El caso de sastre y el vestido de novia, incumplimiento de contrato
Hace más de un año, Andrea decidía encargar un vestido para el anhelado cumpleaños de 15 de su hija. Un encargo que se convertiría en un calvario de promesas incumplidas y desilusiones.
En su presentación en el Juzgado de Paz 1ra Circ. San Antonio Oeste, Andrea, sin asesoría legal, demandó a Mario (nombre cambiado) por daños y perjuicios. Alegaba que, a pesar de haber abonado puntualmente las cuotas acordadas, el vestido jamás llegó a manos de su hija, causando angustia y pesar en la celebración que debería haber sido memorable.
La pesadilla comenzó en abril de 2022, cuando Andrea contactó a la tienda El Plato Volador (nombre cambiado) propiedad de Mario, para encargar el vestido. Tras una serie de conversaciones vía WhatsApp, acordaron detalles, modelos, precios y formas de pago. Andrea realizó los pagos de las cuotas pactadas en abril y mayo de 2022.
El contrato de confección de vestido
Según el acuerdo, en noviembre de 2022 debía proporcionar las medidas de su hija para la confección del vestido, con fecha de entrega prevista para fines de diciembre del mismo año. Sin embargo, el vestido nunca llegó, y las promesas se convirtieron en evasivas y silencio en febrero de 2023.
Andrea, desesperada, inició reclamos, pero ante la falta de respuestas, presentó un reclamo administrativo y, finalmente, una demanda en el Juzgado de Paz.
La audiencia ante el juzgado de Paz de Río Negro
Tras la presentación, se fijó una audiencia para el 6 de noviembre de 2023. A pesar de estar debidamente notificadas, solo Andrea compareció. La ausencia injustificada de Bastet, según el artículo 806 del C.P.C.C, se interpretó como reconocimiento de la verdad de los hechos presentados por Andrea.
Sin embargo, más allá de la incomparecencia, el juez Giannina E. Olivieri evaluó la relación comercial entre las partes, concluyendo que Bastet incumplió con la entrega del vestido, vulnerando la Ley de Defensa del Consumidor.
La jueza resolvió condenar al sastre Mario al pago de $394.574,00 a Andrea, correspondiente al perjuicio sufrido y los intereses legales. Las costas fueron impuestas al demandado, y debido a la ausencia de representación profesional, no se reguló el pago de honorarios.
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