Si la madre tiene bienes, la abuela no debe pasarle alimentos a la nieta

Hasta dónde llega la obligación alimentaria de los abuelos

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Como la abuela tenía ingresos mensuales de $100.997, el juez presumió que se encontraba en condiciones de abonar la cuota alimentaria a favor de los nietos, $ 20.000 mensuales.

Se probó que el fallecimiento del padre de los menores, la falta de desempeño de tareas remuneradas por parte de la madre y también los gastos fijos mensuales que ambos demandan.

La abuela apeló por tener 88 años y porque requiere personas que la asistan, y que no se contempló que ella no percibe arrendamientos por un campo y un departamento en Buenos Aires, sino que en la proporción de los bienes que correspondían al fallecido  son depositados en la cuenta judicial de su sucesorio en trámite.

Los jueces de cámara entendieron que por el fallecimiento del padre de los menores, obligado principal, es por sí elocuente de la imposibilidad de la madre para percibir alimentos por parte de él, por lo que la solidaridad familiar debe operar en apoyo y auxilio de las necesidades alimentarias de los niños del grupo.

No obstante ello, razonaron, no se aprecia que aquí haya sido considerado para cuantificar la prestación alimentaria condenada, el carácter subsidario de la obligación de la abuela demandada, ni que es la progenitora accionante como principal obligada, quien debe realizar los mayores esfuerzos para cumplir con su propia obligación, y que por otra parte, existen implicancias patrimoniales de la muerte del padre que deberían satisfacer (al menos en buena medida) las necesidades alimentarias de los hijos.

En efecto, surgen del expediente sucesorio  relativos al progenitor fallecido y su padre pre muerto que hemos tenido a la vista, los siguientes aspectos de importancia como distintos bienes inmuebles rurales y urbanos sometidos a arrendamiento.

Por ende y siendo la obligación alimentaria de los abuelos subsidiaria, revocaron la sentencia y será la madre quien deberá afrontar el mantenimiento de los hijos.

 

anexo con sentencia completa sobre derecho de alimentos, obligación subsidiaria de abuelos

Expte. Nº …/F – ”   . s/ Alimentos” – CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE  v(Entre Ríos) – 6/12/2018

1.-Apeló a fs. 167 la demandada A, , V. la sentencia de fs. 155/157, que fijó una cuota alimentaria a su cargo y en beneficio de sus nietos    . de $20.000 mensuales, le ordenó depositar la suma de $25.000 en concepto de alimentos atrasados y reguló honorarios.

Lo decidido se fundó en que se encontraba probado el vínculo de la demandada con los hijos de la actora y el fallecimiento del padre de los menores, la falta de desempeño de tareas remuneradas por parte de la Sra ., salvo las esporádicas que denunció y la suma por ingresos que percibe la abuela como así también los gastos fijos mensuales que ambos demandan. Asimismo, tuvo en cuenta que se probó que la reclamada cuenta con ingresos mensuales de $100.997, y que ésta no aportó prueba relacionada con los arrendamientos de inmuebles rurales y urbanos, por lo que el sentenciante presumió que se encontraba en condiciones de abonar la cuota a la que la condenó.

2.-Obra a fs. 171/176 memorial de la apelante quien calificó de arbitraria la sentencia por no sustentarse en la prueba del expediente como es el hecho que la Sra. R. es una persona joven que no padece impedimento físico o psíquico para trabajar y que el hecho de contar solo con estudios secundarios y realizar artesanías y tareas esporádicas en la panadería familiar no implican que no pueda generar ingresos. Que la demandada tiene 88 años y requiere personas que la asistan, y que no se contempló que ella no percibe arrendamientos por un campo y un departamento en Buenos Aires, sino que en la proporción de los bienes que correspondían al fallecido … son depositados en la cuenta judicial de su sucesorio en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 3. Se señaló que su parte sí denunció los contratos de arrendamientos rurales y que los agregó a fs. 39/40 vta., considera que la actora no ha demostrado interés en la pensión de la Caja Forense, que le correspondería a los menores, no obstante que debe pagarse lo adeudado con la institución. De igual modo entiende ignorada la prueba relacionada con los montos percibidos por la Sra. R. de los que da cuenta la prueba informativa producida en autos, concretamente el informe del Banco ICBC de fs. 137 que da cuenta de un retiro de $513.037,67 de una cuenta de cotitularidad de … suma que alcanzaría para tres años de cuota como la aquí fijada de modo que los dichos sobre su paupérrima situación económica no son ciertos; refiere asimismo al informe de RNPA de fs. 74/83 de donde surge que la Sra.    enajenó 2 vehículos percibiendo su producido, de igual modo al prestar declaración a fs. 109/112 reconoce ser propietaria de un automóvil de alta gama año 2017 que no explica como mantiene si, a la par, denuncia no tener trabajo estable ni ingresos. Entiende suficiente, por el contrario, lo que la actora percibe en el juicio sucesorio del padre de los menores y la latente pensión. Finalmente discurre sobre la subsidiariedad de la obligación alimentaria de los abuelos solicitando se revoque la sentencia.
3.-Contestó la recurrida a fs. 178/179, solicitando la deserción del recurso, y subsidiariamente se afirmó que la sentencia carece de los errores reprochados, mientras que la prueba muestra la obligación de la demandada. Se apuntó que el juez tuvo en consideración los gastos fijos documentados y no negados y las normas de los arts. 660 y 668 del CCyC por un lado y, por el otro, los ingresos de la alimentante que resultaron ser abultados haberes jubilatorios. Por otra parte, los contratos de arrendamientos agregados no fueron admitidos por tratarse de fotocopias simples, mientras que la Sra. V. reconoció percibir el 100% de los cánones locativos pero sin denunciar cuánto percibe ni la vigencia de los contratos y que no es verdad que los menores hayan percibido suma alguna por dichos conceptos, que tampoco probó la demandada los gastos de cuidadoras a los que refiere de modo que la crítica es estéril.
4.- Surge de los antecedentes resumidos, que los alimentos aquí reconocidos, tienen base legal en los arts. 668 (reclamo a ascendientes) y 537 (deber alimentario entre parientes) del CCyC.
Según lo establece el art. 668 del CCyC, los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso, y que además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado.
El nuevo código recogió así la llamada “postura intermedia”, que se advertía predominante entre los fallos destinados a la materia, donde se reconocía una obligación de carácter subsidiario o sucesivo, facilitando el reclamo en clara protección del interés superior de las personas menores de edad. Por eso la doctrina entendió sobre el punto que el código adoptó la postura correcta, basándose en la Convención de los Derechos del Niño, pero sin olvidar el carácter subsidiario de la obligación alimentaria derivada del parentesco, y que dicha subsidiariedad se encuentra inserta en la primera parte del art. 537 en cuanto expresa: “Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden: a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente los más próximos en grado” (Belluscio, Claudio A.: “Los alimentos debidos por los abuelos en el Código civil y Comercial”, LL, 2017-C, 433)
Este carácter tiene también impacto en la autonomía de la cuota que corresponde a los abuelos, en cuanto a su extensión, pues aunque se atiendan las pautas fijadas en el art. 541 CCyC, ello no implica que deba ser idéntica a la que les corresponde a los progenitores respecto del menor, o deba trasladarse el peso de la obligación alimentaria que corresponde a los progenitores sobre los abuelos.
También debido a la nota de subsidiariedad, la parte que reclama alimentos para sus hijos tiene la carga de probar no sólo el incumplimiento del otro progenitor obligado, sino la insuficiencia de sus propios recursos o la imposibilidad de procurárselos, ya que como es sabido, ambos progenitores tienen la obligación y el deber de prestar alimentos a sus hijos -art.658 CCyC-, aun cuando se atienda que las tareas de cuidado personal tienen reconocido un valor económico y constituyen un aporte a la manutención -art.660 CCyC-.
5.-En el presente caso, el hecho no discutido del fallecimiento del padre de los menores, obligado principal, es por sí elocuente de la imposibilidad de la actora para percibir alimentos por parte de él, por lo que hasta allí, teniendo en cuenta la etapa de reacomodamiento que implica un episodio doloroso de ese tipo, la solidaridad familiar debe operar en apoyo y auxilio de las necesidades alimentarias de los niños del grupo.
No obstante ello, no se aprecia que aquí haya sido considerado para cuantificar la prestación alimentaria condenada, el carácter subsidario de la obligación de la abuela demandada, ni que es la progenitora accionante como principal obligada, quien debe realizar los mayores esfuerzos para cumplir con su propia obligación, y que por otra parte, existen implicancias patrimoniales de la muerte del padre que deberían satisfacer (al menos en buena medida) las necesidades alimentarias de los hijos por los que se reclaman.
En efecto, surgen del expediente sucesorio “…. (h) s/ Sucesorios acumulados”, relativos al progenitor fallecido y su padre pre muerto que hemos tenido a la vista, los siguientes aspectos de importancia que se sintetizan:
a) El acervo del causante comprende distintos bienes inmuebles rurales y urbanos sometidos a arrendamiento, habiéndose aprobado a fs. 311 el inventario de bienes de fs.227/229, complementado a fs.288/289, 266 y vta. y 270, mientras que el avalúo se aprobó a fs. 332.
Asimismo la herencia cuenta con fondos líquidos provenientes de honorarios judiciales del causante que se fueron depositando en cuenta judicial 350628/2. Al respecto ya hubo un pedido de adjudicación previa deducción de los honorarios a regularse: 25% a B. E., 25% S. E., 25% O. E. y que se reservara el 25% restante al heredero condicional V. M., lo que se tuvo presente a fs. 92.
En relación a las gestiones para la adjudicación, surgió informado a fs. 185 y vta., que el causante se encontraba inhibido por la Caja Forense de Entre Ríos, por lo que se efectuó un reconocimiento de deuda a dicha entidad -fs. 204/205-, y a fs. 252 se ordenó la transferencia de $213.141,52 para su cancelación, de modo de obtener el levantamiento de la inhibición de bienes y allanar el trámite previsional.
A fs. 332 se dispuso oficiar al Nuevo BERSA para que vencido el plazo fijo constituido con el dinero de la cuenta judicial (por $520.000) se lo volviera a depositar en la cuenta de autos (que registraba un saldo de $33.886,28) para la respectiva adjudicación, obrando constancia de entrega de oficio a tal fin de fecha 28/11/2018.
b) A fs. 295, con fecha 24/09/2018, se ordenó formar legajo de administración con la rendición de cuentas de los arrendamientos conforme al requerimiento efectuado a …., que agregada a fs. 237/238 fue desglosada a ese fin.
c) Obra a fs. 239/241 y vta., constancia del cobro por parte de la Sra. Rocío …. de la suma de $513.037,67, el día 05/12/2016 correspondiente a un plazo fijo que de cotitularidad con ella, el causante y la Sra. V., del banco ICBC.
d) Habiéndose requerido por oficio a la Caja Forense de Entre Ríos informe sobre inicio del trámite del beneficio previsional del causante, contestó a fs. 312 que al 09/10/2018, no se encontraba iniciado.
6.-Se extrae de tal reseña, que el progenitor fallecido dejó bienes en herencia a sus hijos de carácter productivo, con rentabilidad actual que debería redundar en directo provecho de los alimentados, pesando sobre la progenitora reclamante la responsabilidad de velar por una administración beneficiosa para aquellos, ya que prevé el proceso sucesorio expresos mecanismos a ese fin.
A su vez, también la actora ha percibido de modo directo fondos de depósitos bancarios pertenecientes al causante, y se encuentran por adjudicar los disponibles en la cuenta judicial del juicio sucesorio.
Por su parte la pensión del Sr. M…. a tenor de las constancias antes reseñadas, no ha sido impulsada por los interesados sin que existan obstáculos al menos conocidos para su pronta obtención.
Adicionalmente se ventiló la disposición por parte de la actora de dos rodados que en un 50% habían sido de titularidad del causante y se transfirió antes de su fallecimiento, lo cual fue por ella aceptado en su audiencia de declaración de parte -fs.110/112-.
Nos parece poco claro lo relativo al hogar donde residen los menores alimentados, sito en calle Río de los Pájaros y Gervasio Méndez del Barrio Florida de esta ciudad, dado las manifestaciones realizadas al respecto en la presentación al juicio de la reclamada, y la elusiva contestación efectuada por la Sra. R. en su declaración de parte.
No es esa una actitud admisible en un proceso judicial, donde las partes deben ser claras en sus posiciones, y ajustar las mismas al principio de veracidad ya que es éste un derivado del de buena fe (receptados en los arts. 31.5.d), y 42 y fine del CPCC), máxime cuando “la habitación”, es uno de los ingredientes de la prestación alimentaria demandada, y se relaciona con la determinación de las reales necesidades de los menores de edad.
7.- Todos los elementos enunciados importan porque si bien es el interés superior del niño el que debe primar en este tipo de decisiones, debe ello compatibilizarse aquí con el de la abuela reclamada, que es otra persona acreedora de especial tutela conforme le asegura la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuanto cuenta a la fecha con 88 años de edad -ver fs. 38-.
Y así como cabe presumir los gastos que conlleva la alimentación de las personas menores de edad, tampoco se escapan al juez conforme sus máximas de experiencias, que la vejez depara elevados y progresivos gastos relacionados con la salud y la asistencia.
8.-Recientemente, si bien relativo a un reclamo alimentario que el progenitor conviviente realizó a la madre de dos niñas menores que alegaba insuficiencia de ingresos, esta Sala tuvo en cuenta como parámetro mínimo comparativo de los importes que conllevan la educación, alimentación, salud y esparcimiento de hijos de esas edades, el valor de la canasta básica total informada por el INDEC, para un supuesto similar, y que para el mes de julio pasado, alcanzaba la suma de $20.134,07 (ver sitio web de ese organismo) (esta Sala, en: “G. G. R. C/ M. P. V. S/ Alimentos”, Expt. Nº 6141/F, 25/09/2018).
Atendiendo esa pauta, y que como hemos apuntado, surge del juicio que la necesidad habitacional de los niños pareciera encontrarse satisfecha, que en la especie la reclamante es también deudora alimentaria frente a sus hijos y por su edad en mejores condiciones para prestarlos (art.537 último párr.CCyC), como que el progenitor fallecido dejó bienes y recursos que deberían destinarse a las necesidades de los mismos, siendo la obligación de la abuela reclamada de tipo subsidiario, apreciamos que la cuota fijada es alta y debe reducirse, estableciendo un límite temporal (lógica mocionada incluso por la actora a fs. 26 vta.) de seis meses calendario desde la firmeza de la presente sentencia, lapso en el cual, es de esperar la progenitora logre insertarse en el mercado laboral, se regularice la administración del sucesorio o liquide el acervo hereditario y defina el haber previsional que percibirán.
En ese sentido consideramos razonable establecerla en el 12% de los haberes líquidos percibidos en concepto de pensión otorgada por la Caja de Jubilaciones de la Provincia a la Sra. V. de E., por el fallecimiento de su esposo (líquido que alcanzó los $88.417,00 en abril de 2018, según informe de fs. 93/94). Con ello no se omite que la demandada cuenta asimismo con una jubilación ordinaria de $7.660,42 para el mes de Mayo de 2018, según informe de fs. 52/54, sino que se decide un porcentaje cierto y razonable sobre la base de su mejor ingreso, posibilitador del ajuste automático de la cuota y de otras formas de percepción, en caso de incumplimiento.
En cuanto los alimentos atrasados condenados no fueron objeto de especial impugnación, se encuentran firmes.
9.-Así las cosas, y en cuanto la prestación alimentaria en sí será mantenida, aunque su cuantía reducida y limitada en el tiempo, corresponde pronunciarnos en los términos del art. 271 CPCC, manteniendo la imposición de costas a la alimentada en la primera instancia, ordenando que las de la presente, sean soportadas por su orden.
Se dejarán sin efecto los honorarios regulados, fijando nuevos por ambas instancias transitadas.

DISIDENCIA DEL DR. GUSTAVO A. BRITOS:
Advirtiendo que las vocales de orden precedente coinciden en la solución al recurso planteado, bastaría con abstenerme de expresar mi opinión mas, por entender que el presente caso no admite la procedencia de la pretensión me explicaré brevemente.
Aún coincidiendo con la exposición dogmática basada en las normas convencionales y desarrollada respecto de la necesidad de dar protección a los menores hijos de la actora, advierto en el caso la carencia de presupuestos fácticos de procedencia para reclamar a la abuela lo necesario para subsistir aquellos.
Digo ello pues la madre, primer obligada, (Conf. Lorenzetti Ricardo Luis “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Editorial Rubinzal Culzoni, Tomo IV, comentario art. 668), no ha demostrado su imposibilidad de obtener lo necesario para la subsistencia de sus hijos, y por otra parte, conforme resulta del expediente sucesorio del padre de M. A. E. que fue tenido a la vista, surge clara la existencia de bienes con capacidad suficiente para generar lo necesario para cubrir las necesidades alimentarias de los niños quienes son herederos y, por ello, con derecho a esos bienes; lo cual, si hasta el presente no se ha hecho efectivo, ello es consecuencia del obrar de la progenitora que los representa.
Esa circunstancia no resulta suficiente para generar la obligación alimentaria de carácter subsidiario a cargo de la abuela, reitero, sin que se haya demostrado la imposibilidad de obtener recursos del primer obligado que son los progenitores, léase además del padre, la madre (arts. 668 CCyC).
En razón de ello, es que considero procedente los agravios vertidos y por ello la admisión del recurso de apelación.
Por todo lo expuesto, por mayoría, en definitiva juzgando;
SE RESUELVE:
1.-HACER lugar de modo parcial al recurso de apelación interpuesto a fs. 167 por la demandada .. contra la sentencia de fs. 155/157, manteniendo la prestación alimentaria impuesta aunque limitándola en su cuantía y en el tiempo de la manera fijada en el considerando 8.-.
2.-MANTENER las costas de la instancia de grado y distribuir las de esta instancia por su orden.
3.-DEJAR sin efecto la regulación de honorarios de los puntos 4 y 5 del fallo apelado y regular nuevos por la incidencia resuelta a fs. 125, a los doctores Mariela IRUNGARAY y Martín GUIDONI en las respectivas sumas de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($11.779,50=26.77J) y PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($7.853=17.84J), Alfredo A. VITALE y Zulma HERGENSTHER en las respectivas sumas de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($8.245,65=18.74J) y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($5.497,10=12.49J); art. 70 Ley 7046. Por la acción principal, a los doctores Mariela IRUNGARAY y Martín GUIDONI, en las respectivas sumas de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($20.728,40=47.11J) y TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA CENTAVOS ($13.821,30=31.41J) Alfredo A. VITALE y Zulma HERGENSTHER en las respectivas sumas de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOCE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($14.512,35=32.98J) y PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TRES CON SETENTA CENTAVOS ($13.803,70=31,37J); valor jurista $440; art. 50 LA. Por el recurso de apelación teniendo en cuenta el valor del recurso a los Dres. Alfredo A. VITALE y Zulma HERGENSTHER en las respectivas sumas de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($3.854=8.75J) para cada uno y Mariela IRUNGARAY y Martín GUIDONI en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.691,50=6.11J), para cada uno, art. 64 LA.
4.-REGISTRAR, notificar y, en su oportunidad, bajar.

GUSTAVO A. BRITOS (EN DISIDENCIA) – ANA CLARA PAULETTI – VALERIA M. BARBIERO de DEBEHERES

Ante mí

JOAQUIN MARIA VENTURINO
Secretario Subrogante

1 comentario
  1. Alicia dice

    Cada vez que alguien decide tener hijos se le debería exigir no sólo capacidad psicológica y emocional sino también económica. Si no, que no tengan hijos.
    La viuda madre de los menores, por qué no trabaja? Está físicamente impedida? Si no tuviera ingresos por los bienes del finado marido, qué? Hubieran obligado a una vieja de 88 a limitar sus necesidades para mantener esos niños?
    El Homo sapiens es un fallo de la evolución. Su organización social y jurídica es otra muestra más de su incapacidad existencial sin joderle la vida a otros.

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