Nueva ley de México sobre derechos de los niñas y niñas prohíbe los castigos físicos

Texto completo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora deberá aprobarla la cámara de diputados mexicana, y se veda cualquier forma de sanción corporal.

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Una reforma a la ley general que concede los derechos del niño en México pasa a prohibir cualquier tipo de castigo o “correctivo” físico.

Desde ahora, los progenitores tendrán expresamente vedada la posibilidad de recurrir a medidas disciplinarias que impliquen un golpe o sanción física a un niño o niña, menores de edad.

En concreto, si la norma se aprueba en Diputados, lo que es esperable, la ley dispondrá: “Queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes”.

A su vez, quienes tengan la patria potestad, tutela, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán brindar las condiciones suficientes para su sano desarrollo.

La norma, aprobada por unanimidad por el Senado mexicano, pasará a conformar la ley general de derechos del niño, niña y adolescente (ver texto completo abajo) en caso de que la cámara de diputados de México la apruebe, lo que es esperable.

 

Fundamentos y prohibición de castigo físico

Como fundamento puede citarse que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares.

Además, uno de cada 15 niños y niñas ha recibido alguna forma de castigo físico severo: jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes, como método de disciplina.

En Argentina, esta prohibido esa modalidad de “educación” desde la sanción del nuevo código civil y comercial, que tuvo lugar en el año 2015. Distintas legislaciones continenen previsiones similares.

 

 

Dictamen completo con fundamentos sobre la prohibición de castigos físicos a niños

Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia;
y de Estudios Legislativos, Segunda
Dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios
Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y DE LA ADOLESCENCIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA,
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
HONORABLE ASAMBLEA
A las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de
Estudios Legislativos, Segunda, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIV
Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Senadora Nestora
Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, el día 09 de abril de
2019.
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135,
136, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de
la República, así como en el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que
se constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la
LXIV Legislatura” aprobado por el pleno del Senado el martes 25 de septiembre del
2018, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen
en sentido positivo, con base en la siguiente:
METODOLOGÍA
Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de
decreto que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al
procedimiento que a continuación se describe.
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l/f!fiii/’~1;. Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia;
y de Estudios Legislativos, Segunda
Dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios
Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite
legislativo dado a la Iniciativa objeto del presente dictamen.
11. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se hace una
breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.
111. En la parte de “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de las
Comisiones Unidas expresan los razonamientos y argumentos con los cuales
se sustenta el sentido del dictamen.
IV. En la parte de “CONCLUSIONES”, las codictaminadoras expresan el sentido
del dictamen de manera precisa.
l. ANTECEDENTES
l. Con fecha 09 de abril de 2019 la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en estudio a
las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de
Estudios Legislativos, Segunda, de la Honorable Cámara de Senadores de la LXIV
Legislatura, para su análisis y dictamen.
2. Con fecha 10 de abril de 2019 las codictaminadoras recibieron el turno
correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
En la parte sustantiva de la exposición de motivos la iniciativa en estudio plantea lo
siguiente:
Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes también están previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales y en las demás leyes aplicables. Tal y como lo establece el artículo
4° Constitucional, “en todos las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
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y de Estudios Legislativos, Segunda
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de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios
Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos.
Este principio aunado con los principios rectores en materia de la niñez deberá guiar
el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de la políticas públicas dirigidas a las
niñas, los niños y las personas adolescentes”, no obstante resulta importante
puntualizar que lo establecido en el artículo 1 o Constitucional, en un sentido amplio
respecto a la reforma de derechos humanos, es complementario del artículo 4° y
por tanto, ofrece en efecto una concepción integral de los derechos humanos de la
niñez y la adolescencia, y su reconocimiento a partir de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Por ello, el Estado está obligado a erradicar la discriminación que enfrenta la niñez,
cualquiera que sea el motivo o índole, y en función de los principios rectores que
requiere la implementación de todas las prioridades indispensables para
garantizarles el libre desarrollo de su personalidad hacia la realización de su proyecto
de vida, derivado del goce de los derechos de provisión, promoción, protección,
prevención y participación en los que se sustenta de manera vanguardista la
Convención sobre los Derechos de la Niñez.
En México, únicamente la Ciudad de México, Zacatecas y Chiapas prohíben
específicamente el castigo corporal en sus leyes, mientras que Guanajuato y Chiapas
lo prohíben en sus códigos penales. En tanto, los códigos penales de 14 entidades
contemplan excusas para lesionar a los descendientes: ya sea porque el agresor
estaba invadido de una “emoción violenta”, porque no lo hizo con dolo, o porque
ejerció su “derecho a corregirlo”. El resto solo dicta que los padres y tutores deben
evitar las conductas violentas, igual que la ley general obliga a que quienes tengan
trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de
violencia en su contra, en particular el castigo corporal.
Con base en diferentes estudios y estadísticas proporcionadas por instituciones
nacionales e internacionales se esclarece la magnitud del problema.
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y de Estudios Legislativos, Segunda
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Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
UNICEF hace un llamado a los gobiernos para:
l. Asegurar la prohibición total del castigo físico en todos los ámbitos.
2. Apoyar la implementación de programas y políticas multi-sectoriales para
promover una crianza positiva.
3. Promover normas, valores y mecanismos comunitarios que apoyan una crianza
sin violencia.
4. Generar datos y evidencia para informar las políticas y medir el progreso hacia la
eliminación de la disciplina violenta.
Resulta oportuno recordar que el Representante en México de UNICEF, Christian
Skoog, ha señalado que en México la Ley Genera de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, marcó un hito en materia de derechos de la infancia; sin embargo, no
prohíbe explícitamente el castigo corporal. Por ello, es necesario prohibir la violencia
para garantizar un ambiente seguro de desarrollo a la niñez.
Al respecto, cabe destacar que el castigo corporal y otras formas humillantes de
castigo son todavía usadas como medios de disciplina. En México al menos 6 de
cada 10 niñas, niños y adolescentes, de entre 1 y 14 años, ha experimentado algún
método de disciplina violenta.
Adicionalmente, en el marco del Día de la lucha contra el maltrato infantil (25 de
abril), representantes de varios países de la región se reunieron para discutir sobre
la eliminación total del castigo corporal en todos los niveles, pues este método sigue
siendo considerado dentro de la cultura latina como necesario para la educación. En
la reunión concluyeron que América Latina es la región más violenta para niñas,
niños y adolescentes, donde ocurre hasta 40% de los homicidios de menores de 18
años a nivel mundial, principalmente en Brasil, México, Venezuela y Colombia.
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y de Estudios Legislativos, Segunda
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Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El documento final de la Reunión Internacional señaló que el castigo corporal es un
fenómeno generalizado en la región con impacto directo en dimensiones como el
físico, médico, psicológico y emocional, que afecta a 176 millones de niñas, niños y
adolescentes, quienes a su vez lo replican en su cotidianidad”.
Según un reciente análisis realizado por UNICEF, sobre datos oficiales de 17 países
de la región, las niñas y niños expuestos a castigo corporal severo tienen 2,4 veces
menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado en la primera infancia,
mientras que la exposición a la disciplina violenta aumenta 1,6 veces el riesgo de
que una niña o un niño muestre comportamientos agresivos hacia otros niños o
adultos. Asimismo, en América Latina y el Caribe 2 de cada 3 niñas y niños menores
de 5 años son víctimas de distintas formas de violencia en su hogar.
Por estas razones, la iniciativa tiene el objetivo de atender las recomendaciones de
los organismos internaciones a fin de prohibir el castigo corporal en la legislación
mexicana, toda vez que constituye un trato cruel, inhumano o trato degradante.
Motivo por el cual, se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir expresamente
el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como método correctivo o
disciplinario a niñas, niños o adolescentes.
La propuesta concreta es la siguiente:
TEXTO VIGENTE PROPUESTA
Artículo 44. Corresponde a quienes Artículo 44 . …
ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y
adolescentes, la obligación primordial
de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las
condiciones de vida suficientes para su
sano desarrollo. Las autoridades
federales, de las entidades federativas,
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de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios
Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus respectivas
competencias, coadyuvarán a dicho fin
mediante la adopción de las medidas
apropiadas.
(Sin correlativo) Queda prohibido el uso del castigo
corporal en todos los ámbitos,
como método correctivo o
disciplinario a niñas, niños o
adolescentes.
III. CONSIDERACIONES
PRIMERA. Las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez; y de la Adolescencia
y de Estudios Legislativos, Segunda, son competentes para emitir el ·dictamen
correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, presentada por la Senadora Nestora Salgado García, del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, el día 09 de abril de 2019.
SEGUNDA. A fin de ahondar sobre el análisis de la iniciativa en estudio, previo a la
elaboración un de juicio de valor, resulta fundamental destacar lo que las leyes en
análisis prevén actualmente:
Nuestra Constitución establece, en su artículo 4°:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
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y de Estudios Legislativos, Segunda
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Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez. ·
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3°, párrafo 2°, menciona:
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
El Poder Judicial de la Federación se ha manifestado al respecto mediante la tesis
jurisprudencia! 2011387 de la Primera Sala de la SON, la cual establece:
Un derecho primordial de los menores radica en no ser separado de
sus padres, a menos de que sea necesario en pras de proteger su
interés superior. Este derecho se encuentra directamente
relacionado con la patria potestad, ya que si bien ésta se
encomienda a los padres, ello es en beneficio de los hijos, ya que
se dirige a protegerlos, educarlos y formarlos integralmente; así,
aunque para dar cumplimiento a la función que se les encomienda
a través de la patria potestad, tienen el derecho de corregir a sus
hijos, esa corrección debe ser en un ámbito de respeto a su
dignidad; de ahí que la patria potestad no puede utilizarse como
estandarte para ejercer actos de violencia sobre los hijos, pues ésta,
en cualquiera de sus clases, no se justifica como una forma de
educación o formación. Al respecto, el Comité de los Derechos del
Niño de la Organización de las Naciones Unidas, desde la
Observación General No. 1, relativa al tema “Propósitos de la
educación”, señaló que el castigo corporal es incompatible con la
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proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
educación, pues ésta debe impartirse de tal forma que se respete
la dignidad intrínseca del niño y se permita expresar su opinión
libremente, insistiendo en la necesidad de prohibir todas las formas
de violencia por leves que sean; además, definió en la Observación
General No. 8 el castigo corporal o físico como todo castigo en el
que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto
grado de dolor o malestar, por leve que sea, indicando que hay
otras formas de castigo que no son físicas, pero igualmente crueles
o degradantes, e incompatibles con la Convención sobre los
Derechos del Niño -como los castigos en los que se menosprecia,
humilla, denigra, convierte en chivo expiatorio, amenaza, asusta o
ridiculiza al niño-. En atención a lo anterior, cualquier maltrato
físico, por leve que sea y que tenga por objeto causar cierto grado
de dolor o malestar, así como que busque menospreciar, humillar,
denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor, es incompatible
con su dignidad y respeto; no obstante, es importante destacar que
cuando el Comité rechazó. toda justificación de violencia y
humillación como formas de castigos a los niños, no rechazó el
concepto positivo de disciplina, pues incluso reconoció que la
crianza y el cuidado de los menores, especialmente de los lactantes
y niños pequeños, exigen acciones e intervenciones físicas para
protegerlos, pero aclaró que ello es totalmente distinto al uso
deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles cierto grado de
dolor, molestia y humillación. Además, destacó que no incumbe a
dicha Convención prescribir detalladamente de qué manera los
padres deben relacionarse u orientar a sus hijos; sin embargo, sí
ofrece un marco de principios que sirve de guía para las relaciones
dentro de la familia, porque los niños aprenden lo que hacen los
adultos, no sólo de lo que dicen, por ejemplo, cuando los adultos
con los que están estrechamente relacionados utilizan violencia y
humillación en sus relaciones con los menores, no sólo demuestran
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los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
una falta de respeto por los derechos humanos, sino que además
transmiten un mensaje poderoso y peligroso en el sentido de que
son medios legítimos para procurar resolver conflictos o cambiar
comportamientos.
Finalmente, la misma Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, establece en su artículo 105:
Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo
necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley
y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento
a las obligaciones siguientes:
IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se
abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en
particular el castigo corporal.
TERCERA. La UNICEF estimó, en su informe anual 2017, que:
• 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han
experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares.
• 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna agresión psicológica
por un algún miembro de su familia.
• 1 de cada 15 niños y niñas ha recibido alguna forma de castigo físico severo
(jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes) como método de
disciplina.
• La escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10
agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años; mientras
que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la
violencia.
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y de Estudios Legislativos, Segunda
Dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios
Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años ha sufrido
algún tipo de agresión en el hogar. Las niñas y adolescentes son las más
afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agre’sión en sus hogares.
CUARTA. Estas Comisiones Unidas son conscientes de que es una prioridad velar
por el desarrollo integral de la niñez, y realizar las adecuaciones legislativas
necesarias encaminadas a garantizar dicho objetivo, así como cumplir con los
compromisos internacionales y nacionales a favor de las y los niños.
IV. CONCLUSIONES
La Convención sobre los Derechos del Niño, como instrumento jurídico y social es
un hito en la historia universal y nacional de la niñez y la adolescencia. Marca una
verdadera ruptura que dio origen a variados esfuerzos que se orientan a dar vigencia
y aplicación real de derechos.
Destaca la formulación del artículo tercero de la Convención, el cual proyecta el
“interés superior del niño” hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y
judicial. Esto significa que la satisfacción de los derechos del niño y la niña no puede
quedar limitada ni desmedrada por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el
interés colectivo.
Cuando la Convención señala que el interés superior del niño será una consideración
primordial para la toma de decisiones que le afecten, sugiere que el interés del niño
y la niña, sus derechos, no son asimilables al interés colectivo; por el contrario,
reconoce que los derechos de los niños y niñas se deben ponderar de un modo
prioritario.
La interpretación del precepto lleva a entender que, en todas las decisiones, los
derechos de los niños y niñas deben primar sobre otros intereses de terceros.
En síntesis, los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos, de ahí la
impostergable tarea de que el Estado haya reconocido jurídicamente el pleno respeto
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y de Estudios Legislativos, Segunda
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de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios
Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
a su dignidad e integridad física como cualquier otra persona. El amor, el respeto y
la disciplina son las herramientas más adecuadas para educar a los hijos e hijas.
Es claro que la ley tiene un objeto más allá de la punición; es un esfuerzo por
modificar las representaciones sociales de la niñez y la adolescencia, en las prácticas
sociales cotidianas, atendiendo a su cuidado. Para ello, la explícita prohibición legal
es fundamental.
Tolerar el uso del castigo corporal como método de disciplina de las niñas, niños y
adolescentes ·es una forma de violencia contra la niñez que vulnera su dignidad y
por ende sus derechos. Los legisladores tenemos la obligación de asegurar una
protección especial a las niñas, niños y adolescentes contra el uso del castigo
corporal en todos los entornos (familia, escuela, instituciones públicas y privadas,
centros de detención y las comunidades).
El deber de protección que tiene el Estado respecto de los derechos del niño exige
la adopción de medidas legislativas que prohíban en forma explícita el castigo
corporal contra la niñez y adolescencia en el hogar, en la escuela y en las
instituciones responsables de su cuidado, convirtiendo a nuestro país en una región
libre de castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes y fomentando una cultura
de respeto y educación sin violencia.
Por lo anteriormente razonado, las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez
y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, someten a consideración
de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
11
~\’. I.A k.f?
l/(!jif~:~ Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia;
<¡-,:~–“:.,… y de Estudios Legislativos, Segunda lF.G \. ~~
Artículo 44 . …
Dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios
Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como
método correctivo o disciplinario a niñas, niños o adolescentes.
TRANSITORIOS
ÚNICO. – El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Así se acordó y votó en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de los Derechos
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la
Honorable Cámara de Senadores, de la LXIV Legislatura, realizada en el Senado de
la República, a los 11 días del mes de septiembre de 2019.
12
COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV LEGISLATURA
~ .§ 16 DE OCTUBRE DE 2019.

(siguen firmas)

Para ver el dictamen completo con los fundamentos: dictamen méxico prohibición de castigos físicos

 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

DECRETO por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme
el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO
Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
*Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.
16 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 23 de junio de 2017.
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 1, fracción IV; 2, cuarto
y quinto párrafos; 3, primer párrafo; 8; 10, segundo párrafo; 13, segundo párrafo; 14, segundo párrafo; 19, segundo párrafo; 22, cuarto
párrafo; 24, primer párrafo; 25, cuarto párrafo; 30, fracción V, 37, primer párrafo; 40, primer párrafo; 42; 44; 47, primer párrafo; 48, primer
párrafo; 50, primer párrafo; 51; 52; 54, primer y tercer párrafos; 55,
primer párrafo; 57, tercer párrafo; 59, segundo párrafo; 61; 62, primer
párrafo; 63, segundo párrafo; 64, primer párrafo; 65, primer párrafo;
66; 72; 79; 83, primer párrafo; 84, primer párrafo; 86, primer párrafo;
102; 106, segundo párrafo; 107; 114, primer párrafo; 120, fracciones
II y V; 124, tercer párrafo; 125, segundo párrafo, fracciones IX y X; 126;
127, apartado B, fracción II y el penúltimo párrafo; 137, segundo párrafo; 139, segundo y tercer párrafos, y 141.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 26 de enero de 2018
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 57.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 9 de marzo de 2018

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 149, segundo párrafo,
y 151, fracción III; y se adicionan el artículo 69 Bis, y una fracción VII
Bis al artículo 148.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 20 de junio de 2018
Artículo Único.- Se reforma la fracción XX del artículo 13; se adiciona un Capítulo Vigésimo denominado “Derecho de Acceso a las
Tecnologías de la Información y Comunicación” al Título Segundo que
comprende los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
17
Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
TÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 1.
La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en
los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que
el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la
protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;
IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas,
niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la
actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y
18 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
V. Establecer las bases generales para la participación de
los sectores privado y social en las acciones tendentes a
garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.
Artículo 2.
Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas,
de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley.
Para tal efecto, deberán:
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y
evaluación de la implementación de políticas, programas
gubernamentales, legislación y compromisos derivados
de tratados internacionales en la materia.
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que
involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva
este principio rector.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus
garantías procesales.
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de
los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 19
México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus
proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar
cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos
locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar
cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.
Artículo 3.
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto
de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como
para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés
superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y
presupuestales.
Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física,
psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas,
niños y adolescentes.
Artículo 4.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de
políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa
y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva
entre niñas, niños y adolescentes;
II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de
asistencia social como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y
por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de
cuidado en un entorno familiar;
20 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
III. Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos
de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia;
IV. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un
caso particular, para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
V. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o
espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial
para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o
familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones;
VI. Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el
Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, o
por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en virtud
del cual se determina que los solicitantes de adopción son
aptos para ello;
VII. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social;
VIII. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no
excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se necesiten;
IX. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente
diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus
derechos;
X. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la
patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 21
quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco
ascendente hasta segundo grado;
XI. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin
limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;
XII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación
de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social
de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la
familia de origen, extensa o adoptiva;
XIII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de
la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con
fines de adopción, y que asume todas las obligaciones
en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con
el principio de interés superior de la niñez;
XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
XV. Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el
Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, que
contiene la información sobre la identidad, medio social,
evolución personal y familiar que determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes;
XVI. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales
o de las entidades federativas;
XVII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada
entidad federativa;
XVIII. Programa Local: El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa;
XIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes;
22 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
XX. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar
de manera universal y especializada en cada una de las
materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de
los que el Estado mexicano forma parte;
XXI. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a
sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de
la intervención que corresponda al Ministerio Público;
XXII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria
potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y demás disposiciones aplicables;
XXIII. Representación en Suplencia: La representación de niñas,
niños y adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al
Ministerio Público;
XXIV. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo
Integral de la Familia de cada entidad federativa;
XXV. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa;
XXVI. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia;
XXVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
XXVIII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y
XXIX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 23
Artículo 5.
Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de
edad.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de
dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando
exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce
años, se presumirá que es niña o niño.

Artículo 6.
Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los
siguientes:
I. El interés superior de la niñez;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos
1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos así como en los tratados internacionales;
III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la
sociedad y las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y
XIV. La accesibilidad.
24 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 7.
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar
el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas,
niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones
y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral
plenos.
Artículo 8.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto,
promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes,
basada en los principios rectores de esta Ley.
Artículo 9.
A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta Ley o en
las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales
que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios
rectores de esta Ley.
Artículo 10.
En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes
grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos
sus derechos.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de
protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que
se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias es-
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 25
pecíficas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico,
discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación
migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género,
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros
que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Artículo 11.
Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado
y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el
auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes,
así como garantizarles un nivel adecuado de vida.
Artículo 12.
Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de
niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier
forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato
de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la
investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas
cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en
términos de las disposiciones aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 13.
Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
II. Derecho de prioridad;
26 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
III. Derecho a la identidad;
IV. Derecho a vivir en familia;
V. Derecho a la igualdad sustantiva;
VI. Derecho a no ser discriminado;
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano
desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad;
XI. Derecho a la educación;
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento,
conciencia, religión y cultura;
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
XV. Derecho de participación;
XVI. Derecho de asociación y reunión;
XVII. Derecho a la intimidad;
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas
necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y
adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 27
Capítulo Primero
Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo
Artículo 14.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la
vida, a la supervivencia y al desarrollo.
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a
cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir
cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para
investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.
Artículo 15.
Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en
condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen
su desarrollo integral.
Artículo 16.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la
vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.
Capítulo Segundo
Del Derecho de Prioridad
Artículo 17.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:
I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria;
28 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos
los servicios, en igualdad de condiciones, y
III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas
públicas necesarias para la protección de sus derechos.
Artículo 18.
En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes
que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas
y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán
los mecanismos necesarios para garantizar este principio.
Capítulo Tercero
Del Derecho a la Identidad
Artículo 19.
Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:
I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan,
así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de
forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma
ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;
II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;
III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible
y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la
niñez, y
IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones
familiares.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 29
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas
competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para
que den debido cumplimiento al presente artículo.
Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio
de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho
a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez.
La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas,
niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.
Artículo 20.
Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentren en territorio nacional, tienen derecho a comprobar su identidad con los documentos emitidos por la autoridad competente u
otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones
aplicables.
En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los
requisitos para obtener la nacionalidad mexicana, se les brindarán
todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario.
Artículo 21.
Para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de niñas,
niños y adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentesco, se estará a la legislación
civil aplicable. Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contrario, presumirá
que es el padre o la madre respectivamente.
30 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Capítulo Cuarto
Del Derecho a Vivir en Familia
Artículo 22.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de
recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su
familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para
la pérdida de la patria potestad.
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de
las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su
guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente,
en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes
involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de
niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez.
Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad,
por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos
del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán considerados
como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que
los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y
provean su subsistencia.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 31
Artículo 23.
Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán
derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que
el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario
al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares
y de protección que se dicten por las autoridades competentes en
los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el
derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial
de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir
con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones
necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada,
conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser
restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.
Artículo 24.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las normas y los
mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación
de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.
Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos
de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia.
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades deberán otorgar acogimiento correspondiente
de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero de
esta Ley y demás disposiciones aplicables.
32 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 25.
Las leyes federales y de las entidades federativas contendrán disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o retención ilícita de
niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en violación de los
derechos atribuidos individual o conjuntamente a las personas o instituciones que ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos para garantizar el ejercicio
de esos derechos.
En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y
adolescentes fuera del territorio nacional, la persona interesada podrá presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría
de Relaciones Exteriores, para que ésta lleve a cabo las acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones, de conformidad con
lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones aplicables.
Cuando las autoridades de las entidades federativas tengan conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad
mexicana trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se
coordinarán con las autoridades federales competentes, conforme a
las demás disposiciones aplicables, para su localización y restitución.
Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido
ilícitamente en territorio nacional, o haya sido trasladado legalmente
pero retenido ilícitamente, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas para la búsqueda, localización y recuperación, así como en la
adopción de todas las medidas necesarias para prevenir que sufran
mayores daños y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia necesarios para garantizar su restitución inmediata, cuando la
misma resulte procedente conforme a los tratados internacionales en
materia de sustracción de menores.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 33
Artículo 26.
El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes
que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial.
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los
cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En
estos casos, de conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, según sea el caso,
se asegurarán de que niñas, niños y adolescentes:
I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su
cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a
su interés superior;
II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida
de protección, de carácter temporal, en los casos en los
cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas,
niños y adolescentes pudieran hacerse cargo;
III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase
dentro del procedimiento de adopción, que supone la
vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del
cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con
su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia
para convertirse en familia adoptiva;
IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las Entidades y Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar
y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando
los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o
V. Sean colocados, dadas las características específicas de
cada caso, en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible.
Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario,
priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar.
34 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La autoridad competente deberá tener en consideración el interés
superior de la niñez para determinar la opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia.
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en todo
momento serán responsables del seguimiento de la situación en la
que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento.
Artículo 27.
Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que
se encuentren bajo la tutela de las Procuradurías de Protección, podrán presentar ante dichas instancias la solicitud correspondiente.
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas
competencias, realizarán las valoraciones psicológica, económica, de
trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para determinar
la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo
dispuesto por las leyes aplicables. La Procuraduría de Protección que
corresponda emitirá el certificado de idoneidad respectivo.
La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de acogida pre-adoptiva que cuente con certificado
de idoneidad. Para tal efecto, se observará lo siguiente:
I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de
acuerdo con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado
de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente;
II. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de
acogimiento pre-adoptiva sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez;
III. Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad y de afectividad; el origen, la comunidad
y las condiciones culturales en que se desarrollen niñas,
niños y adolescentes, y
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 35
IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si
hubiere necesidad de ello, se establecerán medidas para
que mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación permanente.
Artículo 28.
Las Procuradurías de Protección, que en sus respectivos ámbitos
de competencia, hayan autorizado la asignación de niñas, niños o
adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, deberán dar seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de adaptación
conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las
dificultades que se puedan presentar.
En los casos que las Procuradurías de Protección constaten que
no se consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños o
adolescentes con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán a
iniciar el procedimiento a fin de reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará, en su caso, una nueva asignación.
Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de
niñas, niños o adolescentes asignados, el sistema competente revocará la asignación y ejercerá las facultades que le otorgan la presente
Ley y demás disposiciones aplicables.
Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad
con la legislación civil aplicable.
Artículo 29.
Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las
Entidades y los Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias:
I. Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que deseen asumir el carácter de familia de acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así
como su capacitación;
36 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de quienes pretendan adoptar, y emitir los dictámenes
correspondientes, así como formular las recomendaciones pertinentes al órgano jurisdiccional, y
III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de
adopción, adopciones concluidas e informar de manera
trimestral a la Procuraduría de Protección Federal.
Artículo 30.
En materia de adopciones, las leyes federales y de las entidades federativas deberán contener disposiciones mínimas que abarquen lo
siguiente:
I. Prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados
en pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el
principio de interés superior de la niñez;
II. Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión
de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en
términos de la presente Ley;
III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes
consientan la adopción, como a quienes la acepten, a fin
de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la misma;
IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que la
adopción no sea motivada por beneficios económicos
para quienes participen en ella, y
V. Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque en los procesos de adopción se
respeten las normas que los rijan.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 37
Artículo 31.
Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá
disponer lo necesario para asegurar que los derechos de niñas, niños
y adolescentes que sean adoptados sean garantizados en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, así como garantizar
que esta adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción,
retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación,
las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de
los mismos.
En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá requerirse el informe de adoptabilidad por parte del Sistema
Nacional DIF o de los Sistemas de las Entidades y, una vez que el órgano jurisdiccional competente otorgue la adopción, previa solicitud
de los adoptantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá la
certificación correspondiente, de conformidad con los tratados internacionales.
El Estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar
las dificultades que se puedan presentar.
Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología de las instituciones públicas y privadas que intervengan en procedimientos de adopción internacional, en términos de lo dispuesto
en los tratados internacionales, deberán contar con la autorización y
registro del Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las entidades en
el ámbito de su competencia.
La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de
nacionalidad mexicana procederá cuando se haya constatado por las
autoridades correspondientes que ésta responde al interés superior
de la niñez, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de asignación de la niña, niño o adolescente para adopción
nacional.
38 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 32.
Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología
o carreras afines de las instituciones públicas y privadas que realicen
estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales en
materia de adopción, deberán cumplir con los requisitos siguientes:
I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en
trabajo social, psicología o carreras afines;
II. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y
de la adolescencia, familia, pareja o adopción;
III. Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo social o psicología, o en la atención de niñas, niños o
adolescentes sujetos de asistencia social o solicitantes de
adopción;
IV. Presentar carta compromiso por parte de la institución de
asistencia privada que proponga al profesional de que se
trate ante el Sistema Nacional DIF, y los Sistemas de las
Entidades, en los casos de profesionales que busquen ingresar a instituciones privadas;
V. No haber sido condenado por delitos dolosos;
VI. Presentar constancia de la institución de asistencia privada en la que indique que las personas profesionales en
trabajo social o psicología o carreras afines, son personas
empleadas asalariadas con remuneración mensual fija, y
VII. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades
expedirán las autorizaciones correspondientes y llevarán
un registro de las mismas.
Artículo 33.
Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan los derechos de niñas, niños y adolescentes o
incurran en actos contrarios al interés superior de la niñez, el Sistema
Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades revocarán la autorización y registrará la cancelación a que se refiere el artículo anterior.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 39
Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización serán inhabilitadas y boletinadas por el Sistema Nacional DIF y
los Sistemas de las Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al
interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones
previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.
Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se
refiere este artículo, se seguirán las disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables en los ámbitos federal o de las
entidades federativas, según corresponda.
Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema
Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades si considera que se actualizan los supuestos previstos en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 34.
Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán el
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Capítulo.

Artículo 35.
Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la
familia e instituciones públicas y privadas ofrecerán orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia
de pareja, de maternidad y paternidad, entre otros.
Capítulo Quinto
Del Derecho a la Igualdad Sustantiva
Artículo 36.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato
y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
40 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 37.
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los
municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán:
I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales;
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar
los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de
oportunidades a la alimentación, a la educación y a la
atención médica entre niñas, niños y adolescentes;
III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén
basadas en la idea de inferioridad;
IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas
y adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con
mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los
derechos contenidos en esta Ley;
V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten
al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo
el empoderamiento de las niñas y adolescentes;
VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de
los derechos de niñas y adolescentes.
Artículo 38.
Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar
dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo
momento, sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva
con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en general, con toda
la sociedad.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 41
Capítulo Sexto
Del Derecho a No ser Discriminado
Artículo 39.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en
razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad,
género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición
económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de
salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a
otros miembros de su familia.
Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas
especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple
de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de
trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad.
Artículo 40.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a
niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades
y el derecho a la no discriminación.
La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual
será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer
público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como
causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las
adolescentes.
42 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 41.
Las instancias públicas de los poderes federales y locales así como
los órganos constitucionales autónomos deberán reportar semestralmente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o a
la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, medidas de
inclusión y Acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de las legislaciones locales correspondientes.
Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón de edad, sexo, escolaridad, entidad federativa y tipo de
discriminación.
Artículo 42.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para la
eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que
atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón
de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez.
Capítulo Séptimo
Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar
y a un Sano Desarrollo Integral
Artículo 43.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como
mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 43
Artículo 44.
Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las
condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción
de las medidas apropiadas.
Artículo 45.
Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para
contraer matrimonio los 18 años.
Capítulo Octavo
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia
y a la Integridad Personal
Artículo 46.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de
toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a
fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo
de su personalidad.
Artículo 47.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en
que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
44 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de
edad;
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso
sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines
comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás
conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;
IV. El tráfico de menores;
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda
perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas
de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones
aplicables, y
VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su
desarrollo integral.
Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva
de género en las situaciones de violencia.
Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de
prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.
Las autoridades competentes, están obligadas a implementar
medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas
previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 45
Artículo 48.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar
las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes
para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud
física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 49.
En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de
delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas
y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de
asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral
del daño.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley,
deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas,
el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos
de la legislación aplicable.
Capítulo Noveno
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social
Artículo 50.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto
nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de
46 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito
de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I. Reducir la morbilidad y mortalidad;
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria
que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria;
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda
y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios
básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las
medidas de prevención de accidentes;
IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas
culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para
la salud de niñas, niños y adolescentes;
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación
a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;
VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de
las niñas y las adolescentes;
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica
respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto
y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la
lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis
meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y
obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 47
físico, e impulsar programas de prevención e información
sobre estos temas;
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica;
X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/
SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas;
XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y
reproductiva;
XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su
condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida,
facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos;
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de
niñas, niños y adolescentes y cualquier forma de violencia
obstétrica;
XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud
se detecten y atiendan de manera especial los casos de
víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos
de violencia sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;
XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención,
combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones;
XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos
de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud
mental;
XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores
niveles de atención y rehabilitación, y
48 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad
tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva
durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años
de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de
prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.
Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el
pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de
prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no
discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de
niñas, niños y adolescentes.
En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas,
niños y adolescentes.
Artículo 51.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las
disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social.
Artículo 52.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar políticas para
fortalecer la salud materno infantil y aumentar la esperanza de vida.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 49
Capítulo Décimo
Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños
y Adolescentes con Discapacidad
Artículo 53.
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la
igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los tratados internacionales y demás leyes aplicables.
Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente
es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o
adolescente con discapacidad.
Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por
razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de
carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o
temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de
condiciones con los demás.
Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho
a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las
demás niñas, niños y adolescentes.
Artículo 54.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar
medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables considerando los principios de
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto
por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la
evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
50 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo
necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el
diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad, en términos de la legislación aplicable.
Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones
que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con
discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios.
No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en
instituciones públicas, privadas y sociales.
No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las
niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Artículo 55.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin
de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome
mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como
combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad.
Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán
disposiciones tendentes a:
I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a
efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y
segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 51
II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles
los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna;
III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada
caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las
posibilidades económicas de sus familiares;
IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación
temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación
para el trabajo, y
V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas,
niños y adolescentes con discapacidad, que permita una
adecuada formulación de políticas públicas en la materia.
Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad,
escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad.
Artículo 56.
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo
momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible.
Capítulo Décimo Primero
Del Derecho a la Educación
Artículo 57.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, ba-
52 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
sada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva,
que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos
del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia,
tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a
niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el artículo
103 de esta Ley.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución
de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y
permanencia en la misma, para lo cual deberán:
I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual,
los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales;
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del
derecho a la educación;
III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad
material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación;
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la
calidad educativa, tales como la relevancia y pertinencia
del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas
de enseñanza, la evaluación docente, entre otras;
V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios
adecuados y suficientes para garantizar la educación de
calidad de niñas, niños y adolescentes;
VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y
contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para
garantizar su permanencia en el sistema educativo;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 53
VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho
a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos
y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que
enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;
VIII. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad
mínima, entendida ésta como el conjunto de condiciones
indispensables que deben cumplirse en cada escuela
para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del
aprendizaje de los educandos;
IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización
y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al
derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes;
X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación
de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos;
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable
que establezca mecanismos para la prevención, atención y
canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra
de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos;
XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de
acoso o violencia escolar para el personal y para quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;
XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la
inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad
en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten
su discriminación y las condiciones de accesibilidad en
instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente
capacitado;
54 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de
niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes,
de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e
integral, conforme a sus capacidades y habilidades personales;
XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación
de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en
materia educativa;
XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de
la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes y
para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;
XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con
la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas,
sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la
vida o la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes;
XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio
ambiente;
XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable
y seguro de las tecnologías de información y comunicación;
XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas,
faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema
educativo nacional, y
XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de
asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 55
identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos.
Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento
establecido en el artículo 123 de la presente Ley, y en su
caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derchos de las niñas, niños y
adolescentes.
En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo
Único del Título Sexto de la Ley, con independencia de
aquellas conductas que pudieran ser consideradas como
delitos conforme a la normatividad en la materia.
Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 58.
La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines:
I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como a
las diferencias culturales y opiniones diversas;
II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes;
III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así
como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables;
IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera;
V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de
56 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
maltrato y la atención especial de quienes se encuentren
en situación de riesgo;
VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y
ejecución de programas;
VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos
de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés
para niñas, niños y adolescentes;
VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad,
el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y
adolescentes ejercer de manera informada y responsable
sus derechos consagrados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la
ley y de la igualdad de las personas ante ésta, propiciar
la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos, y
X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para
ejercerlos.
Artículo 59.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las
autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias
para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre
de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la
convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 57
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para:
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la
violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y
social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia;
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores
públicos y para el personal administrativo y docente;
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría,
orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las
personas, responsables de centros de asistencia social,
personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso
o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.

 

Capítulo Décimo Segundo
De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento
Artículo 60.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así
como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y
artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de
niñas, niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estu-
58 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
dio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia o
el menoscabo de los mismos.
Artículo 61.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar
el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de
igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y
deportivas dentro de su comunidad.
Capítulo Décimo Tercero
De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas,
Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura
Artículo 62.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias garantizarán este derecho en el marco
del Estado laico.
La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los
demás.
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 59
Artículo 63.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de
su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligados a
establecer políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y
protección de la diversidad de las expresiones culturales, regionales y
universales, entre niñas, niños y adolescentes.
Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del
derecho a la educación, según lo dispuesto en el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios rectores de esta Ley.
Capítulo Décimo Cuarto
De los Derechos a la Libertad de Expresión
y de Acceso a la Información
Artículo 64.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar el derecho
de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por
cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el
derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos
que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas
autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
establecer las acciones que permitan la recopilación de opiniones y
60 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas
de interés general para ellos.
En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a
que se refiere este artículo, tienen la obligación de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua
indígena local.
Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo necesario para garantizar que niñas, niños y adolescentes
con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su
derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema
de apoyo para la expresión de su voluntad.
Artículo 65.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la difusión
de información y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y
mental.
El Sistema Nacional de Protección Integral acordará lineamientos
generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas,
niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 66.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán mecanismos para la
protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de
los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de
sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 61
Artículo 67.
Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los medios de comunicación, las autoridades federales competentes, en el
ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que éstos difundan información y materiales relacionados con:
I. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de la educación que
dispone el artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
II. La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y
oportunidades destinados a niñas, niños y adolescentes;
III. La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio
de sus derechos;
IV. La promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos, y
V. El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de derechos humanos.
Artículo 68.
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la programación dirigida a niñas,
niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos
de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en
materia de radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar
la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que
hagan apología del delito, en contravención al principio de interés
superior de la niñez.
62 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 69.
Las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen las películas, programas de radio y televisión en términos de lo dispuesto
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como
videos, videojuegos y los impresos.
Artículo 69 Bis
La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan,
comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y vigilará su cumplimiento.
Los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en
la portada de los videojuegos y en su publicidad la clasificación que
corresponda, de acuerdo con los lineamientos a los que se refiere el
párrafo anterior. Los comercializadores de videojuegos deberán abstenerse de publicitar, exhibir, vender o arrendar videjuegos cuya clasificación no sea visible en los términos que señalen los lineamientos.
Los comercializadores y arrendadores de videojuegos están obligados a exigir a las personas que pretendan adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten
su mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta.
Artículo 70.
Las Procuradurías de Protección y cualquier persona interesada, por
conducto de éstas, podrán promover ante las autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a los medios de
comunicación, en los términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas
para promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente, con objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se abstengan de difundir información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la integridad,
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 63
la dignidad u otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su
caso, reparen los daños que se hubieren ocasionado, sin menoscabo
de las atribuciones que sobre esta materia tengan las autoridades
competentes.
Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la
que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones aplicables.
Capítulo Décimo Quinto
Del Derecho a la Participación
Artículo 71.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Artículo 72.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer
e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones
que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o
cualquier otro en el que se desarrollen.
Artículo 73.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de
procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan, en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo.
Artículo 74.
Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno,
64 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en
cuenta su solicitud.
Capítulo Décimo Sexto
Del Derecho de Asociación y Reunión
Artículo 75.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin
más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia
representarán a niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del derecho de asociación, cuando ello sea necesario para satisfacer las
formalidades que establezcan las disposiciones aplicables.
Capítulo Décimo Séptimo
Del Derecho a la Intimidad
Artículo 76.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y
familiar, y a la protección de sus datos personales.
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de
información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés
superior de la niñez.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 65
Artículo 77.
Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales
o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de
radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en
medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación,
sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al
principio de interés superior de la niñez.
Artículo 78.
Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas,
niños y adolescentes, procederá como sigue:
I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier
otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela,
así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior
y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la
presente Ley, y
II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no
podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten
o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes.
En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de
quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste
podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su
derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.
No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria
potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista
tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su
derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos
66 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación.
Artículo 79.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección
de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean
víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier
manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación
pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes
se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a
la legislación aplicable en la materia.
Artículo 80.
Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes,
voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o
colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se
difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión
de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las
disposiciones aplicables.
En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su
representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección
competente, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá
promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar;
así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión.
Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad,
grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de las Procuradurías de Protección.
En los procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados
o promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 67
y custodia de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección competente ejercerá su representación coadyuvante.
Artículo 81.
En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se podrá solicitar
que se imponga como medida cautelar la suspensión o bloqueo de
cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión
de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el
interés superior de la niñez.
El órgano jurisdiccional, con base en este artículo y en las disposiciones aplicables, podrá requerir a las empresas de prestación de
servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares que
ordene.
Capítulo Décimo Octavo
Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso
Artículo 82.
Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de
seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales,
esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 83.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o
que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a
observar, cuando menos a:
68 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior
de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables;
III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible
para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia
de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso,
formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para
niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso
judicial;
V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a
ser representados en términos de lo dispuesto en el Título
Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información sobre las medidas de protección disponibles;
VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados
cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera;
VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete;
VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a
alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica;
IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos
la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la
sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición
judicial en contrario;
X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los
adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad
competente, antes y durante la realización de la audiencia
o comparecencia respectiva;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 69
XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas,
niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a
cabo procedimientos en que deban intervenir;
XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los
principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y
XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales.
Artículo 84.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que niñas y
niños a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho
que la ley señale como delito se les reconozca que están exentos de
responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente
sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el
ejercicio de sus derechos.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia, conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 85.
En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de
una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de Protección competente.
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o
privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un
hecho que la ley señale como delito.
70 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones,
deberá, en su caso, solicitar a la autoridad competente de manera
inmediata las medidas necesarias para la protección integral, de asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos y garantizar
que niñas y niños no sean objeto de discriminación.
Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial competente en un proceso contradictorio en el que se
garantice, por lo menos, el derecho a ser oído y la asistencia de un
abogado especializado.
Artículo 86.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños
o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de
madurez, tengan al menos los siguientes derechos:
I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el
carácter de su participación en el mismo, el que en ningún
caso podrá ser el de imputado o probable responsable;
II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo
de la manera más expedita, asistidos por un profesional en
derecho y atendiendo a lo dispuesto por la fracción XI del
artículo 83 de esta Ley;
III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos
la patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la
sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición
judicial en contrario, con base en el interés superior de la
niñez;
IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en los términos de esta
Ley y las demás aplicables;
V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 71
cualquier otra necesaria atendiendo a las características
del caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos
de las disposiciones aplicables, y
VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que presuntamente
son víctimas de la comisión de un delito o violación a sus
derechos humanos.
Artículo 87.
Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la
Procuraduría de Protección competente.
Artículo 88.
La legislación en materia de justicia integral para adolescentes en
conflicto con la ley penal determinará los procedimientos y las medidas que correspondan a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito mientras era
adolescente.
La legislación a que se refiere el párrafo anterior, deberá garantizar los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todo individuo, así como
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en
desarrollo les han sido reconocidos.
Capítulo Décimo Noveno
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Artículo 89.
El presente Capítulo se refiere a las medidas especiales de protección
que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de
72 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto
de movilidad humana.
Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración,
independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.
En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición
migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o
sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables.
El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento
administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones
de la decisión que se tome en cada caso.
Artículo 90.
Las autoridades competentes deberán observar los procedimientos
de atención y protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en
todo momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia.
Artículo 91.
Las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño o
adolescente deberán de adoptar las medidas correspondientes para
la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución
que resuelva todas sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto que
sea contrario a su interés superior o voluntad.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 73
Artículo 92.
Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y adolescentes son
las siguientes:
I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del
proceso migratorio;
II. El derecho a ser informado de sus derechos;
III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados
por un funcionario especializado;
IV. El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado
y a participar en las diferentes etapas procesales;
V. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor
y/o intérprete;
VI. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;
VII. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse
libremente con él;
VIII. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia;
IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente fundamentada;
X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y
XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que
se llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio de
celeridad.
Artículo 93.
Durante el proceso administrativo migratorio podrá prevalecer la unidad familiar o en su caso la reunificación familiar en términos de
la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando
ésta no sea contraria al interés superior de la niñez.
74 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Para resolver sobre la reunificación familiar se deberá tomar en
cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como
todos los elementos que resulten necesarios para tal efecto.A
rtículo
Artículo 94.
Para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento
o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Artículo 95.
Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad
familiar, de modo tal que si se trata de niñas, niños o adolescentes
no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al
que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o
adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo
que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del
principio del interés superior de la niñez.
Artículo 96.
Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una
niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén
en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia
generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre
otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 75
Artículo 97.
Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño o adolescente al país de origen o a un tercer país seguro, sólo podrá basarse
en los requerimientos de su interés superior.
Artículo 98.
En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo,
lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración a fin de adoptar
medidas de protección especial.
El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán
identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren
de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro
tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y
privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e
individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas
de protección especial.
Artículo 99.
El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas de su migración,
las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo
en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos
sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y compartirlo
con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia.
Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la
información en el momento en que se genere a fin de que se incorpore en las bases de datos a que se refiere el párrafo anterior.
76 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
El Instituto Nacional de Migración deberá proporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos de
este artículo.
Artículo 100.
El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Sistema
Nacional DIF, deberá resguardar las bases de datos de niñas, niños y
adolescentes migrantes, incluyendo entre otros aspectos, las causas
de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares,
factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica.
Para garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección consular de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en el extranjero en proceso de repatriación, corresponderá
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares, coordinarse con el Instituto Nacional de Migración y
con los Sistemas DIF correspondientes.
Artículo 101.
En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o
adolescente, preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni
se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en
condición migratoria irregular.

 

Capítulo Vigésimo
Derecho de Acceso a las Tecnologías
de la Información y Comunicación
Artículo 101 Bis.
Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal
a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 77
ancha e Internet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
Artículo 101 Bis 1.
El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la
sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional, mediante una política de
inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad,
disponibilidad, accesibilidad y calidad.
Artículo 101 Bis 2.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro
del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones aplicables.
TÍTULO TERCERO
De las Obligaciones
Capítulo Único
De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda
y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 102.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a proporcionar
asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la
78 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
salud, así como un traductor o intérprete en caso de ser necesario,
asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 103.
Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de
sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o
adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean
instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:
I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de
su personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las
necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva
integrada a la salud, asistencia médica y recreación. Las
leyes federales y de las entidades federativas deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria
así como las medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios;
II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida;
III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar
en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones
para su continuidad y permanencia en el sistema educativo;
IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades,
dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración
o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 79
V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia
para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad;
VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas
las personas, así como el cuidado de los bienes propios,
de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de
los recursos que se dispongan para su desarrollo integral;
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y
explotación;
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo
integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá
ser justificación para incumplir la obligación prevista en la
presente fracción;
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre
niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como
con los demás miembros de su familia;
X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y
adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente
determinará el grado de responsabilidad de quien tenga a su cargo
y cuidado a niñas, niños o adolescentes, atendiendo a los principios
rectores de esta Ley.
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever
disposiciones que regulen y sancionen las obligaciones establecidas
en el presente artículo.
80 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 104.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo
de manera coordinada y respetuosa.
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la patria potestad o tutela, en los mismos
términos y con las mismas formalidades.
Artículo 105.
Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en
el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las
obligaciones siguientes:
I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los traten con
respeto a su dignidad y orienten, a fin de que conozcan
sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de
otras personas;
II. Que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de
la autorización de quienes ejerzan la patria potestad, tutela
o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente, que
permita la entrada y salida de niñas, niños o adolescentes
del territorio nacional, conforme a las disposiciones aplicables;
III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma
de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso,
acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de
formación permanente para prevenirlas y erradicarlas, y
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 81
IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes
se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su
contra, en particular el castigo corporal.
Artículo 106.
A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños
y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano
jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el
interés superior de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de Protección competente.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México, garantizarán
que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé
intervención a la Procuraduría de Protección competente para que
ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.
Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto
de intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de
éstos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría
de Protección competente o de oficio, el órgano jurisdiccional o administrativo que conozca del asunto, deberá sustanciar por vía incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación
de la representación originaria, según sea el caso, para efectos de
que la Procuraduría de Protección competente ejerza la representación en suplencia.
El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que
niñas, niños o adolescentes estén relacionados. En materia de justicia
penal, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.
No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio
de niñas, niños y adolescentes.
82 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
TÍTULO CUARTO
De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Capítulo Único
De los Centros de Asistencia Social
Artículo 107.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de
Asistencia Social, establecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de
cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros.
Artículo 108.
Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los
requisitos que señale la Ley General de Salud, y deberán cumplir con
lo siguiente:
I. Ser administradas por una institución pública o privada,
o por una asociación que brinde el servicio de cuidado
alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y
adolescentes sin cuidado parental o familiar;
II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las dimensiones físicas acordes a los servicios que proporcionan y con las medidas de seguridad y protección civil en
términos de la legislación aplicable;
III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en
términos de la legislación aplicable;
IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia
necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 83
idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o
mental de niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre de violencia, en los términos de las disposiciones aplicables;
V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo
a su edad y sexo en las áreas de dormitorios, sin que por
ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos,
salvo que necesiten ser asistidos por algún adulto;
VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada
una de las actividades en las que participen niñas, niños y
adolescentes;
VII. Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de protección civil, salubridad y asistencia social, y
VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios
para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad
vivan incluidos en su comunidad.
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinción entre motivo o grado de discapacidad, no podrán
ser discriminados para ser recibidos o permanecer en los centros de
asistencia social.
Artículo 109.
Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la
integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes
que tengan bajo su custodia.
Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán
orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos:
I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;
II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;
III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria;
84 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio
médico integral, atención de primeros auxilios, seguimiento psicológico, social, jurídico, entre otros;
V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social
hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;
VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación,
juego, esparcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo integral;
VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los derechos de la niñez;
VIII. Las personas responsables y el personal de los centros
de asistencia social se abstendrán de realizar actividades
que afecten la integridad física y psicológica de niñas,
niños y adolescentes. De igual manera, los responsables
evitarán que el personal que realice actividades diversas
al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto
con éstos;
IX. Espacios de participación para expresar libremente sus
ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y que
dichas opiniones sean tomadas en cuenta;
X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas
que les permita tener contacto con su comunidad, y
XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes
con discapacidad, en términos de la legislación aplicable.
Asimismo y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de
protección para el cumplimiento de sus derechos, se deberá llevar a
cabo la revisión periódica de su situación, de la de su familia y de la
medida especial de protección por la cual ingresó al centro de asistencia social, garantizando el contacto con su familia y personas significativas siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés superior.
La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo para efectos de que su situación sea revisada y valorada de ma-
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 85
nera particular, así como para determinar procedimientos de ingreso
y egreso con el apoyo de las autoridades competentes que faciliten
su reincorporación familiar o social.
Asimismo, se le deberá garantizar la protección de sus datos personales conforme a la legislación aplicable y hacer de su conocimiento, en todo momento, su situación legal.
Artículo 110.
Los centros de asistencia social deben contar, con por lo menos, el
siguiente personal:
I. Responsable de la coordinación o dirección;
II. Especializado en proporcionar atención en actividades de
estimulación, formación, promoción y autocuidado de la
salud; atención médica y actividades de orientación social
y de promoción de la cultura de protección civil, conforme
a las disposiciones aplicables;
III. El número de personas que presten sus servicios en cada
centro de asistencia social será determinado en función
de la capacidad económica de éstos, así como del número de niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su
custodia en forma directa e indirecta, debiendo contar con,
por lo menos, una persona de atención por cada cuatro
niños o niñas menores de un año, y una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad;
IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el
centro de asistencia social podrá solicitar la colaboración
de instituciones, organizaciones o dependencias que brinden apoyo en psicología, trabajo social, derecho, pedagogía, y otros para el cuidado integral de las niñas, niños y
adolescentes;
V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación
especializada a su personal, y
VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal.
86 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 111.
Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social:
I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por esta Ley y demás disposiciones aplicables para formar
parte del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF;
II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su
custodia con la información de la situación jurídica en la
que se encuentren, y remitirlo semestralmente a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa;
III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la
constancia de registro de incorporación al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social;
IV. Garantizar que el centro de asistencia social cuente con un
Reglamento Interno, aprobado por el Sistema Nacional DIF;
V. Contar con un programa interno de protección civil en términos de las disposiciones aplicables;
VI. Brindar las facilidades a las Procuradurías de Protección
para que realicen la verificación periódica que corresponda en términos de las disposiciones aplicables; y, en su
caso, atender sus recomendaciones;
VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento de la situación jurídica y social, así como la atención médica y
psicológica de la niña, niño o adolescente y el proceso de
reincorporación familiar o social;
VIII. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando el ingreso de una niña, niño o adolescente corresponda
a una situación distinta de la derivación por parte de una
autoridad o tenga conocimiento de que peligra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de iniciar los
procedimientos de protección especial de forma oportuna,
identificar la mejor solución para el niño, niña o adolescente y, en su caso, evitar su permanencia en el centro
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 87
de asistencia social, dado su carácter de último recurso y
excepcional;
IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través del personal capacitado, atención médica;
X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas
por las autoridades competentes;
XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización del personal de los centros de asistencia social, y
XII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley
y demás disposiciones aplicables.
Artículo 112.
Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los
centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en el presente Capítulo, para lo cual conformarán el Registro
Nacional de Centros de Asistencia Social.
El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, deberá contar por lo menos con los siguientes datos:
I. Nombre o razón social del Centro de asistencia social;
II. Domicilio del Centro de asistencia social;
III. Censo de la población albergada, que contenga sexo,
edad, y situación jurídica, y el seguimiento al proceso de
reincorporación familiar o social, y
IV. Relación del personal que labora en el Centro de asistencia social incluyendo al director general y representante
legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera.
Al efecto, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas deberán reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de
Protección, la actualización de sus registros, así como los resultados
de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes.
El Registro a que hace referencia este artículo deberá ser público
y consultable en la página de internet del Sistema Nacional DIF.
88 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 113.
Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables establezcan a otras autoridades, corresponderá a las Procuradurías de
Protección, la supervisión de los centros de asistencia social y, en
su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás
disposiciones aplicables.
Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas
serán coadyuvantes de la Procuraduría de Protección Federal en la
supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley de Asistencia Social.
TÍTULO QUINTO
De la Protección y Restitución Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Capítulo Primero
De las autoridades
Artículo 114.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales,
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los
organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política
nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones aplicables.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 89
Sección Primera
De la Distribución de Competencias
Artículo 115.
Todos los órdenes de gobierno coadyuvarán para el cumplimiento
de los objetivos de esta Ley, de conformidad con las competencias
previstas en el presente ordenamiento y demás disposiciones legales
aplicables.
Artículo 116.
Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I. Coordinar la implementación y ejecución de las acciones
y políticas públicas que deriven de la presente Ley;
II. Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, así como la cultura de respeto, promoción
y protección de los mismos, de conformidad con los principios rectores de esta Ley;
III. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de
los instrumentos internacionales aplicables;
IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de
carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género,
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos;
V. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención
preventiva integrada a la salud, así como asesoría jurídica
y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes
o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en relación a las obligaciones que establece esta Ley;
90 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
VI. Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, sancionar efectivamente los actos de privación de la
vida de niñas, niños y adolescentes y garantizar la reparación del daño que corresponda;
VII. Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la
información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes;
VIII. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar
la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;
IX. Establecer las normas y los mecanismos necesarios para
facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de
ella, siempre que no sea contrario a su interés superior;
X. Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes sustraídos, trasladados o retenidos ilícitamente;
XI. Implementar medidas de inclusión plena y realizar las Acciones afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad de oportunidades y de trato, así como a
no ser discriminados;
XII. Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres,
prácticas culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y
adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación;
XIII. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de
niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma
de violencia;
XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan
acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia
materna, así como la prevención de embarazos, higiene,
medidas de prevención de accidentes y demás aspectos
relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 91
XV. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente
libre de violencia en las instituciones educativas;
XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas
para la prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la
legislación aplicable;
XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para
que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños
y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a
sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad;
XVIII. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen
la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos
familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el
que se desarrollen;
XIX. Garantizar la consecución de una educación de calidad y
la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la
misma;
XX. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno;
XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;
XXII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de niñas, niños y adolescentes;
XXIII. Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes y asegurar que las violaciones a los mismos
sean atendidas de forma preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias;
XXIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y
XXV. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso
a agua potable para su consumo e higiene.
92 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 117.
Corresponden a las autoridades federales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
I. Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los tratados internacionales aplicables;
II. Aplicar el Programa Nacional a que se refiere esta Ley;
III. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del
Sistema Nacional de Protección Integral y del Programa
Nacional;
IV. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas
públicas, los programas estatales en la materia, con base
en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen;
V. Impulsar la participación de las organizaciones privadas
dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de
los programas federales;
VI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, para facilitar la actuación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral;
VII. Imponer las sanciones por las infracciones que establece
la presente Ley en el ámbito federal;
VIII. Revocar temporal o definitivamente, a través de la autoridad competente, la autorización para operar los centros
de asistencia social, por el incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en esta Ley;
IX. Verificar, por conducto del Instituto Nacional de Migración,
la existencia de la autorización de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional
competente, que permita la entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del territorio nacional, conforme a las
disposiciones aplicables;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 93
X. Determinar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la condición migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
XI. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 118.
Corresponden a las autoridades locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en
consideración el Programa Nacional para la adecuada
garantía y protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes;
II. Elaborar el Programa local y participar en el diseño del
Programa Nacional;
III. Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que tengan trato con niñas,
niños y adolescentes;
IV. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación,
investigación y cultura de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes;
V. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad;
VI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;
VII. Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere
esta Ley, así como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral un informe anual sobre los avances;
VIII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas
públicas, los programas estatales en la materia, con base
en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen;
IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas
dedicadas a la promoción y defensa de los derechos hu-
94 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
manos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de
los programas estatales;
X. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y
recomendaciones sobre protección de derechos de niñas,
niños y adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos en
la materia;
XI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de integrar el sistema nacional de información,
la información necesaria para la elaboración de éstas;
XII. Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno
la implementación y ejecución de las acciones y políticas
públicas que deriven de la presente Ley;
XIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para
el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y
XIV. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 119.
Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:
I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño
del Programa Local;
II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos
de niñas, niños y adolescentes en el municipio, para que
sean plenamente conocidos y ejercidos;
III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y
adolescentes en los asuntos concernientes a su municipio;
IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que deseen manifestar inquietudes;
V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos
contenidos en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a
la Procuraduría Local de Protección que corresponda, sin
perjuicio que ésta pueda recibirla directamente;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 95
VI. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente
en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones;
VII. Promover la celebración de convenios de coordinación
con las autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección
de niñas, niños y adolescentes;
VIII. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas,
niños y adolescentes que autoricen las instancias competentes de la federación y de las entidades federativas;
IX. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las acciones y
políticas públicas que deriven de la presente Ley;
X. Coadyuvar en la integración del sistema de información a
nivel nacional de niñas, niños y adolescentes;
XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas
dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de
los programas municipales, y
XII. Las demás que establezcan los ordenamientos locales y
aquéllas que deriven de los acuerdos que, de conformidad
con la presente Ley, se asuman en el Sistema Nacional DIF
y los Sistemas de las Entidades.
Sección Segunda
Del Sistema Nacional DIF
Artículo 120.
Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la federación, a través del Sistema
Nacional DIF:
I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes,
cuando los mismos se encuentren restringidos o vulne-
96 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
rados, en términos de esta Ley y las demás disposiciones
aplicables. La institucionalización procederá como último
recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;
II. Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades
federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias en materia
de protección y restitución de derechos de niñas, niños y
adolescentes para establecer los mecanismos necesarios
para ello;
III. Celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas
de las Entidades y los Sistemas Municipales, así como con
organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social;
IV. Promover la formación, capacitación y profesionalización
del personal de instituciones vinculadas con la protección
y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en la materia;
V. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en
las materias reguladas en esta Ley, a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y
VI. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes que
sean del ámbito de su competencia.
Capítulo Segundo
De las Procuradurías de Protección
Artículo 121.
Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema
Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 97
Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de
Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan.
En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección
podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad
con las disposiciones aplicables.
Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con
las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de
salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 122.
Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en
sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y
demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral
deberá abarcar, por lo menos:
a) Atención médica y psicológica;
b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y
c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia;
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, ni-
98 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones
que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en
todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;
III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de
protección para la restitución integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada;
IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto
familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las
disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en
casos de violencia;
V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que
se presuman constitutivos de delito en contra de niñas,
niños y adolescentes;
VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de
medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad
o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá
decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a
la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la
autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y
adolescentes, además de las establecidas en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes:
a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un
centro de asistencia social, y
b) La atención médica inmediata por parte de alguna
institución del Sistema Nacional de Salud.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 99
Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de
la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional
competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre
vigente;
VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta
responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de
protección especial establecidas en la fracción anterior,
cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o
libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de
inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente.
Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la
medida urgente de protección el órgano jurisdiccional
competente deberá pronunciarse sobre la cancelación,
ratificación o modificación de la medida que se encuentre
vigente.
Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio
de las instituciones policiales competentes.
En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de
protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la
imposición de las medidas de apremio correspondientes a
la autoridad competente;
VIII. Promover la participación de los sectores público, social
y privado en la planificación y ejecución de acciones a
favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños
y adolescentes;
IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores
público, social y privado en el cumplimiento del marco
normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables;
X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se
sujetarán para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas
100 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de las Entidades en la elaboración de los lineamientos y
procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los
requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así
como para emitir los certificados de idoneidad;
XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social;
XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de
asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales
que correspondan por el incumplimiento de los requisitos
que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial;
XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y
protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de
difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los
programas respectivos, y
XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables.
Artículo 123.
Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán
seguir el siguiente procedimiento:
I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes;
II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren
los niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible restricción o vulneración de los mismos;
III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 101
IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez,
un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan
de restitución de derechos, que incluya las propuestas de
medidas para su protección;
V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda
el cumplimiento del plan de restitución de derechos, y
VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de
restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los
derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren
garantizados.
Artículo 124.
Los requisitos para ser nombrado titular de la Procuraduría Federal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, son los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos;
II. Tener más de 35 años de edad;
III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho
debidamente registrado;
IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, niños y
adolescentes;
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado
como servidor público;
El nombramiento de Procurador Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno
del Sistema Nacional DIF, a propuesta de su Titular.
Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas
necesarias que permitan la desconcentración regional de las Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia
y cobertura posible en los municipios y, en el caso de la Ciudad de
México, en sus demarcaciones territoriales.

 

Capítulo Tercero
Del Sistema Nacional de Protección Integral
Sección Primera
De los Integrantes
Artículo 125.
Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas,
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;
II. Integrar la participación de los sectores público, social y
privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes
en los procesos de elaboración de programas y políticas
para la garantía y protección integral de sus derechos;
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes;
V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos
de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional
del desarrollo;
VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de
programas, así como en las políticas y acciones de las
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 103
dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal;
VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el
Programa Nacional;
VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la participación de los
sectores público, social y privado, así como de niñas, niños
y adolescentes;
IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la
formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes
con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;
X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia
de los programas y acciones de los gobiernos federal, de
las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con los
objetivos, estrategias y prioridades de la política pública
nacional de protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes;
XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes
en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en
consideración las medidas especiales que se requieran;
XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía
entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y
adolescentes;
XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración
y coordinación, así como acciones de concertación con
instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;
XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, acciones y
104 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en
términos de las disposiciones aplicables;
XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con
el objeto de contar con datos desagregados que permitan
monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país,
incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este
sistema de información se coordinará y compartirá con
otros sistemas nacionales, en términos de los convenios
de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
principalmente con aquellas personas que trabajan desde
los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;
XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter programático
previstos en esta Ley, y
XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de
esta Ley.
Artículo 126.
La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las
instancias de la Federación, las entidades federativas, los municipios
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, será el eje del
Sistema Nacional de Protección Integral.
Artículo 127.
El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por:
A. Poder Ejecutivo Federal:
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;
II. El Secretario de Gobernación;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 105
III. El Secretario de Relaciones Exteriores;
IV. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;
V. El Secretario del Desarrollo Social;
VI. El Secretario de Educación Pública;
VII. El Secretario de Salud;
VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y
IX. El Titular del Sistema Nacional DIF.
B. Entidades Federativas:
I. Los Gobernadores de los Estados, y
II. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
C. Organismos Públicos:
I. El Fiscal General de la República;
II. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y
III. El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
D. Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por
el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley.
Para efectos de lo previsto en el apartado D, el reglamento deberá
prever los términos para la emisión de una convocatoria pública, que
contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas
límites y plazos.
Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral, los Presidentes de las Mesas Directivas de
las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un
representante del Poder Judicial de la Federación, así como representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos, las asociaciones de municipios,
legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz pero sin voto.
El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser
suplido por el Secretario de Gobernación, en los términos previstos
por la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
106 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral nombrarán un suplente que deberá tener el nivel de subsecretario o equivalente.
El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas
a representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los órganos con autonomía constitucional,
de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz pero sin
voto.
En las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral, participarán de forma permanente, sólo con voz, niñas, niños y adolescentes, que serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, se
podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o internacionales,
especializadas en la materia.
Artículo 128.
El Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá cuando menos
dos veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum
de la mayoría de sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus
decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 129.
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Nacional de
Protección Integral podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los lineamientos para su
integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 107
Sección Segunda
De la Secretaría Ejecutiva
Artículo 130.
La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral
recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal
que deriven de la presente Ley;
II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los miembros del Sistema;
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución
del Programa Nacional;
IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de
los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la
ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones
emitidos;
VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e
internacionales;
VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a
que se refiere la fracción XV del artículo 125;
IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y
protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de
108 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores
social y privado para su incorporación en los programas
respectivos;
X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice,
así como toda aquella información pública que tienda a la
generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en
la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad,
sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;
XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;
XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;
XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la
evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas
con la protección de niñas, niños y adolescentes;
XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones
de los sectores social y privado;
XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas
de las Entidades la articulación de la política nacional, así
como el intercambio de información necesaria a efecto de
dar cumplimiento con el objeto de esta Ley, y
XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema
Nacional de Protección Integral.
Artículo 131.
El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener más de 30 años de edad;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 109
III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado;
IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en las
áreas correspondientes a su función, y
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado
como servidor público.
Sección Tercera
De la Evaluación y Diagnóstico
Artículo 132.
Corresponderá al CONEVAL la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, el Programa Nacional
y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 133.
La evaluación consistirá en revisar periódicamente el cumplimiento
de esta Ley y del Programa Nacional, metas y acciones en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 134.
De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el CONEVAL emitirá, en su caso, las sugerencias y recomendaciones que considere
pertinentes al Sistema Nacional de Protección Integral.
Artículo 135.
Los resultados de las evaluaciones serán entregados a las Cámaras
de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
110 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Capítulo Cuarto
De los Sistemas de Protección en las Entidades Federativas
Sección Primera
De los Sistemas Locales de Protección
Artículo 136.
En cada entidad federativa se creará e instalará un Sistema Local de
Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de las administraciones locales
vinculadas con la protección de estos derechos, en los términos que
determinen sus respectivos ordenamientos legales y serán presididos por la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal y de la Jefatura
de Gobierno del Distrito de Federal. Se organizarán y funcionarán de
manera similar al Sistema Nacional de Protección Integral, contarán
con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación de los
sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes.
El Sistema Nacional de Protección Integral se articulará con los
Sistemas Locales de Protección a través de sus respectivas Secretarías Ejecutivas.
Artículo 137.
Los Sistemas Locales de Protección tendrán, cuando menos, las siguientes atribuciones:
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional;
II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Protección;
III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de
programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública local;
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 111
IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de
protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;
V. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas para la protección de
niñas, niños y adolescentes;
VI. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la
participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección integral de sus derechos;
VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
los cuales tendrán una realización progresiva;
VIII. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia en la elaboración
de programas, así como en las políticas y acciones para la
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
IX. Participar en la elaboración del Programa Nacional;
X. Elaborar y ejecutar el Programa Local con la participación
de los sectores público, social y privado, así como de niñas,
niños y adolescentes;
XI. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la
ejecución del Programa Local;
XII. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa
Local y remitirlo al Sistema Nacional de Protección;
XIII. Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias y acciones en materia de
protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes con la participación de los sectores público,
social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;
XIV. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes
en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en
consideración las medidas especiales que se requieran;
XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía
entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y
adolescentes;
112 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
XVI. Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en
la integración del sistema de información a nivel nacional;
XVII. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
principalmente con aquellas personas que trabajan desde
los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;
XVIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para
el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;
XIX. Celebrar convenios de coordinación en la materia;
XX. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus
atribuciones, y
XXI. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables.
Las leyes de las entidades federativas determinarán la forma y
términos en que los Sistemas municipales participarán en el Sistema
Local de Protección y, en el caso de la Ciudad de México, la forma de
participación de las demarcaciones territoriales.
Sección Segunda
De los Sistemas Municipales de Protección
Artículo 138.
Los Sistemas Municipales serán presididos por los Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales, y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría Ejecutiva
y garantizarán la participación de los sectores social y privado, así
como de niñas, niños y adolescentes.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 113
Artículo 139.
Las leyes de las entidades federativas preverán que las bases generales de la administración pública municipal, dispongan la obligación
para los ayuntamientos de contar con un programa de atención y con
un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de primer
contacto con niñas, niños o adolescentes y que serán el enlace con
las instancias locales y federales competentes.
Las mismas disposiciones de este artículo serán aplicables a las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la Constitución Política de la Ciudad de México.
La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los
servidores públicos municipales o de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, cuando en la operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden, detecten
casos de violación a los derechos contenidos en la presente Ley, a
efecto de que se dé vista a la Procuraduría de Protección competente de forma inmediata.
Las instancias a que se refiere este artículo deberán ejercer, sin
perjuicio de otras que dispongan las leyes de las entidades federativas, las atribuciones previstas en el artículo 119 de esta Ley.
Capítulo Quinto
De los Organismos de Protección de los Derechos Humanos
Artículo 140.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de
protección de los derechos humanos de las entidades federativas, en
el ámbito de sus competencias, deberán establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y
divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
114 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Capítulo Sexto
Del Programa Nacional y de los Programas Locales
Artículo 141.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social,
participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el
cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la
presente Ley.
Artículo 142.
El Programa Nacional contendrá las políticas, objetivos, estrategias y
líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 143.
Los programas locales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, y
deberán alinearse al Programa Nacional.
Artículo 144.
El Programa Nacional y los programas locales deberán incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento,
así como de participación ciudadana y serán publicados en el Diario
Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las
entidades federativas, según corresponda.
Artículo 145.
Los Sistemas Nacional, Locales y Municipales contarán con órganos
consultivos de apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de los sectores social y privado, para la implementación y aplicación de los programas.

TÍTULO SEXTO
De las Infracciones Administrativas
Capítulo Único
De las Infracciones y Sanciones Administrativas
Artículo 146.
Las leyes de las entidades federativas establecerán las infracciones y
las sanciones que resulten aplicables en el ámbito de sus respectivas
competencias y los procedimientos para su imposición e impugnación, así como las autoridades competentes para ello.
Artículo 147.
Los servidores públicos federales, personal de instituciones de salud,
educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de
aquéllas que, en el ejercicio de sus funciones o actividades o con
motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho
o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a alguna
niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que resulten aplicables, en términos de las disposiciones
correspondientes.
No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho
las molestias que sean consecuencia de sanciones legales, que sean
inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de
autoridad.
Artículo 148.
En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente Ley:
I. Respecto de servidores públicos federales, personal de
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales,
empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al
116 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
control, administración o coordinación de aquéllas, así
como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal, cuando en el ejercicio de sus
funciones o actividades o con motivo de ellas conozcan
de la violación de algún derecho a alguna niña, niño o
adolescente e indebidamente se abstengan de hacerlo
del conocimiento de la autoridad competente en contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley y demás ordenamientos aplicables;
II. Respecto de servidores públicos federales, personal de
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales,
empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al
control, administración o coordinación de aquéllas, así
como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal, propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión,
daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que
tengan conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes;
III. Respecto de los concesionarios de radio, televisión, la difusión o transmisión de imágenes, voz o datos que afecten
o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas,
niños o adolescentes, o que hagan apología del delito, en
contravención al artículo 68 de esta Ley y a las disposiciones específicas que regulen la difusión y transmisión de
contenidos;
IV. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de
quien dirija medios impresos, la violación a la intimidad
personal o familiar de niñas, niños o adolescentes, a que
se refiere el artículo 77 de esta Ley;
V. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de
quien dirija medios impresos, la realización de entrevistas
o su difusión, sin la autorización a que se refiere el artículo
78 de esta Ley;
VI. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de
quien dirija medios impresos, la difusión de datos per-
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 117
sonales de niñas, niños o adolescentes relacionados de
cualquier forma en procedimientos penales o a quienes
se les apliquen medidas de reparación, reinserción, restitución o asistencia, en términos de las disposiciones aplicables, en contravención al artículo 79 de la presente Ley;
VII. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de
quien dirija medios impresos, la difusión de imágenes o
voz de niñas, niños o adolescentes, en contravención a lo
dispuesto en el artículo 80 de esta Ley;
VII Bis. Respecto de los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos, la distribución, publicitación, exhibición, venta y arrendamiento de videojuegos, en contravención a lo dispuesto en el artículo 69 Bis de esta Ley;
VIII. Respecto de profesionales en trabajo social o psicología
que intervengan en procedimientos de adopción que no
cuenten con la autorización del Sistema Nacional DIF a
que se refiere el artículo 31 de esta Ley, en los casos competencia de dicho Sistema, y
IX. Las demás contravenciones a lo dispuesto en esta Ley,
competencia del orden federal.
Artículo 149.
A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y
VIII del artículo anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientos
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.
Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis
del artículo anterior, serán sancionadas con multa de tres mil y hasta
treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta.
En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V,
VI y VII del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de mil
quinientos y hasta siete mil días de salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se encuentren
disponibles en medios electrónicos de los que tenga control el con-
118 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
cesionario o medio impreso que se trate, la información, datos, imágenes o audios.
En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el
doble de lo previsto en este artículo. Se considerará reincidente al que:
a) Habiendo incurrido en una infracción que haya
sido sancionada, realice otra violación del mismo
precepto de esta Ley;
b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista
resolución previa que haya causado estado, y
c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan transcurrido más de diez años.
Artículo 150.
Para la determinación de la sanción, las autoridades competentes
deberán considerar:
I. La gravedad de la infracción;
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;
IV. La condición económica del infractor, y
V. La reincidencia del infractor.
Artículo 151.
Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las siguientes
autoridades:
I. La dependencia o entidad de la Administración Pública
Federal que resulte competente, en los casos de las fracciones I y II del artículo 148 de esta Ley;
II. Tratándose de servidores públicos, así como empleados o
trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación del Poder Judicial de la Federa-
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 119
ción; las Cámaras de Diputados o de Senadores del Congreso de la Unión; órganos con autonomía constitucional,
o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o
de tribunales del trabajo o agrarios, las sanciones serán
impuestas por los órganos que establezcan sus respectivos ordenamientos legales;
III. La Secretaría de Gobernación, en los supuestos previstos
en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis, del artículo 148 de
esta Ley, y
IV. El Sistema Nacional DIF, en los casos de la fracción VIII del
artículo 148 de esta Ley.
Artículo 152.
Contra las sanciones que las autoridades federales impongan en
cumplimiento de esta Ley, se podrá interponer el recurso de revisión
previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 153.
Para los efectos de este Título, a falta de disposición expresa y en lo
que no contravenga a esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 154.
Las entidades federativas deberán establecer las infracciones y sanciones administrativas aplicables en el ámbito de su competencia.
120 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en
el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.
TERCERO. Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes a
la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere
el transitorio anterior.
CUARTO. Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor
a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
SEXTO. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto.
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá
reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a
noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades
administrativas.
SÉPTIMO. El Sistema Nacional de Protección Integral deberá
quedar instalado dentro de los ciento ochenta días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto. En su primera sesión,
el Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral someterá
a consideración y aprobación del mismo los lineamientos para su
integración, organización y funcionamiento, así como la designación
del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 121
El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, una vez instalado
el Sistema Nacional de Protección Integral, dentro de los siguientes
treinta días naturales, deberá presentar a consideración y en su caso
aprobación de los integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a
que se refiere el artículo 129 de la Ley General de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
El Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral realizará
las acciones necesarias para la elaboración del Programa Nacional,
el cual deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales
siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección.
OCTAVO. Las referencias que esta Ley hace a la Fiscalía General
de la República, se entenderán realizadas a la Procuraduría General de
la República, hasta en tanto entre en vigor la autonomía constitucional
de dicha Fiscalía.
NOVENO. Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
celebrarán convenios y programas especiales para abatir el rezago
de registro de nacimientos de niñas, niños y adolescentes.
DÉCIMO. Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 122 de la Ley que se emite por virtud del presente Decreto, en tanto
entran en vigor las disposiciones aplicables del Código Nacional de
Procedimientos Penales, se aplicarán las medidas establecidas en la
legislación procesal penal correspondiente.
DÉCIMO PRIMERO. Los centros de asistencia que se encuentren
operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto
contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
DÉCIMO SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones
a las que se refiere el transitorio anterior y la operación de los Centros
de Asistencia Social.
DÉCIMO TERCERO. Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territo-
122 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
riales del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a lo
previsto en la Ley que se expide por virtud del presente Decreto, deberán implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables y los que deriven de la misma.
México, D.F., a 6 de noviembre de 2014.- Dip. Silvano Aureoles
Conejo, Presidente.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip.
Laura Barrera Fortoul, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia,
Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a tres de diciembre de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica
TRANSITORIOS
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 26 DE ENERO DE 2018
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los instrumentos normativos que derivan del presente Decreto, así como los que integran el Sistema Nacional de
Protección Integral deberán adecuarse a la presente reforma.
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge
Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Rosa
Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho.-Enrique
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 123
Peña Nieto.-Rúbrica.-El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso
Navarrete Prida.-Rúbrica.
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DÍA 9 DE MARZO DE 2018
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta
días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las
modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo
dispuesto en el presente Decreto.
Tercero. La Secretaría de Gobernación, en un plazo de ciento
ochenta días a partir de la entrada en vigor de las modificaciones reglamentarias que refiere el artículo transitorio anterior, deberá expedir
los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Cuarto. Durante los periodos referidos en los artículos segundo y
tercero transitorios del presente Decreto, los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos deberán tomar las medidas
necesarias para que los videojuegos clasificados como exclusivos
para adultos, de conformidad con los criterios de clasificación internacionales, no sean vendidos o arrendados a personas que no acrediten
su mayoría de edad en términos de lo dispuesto en el artículo 69 Bis
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.-
Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Ernestina Godoy
Ramos, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para
124 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.-
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete
Prida.- Rúbrica.
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2018
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de
lo dispuesto en el transitorio siguiente.
Segundo. Los plazos para el cumplimiento efectivo de las obligaciones referidas en el presente Decreto serán los establecidos en el
“Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.
Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. María
Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de la Mora,
Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.-
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete
Prida.- Rúbrica.
125
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral Infantil*
DECRETO por el que se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme
el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.
Artículo Único. Se expide la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 23 de junio de 2017.
Se reforman los artículos 1; 2; 4; 11, primer párrafo; 15; 21, fracción VI; 22, primer párrafo; 23, primer párrafo y fracción X; 31, fracción
II; 36; 39, fracciones I y III; 42; 50, primer párrafo; 56; 58; 60; 61; 63,
primer párrafo y fracción II, y 74.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 26 de enero de 2018
Artículo Único. Se adicionan los artículos 12, con una fracción XI
y 19, con una fracción VIII.
*Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011.

127
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral Infantil
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.
La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de
México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, así como
la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios
en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
Artículo 2.
La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, a los Poderes Ejecutivos de
los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y de los Municipios, así como a los Poderes Federales Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 3.
Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo
128 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
dispuesto en esta Ley. Los derechos laborales colectivos o individuales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para las hijas e hijos de trabajadores y
trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus leyes reglamentarias en materia de seguridad social
tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en la misma.
Artículo 4.
Las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan por parte
de la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y
las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán ajustarse a la presente Ley.
Artículo 5.
Los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley.
Artículo 6.
La interpretación administrativa de la Ley en el ámbito Federal corresponderá a la Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública, a
la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en el ámbito de sus respectivas atribuciones y a las áreas que
determinen los poderes Legislativo y Judicial y los Órganos Constitucionales Autónomos.
Artículo 7.
Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil, en cualquiera de sus Modalidades y Tipos, quedan
sujetos a lo dispuesto en la presente Ley y, en su caso, a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 129
Artículo 8.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Centros de Atención: Espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde
se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y tres días de
nacido;
II. Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen niñas
y niños a formarse física, mental, emocional y socialmente
en condiciones de igualdad;
III. Ley: Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;
IV. Medidas Precautorias: Aquéllas que con motivo de la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil emitan las autoridades competentes,
de conformidad con la presente Ley, para salvaguardar y
proteger la vida y la integridad de niñas y niños;
V. Modalidades: Las que refiere el artículo 39 de esta Ley;
VI. Política Nacional: Política Nacional de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;
VII. Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil: Aquellas personas físicas o morales
que cuenten con permiso, licencia o autorización, emitido
por la autoridad competente, para instalar y operar uno o
varios Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo;
VIII. Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento: Conjunto de acciones para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento
de la presente Ley y garantizar el mejoramiento progresivo
y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
IX. Programa Interno de Protección Civil: Aquel que se circunscribe al ámbito de una Dependencia, Entidad, Institución
130 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y Organismo pertenecientes a los sectores público, en sus
tres órdenes de gobierno, privado y social, y se instala en
los inmuebles correspondientes con el fin de salvaguardar
la integridad física de niñas y niños, empleados y de las
personas que concurran a ellos;
X. Registros Estatales: Catálogos públicos de los Centros de
Atención, bajo cualquier modalidad y tipo, en el territorio
de la Entidad Federativa correspondiente;
XI. Registro Nacional: Catálogo público de los Centros de
Atención, bajo cualquier modalidad y tipo, en el territorio
nacional;
XII. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Prestación
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil;
XIII. Secretaría: Secretaría de Salud;
XIV. Servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil: Medidas dirigidas a niñas y niños en los Centros de
Atención, consistentes en la atención y cuidado para su
desarrollo integral infantil;
XV. Consejo: Consejo Nacional de Prestación de Servicios para
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Capítulo II
De los Sujetos de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
Artículo 9.
Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 131
Artículo 10.
Son sujetos de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil, niñas y niños, sin discriminación de ningún tipo en los
términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 11.
El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades,
los Poderes Ejecutivos de los Estados, de la Ciudad de México y las
alcaldías de sus demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se
oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos
de niñas y niños:
I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;
II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;
III. A la atención y promoción de la salud;
IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;
V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad,
orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo
y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a
la comprensión y el ejercicio de sus derechos;
VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;
VII. A la no discriminación;
VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de
personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez, y
IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas
y opiniones sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta.
132 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 12.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se
refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:
I. Protección y seguridad;
II. Supervisión e inspección efectiva en materia de protección
civil;
III. Fomento al cuidado de la salud;
IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención o a través de instituciones
de salud públicas o privadas;
V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;
VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de
niñas y niños;
VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas
propias de su edad;
VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y
socio-afectivo;
IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación;
X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan
la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la
comprensión de sus funciones en la educación de niñas y
niños, y
XI. Implementar mecanismos de participación de los padres
de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños,
respecto de su educación y atención.
Artículo 13.
El ingreso de niñas y niños a los servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil se hará de conformidad con los requisitos
previstos en las disposiciones normativas aplicables a cada caso.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 133
Capítulo III
De la Política Nacional en materia
de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
Artículo 14.
La rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una responsabilidad
indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios.
Artículo 15.
La prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil cuando esté a cargo de las dependencias y entidades
federales, estatales, del Distrito Federal o de los municipios, podrán
otorgarla por sí mismos o a través de las personas del sector social
o privado que cuenten con los requisitos y la autorización correspondientes. Se deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales y de las prestaciones de seguridad social que deriven
de éstos, en materia de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
Artículo 16.
Para la prestación de servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se deberá cumplir con lo dispuesto por esta Ley y su
Reglamento, así como por las disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes en cuanto a salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y medidas de higiene de los
Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades, así como de
los servicios educativos, de descanso, juego y esparcimiento, y otros
relacionados con el objeto de esta Ley.
134 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 17.
Los comités consultivos nacionales de normalización de las dependencias que integran el Consejo, emitirán conjuntamente, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
las Normas Oficiales Mexicanas relativas a las materias y servicios
señalados en el artículo anterior.
Artículo 18.
Es prioritaria y de interés público la política que se establezca en materia de prestación de los servicios a que se refiere la presente Ley,
la cual será determinada por el Consejo y permitirá la conjunción
de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores
público, social y privado.
Artículo 19.
La Política Nacional a la que se refiere el presente Capítulo, deberá
tener al menos los siguientes objetivos:
I. Garantizar el reconocimiento de la dignidad de niñas y niños, a partir de la creación de las condiciones necesarias
de respeto, protección y ejercicio pleno de sus derechos;
II. Promover el acceso de niñas y niños con discapacidad,
que se encuentren en situación de calle, que habiten en el
medio rural, migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y en general población que habite en zonas
marginadas o de extrema pobreza, a los servicios que señala esta Ley, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, acorde con los modelos de atención;
III. Definir criterios estandarizados de calidad y seguridad;
IV. Contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento
de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 135
V. Promover pautas de convivencia familiar y comunitaria
fundadas en el respeto, protección y ejercicio de los derechos de niñas y niños;
VI. Fomentar la equidad de género;
VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de conformidad con las prioridades que defina el
Consejo, y de los requerimientos y características de los
modelos de atención, y
VIII. Implementar mecanismos de participación de padres de
familia y de quienes ejercen la tutela de niñas y niños,
para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de los servicios que presten los Centros de Atención.
Artículo 20.
En el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política a
que se refiere el presente capítulo y en la aplicación e interpretación
de la presente Ley, se deberá atender a los siguientes principios:
I. Desarrollo de niñas y niños en todos los aspectos de su
vida, ya sean físicos, emocionales, psicosociales, cognitivos, sociales, educativos o culturales;
II. No discriminación e igualdad de derechos;
III. El interés superior de la niñez;
IV. Participación de niñas y niños en todos los asuntos que les
atañen, y
V. Equidad de género.
Capítulo IV
De la Distribución de Competencias
Artículo 21.
El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes atribuciones en materia de
prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil:
136 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil, cuyas directrices deberán atender al objeto de la presente Ley, así como a los fines del Consejo;
II. Organizar el Consejo Nacional, así como promover el cumplimiento de sus objetivos;
III. Coordinar y operar el Registro Nacional;
IV. Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación
de los servicios cumpla con los estándares de calidad y
seguridad que exige el principio de interés superior de la
niñez;
V. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del Programa Nacional de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a
que se refiere la fracción I de este artículo;
VI. Asesorar a los gobiernos locales, municipales o, en su
caso, a la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales que lo soliciten, en la elaboración y
ejecución de sus respectivos programas;
VII. Celebrar convenios de coordinación en la materia con los
demás órdenes de gobierno, para alcanzar los fines de la
presente Ley;
VIII. Promover y celebrar convenios de concertación con los
sectores privado y social, para el impulso, fomento y desarrollo de los fines de la presente Ley;
IX. Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en
la materia;
X. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda
aquella información que pueda constituir un hecho ilícito, y
XI. Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones
jurídicas.
Artículo 22.
Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados y
de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley
y la legislación local en la materia, las siguientes atribuciones:
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 137
I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad en
materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en congruencia con la
política nacional en la materia;
II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa de la entidad en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, de conformidad
con el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo;
asimismo, se considerarán las directrices previstas en el
Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;
III. Organizar el sistema de prestación de servicios para la
atención, cuidado y desarrollo integral infantil de la entidad correspondiente y coadyuvar con el Consejo;
IV. Coordinar y operar el Registro de la Entidad correspondiente;
V. Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación
de los servicios cumpla con los estándares de calidad y
seguridad que exige el principio de interés superior de la
niñez;
VI. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del programa de la entidad a que se refiere la fracción II de este artículo;
VII. Asesorar a los gobiernos municipales o, en su caso, a los
órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México que lo soliciten, en
la elaboración, ejecución o evaluación de sus respectivos
programas;
VIII. Celebrar convenios de coordinación en la materia con los
demás órdenes de gobierno, para alcanzar los fines de la
presente Ley;
IX. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y social, las acciones tendientes a favorecer la
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente Ley;
X. Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en
la materia;
138 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
XI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento
de esta Ley y de las disposiciones estatales que se relacionen y deriven de la misma, por parte de los prestadores
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, en cualquiera de sus Tipos y Modalidades;
XII. Decretar, en el ámbito de su competencia, las medidas
precautorias necesarias a los Centros de Atención;
XIII. Imponer las sanciones que correspondan a su ámbito de
competencia, por el incumplimiento a las disposiciones
de esta Ley;
XIV. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda
aquella información que pueda constituir un hecho ilícito, y
XV. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones
jurídicas.
Artículo 23.
Corresponde a los Municipios y a los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
las leyes estatales en la materia, las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil, en congruencia con la política
estatal y federal en la materia;
II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa municipal en materia de prestación de servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil, de conformidad con
el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo. Para tal
efecto se considerarán las directrices previstas en el plan
estatal de desarrollo y el programa estatal de prestación
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil correspondientes;
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 139
III. Coadyuvar con el sistema local de prestación de servicios
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil correspondiente; así como en la integración y operación de
su Registro Local;
IV. Verificar en su ámbito de competencia, que la prestación
de los servicios cumpla con los estándares de calidad y
seguridad que exige el principio del interés superior de la
niñez;
V. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del programa a que se refiere el primer párrafo de la
fracción II de este artículo;
VI. Celebrar convenios de coordinación en la materia con los
demás órdenes de gobierno, para alcanzar los fines de la
presente Ley;
VII. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y social, las acciones tendientes a favorecer la
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente Ley;
VIII. Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en
la materia;
IX. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones
aplicables en su ámbito de competencia que se relacionen y deriven de la misma, por parte de los prestadores
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil;
X. Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención autorizados por el municipio y la Demarcación Territorial de la Ciudad de México correspondiente
en cualquier modalidad o tipo;
XI. Imponer las sanciones, en el ámbito de su competencia, a
las que se refieren la presente Ley y las legislaciones municipales que de ella deriven, respecto de los prestadores
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, en cualquiera de sus Modalidades y Tipos;
XII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda
aquella información que pueda constituir un hecho ilícito, y
140 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
XIII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones
jurídicas federales y estatales.
Capítulo V
Del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
Artículo 24.
El Consejo es una instancia normativa, de consulta y coordinación, a
través de la cual se dará seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan
establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia.
Artículo 25.*
El Consejo se integrará con los Titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:
I. El Sistema Nacional DIF, quien lo presidirá;
II. La Secretaría;
III. La Secretaría de Gobernación;
IV. La Secretaría de Desarrollo Social;
V. La Secretaría de Educación Pública;
VI. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
VII. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas;
VIII. El Instituto Mexicano del Seguro Social;
IX. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
X. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, y
*El Decreto por el que se reformaron los artículos 25 y 26 de la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil fue publicado el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la
Federación. Conforme al artículo Primero Transitorio la reforma entró en vigor al día siguiente.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 141
XI. Un representante del sector obrero y otro del sector empresarial, que lo serán los representantes en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Serán invitados permanentes a las sesiones del Consejo, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, quienes tendrán derecho a voz.
Los nombramientos en el Consejo serán honoríficos e institucionales.
Artículo 26.*
El Ejecutivo Federal, a través del Sistema Nacional DIF, podrá integrar
al Consejo a los titulares de otras dependencias y entidades federales
que presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil o cuyo ámbito de atribuciones esté vinculado con estos servicios.
Artículo 27.
También podrá invitar a participar en el Consejo, con derecho a voz
pero sin voto, a los titulares de los Sistemas estatales y municipales
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, de
acuerdo a su normatividad interna.
Artículo 28.
Los integrantes titulares podrán designar un suplente, el cual deberá
tener, al menos, nivel jerárquico de Director General o equivalente.
Artículo 29.
El Consejo contará con una Secretaría Técnica que será responsable
de coordinar las acciones objeto del mismo y cuya designación estará sujeta a las disposiciones de su normatividad interna.
142 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 30.
La operación y funcionamiento del Consejo se regularán por las disposiciones de esta Ley y su normatividad interna.
Artículo 31.
El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil; que permita la conjunción de
esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los
sectores público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de niñas y niños;
II. Impulsar la coordinación interinstitucional a nivel federal,
local, municipal y en su caso, de la Ciudad de México y las
alcaldías de sus demarcaciones territoriales, así como la
concertación de acciones entre los sectores público, social y privado;
III. Promover los mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad entre la sociedad civil y las diferentes dependencias
y entidades que integran el Consejo;
IV. Impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento para el personal que labora en los Centros de
Atención a cargo de las dependencias y entidades que
conforman el Consejo;
V. Promover ante las instancias competentes la certificación
de competencias laborales para el personal que preste
sus servicios en los Centros de Atención;
VI. Promover el diseño y uso de indicadores, así como la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación
de la cobertura y calidad de los servicios que se ofrecen;
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 143
VII. Impulsar la investigación y la generación de estudios que contribuyan a la toma de decisiones y la planeación de políticas
públicas vinculadas con el objeto de esta Ley;
VIII. Promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil, a fin de garantizar la
transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos;
IX. Promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los
servicios a través de esquemas diversificados y regionalizados;
X. Promover la generación, actualización y aplicación de normas oficiales mexicanas que permitan la regulación de
los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil;
XI. Promover la participación de las familias, la sociedad civil
y niñas y niños en la observación y acompañamiento de la
política nacional y de los servicios, y
XII. Aprobar sus reglas internas de operación.
Artículo 32.
El Consejo tendrá los siguientes objetivos:
I. Diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para asegurar la atención integral a niñas y niños;
II. Coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que
conforman el Consejo, para promover mecanismos que permitan mejorar la calidad de los servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil, y
III. Impulsar acciones de gobierno para ofrecer un servicio de
atención, cuidado y desarrollo integral infantil con criterios
comunes de calidad, a través del fomento de actividades
de capacitación, certificación, supervisión y seguimiento de
los servicios.
144 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 33.
El Consejo para el cumplimiento de sus fines atenderá a lo siguiente:
I. Los integrantes del Consejo se reunirán en sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año, para dar seguimiento a las acciones acordadas entre sus integrantes;
II. Los integrantes del Consejo podrán reunirse en sesiones
extraordinarias para atender asuntos que merezcan atención inmediata, las cuales serán convocadas por su Presidente a propuesta de cualquiera de los integrantes;
III. Los integrantes del Consejo, intercambiarán y analizarán
información y datos referentes a los temas de su competencia con el fin de cumplir con los objetivos establecidos, y
IV. Deberá entregar un informe semestral de actividades al
H. Congreso de la Unión, quien en todo momento y, si así
lo considere necesario, podrá llamar a comparecer a sus
integrantes.
Capítulo VI
Del Registro Nacional y Registros Estatales
de los Centros de Atención
Artículo 34.
El Registro Nacional se organizará conforme a lo dispuesto por el Reglamento y tendrá por objeto:
I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política
nacional y del Consejo;
II. Concentrar la información de los Centros de Atención de
los sectores público, social y privado que presten servicios
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
III. Identificar a los prestadores de servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil en cualquiera de sus
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 145
Modalidades y Tipos, así como mantener actualizada la
información que lo conforma;
IV. Contar con un control estadístico que contribuya a la definición de políticas públicas a que se refiere esta Ley, y
V. Facilitar la supervisión de los Centros de Atención.
Artículo 35.
El Registro Nacional deberá orientarse por los principios de máxima
publicidad, transparencia y legalidad, cumpliendo con las disposiciones en materia de rendición de cuentas.
Artículo 36.
Las autoridades federales, estatales, municipales y, en su caso, la que
se determine respecto de la Ciudad de México y las alcaldías de sus
demarcaciones territoriales, competente para emitir la autorización a
que se refiere el Capítulo IX de esta Ley, procederá a inscribirlos en el
registro nacional o estatal, según corresponda. Dichos registros deberán actualizarse cada seis meses.
Artículo 37.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
los Poderes Legislativo y Judicial Federal y los órganos constitucionalmente autónomos que brinden directamente servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, deberán inscribir el Centro
de Atención en el registro local que corresponda, previa revisión del
cumplimiento de requisitos conforme a la modalidad y tipo que se
trate y conforme a las leyes locales aplicables.
Artículo 38.
Los Registros Locales deberán proporcionar al Registro Nacional la
siguiente información:
146 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
I. Identificación del prestador del servicio sea persona física
o moral;
II. Identificación, en su caso, del representante legal;
III. Ubicación del Centro de Atención;
IV. Modalidad y modelo de atención bajo el cual opera;
V. Fecha de inicio de operaciones, y
VI. Capacidad instalada y, en su caso, ocupada.
Capítulo VII
De las Modalidades y Tipos
Artículo 39.
Los Centros de Atención pueden presentar alguna de las siguientes
modalidades:
I. Pública: Aquélla financiada y administrada, ya sea por la
Federación, los Estados, los Municipios, de la Ciudad de
México y las alcaldías, o bien por sus instituciones;
II. Privada: Aquélla cuya creación, financiamiento, operación
y administración sólo corresponde a particulares, y
III. Mixta: Aquélla en que la Federación o los Estados o los
Municipios o la Ciudad de México y las alcaldías de sus
demarcaciones territoriales o en su conjunto, participan en
el financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o privadas.
Artículo 40.
Para efectos de protección civil, los Centros de Atención, en función de
su capacidad instalada, se clasifican en los siguientes Tipos:
Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de atención, administrada por personal profesional o capacitado
de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación o
local comercial.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 147
Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50
sujetos de atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: Casa habitación,
local comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta
100 sujetos de atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: Casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente
diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100
sujetos de atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: Casa habitación,
local comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
La tipología anterior, se ajustará a las normas de cada institución
y al Reglamento de esta Ley.
Capítulo VIII
De las Medidas de Seguridad y Protección Civil
Artículo 41.
Los Centros de Atención deberán contar con un Programa Interno de
Protección Civil, el cual deberá contener, por lo menos, el ámbito
de competencia y responsabilidad de los prestadores de servicio en
cada una de las modalidades, el estado en el que se encuentra el inmueble, las instalaciones, el equipo y el mobiliario utilizado para la
prestación del servicio. El Programa Interno deberá ser aprobado por
el Sistema Nacional de Protección Civil o por las Direcciones o Secretarías Estatales de Protección Civil o municipales, según sea el caso,
y será sujeto a evaluación de manera periódica, por las instancias
correspondientes.
148 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 42. 1
Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de
intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de
México, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún
establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad
física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran
a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor
a cincuenta metros.
Artículo 43.
Para el funcionamiento de los Centros de Atención, se deberán definir las rutas de evacuación, así como la señalización y avisos de
protección civil, de acuerdo con el Reglamento y otras disposiciones
jurídicas. Al diseñar estas rutas, se deberá tomar en cuenta, además
de la seguridad y rapidez, el sitio de refugio al que se les conducirá
a niñas, niños y personal que preste sus servicios, el cual tiene que
estar lejos del paso de cables que conduzcan energía eléctrica y de
ductos que conduzcan gas o sustancias químicas.
Artículo 44.
Con relación a la evacuación del Inmueble, se deberá comprobar periódicamente el funcionamiento de todos los elementos de evacuación así como las salidas del mismo en caso de riesgo. Además se
deben prever medidas específicas relacionadas con la evacuación de
personas con discapacidad.
1 Fecha de publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
abril de 2016.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 149
Artículo 45.
Al menos una vez cada dos meses, se deberá realizar un simulacro
con la participación de todas las personas que ocupen regularmente
el Inmueble. Igualmente, deberán llevarse a cabo sesiones informativas con el objeto de transmitir a los ocupantes las instrucciones de
comportamiento frente a situaciones de emergencia.
Artículo 46.
Cualquier modificación o reparación estructural del Inmueble deberá realizarse por personal capacitado fuera del horario en el que se
prestan los servicios.
Artículo 47.
Las zonas de paso, patios y zonas de recreo no se podrán utilizar en
ningún caso como zonas de almacenaje. Cuando por necesidad y
siempre de forma transitoria se tuvieran que utilizar estas zonas para
depositar objetos, se procurará que esto se realice fuera del horario
de servicio y en todo caso se tomarán todas las medidas necesarias
para evitar accidentes.
Artículo 48.
El mobiliario y materiales que se utilicen en el Inmueble deben mantenerse en buenas condiciones de uso, retirándose aquellos que puedan ser susceptibles de causar daños o lesiones debido a su mal
estado. Los acabados interiores de los Inmuebles serán adecuados a
la edad de niñas y niños.
Artículo 49.
El Inmueble deberá, como mínimo para su funcionamiento, a fin de
prevenir y/o proteger de cualquier situación de riesgo o emergencia:
150 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
I. Contar con salidas de emergencia, rutas de evacuación,
alarmas, pasillos de circulación, equipo contra incendios,
mecanismos de alerta, señalizaciones y sistema de iluminación de emergencia;
II. Tener suficientes extintores y detectores de humo, estos deberán establecerse en lugares despejados de obstáculos
que impidan o dificulten su uso y ser correctamente señalizados para permitir su rápida localización, el Reglamento
definirá la cantidad y calidad atendiendo a su modalidad
y tipo correspondiente;
III. Habilitar espacios en el Centro de Atención específicos y
adecuados, alejados del alcance de niñas y niños para
el almacenamiento de elementos combustibles o inflamables, los cuales no podrán situarse en sótanos, semisótanos, por debajo de escaleras y en lugares próximos a
radiadores de calor;
IV. Verificar las condiciones de ventilación de las áreas donde
se almacenan o utilizan productos que desprendan gases
o vapores inflamables;
V. Controlar y eliminar fuentes de ignición como instalaciones eléctricas, chimeneas y conductos de humo, descargas eléctricas atmosféricas, radiación solar, ventilación,
calentadores, flamas abiertas, cigarrillos, entre otros;
VI. Evitar que las instalaciones eléctricas estén al alcance de
niñas y niños. Si se cuenta con plantas de luz o transformadores, estarán aislados mediante un cerco perimetral,
el cual debe estar en buen estado. Su acometida no deberá atravesar el terreno del inmueble en el que se preste
el servicio y en caso de deterioro, deberá notificarse de
inmediato al responsable del suministro de electricidad,
para proceder a su inmediata reparación;
VII. Identificar y colocar las sustancias inflamables empleadas
en el Centro de Atención en recipientes herméticos, cerrados, etiquetados y guardados lejos del alcance de niñas y
niños;
VIII. Realizar una inspección interna de las medidas de seguridad al menos una vez al mes;
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 151
IX. Revisar al menos una vez al año las paredes divisorias,
si existieran, para detectar la aparición de fisuras, grietas,
hundimientos, desplomes respecto a la vertical y desprendimientos de elementos fijados a ellas;
X. Revisar la instalación eléctrica después de ocurrida una
eventualidad, así como el sistema de puesta a tierra;
XI. Contar con protección infantil todos los mecanismos eléctricos;
XII. No manipular ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos
o instalaciones relacionados con la electricidad, cables y
elementos que no estén aislados;
XIII. En caso de aparatos de calefacción, éstos deberán estar
fijos, y
XIV. Las demás que ordene el Reglamento de la Ley que emita
el Ejecutivo Federal, las disposiciones correspondientes a
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Artículo 49 Bis.
Los Centros de Atención podrán hacer uso de equipos o sistemas
tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o sonidos
como una medida de seguridad adicional para prevenir cualquier
riesgo o emergencia que se presente en las instalaciones, salvaguardando la integridad de los menores en términos de las disposiciones
legales aplicables.
Capítulo IX
De las Autorizaciones
Artículo 50.
La Federación, los Estados, Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas
competencias y conforme lo determine el Reglamento, otorgarán las
152 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
autorizaciones respectivas a los Centros de Atención cuando los interesados cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos
siguientes:
I. Presentar la solicitud en la que al menos se indique: la población por atender, los servicios que se proponen ofrecer,
los horarios de funcionamiento, el nombre y datos generales del o los responsables, el personal con que se contará
y su ubicación;
II. Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que
pongan en riesgo la vida y la integridad física de niñas y
niños durante su permanencia en los Centros de Atención.
Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad civil y riesgos profesionales del prestador del servicio frente
a terceros a consecuencia de un hecho que cause daño.
Las condiciones de las pólizas deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, así como a las disposiciones que
al efecto se expidan;
III. Contar con un Reglamento Interno;
IV. Contar con manuales técnico-administrativos, de operación, y de seguridad;
V. Contar con manual para las madres, padres o quienes tengan la tutela, custodia o la responsabilidad de crianza y
cuidado de la niña o niño;
VI. Contar con un Programa de Trabajo que contenga las actividades que se desarrollarán en los Centros de Atención;
VII. Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento
que garanticen la prestación del servicio en condiciones
de seguridad para niñas, niños y el personal;
VIII. Contar con un Programa Interno de Protección Civil de
conformidad con el artículo 41 de la presente Ley;
IX. Cumplir con las licencias, permisos y demás autorizaciones en materia de protección civil, uso de suelo, funcionamiento, ocupación, seguridad y operaciones, seguridad
estructural del inmueble y aspectos de carácter sanitario.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 153
En sus ámbitos de competencia las autoridades mencionadas deberán atender, en tiempo y forma, las solicitudes
presentadas en tal sentido;
X. Contar con documentos que acrediten la aptitud y capacitación requerida de las personas que prestarán los servicios;
XI. Contar con información de los recursos financieros, mobiliario, equipo, material didáctico y de consumo para operar, y
XII. Cumplir con los requerimientos previstos para la Modalidad y Tipo correspondiente que establezca el Reglamento
de esta Ley que emita el Ejecutivo Federal, las disposiciones normativas y técnicas de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables.
Artículo 51.
Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior tendrán una
vigencia de por lo menos un año, sin perjuicio de lo dispuesto en las
disposiciones legales y administrativas aplicables. Ningún Centro de
Atención podrá prestar servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil sin contar con la autorización que corresponda en
materia de protección civil.
Artículo 52.
El programa de trabajo a que se refiere la fracción VI del artículo 50 de
la presente Ley, deberá contener al menos la siguiente información:
I. Los derechos de niñas y niños enumerados en el artículo
11 de la presente Ley;
II. Actividades formativas y educativas y los resultados esperados;
III. La forma en que se dará cumplimiento a cada una de las
actividades que señala el artículo 12 de la presente Ley;
IV. El perfil de cada una de las personas que laborarán en el
Centro de Atención directamente vinculadas al trabajo con
niñas y niños, así como las actividades concretas que se
les encomendarán;
154 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
V. Las formas y actividades de apoyo a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia, o quien sea responsable del cuidado y crianza, para fortalecer la comprensión
de sus funciones en la atención, cuidado y desarrollo integral de la niña o niño;
VI. El mecanismo que garantice la confiabilidad y seguridad
para la identificación o reconocimiento de las personas
autorizadas para entregar y recibir a niñas y niños;
VII. Los procedimientos de recepción, procesamiento, resolución y seguimiento de quejas y sugerencias por parte de
niñas, niños, la madre, el padre o quien ejerza la custodia
legal, y
VIII. El procedimiento para la entrega de información a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia o quien
sea responsable del cuidado y crianza, sobre el desempeño y desarrollo integral de niñas y niños.
Artículo 53.
La información y los documentos a que se refiere el artículo 50, estarán siempre a disposición de las personas que tengan la tutela o custodia o de quienes tengan la responsabilidad del cuidado y crianza
de niñas y niños.
Capítulo X
De la Capacitación y Certificación
Artículo 54.
El personal que labore en los Centros de Atención que presten servicios, estará obligado a participar en los programas de formación,
actualización, capacitación y certificación de competencias, así como
de protección civil que establezcan las autoridades competentes.Artí
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 155
Artículo 55.
Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil promoverán la capacitación de su personal, por lo
que deberán brindarles las facilidades necesarias para este efecto, de
acuerdo a la modalidad correspondiente y sin perjuicio de lo establecido por la legislación laboral.
Artículo 56.
La Federación, los Estados, Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales determinarán conforme a
la Modalidad y Tipo de atención, las competencias, capacitación y
aptitudes con las que deberá contar el personal que pretenda laborar en los Centros de Atención. De igual forma, determinará los tipos
de exámenes a los que deberá someterse dicho personal, a fin de
garantizar la salud, la educación, la seguridad y la integridad física y
psicológica de niñas y niños.
Artículo 57.
El personal que labore en los Centros de Atención garantizará un ambiente de respeto en el marco de los derechos de niñas y niños.
Artículo 58.
La Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las
alcaldías implementarán acciones dirigidas a certificar y capacitar
permanentemente al personal que labora en los Centros de Atención.
156 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Capítulo XI
De la Participación de los Sectores Social y Privado
Artículo 59.
A través de las políticas públicas relacionadas con la prestación de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se
fomentará la participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de esta Ley y de conformidad con la política nacional en la materia.
Artículo 60.
La Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las
alcaldías de sus demarcaciones territoriales promoverán las acciones
desarrolladas por los particulares en la consecución del objeto de la
presente Ley.
Capítulo XII
De la Inspección y Vigilancia
Artículo 61.
La Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las
alcaldías de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus
respectivas competencias y conforme lo determine el Reglamento,
deberán efectuar, cuando menos cada seis meses, visitas de verificación administrativa a los Centros de Atención de conformidad con
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el ámbito federal y
con las legislaciones locales correspondientes en la esfera de competencia de las Entidades Federativas.
Artículo 62.
Las visitas a que se refiere el artículo anterior, tendrán los siguientes
objetivos:
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 157
I. Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por
esta Ley y demás ordenamientos aplicables por parte de
los prestadores de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil, y
II. Informar a la autoridad responsable de la detección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica de niñas y niños y solicitar su oportuna actuación.
Artículo 63.
El Consejo, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones
territoriales y, en su caso, los municipios, implementarán el Programa
Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del
funcionamiento, el cual tendrá los siguientes objetivos:
I. Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento
de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
II. Establecer, en el marco de la coordinación entre dependencias y entidades federales, con las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas, la
Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones
territoriales y, en su caso, de los municipios, los mecanismos de colaboración técnico operativa para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y de
la normatividad que regula los servicios;
III. Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación
de autorizaciones para prestar servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil; y
IV. Garantizar la detección y corrección oportuna de cualquier
riesgo para la integridad física o psicológica de niñas y
niños.
158 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 64.
La madre, el padre, tutor o la persona que tenga la responsabilidad de
cuidado y crianza, podrá solicitar la intervención de la autoridad correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento
a la normatividad o factor que pueda constituir un riesgo en los Centros de Atención.

Capítulo XIV
De las Medidas Precautorias
Artículo 67.
Las autoridades verificadoras competentes, podrán imponer medidas
precautorias en los Centros de Atención cuando adviertan situaciones
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 159
que pudieran poner en riesgo la integridad de los sujetos de atención
de cuidado y desarrollo integral infantil. Estas medidas son:
I. Recomendación escrita, en la que se fije un plazo de hasta
treinta días para corregir la causa que le dio origen;
II. Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que
no se atienda la recomendación en el plazo establecido,
señalándose un término de hasta diez días para corregir
la causa que lo motivó, y
III. Suspensión total o parcial de actividades en el Centro de
Atención que se mantendrá hasta en tanto se corrija la
situación que le dio origen. Cuando a juicio de la autoridad la causa lo amerite, esta medida podrá imponerse con
independencia de las demás señaladas en este artículo.
Artículo 68.
Los plazos a que se refiere el artículo anterior, podrán ampliarse siempre y cuando ello se justifique a partir de la situación específica que
originó la medida.
Capítulo XV
De las Infracciones y Sanciones
Artículo 69.
Las autoridades competentes podrán imponer las siguientes sanciones administrativas:
I. Multa administrativa;
II. Suspensión temporal de la autorización a que se refiere
esta Ley, y
III. Revocación de la autorización a que se refiere esta Ley y la
cancelación del registro.
160 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 70.
La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:
I. Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por
parte de los supervisores correspondientes;
II. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan nutricional respectivo, y/o no cumplir con los
requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en la Norma Oficial respectiva;
III. Modificar la estructura del inmueble o la distribución de
los espacios sin contar con los permisos de la autoridad
competente;
IV. Incumplir con las medidas de salud y atención médica en
los términos que establezca la normatividad correspondiente, y
V. Realizar por parte del personal de los Centros de Atención,
algún acto de discriminación contra cualquiera de sus integrantes.
Artículo 71.
Son causas de suspensión temporal será impuesta, de conformidad
con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:
I. No contar con el personal competente o suficiente para
brindar los servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil;
II. No regularizar la situación que dio origen a la imposición
de la multa de tal forma que las causas que originaron a
la misma sigan vigentes;
III. Realizar actividades con niñas y niños fuera de las instalaciones del Centro de Atención sin el previo consentimiento de los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad de su atención, cuidado y crianza;
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 161
IV. El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad y
seguridad;
V. El descuido por parte del personal que ponga en peligro la
salud o la integridad física o psicológica de niñas y niños;
VI. Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones contenidas en el artículo que antecede, y
VII. En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones
graves en una niña o niño, en tanto se deslinde la responsabilidad al Centro de Atención o personal relacionado
con el mismo.
Artículo 72.
Son causas de revocación de la autorización y cancelación del registro será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:
I. La pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en
una niña o niño, acreditadas mediante sentencia ejecutoria
que haya causado estado y sean atribuibles al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley;
II. La existencia de cualquier delito sexual acreditado al personal del Centro de Atención mediante sentencia ejecutoria que haya causado estado, y
III. La no regularización de la situación que dio origen a la
imposición de una suspensión temporal de tal forma que
las causas que originaron a la misma sigan vigentes.
Artículo 73.
Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos
de la Federación, constituyen infracción y serán sancionados en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, sin perjuicio de las penas que correspondan
cuando sean constitutivas de delitos.
162 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo 74.
En caso de que las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, se realicen por servidores públicos de las entidades federativas, de las alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o de los municipios,
serán sancionados en los términos de las leyes estatales vigentes, sin
perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas
de delitos.
Artículo 75.
Será sancionada la comisión de delitos en contra de niñas y niños
en los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de
acuerdo a lo establecido en la legislación penal correspondiente.
TRANSITORIOS
Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley deberán
ser expedidas por el Poder Ejecutivo Federal dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigor de la misma.
Tercero.- El Decreto por el que se crea el Sistema Nacional de
Guarderías y Estancias Infantiles, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de mayo de 2007, permanecerá vigente en tanto
quede instalado el Consejo a que refiere la presente Ley. Dicha instalación deberá realizarse en un plazo que no excede los 180 días
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Cuarto.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil que se encuentren operando con anterioridad a la entrada en vigor a esta Ley, contarán con un plazo de un
año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar
los Centros de Atención y su normatividad interna con base en lo dispuesto en la presente Ley.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 163
Quinto.- Las Entidades Federativas contarán con un plazo de un
año para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya
existentes conforme a la presente Ley, a partir del día en que entre en
vigor este Decreto.
Sexto.- En un plazo de un año a partir del día en que entre en
vigor este Decreto, deberán realizarse las adecuaciones y adiciones
a la legislación en materia de protección civil, en el orden federal y
estatal, con el fin de establecer las condiciones de seguridad de niñas
y niños en los Centros de Atención.
Séptimo.- El Consejo al que se refiere esta Ley, tendrá 180 días
contados a partir de su instalación para elaborar un diagnóstico sobre
el estado que guardan los Centros de Atención a nivel nacional.
Octavo.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán
solventarse de manera progresiva y sujeto a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de
Diputados para el ejercicio fiscal que corresponda.
México, D.F., a 14 de septiembre de 2011.- Sen. Jose Gonzalez
Morfin, Presidente.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen.
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso,
Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veintitrés de octubre de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José
Francisco Blake Mora.-
Rúbrica.
164 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
TRANSITORIOS
REFORMA DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2016
Artículo Único.- Se reforma el artículo 42 de la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan a este Decreto.
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.- Sen. Roberto Gil
Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario.- Dip.
Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
a cinco de abril de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.-
Rúbrica.
TRANSITORIOS
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EN FECHA 23 DE JUNIO DE 2017
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 165
Segundo. La entrada en vigor del término alcaldía en la Ley
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil surtirá efectos de acuerdo a lo establecido
en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que
se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de la reforma política de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 26 de abril de 2017.- Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta. – Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente. – Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.
– Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria. – Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a veintiuno de junio de dos mil diecisiete. – Enrique
Peña Nieto. – Rúbrica. – El Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong. – Rúbrica.
TRANSITORIOS
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DÍA 26 DE ENERO DE 2018
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge
Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.-Sen.
Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
166 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho.-Enrique Peña
Nieto.-Rúbrica.-El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.-Rúbrica.
TRANSITORIOS
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018
DECRETO por el que se adiciona un artículo 49 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil.
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía
Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez,
Secretario.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a
veinte de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.

 

 

 

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