El cambio de categoría laboral

Modificaron el cargo del trabajador, quien se tuvo que dar por despedido y accionó judicialmente. Ahora salió la sentencia, qué dice la ley sobre el cambio de condiciones en un trabajo

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El Artículo 66 de la ley de contrato de trabajo prohíbe hacer modificaciones unilaterales que sean sobre conceptos estructurales. Uno de los conceptos estructurales es la categoría.

Así que frente a eso hay dos posibilidades:

1) Demandar pidiendo que le reestablezcan las condiciones al estado anterior

2) Considerarse despedido y cobrar la indemnización por despido sin justa causa que en este caso es doble.

Lo mejor es solicitar que se reestablezcan las condiciones al estado anterior, especialmente si se quiere conservar el trabajo. Pero si la idea ya es que la situación ya está tan desgastada que no lo permite, se puede perfectamente generar una ruptura y demandar por la indemnización

 

Un caso de despido por cambio de categoría en el trabajo

El cambio de la calificación profesional -de “jefe operativo” a “administrativo D del CCT N° 130/75”- le provocó agravio material y moral. Ello, porque los básicos de una y otra categoría son diferentes, sólo que le liquidaron horas extras -y otros ítems del convenio de comercio- para que percibiera lo mismo.

Afirmó, que el nuevo encuadramiento, le provocó una degradación jerárquica, con el consiguiente daño moral, por más que momentáneamente realizara igual tarea.

Para los jueces, no es “sólo una alteración nominal”, pues el accionante pertenecía al cuadro del personal jerárquico, por lo que pasar a revestir categoría de “administrativo D” del convenio de la actividad, importa per se una lesión – “desjerarquización”-.

“Nótese, que después del gerente se encontraba el jefe operativo, quien estaba por encima de los administrativos (testimonios de E y V). A lo que se agrega, que el demandado acompañó el reglamento interno de la empresa -al que suscribe todo el personal- en el que están claramente delimitadas las tareas asignadas a cada rol”, argumentaron.

De tal modo, queda demostrada la alteración del núcleo de la relación habida, que impidió la continuidad del vínculo (arg. art. 10 LCT), quedando sin sustento la afirmación del juzgador en orden a que la decisión rupturista fue injustificada.

 

Sentencia sobre cambio de categoría laboral

 

TSJ DE CÓRDOBA – Sala Laboral – 21/08/2020

SENTENCIA NUMERO: 158. CORDOBA, 21/08/2020.

Se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, M. Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: “BBB MARCELO C/ SUPERMERCADOS … …. S.A. – ORDINARIO -DESPIDO” RECURSO DE CASACION – 3222902, a raíz del recurso concedido a la parte actora en contra de la sentencia N° 183/16, dictada por la Sala Novena de la Cámara Única del Trabajo, constituida en tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor Gabriel A. Tosto -Secretaría N° 17-, cuya copia obra a fs. 117/125, en la que se resolvió: “1) Rechazar en todas sus partes la demanda incoada por B en contra de Supermercado …. S. A. en cuanto pretende indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, integración mes de despido (6 días laborales), indemnización art. 2 ley 25.323, diferencias de haberes, diferencia de SAC proporcional 1° semestre 2013, diferencia vacaciones proporcionales 2013 y haberes adeudados en concepto de licencias médicas. Con costas por el orden causado (art. 28 CPT). 2)… 3)… 4)…”. Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION:¿Se han quebrantado normas prescriptas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad?

SEGUNDA CUESTION: ¿Media inobservancia de la ley sustancial?

TERCERA CUESTION: ¿Qué resolución corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, M. Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

1. La parte actora aduce que el Tribunal vulnera el principio de razón suficiente al entender injustificado el despido indirecto en que se colocó el actor. Aduce, que el cambio de la calificación profesional -de “jefe operativo” a “administrativo D del CCT N° 130/75”- le provocó agravio material y moral. Ello, porque los básicos de una y otra categoría son diferentes, sólo que le liquidaron horas extras -y otros ítems del convenio de comercio- para que percibiera lo mismo. Afirma, que el nuevo encuadramiento, le provocó una degradación jerárquica, con el consiguiente daño moral, por más que momentáneamente realizara igual tarea. En cuanto a los salarios de licencia médica, sostiene que no interesa, como afirma el a quo, que se acrediten los hechos invocados en la anamnesis médica -acoso laboral- porque lo reclamado se sustenta en el art. 208 LCT.

2. Lo anterior impone revisar las constancias de la causa en función de las conclusiones a las que se arriba en el pronunciamiento. El Tribunal verificó que el actor, desde febrero de 2013, dejó de revestir la categoría de “gerente operativo” -cargo jerárquico fuera de convenio-, para pasar a la de “administrativo D” del CCT N°130/75. Sin embargo, señaló que es intrascendente el cambio de denominación y la disminución del jornal básico (de $10.790 a $4.974,94), porque los haberes sujetos a descuento no mermaron – ausencia de daño material- (fs. 123 y vta.). Dicha fundamentación resulta aparente, si de los mismos elementos en que se basó el Juzgador – confesional y recibos de haberes-, surge que se llega a la resaltada equiparación salarial, añadiendo al básico una serie de ítems que son “variables” y que, además, dependen exclusivamente de la voluntad del empleador -caso, horas extras al 50% y al 100%-. Frente a lo cual, pierde importancia que en el período transcurrido entre febrero de 2013 y su desvinculación, el trabajador – puntualmente- no viera afectado su ingreso (fs. 124). A ello se suma, que la empleadora, en su defensa no menciona -menos justifica- el motivo del cambio de categoría de B, por lo que carece de razonabilidad la decisión adoptada si estaba en su ánimo mantener las condiciones del contrato original – igual responsabilidad y haberes-. Tampoco es “sólo una alteración nominal”, pues el accionante pertenecía al cuadro del personal jerárquico, por lo que pasar a revestir categoría de “administrativo D” del convenio de la actividad, importa per se una lesión – “desjerarquización”-. Nótese, que después del gerente se encontraba el jefe operativo, quien estaba por encima de los administrativos (testimonios de E y V). A lo que se agrega, que el demandado acompañó el reglamento interno de la empresa -al que suscribe todo el personal- en el que están claramente delimitadas las tareas asignadas a cada rol. Entonces, que transitoriamente siguiera como jefe, no impedía a supermercado  que le requiriera -en cualquier momento- que realice las labores correspondientes a su categoría. Finalmente, no pasa inadvertido que siempre existió “un” jefe operativo por sucursal, a excepción del tiempo previo a la desvinculación del accionante – cuando ya figuraba en la documentación como administrativo (recibos; informativa a la AFIP)-, período en el que compartió su labor con el testigo e “por incremento de las tareas”. Aunque, este último al reemplazarlo, ejerció el cargo de manera unipersonal, al igual que su sucesor, el testigo m  (fs. 121/123). De tal modo, queda demostrada la alteración del núcleo de la relación habida, que impidió la continuidad del vínculo (arg. art. 10 LCT), quedando sin sustento la afirmación del juzgador en orden a que la decisión rupturista fue injustificada.

3. El planteo vinculado a los haberes correspondientes a la licencia por enfermedad inculpable -art. 208 LCT-, deben también admitirse. Es que, la posible controversia en el intercambio epistolar vinculada al diagnóstico que tenía el trabajador, no fue mantenida en la instancia -memorial de fs. 11/15 vta.-. Por el contrario, en alegatos, la demandada pretende repeler la condena, con sustento en que éstos fueron abonados (fs. 112 vta.). Pero, no encuentra respaldo en la documental acompañada. Luego, corresponde condenar a su pago. Lo anterior, vuelve ocioso que el decisor mencione la falta de prueba del acoso laboral, relatado a la profesional (fs. 124), toda vez que, la relación causal con el trabajo, no es requerida por la normativa en juego.

4. Lo expuesto permite verificar el vicio denunciado y anular el pronunciamiento en ambos aspectos (art. 105 CPT).

5. Por los motivos expresados, se deben admitir los rubros derivados del despido: indemnización del art. 245 LCT; integración del mes de despido (art. 231 ib.); sustitutiva de preaviso (art. 232 ib.) y haberes adeudados en concepto de licencias médicas. No ocurre lo propio con la sanción del art. 2 de la Ley Nº 25.323. Las particularidades que rodearon el desahucio, permiten utilizar la facultad otorgada al Juez en la última parte de la norma y, por ende, no condenar al pago de la sanción a la que se refiere. Con costas a la demandada vencida (art. 28 CPT). Los montos se obtendrán en la etapa previa a la de ejecución de sentencia y se le adicionarán intereses que deberán calcularse según la tasa pasiva nominal mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, con más un adicional del 2% mensual, conforme esta Sala in re: “Hernández…” (Sent. Nº 39/02), desde que las sumas son debidas y hasta su efectivo pago. Voto pues, por la afirmativa.

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Lo resuelto en la cuestión anterior, torna innecesario el tratamiento de la inobservancia del art. 66 LCT traída bajo el motivo sustancial.

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: Adhiero a la consideración expresada en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: Comparto la postura que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA:

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: A mérito de la votación que antecede, corresponde admitir el recurso deducido por la parte actora y anular el pronunciamiento con el alcance expresado en la primera cuestión. En consecuencia, condenar a “Supermercados …. SA”, al pago de los rubros derivados del despido como la licencia prevista en el art. 208 LCT. Con costas. Los honorarios del Dr. Eugenio … serán regulados por el a quo, en un treinta y dos por ciento, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley Nº 9.459, sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 40, 41 y 109 ib.), debiendo considerarse el art. 27 de la ley mencionada.

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: Estimo adecuada la solución a la que arriba el señor vocal preopinante. Por tanto, me expido en igual sentido.

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: Concuerdo con la decisión expuesta por el Sr. vocal Dr. Rubio. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

R E S U E L V E:

I. Admitir el recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, anular el pronunciamiento conforme se expresa.

II. Condenar a “Supermercados ,,,, SA”, al pago de los rubros derivados del despido como la licencia prevista en el art. 208 LCT. Los montos se determinarán en la etapa previa a la de ejecución de sentencia y se le adicionarán intereses que deberán calcularse según la tasa pasiva nominal mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, con más un adicional del 2% mensual, desde que las sumas son debidas y hasta su efectivo pago.

III. Rechazar la sanción del art. 2 de la Ley Nº 25.323.

IV. Con costas.

V. Disponer que los honorarios del Dr. Eugenio … sean regulados por la Sala a quo, en un treinta y dos por ciento, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley Nº 9.459, sobre lo que fue motivo de discusión. Deberá considerarse el art. 27 ib.

VI. Protocolícese y bajen. Se deja constancia que los señores vocales doctores Luis Enrique Rubio, M. Mercedes Blanc de Arabel y Luis E. Angulo han deliberado y emitido opinión en estos autos en el sentido expresado, pero no firman digitalmente la resolución en razón de hallarse imposibilitados conforme Acuerdo 1629, Serie “A”, considerando 7, punto 8 de la resolutiva, Resoluciones de Administración General Nros. 57,70 y 73 -todas del corriente año- y por cuestiones técnicas, habiéndose firmado materialmente el documento previo al presente, todo de conformidad a la normativa de emergencia vigente.

Fdo.: Rubio – Blanc de Arabel – Angulo.

 

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