuso que no se aplique el aumento adicional por edad a las cuotas que abona el señor Ramón Daniel Fernández.

Fundó esa apelación mediante memorial de fs. 73/79, respondido por el actor en fs. 129/133.

La señora Fiscal General ante esta Cámara de Apelaciones emitió dictamen en fs. 138/145.

2°) La Sala juzga que los fundamentos y conclusiones vertidas por la Representante del Ministerio Público en el dictamen que precede a esta decisión son suficientes para concluir por la desestimación de los agravios y la confirmación del pronunciamiento impugnado.

Ello es así, pues los hechos allí valorados como así también el derecho invocado se adecuan a las circunstancias de la causa y otorgan sustento idóneo a la solución del caso.

Por consiguiente, y atendiendo a elementales razones de brevedad discursiva, se dan por reproducidos los fundamentos expuestos en el dictamen que antecede y se hace propia la conclusión allí arribada.

Lo expuesto, máxime cuando lo decidido por el magistrado de grado y propiciado por la Fiscal General coincide con el temperamento adoptado por esta Sala en diversos precedentes sustancialmente análogos (1/7/2021, “Paoppi, María Eugenia c/ OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios s/ sumarísimo”; 26/3/2019, “Nuñez, Cynthia Gabriela c/ Swiss Medical S.A. s/ medida precautoria”; 27/2/2020, “Sabourin, Paula Daniel c/ Omint S.A. de Servicios s/ sumarísimo”).

Sólo cabe puntualizar que lo decidido implica, concretamente, que la cuota diferenciada -derivada del aumento anteriormente aplicado por variación en la franja etaria del afiliado- deberá cesar y pasará aquel automáticamente a pagar la cuota ordinaria correspondiente al plan respectivo.

Lo expuesto significa, en definitiva, que los aumentos posteriores en cuanto no respondan a la causal objeto de denuncia (rango etario) y hubieren sido autorizados, no se encuentran alcanzados por la medida precautoria.

En definitiva, y sin que implique adelantar opinión acerca de lo que en definitiva corresponda sentenciar, se advierte que los elementos aportados en esta etapa liminar del proceso habilitan a mantener, en los términos precedentemente aclarados, la medida cautelar decretada en la primera instancia.

3°) Sólo resta analizar el agravio relativo a la fijación de una caución juratoria.

Sin perjuicio de destacar que el reproche carece de fundamentación suficiente (v. capítulo II del memorial), pues no se han esgrimido razones idóneas que conduzcan a considerar errado lo decidido por el juez a quo en el particular caso que nos ocupa -en función del grado de verosimilitud derecho invocado, el peligro que ocasionaría el no otorgamiento de la medida y el fundamento legal de su

concesión-, y apenas se transcribieron diversos fallos que no corresponde a situaciones análogas, lo cierto es que, en la especie, la fijación de una contracautela real sería contradictoria con la finalidad que se procura (en similar sentido, esta Sala 8/4/2014, “Mazzello, Fanny y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ amparo”).

Consecuentemente, tampoco cabe modificar el pronunciamiento de grado en ese aspecto.

4°) Por ello, se RESUELVE:

Desestimar la apelación interpuesta por la demandada, con costas de alzada a esa recurrente vencida (conf. art. 68 del Código Procesal).

Notifíquese electrónicamente, cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13) y devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia

Gerardo G. Vassallo

Mariano E. Casanova Prosecretario de Cámara

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