Qué hacer cuando la empresa no comparece al COPREC

Si la empresa falta a la audiencia y no lo justifica, el consumidor tiene derecho a que la empresa le pague un salario mínimo

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Una forma de solucionar conflictos en relaciones de consumo, compras y servicios cuando hay un consumidor y una empresa, es COPREC. Funciona como una conciliación. Cuáles son los pasos y qué pasa si la empresa no comparece a la audiencia.

Los pasos del COPREC y la incomparecencia de la empresa

En primer lugar, saber que las acciones ante el COPREC, con un mediador designado, son independendientes de una eventual acción civil y comercial. Es decir, es una instancia gratuita de conciliación y mediación independiente de otras acciones.

Si la empresa citada no comparece ante el COPREC, la ley dice esto:

“artículo 16. — Incomparecencia. Multa al proveedor o prestador. Otros efectos. El proveedor o prestador debidamente citado que no compareciera a una audiencia, tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles con posterioridad a la misma para justificar su incomparecencia ante el Conciliador. Si la inasistencia no fuera justificada, se dará por concluida la conciliación y el Conciliador dispondrá la aplicación de una multa equivalente al valor de un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil y emitirá la certificación de su imposición, la que deberá ser presentada al COPREC junto con el acta labrada y el instrumento en el que conste la notificación.”

La ley agrega que se destinará al consumidor o usuario un importe equivalente a la tercera parte de la multa percibida, siempre que tal importe no supere el valor de su reclamo. El saldo restante será destinado al Estado para financiar el sistema.

La Cámara Nacional Contencioso Administrativa y Federal confirmó una multa impuesta por el COPREC contra la empresa importadora de electrodomésticos, por no justificar su incomparecencia a una audiencia de conciliación solicitada por un consumidor.

El consumidor había adquirido un producto que se encontraba fallado y que no había obtenido respuestas por parte de la compañía. En concreto, por medio del Certificado Definitivo de Imposición de Multa, la directora del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) le impuso a la firma una multa equivalente al valor de un salario mínimo, vital y móvil.

La funcionaria tuvo en cuenta que la empresa había sido citada a una audiencia conciliatoria con motivo del iniciado por una consumidora ante el COPREC por presuntas infracciones a la ley 24240, publicó el sitio Erreius.

Dicho reclamo se refería al defectuoso funcionamiento de una heladera que había sido reparada en tres oportunidades por técnicos de la empresa y, aun así, volvía a dejar de funcionar.

Además, tuvo en cuenta que la firma había sido notificada electrónicamente de la citación y que, pese a ello, no se había presentado ni había justificado su ausencia dentro del plazo establecido a tal efecto en el artículo 16 de la ley 26993.

La firma interpuso el recurso de apelación pero los jueces confirmaron la multa. Abajo podés leer la normativa y la sentencia completa. Es un llamado al menos para que la empresa vaya y se siente a escuchar y negociar.

 

Anexo con normativa completa COPREC – multa por incomparecencia

Defensa del consumidor. Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo. Procedimiento de ejecución de las multas por incomparecencia injustificada. Modificación
Por Thomson Reuters En 9 marzo, 2017 · Añadir comentario · En Legislación
VISTO el Expediente Nº S01:0335001/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la Ley Nº 26.993, el Decreto N° 202 de fecha 11 de febrero de 2015 y la Resolución N° 480 de fecha 20 de octubre de 2015 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 26.993, por la cual se instituyó el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, se dispuso la creación de un Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) para los conflictos que se susciten entre consumidores y requeridos, de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 24.240 y cuyo monto no exceda el equivalente a CINCUENTA Y CINCO (55) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Que, en el Título I de la mencionada ley, se estableció que el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) resulta ser una etapa previa y obligatoria para el reclamo por eventuales daños y perjuicios, ante casos de incumplimiento del contrato o una violación a la ley, tanto en sede administrativa como en la judicial.

Que, por otro lado, y de acuerdo al Artículo 16 de la Ley Nº 26.993, el requerido debidamente citado que no comparezca a una audiencia de conciliación, tiene un plazo de CINCO (5) días hábiles, con posterioridad a la misma, para justificar su incomparecencia ante el Conciliador.

Que, si la inasistencia no es justificada, se da por concluida la conciliación y corresponde la aplicación de una multa equivalente al valor de UN (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Que la Ley N° 26.993 fue reglamentada por el Decreto N° 202 de fecha 11 de febrero de 2015, designándose a la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS como Autoridad de Aplicación respecto del Título I de la citada ley.

Que, asimismo, a través de la Resolución N° 480 de fecha 20 de octubre de 2015 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, se determinaron las condiciones en las que debían ser presentados los acuerdos conciliatorios para su homologación y se estableció el procedimiento para notificar el mismo, en caso que la Autoridad de Aplicación considere que el acuerdo arribado, entre el requerido y el consumidor, se ajusta a derecho e implica una justa composición del derecho y los intereses de las partes intervinientes, tal cual se establece en el Artículo 12 de la Ley Nº 26.993 y en el Artículo 12 del Anexo I del Decreto N° 202/15.

Que, en la mencionada resolución, y para los casos de incomparecencia injustificada del requerido a la audiencia de conciliación citada en el marco del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), se reguló el modelo correspondiente a los Certificados Provisorios y Definitivos de Imposición de Multa, previstos en los Artículos 16 de la Ley Nº 26.993 y 16 del Anexo I del Decreto N° 202/15, así como los mecanismos y modalidades para el pago de la multa por incomparecencia.

Que, asimismo, se estableció un procedimiento recursivo respecto de la intimación al pago del Certificado de Imposición de Multa definitivo, incorporando las previsiones del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991 para la vía recursiva, contradiciendo así las previsiones de la Ley Nº 26.993 que, en su Artículo 5º, establece que se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para todo lo no previsto, en términos procedimentales, en la ley.

Que, a mayor abundamiento, cabe considerar que la Ley N° 26.993 en su Artículo 16 y su decreto reglamentario, específicamente, prevé que las multas por incomparecencia injustificada, certificadas provisoriamente por el Conciliador y, definitivamente, por la Autoridad de Aplicación, serán ejecutadas directamente en los términos del inciso 2 del Artículo 500 del Código de rito referenciado.

Que, así las cosas, resulta pertinente readecuar el procedimiento de ejecución de las multas por incomparecencia injustificadas atendiendo a los criterios, estrictos y unívocos, que se han establecido en la Ley Nº 26.993 para dicha ejecución, basada en los principios de celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad y gratuidad, con la finalidad de tutelar al consumidor eficazmente ya que, de la multa por incomparecencia, se debe destinar al consumidor un importe equivalente a la tercera parte, siempre y cuando dicho monto no supere el valor del reclamo del mismo.

Que, con base en los argumentos esgrimidos, se estima necesario y pertinente derogar la Resolución N° 480/15 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, y establecer criterios para la implementación de la normativa que no contradigan las previsiones de la Ley Nº 26.993, compatibilizando las normas de menor jerarquía con la norma creadora del sistema.

Que, en tal sentido, corresponde aprobar el modelo de Certificado Provisorio que emitirá el Conciliador, en caso de incomparecencia del requerido a la audiencia conciliatoria debidamente notificada, y que no fuera justificada dentro de los CINCO (5) días posteriores a la misma; así como el modelo de Certificado Definitivo que emitirá la Autoridad de Aplicación.

Que, por último y en atención a la experiencia acumulada desde la implementación del Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), resulta pertinente y necesario determinar los requisitos que deberán cumplimentar los Conciliadores al momento de presentar, ante la Autoridad de Aplicación, las actas con y sin acuerdo conciliatorio, la documentación que hubiese acompañado el consumidor o el requerido; así como también los modos en los que deberán ser presentadas las facturas de honorarios, los certificados de imposición de multas y aquellos escritos o documentación por medio de los cuales deban —en su caso— subsanarse errores materiales.

Que la SECRETARÍA DE COMERCIO se encuentra facultada para el dictado de la presente resolución, en atención a las previsiones del Decreto N° 1 de fecha 4 de enero de 2016, por medio del cual se aprobó la transferencia de la misma y sus unidades organizativas dependientes, organismos descentralizados y desconcentrados a la órbita del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y en cuya Planilla Anexa al Artículo 5° se establece la estructura del Organismo y se determinan los objetivos de la SECRETARÍA DE COMERCIO y de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR dependiente de ésta, en lo relativo a la intervención, asesoramiento y supervisión respecto de la aplicación de la normativa protectora de los consumidores o usuarios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 26.993 y el Decreto N° 202/15.

Por ello, EL SECRETARIO DE COMERCIO RESUELVE:

Art. 1º — Establécese que las actas y toda otra documentación pertinente relacionada con la sustanciación de reclamos de consumidores y usuarios, en el marco del Título I de la Ley Nº 26.993, deberá ser presentada ante la Coordinación de Mesa de Entradas de la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN sita en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651, Planta Baja, Sector 2 y 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º — En los casos de acuerdo conciliatorio, se deberá presentar el acta de acuerdo, debidamente suscripta por las partes, así como, en su caso, los instrumentos que acrediten en legal forma la personería invocada por la o las requeridas, a efectos de su homologación. Si el acuerdo fuere observado, la Dirección Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN le notificará dicha circunstancia al conciliador, a través de su dirección de correo electrónico. En caso de homologación, la misma será notificada a las partes y al Conciliador al correo electrónico consignado o, en su defecto, al domicilio constituido.

Art. 3º — En los casos de instancias conciliatorias cerradas sin acuerdo, el conciliador deberá presentar todas las actas de audiencia, así como, de corresponder, los instrumentos que acrediten en legal forma la personería invocada por la o las requeridas. Asimismo, se deberá acompañar las copias de toda la documentación que el consumidor hubiese presentado al Conciliador en ocasión de las audiencias o, en su defecto, deberá dejar constancia en el acta si el consumidor no lo hubiese hecho.

Art. 4º — En los casos de audiencia cerrada por incomparecencia del requirente se deberán acompañar todas las actas, así como, en su caso, los instrumentos que acrediten en legal forma la personería invocada por la o las requeridas. Si la instancia se hubiese cerrado por desistimiento del consumidor, además, se presentará el escrito correspondiente.

Art. 5º — En caso de que correspondiere subsanar algún error material en las actas, certificados, facturas y/o documentación presentada por el conciliador, ya sea por iniciativa de éste o a requerimiento de algún sector de la Dirección Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, dicho conciliador deberá presentar un escrito referenciando el número de expediente y el objeto de la subsanación.

Art. 6º — En caso de que los honorarios de los Conciliadores de Consumo deban ser abonados por la Autoridad de Aplicación en los términos de los incisos a) y b) del Artículo 4° de la Resolución Conjunta N° 47 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y N° 41 de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de fecha 27 de marzo de 2015, la factura deberá confeccionarse a nombre del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, C.U.I.T. Nº 30-71081745-2, domiciliado en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Impuesto al Valor Agregado EXENTO. Asimismo, deberá contener la fecha de confección, número de expediente, los autos, la causa de cierre de la instancia conciliatoria y su monto.

Art. 7º — En caso de incomparecencia del requerido, el conciliador deberá emitir el Certificado de Imposición de Multa, cuyo modelo se aprueba y como Anexo I, IF-2016-00811438-APN-DNDC#MP, forma parte integrante de la presente resolución, y presentarlo junto con las actas labradas y la documentación del caso, para la prosecución del trámite, en la Coordinación de Mesa de Entradas.

Art. 8º — Emitido el Certificado Definitivo de Imposición de Multa, el cual se aprueba y como Anexo II, IF-2016-00811706-APN-DNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida, la Autoridad de Aplicación intimará al incompareciente al pago de la multa dispuesta por el término de DIEZ (10) días hábiles, haciendo referencia a las modalidades establecidas a ese efecto, previstas en el Artículo 9º de la presente resolución.

Art. 9º — La multa equivalente a UN (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil, que imponga la Autoridad de Aplicación, en concepto de incomparecencia injustificada de la parte requerida a audiencia conciliatoria del Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), será abonada mediante transferencia bancaria con base en el siguiente detalle:

a) Se destinará a la cuenta recaudadora FF 13 Nº 54631/91 “M.PROD.-5100/362-SSCI-RECAUD.FF 13”, radicada en la Sucursal Plaza de Mayo del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, C.B.U. N° 0110599520000054631911”, ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, C.U.I.T. Nº 30-54667611-7; o la que la reemplace en su oportunidad.
b) Se indicará en el campo “concepto”, “observaciones” u otro análogo, el número del o los expedientes por los cuales se abona el arancel.
c) Una vez realizada la transferencia, el requerido remitirá a la casilla multascoprec@mecon.gob.ar un correo electrónico, identificando el concepto de lo pagado y el o los números de los expedientes a los que aplica.
Art. 10. — La tercera parte de la multa impuesta por incomparecencia injustificada será transferida por la SECRETARÍA DE COMERCIO al consumidor o usuario a partir del mes siguiente al efectivo cobro de su importe total; y siempre que la referida tercera parte de la multa no supere el valor de su reclamo.

A los efectos del cobro, el consumidor podrá optar por:

a) Transferencia electrónica a su cuenta bancaria, en cuyo caso deberá presentar al conciliador la constancia de su Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) y de su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o su Clave Única de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o su Clave de Identificación (C.D.I.), según el caso.
b) A través de ventanilla del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, en cuyo caso deberá seleccionar una sucursal de dicha entidad financiera. El Conciliador informará la modalidad elegida por el consumidor y remitirá las constancias y la información correspondiente al presentar el acta de cierre en los términos del Artículo 4º de la presente resolución.
Art. 11. — La Dirección Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo notificará al consumidor el pago a su favor de la multa impuesta por incomparecencia injustificada del requerido, a través del correo electrónico oportunamente constituido.

Art. 12. — Facúltase a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor a verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente medida; a dictar las normas interpretativas y/o complementarias respectivas, de resultar necesarias, así como a realizar todas las acciones pertinentes para su fiel cumplimiento.

Art. 13. — Derógase la Resolución Nº 480 de fecha 20 de octubre de 2015 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 14. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Miguel Braun.

ANEXO I

CERTIFICADO DE IMPOSICIÓN DE MULTA (ARTÍCULO 16 DEL ANEXO I DEL DECRETO N° 202 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015) MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR SERVICIO DE CONCILIACIÓN PREVIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO

(COPREC) – LEY N° 26.993

Incompareciente:

Domicilio:

Expediente N°:

Fecha de la audiencia de la incomparecencia:

Fecha de la notificación de la audiencia:

Firma Conciliador/a- RENCCO- Ley N° 26.993 Hab. M.J. y D.H. N° MED:

N° de Certificado de Imposición de Multa:

IF-2016-00811438-APN-DNDC#MP

ANEXO II

CERTIFICADO DEFINITIVO DE IMPOSICIÓN DE MULTA

(ARTÍCULO 16 DEL ANEXO I DEL DECRETO N° 202 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015) MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR SERVICIO DE CONCILIACIÓN PREVIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO (COPREC) – LEY N° 26.993 BUENOS AIRES,

Por las constancias que obran en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se aplica a [ ] una multa de UN (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil por haber incurrido en incomparecencia injustificada a la audiencia señalada en el procedimiento de conciliación referido en el Certificado de Imposición de Multa N° [ ] extendido por el Conciliador/a- RENCCO- Ley N° 26.993 Hab. M.J. y D.H. N° MED [ ].

Se expide el presente de conformidad con lo establecido en los Artículos 16 de la Ley N°

26.993 y 16 del Anexo I del Decreto N° 202 de fecha 11 de febrero de 2015.

IF-2016-00811706-APN-DNDC#MP

 

Anexo con sentencia completa sobre imposición de multa por incomparecencia a la audiencia

 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2018.-

Y VISTOS, estos autos caratulados: “Electrolux Argentina S.A. c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 24.240 – art. 45”, y

CONSIDERANDO:

I.- Que, por medio del “Certificado Definitivo de Imposición de Multa”, emitido el 3 de abril de 2017, la Sra. Directora del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), le impuso a la firma actora una multa equivalente al valor de un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de La ley 26.993 y en el artículo 16, del Anexo I, del Decreto n° 202/2015. Ello, con fundamento en que la encartada no había comparecido a la audiencia fijada en el procedimiento de conciliación previa ni justificado su inasistencia con posterioridad, en los términos requeridos por las normas precedentemente referidas (fs. 16).

Para así resolver, la Sra. Directora del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo tuvo en cuenta que, según resultaba de las actuaciones, la empresa sancionada había sido citada a una audiencia conciliatoria fijada para el día 29 de abril de 2016 a las 7:30 hs., con motivo del Reclamo n° …, iniciado por la consumidora Señora Agustina Alcántara ante el COPREC por presuntas infracciones a la ley 24.240. Dicho reclamo se refería al defectuoso funcionamiento de una heladera marca Electrolux, que había sido reparada en tres oportunidades por técnicos de la empresa y, aún así, volvía a dejar de funcionar.

Valoró, además, que la firma denunciada había sido notificada electrónicamente de dicha citación y que, pese a ello, y según resultaba del Acta de Conciliación Prejudicial Obligatoria del 29/04/2016, suscripta por el Conciliador Dr. Luciano Federico Pereira (obrante a fs. 4/vta.), aquélla no se había presentado ni había justificado su inasistencia dentro del plazo establecido a tal efecto en el artículo 16 de la Ley nº 26.993.

Por tales razones, el Sr. Conciliador había expedido el “Certificado de Imposición de Multa” n° …, dando cuenta de dicha irregularidad (fs. 10). Por su parte, la Sra. Directora del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo había girado una Nota al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción, dejando constancia de que esa dependencia consideraba que se habían acreditado los presupuestos de admisibilidad para emitir el “Certificado Definitivo de Imposición de Multa”, aprobado en el Anexo II de la Resolución n° 480/2015 de la Secretaría de Comercio, reglamentaria de la Ley n° 26.993 (fs. 11).

A fs. 12/15 luce agregado el Dictamen nº 1058, emitido el 3/02/2017 por el Sr. Director de Asuntos Legales de Comercio del Ministerio de Producción, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7°, inciso d), de la Ley nº 19.549, en el que se concluyó que no había observaciones que realizar a la prosecución del trámite.

II.- Que, contra lo así resuelto, la firma actora interpuso el recurso de apelación agregado a fs. 25/28, en los términos del artículo 60 de la Ley nº 26.993, que fue replicado a fs. 47/53.

En sus articulaciones defensivas, la actora plantea, en primer término, que el artículo 63 segundo párrafo de la Ley 26.993 (erróneamente señalado como art. 68 en la citada pieza), en cuanto establece como requisito de admisibilidad del recurso el “pago previo” de la multa que se le impone, resultaría inconstitucional. Subsidiariamente, acompaña constancia de depósito del monto de la multa recurrida (cfr. fs. 37).

En cuanto al fondo de la cuestión, sostiene que el acto administrativo dictado por el COPREC resultaría nulo de nulidad absoluta, habida cuenta de que sólo estaría fundado en el acta de certificación emitida por el conciliador actuante. En ese sentido, considera que se han desconocido las razones invocadas por su parte, y que justificarían su inasistencia a la audiencia, lo cual -entiende- se traduciría en una vulneración de su derecho de defensa.

Al respecto, pone de resalto que su parte se ocupó de notificar, al Conciliador, que no podría asistir a la audiencia. Relata que lo hizo el mismo día de la audiencia, vía correo electrónico (adjunta impresión del correo a fs. 35), y que el conciliador anotició a la firma del cierre o conclusión del reclamo (en la etapa conciliatoria), puesto que la consumidora denunciante tampoco había acudido al encuentro. En tal sentido, sostiene que su parte dio cumplimiento en tiempo y forma con la justificación de la inasistencia, tal como lo impone la ley.

Alega, por otra parte, que fue el conciliador quien omitió elevar, a la autoridad administrativa, la copia o impresión del correo electrónico; y, por ello, solicita que se determine la validez de la justificación de la incomparecencia.

Por otra parte, manifiesta que, en cuanto a la cuestión de fondo, su parte había dado una respuesta a la consumidora -incluso antes de que se llevara a cabo la audiencia-, lo cual quedaría demostrado con la ausencia de la consumidora en el encuentro y su abandono del trámite de denuncia. Asimismo, sostiene que la denunciante no tuvo ningún tipo de perjuicio por la ausencia de su parte a la conciliación. También aduce que no existió de su parte conducta alguna que haya configurado una violación a los preceptos de la Ley nº 24.240, y mucho menos algún tipo de daño o perjuicio que se hubiera ocasionado a la usuaria de manera indirecta.

Por tales razones, solicita que sea revocada la sanción impuesta en estos actuados.

III.- Que, a fs. 47/53, el Estado Nacional – Ministerio de Producción- contestó el traslado conferido respecto del recurso de apelación deducido en autos, y solicitó el rechazo del recurso, con costas.

A fs. 56/57 el Señor Fiscal Coadyuvante de la Fiscalía General en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal emitió el dictamen correspondiente. En dicha pieza, por un lado, se expidió favorablemente respecto de la competencia de esta Sala para conocer en autos (cfr. considerando 2º). Por otra parte, y en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado -relativo al “pago previo”-, entendió que la recurrente se limitó a efectuar apreciaciones genéricas sobre la misma, sin demostrar que el cumplimiento de la exigencia de pago previo pudiese frustrar su acceso a la revisión judicial del acto impugnado; por tal motivo, opinó que debía rechazarse el mencionado planteo (cfr. considerando 3º). Finalmente, consideró que la acción resultaba formalmente admisible, teniendo en cuenta a tal efecto que había sido deducida dentro del plazo establecido por la norma aplicable (cfr. considerando 4º), y puso de relieve que la recurrente ha cumplido con el depósito previo de la multa, tal como lo exige la norma vigente (ver considerando 4º in fine).

IV.- Que, en forma preliminar, debo recordar que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso, y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S.J.N., en Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).

V.- Que, sentado lo expuesto, corresponde hacer una breve reseña de la normativa que corresponde aplicar al caso bajo examen.

En tal sentido, en el análisis de los hechos referenciados, no debe soslayarse que el derecho del consumidor es un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos que tiene por finalidad, por un lado, garantizar a aquél una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios y, por el otro, preservar la lealtad en las relaciones comerciales (conf. esta Sala, in rebus “Gómez, Carlos Alberto c/ DNCI s/ Recurso Directo – Ley 22.802 – Art. 22”, causa n° 46.730/13, sent. del 6/11/2014; y, “COTO Centro Integral de Comercialización S.A. c/ D.N.C.I. s/ Lealtad Comercial-Ley 22.802 -art. 22”, causa nº 68.816/15, sent. del 25/08/2016, entre tantos otros).

Es así que, ante la necesidad de suplir las denominadas “fallas de mercado” -entre ellas, la falta de información, también conocida como “información imperfecta” o “información asimétrica”-, el Estado interviene en la actividad económica, estableciendo -al efecto- ciertas “reglas de juego”, que se encuentran plasmadas en distintas normas de orden público.

En tal sentido, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece, en lo que aquí respecta, que: “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digna. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados…”.

La norma constitucional es desarrollada y complementada por un conjunto de disposiciones legales que conforman un auténtico estatuto del consumidor. Merecen destacarse, entre ellas, la Ley de Defensa del Consumidor -Nº 24.240- y la Ley de Lealtad Comercial -Nº 22.802- (ver Wajntraub, Javier H., “Protección Jurídica del Consumidor”, Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2004, páginas 43/45; argumento del artículo 3° de la ley 24.240), la que, junto con las normas complementarias dictadas al efecto, conforman un plexo normativo por medio del cual el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre comerciantes y consumidores o usuarios -afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana-, así como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí (conf. esta Sala, in re: “Wal Mart Argentina S.R.L. c/ D.N.C.I. s/ Lealtad Comercial – Ley 22.802 – art. 22”, Expte. nº 64.370/2014, sent. del 24/09/2015, y sus citas).

En este contexto, mediante Ley nº 26.993, se creó el Servicio de Conciliación Previa en Relaciones de Consumo -COPREC- (art. 1º). El artículo 16 de la mencionada ley prevé -en lo que aquí importa- que, ante la incomparecencia del proveedor o prestador debidamente citado a la audiencia de conciliación, el mismo tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles con posterioridad a la misma para justificar su incomparecencia ante el Conciliador. Prosigue el artículo que, si la inasistencia no fuera justificada, se dará por concluida la conciliación y el Conciliador dispondrá la aplicación de una multa equivalente al valor de un (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil y emitirá la certificación de su imposición, la que deberá ser presentada al COPREC junto con el acta labrada y el instrumento en el que conste la notificación.

VI.- Que, efectuada la reseña de las normas involucradas en autos, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios traídos a conocimiento de esta Sala.

De la lectura de la normas transcriptas y de las constancias obrantes en la causa resulta que el Sr. Conciliador notificó debidamente a la firma denunciada de la fecha y lugar donde se realizaría la audiencia de conciliación previa (cfr. fs. 3), el día señalado para la audiencia labró el “Acta de Conciliación Prejudicial Obligatoria” dando cuenta de la ausencia del denunciado (cfr. fs. 4/vta), y emitió el “Certificado de Imposición de Multa” (cfr. fs. 10), elementos que sirvieron de base para la posterior emisión del “Certificado Definitivo de Imposición de Multa” por parte de la Directora del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (cfr. fs. 16), previo dictamen jurídico emitido por el Sr. Director de Asuntos Legales de Comercio del Ministerio de Producción (cfr. 12/15).

Ante tales circunstancias, los agravios de la recurrente no resultan atendibles. Liminarmente, cabe advertir que no se controvierte el hecho de que se la haya reportado como “ausente” en la audiencia del 29 de abril de 2016. Ahora bien, la recurrente sostiene que justificó su inasistencia mediante el envío de un correo electrónico al Conciliador. Sin embargo, el aviso -por la vía indicada- expresando el motivo por el cual no comparecía a la audiencia, dista de lucir como una justificación válida, más allá de que ha sido negado por la Administración expresamente a fs. 51 y el resto del sentido de la pieza de fs. 47/53, lo cual no luce refutado verosímilmente.

En efecto, a tal fin, y si se pretendía exonerar del deber de asistencia a la audiencia concretamente fijada con motivo del Reclamo n° …, bajo la invocación de haberse enviado al letrado de la firma a otra audiencia, lo primero que se observa es que tampoco se acompañó constancia alguna para abonar esa alegación (v.gr., documento o acta de la otra audiencia a la que habría asistido el mismo día y horario); nótese que de haberse tenido agendada otra audiencia, un obrar diligente hubiera conducido a explicar con la razonable antelación, el hecho de la superposición horaria (del correo de fs. 35 se lee que el mensaje habría sido enviado varias horas después de producida la audiencia en cuestión). En todo caso, tampoco se explica por qué la recurrente no puso en juego los recursos razonables y conducentes, en el marco de su deber de diligencia, para que asistiera otro representante, dado que las afirmaciones vertidas en la apelación llevan a inferir que la recurrente cuenta con una sola persona para asistirla en estos encuentros.

Asimismo, y tal como señala el Ministerio de Producción al contestar el traslado del recurso, lo cierto es que, la recurrente se limitó a invocar el texto de un correo electrónico del cual nada hace pensar que sea verídico y del que dice haber recibido una respuesta, de la que no tiene constancia alguna, como así también que aceptó el cierre de la conciliación sin haber solicitado siquiera un comprobante. Ello, a modo de evitar las consecuencias derivadas de la inasistencia y hacerse de cualquier otra prueba disponible a efectos de demostrar que su parte había cumplido con el recaudo previsto por el art. 16 de la Ley nº 26.993. Asimismo, la demandada recuerda el conocido principio jurídico, según el cual quien alega un hecho, debe probarlo.

Por todo ello, y en la medida en que el apelante no aportó elementos que acrediten sus dichos, cabe estar a lo dispuesto en el Certificado de Imposición de Multa de fs. 10, así como también en el Certificado Definitivo de Imposición de Multa obrante a fs. 16.

VII.- Que, por otra parte, corresponde destacar que, en la especie, se trata de infracciones formales, donde la verificación de los hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor, sin requerir la presencia del elemento subjetivo o el evento dañoso para su configuración, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley (conf. esta Sala -en anterior integración-, in re: “Bodegas Chandon S.A. c/ D.N.C.I.”, del 4/03/2004, Sala III, in re, “Lamaga S.R.L.”, del 10/04/2008; así como también esta Sala in re “Alleloccic S.A. – R.Q.U. c/ SAGPyA -resol 148/08 -expte. 800:3575/01” del 12/03/2012, así como también Sala V, in re: “Crivel S.R.L. c/DNCI Disp. 744/08 -Expte. 01:463113/07-”, del 3/07/2010).

Solamente se requiere la inobservancia de lo prescripto por la ley, por ello, su apreciación es objetiva y se configura por la simple omisión; que basta por sí misma para tener por verificada la infracción. Al respecto, en el artículo 16 de la Ley 26.993, cuya violación se le reprocha al recurrente, expresamente se establece que: “…el proveedor o prestador del servicio debidamente citado que no compareciera a la audiencia, tendrá un plazo de (5) días hábiles con posterioridad a la misma para justificar su incomparecencia ante el Conciliador. Si la inasistencia no fuera justificada, se dará por concluida la conciliación y el Conciliador dispondrá la aplicación de una multa equivalente a un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil y emitirá la certificación de su imposición, la que deberá ser presentada al COPREC junto con el acta labrada y el instrumento en el que conste la notificación”. Asimismo, en el artículo 16, del Anexo I, del Decreto n° 202/2015 se dispone que: “…la autoridad competente específica del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) deberá controlar la documentación presentada, verificar que del instrumento surja inequívocamente la fehaciente notificación y, previo dictamen jurídico, emitir el certificado definitivo e intimar el pago a la parte incompareciente en el domicilio que conste en el instrumento de notificación”.

VIII.- Que, finalmente, con relación al planteo de inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley 26.993, modificatorio del artículo 45 de la Ley 24.240, atinente al pago previo de la multa -que mereció el dictamen del Sr. Fiscal General a fs. 56/57, en especial acápite 3.-, en atención al modo en que se resuelve y según la idéntica solución seguida en casos sustancialmente análogos, cabe deducir que ha devenido inoficioso expedirse sobre la cuestión.

IX.- Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, cabe señalar que las circunstancias de la causa permiten considerar razonable y adecuada la medida adoptada respecto de la falta de justificación de la inasistencia a la audiencia conciliatoria por parte de la firma Electrolux Argentina S.A., por lo que se confirma la sanción aplicada, con costas a la vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.), atento a que no se advierten razones que justifiquen apartarse del principio general en la materia.

X.- Que en atención a la naturaleza, resultado y monto del litigio; considerando el mérito, calidad, eficacia y extensión de las tareas desarrolladas en el marco del recurso tramitado, corresponde regular en la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) los honorarios de la Dra. VERÓNICA LAURA TREVIÑO, por su actuación en el carácter de letrada apoderada del Estado Nacional, y en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) los emolumentos del Dr. CHRISTIAN ALEX PRANTEDA por su actuación como letrado patrocinante del Estado Nacional (arts. 6, 7, 9, 14, 19 y ccdtes. de la Ley nº 21.839, modificada por la Ley 24.432).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio – Lobos Rafael Marcelo -c/ Colegio Públ. de Abog.” del 16 de julio de 1996).

Para el caso de que los profesionales no hayan denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de notificada la presente (art. 49 de la Ley de Arancel).

En caso de incumplimiento, la acreedora queda facultada para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la mesa de asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados los interesados no impulsan el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se remitirán a la instancia de origen sin más trámite.

Por ello, oído el Sr. Fiscal General ante esta Cámara de Apelaciones, y en mérito a las razones expuestas precedentemente, el Tribunal RESUELVE: 1º) Desestimar el recurso interpuesto por la firma Electrolux Argentina S.A. y, en consecuencia, confirmar la sanción impuesta mediante el “Certificado Definitivo de Imposición de Multa” referido al “Certificado de Imposición de Multa” nº …, considerándose inoficioso un pronunciamiento respecto de la validez constitucional del pago previo; 2º) Imponer las costas a la vencida (artículo 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.); y 3º) Fijar los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con la estimación efectuada en el considerando X.-.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

4 Comentarios
  1. carlos dice

    hace 2 años recibi un mail del COPREC diciendo que la empresa habia pagado la multa , me pidieron CBU para pagarme el tercio de la multa , hasta la fecha no me pagaron nada , hables con quien hables en el coprec nadie sabe nada,presente notas prontos despachos , mail y NADA

    1. Cara dice

      Me pasó exactamente lo mismo pero hace dos años. Todavía nada. Es una vergüenza.

  2. Cara dice

    Y lo otro es que no te pagan el total de la multa aplicada al demandado sino que sólo un tercio.

  3. Carlos dice

    siguen sin pagar son unos sinverguenzas , llamas y nadie te atiende y si mandas un mail te responden siempre lo mismo ,

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