Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección, y Uso Racional y Sostenible de los Humedales

Se trata de una Ley de presupuestos mínimos de protección, en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional.

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Se presentó un proyecto de ley que trata los presupuestos mínimos de protección de humedales, en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional Se inspira y toma conceptos de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar de 1971), aprobada por Ley N° 23.919 en 1991.

Un proyecto de ley similar tuvo aprobación del Senado dos veces, pero nunca logró aprobarse en la Cámara de diputados para ser ley. Ahora pretenden reinstalar el debate.

“Para preservar los humedales, necesitamos de una ley que cree ciertos instrumentos que permitan unificar la información y los criterios de aplicación a nivel nacional”, expresó el diputado Maximiliano Ferraro, uno de los impulsores del proyecto.

Definición de humedal

La definición es amplia, ya que luego cada provincia decidirá qué hace con esos territorios. Lo importante es generar información de calidad, transparente, y completa. Hasta ahora, la Argentina tiene declarados como “sitios Ramsar” sólo 23 humedales desde Jujuy a Tierra del Fuego.

Principales puntos del Proyecto de ley para proteger a los humedales

  • Los humedales en territorios del Estado Nacional son de dominio público.
  • Se crea el Inventario Nacional de Humedales (la gestión de gobierno anterior realizó un primer borrador, en colaboración con distintas universidades del país). Este inventario se debe actualizar cada 5 años y se ordena en dos escalas espaciales:
    • Regiones de humedales en el país,
    • Paisajes o sistemas de humedales.

Si la Autoridad de Aplicación lo estima necesario, puede agregar un tercer nivel de detalle local con unidades de humedales.

El Inventario Nacional de Humedales contiene la siguiente información:

  • Ubicación y características de los humedales en cada escala,
  • Los servicios ecosistémicos que prestan,
  • Actividades que se realizan en ellos.

Las jurisdicciones (provincias y CABA) están obligadas luego a realizar el ordenamiento territorial de los humedales (zonificación, usos, etc), a partir de criterios de sostenibilidad que se establecen en un anexo, y para lo que tienen un plazo de un año luego de publicado el inventario.

Entre la sanción de la ley, y la realización del ordenamiento territorial, no se permitirán nuevas actividades o ampliación de actividades en humedales (“período de moratoria”, similar a la ley de bosques, que presiona a las provincias para que realicen rápidamente el ordenamiento territorial)

Se establecen 3 categorías de conservación de humedales (similar a la Ley de Bosques):

  1. Categoría I – Roja (Área de Preservación)
  2. Categoría II – Amarilla (Área de Gestión de Recursos)
  3. Categoría III – Verde (Área de Usos Múltiples)

Solamente se podrán autorizar obras en zonas de humedal luego de una Evaluación de Impacto Ambiental, o Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, según corresponda.

Los importes de las multas son para la restauración de los humedales afectados. Además de eso, se crea el Fondo Nacional de Humedales, con fondos del presupuesto nacional, préstamos, donaciones y otros aportes, que se distribuye entre las jurisdicciones que hayan realizado el ordenamiento territorial, según ciertos criterios.

Los fondos se utilizarán para monitoreo, programas de asistencia técnica y financiera, capacitación e implementación de buenas prácticas. Esta compensación sirve a modo de incentivo para que las provincias aceleren el ordenamiento territorial, ya que solo lo reciben aquellas que hayan aprobado el ordenamiento por ley provincial.

 

Autoridades de Aplicación

En Nación, Ministerio de Ambiente, en las provincias, la que éstas designen, y en las áreas protegidas, la Administración de Parques Nacionales.

Este ordenamiento nos obliga a una mirada ecosistémica y a planificar el desarrollo conociendo la dinámica macro de cada cuenca hídrica (por ejemplo, a la hora de tomar la decisión de realizar obras para contener inundaciones).

Muchas veces, esas inundaciones son simplemente una característica que no debe ser vista como negativa, sino como una cualidad de un ecosistema valioso.

 

Anexo con proyecto de ley completo sobre protección de humedales

Capítulo 1

Disposiciones Generales
ARTICULO 1°. — La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y sus servicios ecosistémicos, en todo el territorio de la Nación, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional. Asimismo, establece criterios para la distribución de fondos con el objeto de preservar los humedales y los servicios ecosistémicos provistos.
Los humedales que se encuentran en tierras de propiedad del Estado Nacional son bienes del dominio público.
ARTICULO 2°. — A los efectos de la presente ley, entiéndase por humedales a aquellos ecosistemas que, habiendo sido identificados en el Inventario Nacional de Humedales, dependen de la inundación constante o recurrente, o la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella, resultando en la presencia de características físicas, químicas o biológicas que reflejan la inundación recurrente o permanente o la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella, incluyendo la presencia de suelos hídricos o con rasgos de hidromorfismo o de vegetación hidrofítica, y causando flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1.1 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, aprobada por Ley N° 23.919 y su texto ordenado por Ley N° 25.335, son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis (6) metros.
ARTICULO 3°. — A los efectos de la presente ley, se denomina:
Integridad ecológica: a la combinación de los componentes físicos, químicos y biológicos y los procesos ecológicos que garantizan la provisión de los servicios ecosistémicos de los humedales a la sociedad.
Características ecológicas: a la estructura y las relaciones entre los componentes biológicos, químicos y físicos del humedal en un determinado momento. Éstas derivan de las interacciones entre los diversos procesos, funciones, atributos y valores del ecosistema.
Cambio en las características ecológicas: al deterioro o desequilibrio en cualquiera de esos procesos y funciones que sustentan al humedal y a sus productos, atributos y valores.
Servicios ecosistémicos: a los beneficios tangibles e intangibles derivados de la estructura y funciones de estos ecosistemas.
Elasticidad: a la relación entre la superficie ocupada durante la fase de máximo anegamiento y/o inundación, y la que corresponde al momento de sequía extrema.
Ordenamiento Territorial de los Humedales: a la norma que basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo de la presente ley, zonifica territorialmente el área de los humedales existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación.
Uso Racional y Sostenible: al que permite el mantenimiento de las características ecológicas de los humedales, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible.
Plan de Manejo Sostenible: al documento correspondiente a una actividad, que sintetiza la organización, los medios y los recursos, distribuidos en el tiempo y el espacio, garantizando un uso racional y sostenible del humedal.
ARTICULO 4°. — Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación y el uso racional de los humedales;
b) Mantener los procesos ecológicos y culturales de los humedales, considerando su
integridad ecológica y los servicios ecosistémicos que brindan;
c) Proteger la biodiversidad de los humedales;
d) Contribuir a la provisión del agua y regulación del régimen hidrológico en las distintas
cuencas del territorio nacional;
e) Fomentar las actividades de conservación, gestión y uso racional y sostenible de los
humedales;
f) Establecer criterios de conservación y uso racional y sostenible de los humedales para
todo el territorio, que tengan en cuenta su integridad ecológica y su estrecha
dependencia del mantenimiento de su régimen hidrológico;
g) Garantizar y fomentar las actividades de restauración de los humedales, considerándose
comprendidas en las mismas las tareas de diagnóstico, mitigación y remediación, sin
perjuicio de las medidas que corresponda adoptar de acuerdo a lo previsto por los
artículos 27, 28 y 29 de la Ley N° 25.675;
h) Asegurar que los ordenamientos territoriales que se establezcan por normas específicas
involucren pautas relativas a la integridad ecológica y los servicios ecosistémicos de
los humedales;
i) Considerar los principios precautorio y preventivo, manteniendo los humedales de
origen natural cuando los beneficios ambientales o los daños ambientales que su
ausencia generase, no pudieran demostrarse aún con las técnicas y metodologías
disponibles en la actualidad; y
j) Respetar los medios de vida tradicionales en los humedales y fomentar su
sostenibilidad económica, social y ambiental, como así también aquellos medios de
vida innovadores que garanticen dicha sostenibilidad.
ARTÍCULO 5°. — A los efectos de esta ley, se consideran servicios ecosistémicos de
los humedales a los siguientes:
– Provisión de agua;
– Filtrado y retención de nutrientes y contaminantes;
– Provisión de alimento para personas y fauna silvestre y doméstica;
– Amortiguación de inundaciones;
– Disminución del poder erosivo de los flujos de agua;
– Mitigación de la pérdida y de la salinización de suelos;
– Provisión de hábitats;
– Estabilización de la línea de costa y control de la erosión costera;
– Almacenamiento de carbono;
– Recarga y descarga de acuíferos;
– Recreación y turismo;
– Estabilización climática;
– Valores culturales.
Capítulo 2
Inventario Nacional de Humedales
ARTICULO 6°. — Créase, como presupuesto mínimo de protección ambiental, el
Inventario Nacional de Humedales, donde se identificarán los humedales existentes en el
territorio nacional, caracterizándolos mediante la incorporación de la información
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo, incluyéndose la información
sobre los servicios ecosistémicos que brindan y las actividades que se realizan en ellos.
ARTICULO 7°. — La Autoridad de Aplicación Nacional elaborará el Inventario
Nacional de Humedales, en un plazo no mayor a dos (2) años desde la entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley, con la intervención de los organismos científicos
y técnicos del país, dedicados a la temática, designados por la Autoridad citada. El
Inventario se elaborará sobre una base metodológica común que será determinada por la
Autoridad de Aplicación Nacional, en concordancia con los lineamientos de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional citada en el artículo
1° de la presente ley.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designarán ante la Autoridad de
Aplicación Nacional al equipo científico y técnico que será el punto focal de contacto
para la elaboración del Inventario Nacional de Humedales.
El presupuesto general de la Nación incluirá una partida presupuestaria destinada a la
elaboración del Inventario.
La Autoridad de Aplicación Nacional podrá establecer zonas prioritarias para la
elaboración del Inventario, disponiendo su realización con preferencia a otras áreas.

ARTICULO 8°.- El Inventario Nacional de Humedales deberá contemplar como mínimo
las siguientes previsiones:
a) Identificar los humedales existentes en el territorio nacional en dos escalas
espaciales: un primer nivel de regiones de humedales en el país y un segundo nivel
de paisajes o sistemas de humedales. La Autoridad de Aplicación Nacional
determinará la necesidad de incluir en las actualizaciones del Inventario, o cuando
lo considere pertinente, un tercer nivel de detalle local con unidades de humedales;
b) Contener información sistematizada que permita: 1. ubicar, identificar y
caracterizar los humedales en cada una de las escalas; 2. identificar sus servicios
ecosistémicos; 3. identificar y caracterizar las actividades que se realizan en ellos.
La Autoridad de Aplicación Nacional incluirá en las actualizaciones del
Inventario, la cuantificación de los servicios ecosistémicos.
La información requerida en los puntos 1, 2 y 3 deberá contener variables e indicadores
que permitan su posterior monitoreo.
El Inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor a cinco (5) años,
verificando los cambios en las superficies y características ecológicas de los mismos y
otros factores que sean relevantes para su conservación, protección, restauración
ecológica, y uso racional y sostenible de aquellos y sus servicios ecosistémicos. La
Autoridad de Aplicación Nacional establecerá anualmente la partida presupuestaria
necesaria para la actualización del Inventario, la cual deberá incluirse en el presupuesto
general de la Nación.
Capítulo 3
Ordenamiento Territorial de los Humedales
ARTICULO 9°. — Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenarán
los humedales identificados en el Inventario Nacional de Humedales resguardando los
objetivos establecidos en la presente ley y los principios ambientales establecidos en la
Ley General del Ambiente N° 25.675.
En el marco del Artículo 9 de la citada ley, mediante un proceso participativo y en un
plazo máximo de un (1) año a partir de la publicación del Inventario Nacional previsto en
el artículo 7°, las jurisdicciones establecerán el Ordenamiento Territorial de los Humedales.
Cuando se tratase de humedales compartidos entre dos o más jurisdicciones, las mismas
deberán coordinar la elaboración del ordenamiento territorial como así también su
gestión, dando intervención, en su caso, a los Comités de Cuenca existentes.
ARTÍCULO 10°. — En el marco del Ordenamiento Territorial de Humedales, las
jurisdicciones deberán:
1. Considerar los resultados del Inventario Nacional de Humedales como
presupuesto mínimo de protección ambiental en los términos del artículo 6 de la Ley N°
25.675, zonificando los humedales de acuerdo a las categorías de conservación previstas
en el artículo 13° de la presente ley.
2. Identificar a los humedales como áreas especiales diferentes de las terrestres,
considerando su conectividad y el mantenimiento de su régimen hidrológico y de sus
fuentes de agua en cantidad y calidad, para la conservación de su integridad ecológica.
3. Determinar las actividades prioritarias y modos de ocupación de las áreas de
humedales, identificando aquellas que sean sostenibles y garanticen el mantenimiento de
su integridad ecológica y los servicios ecosistémicos que brindan;
4. Regular las actividades extractivas así como también desarrollos urbanos, de
infraestructura, agropecuarios, industriales, vuelcos de desechos y liberación de
productos de la acuicultura en humedales y áreas adyacentes, que puedan afectar su
integridad ecológica y los servicios ecosistémicos que proveen.
Los cambios de zonificación prediales y las actualizaciones de los ordenamientos
territoriales deberán realizarse de conformidad con el principio de no regresión en materia
ambiental. Una vez finalizado el ordenamiento territorial, dichos cambios sólo serán
concedidos en defecto de este principio cuando el área en cuestión hubiera sido
erróneamente categorizada por fallas en los datos de localización.
La Autoridad de Aplicación Nacional brindará, a solicitud de las autoridades competentes
de cada jurisdicción, la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar
el Ordenamiento Territorial de los Humedales, el cual deberá ser actualizado
periódicamente por cada jurisdicción.
ARTICULO 11°. — Durante el transcurso de tiempo entre la sanción de la presente ley
y la finalización del Ordenamiento Territorial de los Humedales, no se permitirán en los
humedales la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades
existentes.
Se consideran actividades nuevas a aquellas iniciadas con posterioridad a la fecha de
sanción de la presente ley.
Para el caso de solicitudes de uso de agua de los humedales, sean nuevos o ampliaciones
de los existentes, las mismas serán evaluadas por la autoridad competente de cada
jurisdicción, en el marco de la normativa específica y de la presente ley, previo a su
otorgamiento.
ARTICULO 12°. — Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 9°, las
jurisdicciones que no hayan realizado el Ordenamiento Territorial de los Humedales no
podrán autorizar en ellos nuevos tipos de utilización y aprovechamiento, ni ampliaciones
de actividades existentes. Las autorizaciones otorgadas en violación a lo dispuesto
precedentemente serán insanablemente nulas.

ARTICULO 13°. — Las categorías de conservación de los humedales son las
siguientes: – Categoría I – Roja (Área de Preservación): Sectores de alto valor de
conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que ameritan su persistencia
como humedales naturales a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser objeto de
investigación científica y uso sostenible por parte de poblaciones locales. Esta
categorización podrá justificarse por su ubicación relativa a áreas protegidas de cualquier
categoría y jurisdicción, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos
sobresalientes, ser hábitat de especies en peligro de extinción, monumentos naturales y/o
provinciales, presencia de especies endémicas, áreas de cría y alimentación de la fauna
silvestre, la protección de cuencas que eventualmente puedan ejercer, y/o sitios que
cumplan un rol importante en la provisión de agua potable para consumo humano.
– Categoría II – Amarilla (Área de Gestión de Recursos): Áreas con humedales
con bajo grado de modificación, gestionados para garantizar la protección a largo plazo
y el mantenimiento de la diversidad biológica y para proveer, al mismo tiempo, un flujo
sustentable de productos y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Estas
áreas admiten actividades de bajo impacto, tales como el turismo sostenible que
contemple la capacidad de carga, la educación ambiental, subsistencia, deporte de bajo
impacto, apicultura, ganadería de islas.
– Categoría III – Verde (Área de Usos Múltiples): sectores donde actualmente se
realizan actividades económicas o que tienen vocación productiva, en las cuales el uso
del suelo observará buenas prácticas, procurando mantener los servicios ecosistémicos
contemplados en el artículo 5° de la presente ley. Estas áreas admiten actividades
extractivas y de producción intensiva.
Capítulo 4
Autoridades de Aplicación
ARTICULO 14°. — A los efectos de esta ley serán autoridades competentes las que
determinen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para actuar en el ámbito
de su jurisdicción.
ARTICULO 15°. — Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o la autoridad que en el futuro lo
reemplace. En las áreas protegidas comprendidas por la Ley N° 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
Capítulo 5
Funciones de la Autoridad de Aplicación Nacional
ARTICULO 16°. — Son funciones de la Autoridad de Aplicación Nacional:
a) Establecer los criterios, parámetros, variables e indicadores que deberán
observarse en el uso de los humedales, ajustados a cada ambiente y jurisdicción,
y en relación a cada actividad productiva.
b) Elaborar el Inventario Nacional de Humedales conforme lo establecido en el
artículo 7° de la presente ley.
c) Publicar, mantener y actualizar en su sitio oficial de internet el Inventario
Nacional de Humedales y los Ordenamientos Territoriales de Humedales
aprobados por las jurisdicciones locales, así como también toda la información
que dé cuenta del estado de los humedales, y los proyectos o actividades que se
realicen en los mismos;
d) Realizar –en coordinación con las provincias implicadas- los procedimientos de
Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental Estratégica cuando las
actividades a evaluar pudieran producir impactos transfronterizos; y participar –
también en coordinación con las jurisdicciones- en aquellos casos en que los
impactos fueran interjurisdiccionales;
e) Promover la gestión sostenible y uso racional de los humedales, impulsando las
buenas prácticas para cada actividad productiva;
f) Impulsar las medidas necesarias para garantizar el uso racional y sostenible de los
humedales, considerando a las poblaciones locales que los habitan o dependen de
ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos;
g) Promover la creación y mantenimiento de áreas protegidas de humedales;
h) Formular acciones conducentes a la conservación y mantenimiento de la
integridad ecológica y restauración de humedales en el ámbito de su competencia
en forma coordinada con las autoridades competentes jurisdiccionales y la
Administración de Parques Nacionales, el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) y/o en su caso con los ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el
ámbito de sus respectivas competencias;
i) Asesorar, apoyar y fortalecer las capacidades de las jurisdicciones locales para la
evaluación, monitoreo, fiscalización, restauración y conservación de humedales;
j) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
k) Desarrollar campañas de capacitación, educación e información ambiental
conforme los objetivos de la presente ley.
Capítulo 6
Uso Racional y Sostenible
ARTICULO 17°. —El uso sostenible de los humedales debe ser planificado
considerando su integridad ecológica y los servicios ecosistémicos que proveen. Deberá
considerarse de manera particular la variabilidad o elasticidad de área de los humedales.
El Estado Nacional deberá asegurar que las políticas productivas con incidencia en el uso
de los humedales sean, en su conjunto, congruentes con los objetivos de la presente ley y
generen incentivos para la adopción de prácticas adecuadas a dichos objetivos y a la
restauración de los humedales.

ARTICULO 18°. — La Autoridad de Aplicación Nacional podrá prohibir la importación,
introducción y radicación de especies exóticas invasoras y productos de la acuicultura,
tales como ejemplares vivos, embriones, huevos y larvas de cualquier especie, que puedan
alterar la integridad ecológica de los humedales.
ARTICULO 19°. — Las actividades extractivas sobre la diversidad biológica de los
humedales deberán realizarse asegurando el mantenimiento de su integridad ecológica y
del estado de conservación de las especies sujetas a explotación. De acuerdo a ello, se
podrán aprovechar aquellas especies silvestres que dispongan del permiso de autoridad
competente, siempre que el aprovechamiento se realice sobre la base de las medidas de
conservación in situ y ex situ conforme el Convenio sobre la Diversidad Biológica
aprobado por Ley N° 24.375 y el Protocolo de Nagoya, aprobado por Ley N° 27.246.
ARTICULO 20°. — Todo uso sostenible de humedales requerirá autorización por parte
de la autoridad competente de la jurisdicción correspondiente.
ARTICULO 21°. — En las áreas categorizadas como I – Roja y II – Amarilla no podrán
autorizarse las actividades u obras que impliquen el dragado, drenado, quema, relleno de
los humedales, ni la disposición de tierra o escombros.
En las áreas categorizadas como III – Verde el uso de sustancias químicas deberá ser
racional y responsable, y ajustarse a las pautas técnicas que, de conformidad con los
criterios científicos internacionales, fije la reglamentación.
Queda prohibido en los humedales la liberación, dispersión o disposición de sustancias o
elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen,
incluyéndose las fumigaciones aéreas y terrestres.
ARTICULO 22°.- Las obras hidráulicas necesarias para paliar los efectos negativos de
las inundaciones u otros eventos naturales serán admitidas previa Evaluación Ambiental
Estratégica y Evaluación de Impacto Ambiental favorable a la realización de dichas obras,
siempre que su diseño evite y/o minimice los cambios en la estructura y funcionamiento
de los humedales.
La autoridad provincial competente podrá autorizar la ejecución de dichas obras aún sin
haberse concluido el Ordenamiento Territorial de los Humedales, garantizando, entre las
alternativas de obras presentadas para su evaluación, la elección de la más favorable a la
conservación de los humedales, de acuerdo a los objetivos y criterios de la presente ley.
ARTICULO 23°. — Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten
autorización para realizar el uso sostenible de humedales deberán sujetar su actividad a
un Plan de Manejo Sostenible de acuerdo a lo expresado en el artículo 3° de la presente
ley, el cual deberá ser aprobado por la autoridad competente de cada jurisdicción.
ARTICULO 24°. — En el caso de verificarse daño ambiental que guarde relación de
causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los Planes de Manejo
Sostenible, las personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios
serán solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización.
ARTICULO 25°. — En el caso de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños
productores y/o comunidades locales relacionadas a los humedales, la autoridad
competente de la jurisdicción que corresponda deberá implementar programas de
asistencia técnica y financiera a efectos de propender a la sostenibilidad de tales
actividades. En el caso de actividades no sostenibles por parte de grandes productores, las
autoridades jurisdiccionales articularán medidas de gestión para su adaptación de acuerdo
a los objetivos de la ley.
Capítulo 7
Evaluación de Impacto Ambiental – Evaluación Ambiental Estratégica
ARTICULO 26°. — Para el otorgamiento de la autorización de todo tipo de obra o
actividad de impacto significativo, sea pública o privada, la autoridad competente de cada
jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), según
corresponda, de acuerdo a su escala de intervención. Serán nulas las autorizaciones
otorgadas en defecto de estos procedimientos y/o cualquiera de sus instancias.
En los casos de solicitudes de aprobación de uso racional y sostenible, la Evaluación de
Impacto Ambiental será obligatoria cuando tenga el potencial de causar impactos
ambientales significativos, ya sea porque se afecta la integridad ecológica del humedal,
sus características ecológicas o los servicios ecosistémicos provistos.
Las obras, actividades y usos aprobados mediante el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental deberán someterse periódicamente a la realización de una auditoría
ambiental que identifique y cuantifique los impactos ambientales potenciales y generados,
expresando las desviaciones respecto de la Declaración de Impacto Ambiental.
ARTICULO 27°. — En el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental la
autoridad competente de cada jurisdicción deberá:
a) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental;
b) Aprobar los planes de manejo sostenible;
c) Garantizar el cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley N° 25.675 y lo
establecido en la presente ley;
d) Informar a la Autoridad de Aplicación Nacional.
ARTICULO 28°. — El Estudio del Impacto Ambiental (EsIA) contendrá, como mínimo
la siguiente información:
a) Individualización de los titulares responsables del proyecto y del Estudio del Impacto
Ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar con especial mención de: objetivos,
localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo
energético, residuos, emisiones y efluentes, productos, etapas, generación de empleo,
beneficios económicos (discriminando privados, públicos y grupos sociales
beneficiados), números de beneficiarios directos e indirectos;
c) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de
influencia, estado de situación del medio natural y antrópico, con especial referencia a
situación actualizada de poblaciones locales que habitan la zona, los componentes
físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales; su dinámica e interacciones; los
problemas ambientales y los valores patrimoniales. Marco legal e institucional;
d) Descripción y caracterización de los humedales del área del Proyecto y su área de
influencia, así como también la descripción de sus servicios ecosistémicos, y de las
actividades que se realizan;
e) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, irreversibles, positivos y negativos, directos e indirectos,
acumulativos del proyecto y su área de influencia, añadidos y sinérgicos, a corto,
mediano y largo plazo, enunciando las incertidumbres asociadas a los pronósticos y
considerando todas las etapas del ciclo del proyecto de manera conjunta y/o
conglobada;
f) Plan de manejo sostenible de los humedales, comprendiendo propuestas para prevenir
y mitigar los impactos ambientales adversos y optimizar los impactos positivos,
acciones de restauración ambiental y mecanismos de compensación, medidas de
monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales detectados y de respuesta a
emergencias;
g) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y social si no se realiza el
proyecto propuesto;
h) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos
alternativos de localización, tecnología y operación, y sus respectivos efectos
ambientales y sociales. Descripción y evaluación detallada de la alternativa
seleccionada;
i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, que contenga
en forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
ARTICULO 29°. — La autoridad competente de cada jurisdicción, una vez analizado el
Estudio de Impacto Ambiental y los resultados de las audiencias o consultas públicas,
deberá emitir una Declaración de Impacto Ambiental a través de la cual deberá: a)
Denegar o aprobar el proyecto solicitado; en su caso, con condiciones;
b) Informar a la Autoridad de Aplicación Nacional.
Capítulo 8
Información y Participación
ARTICULO 30°. — En todo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y/o
Evaluación Ambiental Estratégica realizado en el marco de la presente ley, la autoridad
competente de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 16,
18, 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675, con carácter previo al otorgamiento de las
autorizaciones solicitadas.
Especialmente, deberá garantizarse el acceso a la información de los pueblos originarios
y poblaciones locales, en el marco de la Ley N° 25.831.
Capítulo 9
Infractores
ARTICULO 31°. — Toda persona física o jurídica, pública o privada, que haya sido
infractora a regímenes o leyes ambientales, nacionales o provinciales, en la medida que
no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener autorización para realizar obras
o actividades en los humedales.
A efectos de comprobar la condición de infractor, las autoridades competentes de cada
jurisdicción deberán consultar sus propios registros, como así también los registros
nacionales de infractores relacionados con la conservación del ambiente.

Capítulo 10
Fiscalización
ARTICULO 32°. — La fiscalización del cumplimiento de la presente ley, así como de
las condiciones en virtud de las cuales se hayan otorgado autorizaciones de usos, obras y
actividades, corresponde a las autoridades competentes de cada jurisdicción.
En el caso de las evaluaciones previstas en el artículo 15 inc. c) de la presente ley, la
Autoridad de Aplicación Nacional intervendrá en la fiscalización en coordinación con las
jurisdicciones involucradas.
Capítulo 11
Sanciones
ARTICULO 33°. — Toda infracción a la presente ley y a sus normas reglamentarias y
complementarias, será reprimida con las siguientes sanciones, siempre que no exista un
régimen jurisdiccional más severo:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre cien (100) y cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial
de la administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones u otras habilitaciones
administrativas. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30) días hasta un (1)
año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad;
e) Suspensión de hasta tres (3) años en la matrícula profesional y los registros de
consultores respectivos, o cancelación, según el caso;
f) Publicidad del acto cometido.
Las sanciones, que podrán acumularse, serán aplicadas por la jurisdicción competente,
que graduará la pena de acuerdo a la naturaleza de la infracción cometida y los daños
ocasionados, previo sumario, asegurándose el debido proceso legal.
ARTICULO 34°. — En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones
previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará
reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión
de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.
ARTICULO 35°. — Cuando el infractor fuere una persona jurídica, quienes tengan a su
cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las
sanciones establecidas en la presente ley.
ARTICULO 36°. — El incumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus normas
reglamentarias o complementarias, sean nacionales o locales por parte de los funcionarios
públicos que con su intervención hayan facilitado o determinado la autorización de usos,
obras y actividades en perjuicio de los humedales protegidos por la presente ley, será
sancionado con:
a. Apercibimiento.
b. Multa, de hasta mil (1000) sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c. Inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco (5), diez (10) años o
indefinidamente, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida y los
daños ocasionados.
d. Publicidad del acto cometido.
ARTICULO 37°. — Los profesionales que suscriban Estudios de Impacto Ambiental y
auditorías ambientales serán responsables solidariamente con el proponente del proyecto
por todo daño ambiental relacionado con la opinión profesional vertida en esos
documentos.
De verificarse el falseamiento u ocultamiento de información que haya sido determinante
para la autorización del proyecto, se aplicarán, además de las sanciones previstas en la
presente ley, las que establezca la normativa local.
ARTICULO 38°. — Los importes percibidos por las autoridades competentes, en
concepto de multas, se destinarán a la protección y restauración ambiental de los
humedales afectados en cada una de las jurisdicciones.
Capítulo 12
Fondo Nacional de Humedales
ARTICULO 39°. — Créase el Fondo Nacional de Humedales con el objeto de
compensar a las jurisdicciones que conservan los humedales y sus servicios
ecosistémicos, mediante la protección y el uso racional y sostenible de aquéllos.
ARTICULO 40°. — El Fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar
cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0.3% del presupuesto
nacional;
b) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos
Nacionales e Internacionales;
c) Donaciones y legados;
d) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo;
e) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.
ARTICULO 41°. — El Fondo Nacional de Humedales será distribuido anualmente entre
las jurisdicciones que habiendo elaborado el Ordenamiento Territorial de los Humedales,
lo hayan aprobado por ley provincial.
La Autoridad de Aplicación Nacional juntamente con las autoridades competentes de
cada una de las jurisdicciones que hayan declarado tener humedales en su territorio y
aprobado el ordenamiento por ley, determinarán anualmente las sumas que corresponda
pagar, teniendo en consideración:
a) El porcentaje de superficie de humedales declarado por cada jurisdicción;
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus
humedales;
c) Las categorías de conservación declaradas;
d) La necesidad de restauración de los humedales;
f) La necesidad de fortalecimiento institucional en relación a los objetivos de la presente
ley.
ARTICULO 42°. — A efectos de recibir las compensaciones previstas, las autoridades
competentes de cada jurisdicción deberán acreditar sus humedales y las categorías
establecidas para los mismos, presentando ante la Autoridad de Aplicación Nacional el
Ordenamiento Territorial de los Humedales y toda otra documentación que se determine
reglamentariamente, a efectos de su evaluación.
ARTICULO 43°. — La Autoridad de Aplicación Nacional, a efectos de otorgar las
compensaciones a las jurisdicciones podrá constatar periódicamente las características e
integridad ecológicas de los humedales y las categorías de conservación declaradas en el
ordenamiento territorial.
ARTICULO 44°. — Las jurisdicciones aplicarán los recursos del Fondo a:
1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus
humedales;
2. Implementar programas de asistencia técnica y financiera, para propender a la
sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores
y/o comunidades indígenas;
3. Actualizar el Ordenamiento Territorial de los Humedales;
4. Capacitar y fortalecer a sus propias autoridades ambientales, para la evaluación,
monitoreo, fiscalización, restauración y conservación de humedales.
5. Apoyar la implementación de buenas prácticas que armonicen la integridad de los
humedales con la producción.
ARTICULO 45°. — El Fondo Nacional de Humedales será administrado por la
Autoridad de Aplicación Nacional con las autoridades competentes que hayan aprobado
por ley su Ordenamiento Territorial de los Humedales, quienes dictarán las normas
reglamentarias al efecto. La administración del Fondo será fiscalizada por la Auditoría
General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, según lo dispuesto por la Ley
N° 24.156.
ARTICULO 46°. — La administración del Fondo realizará anualmente un informe de
aplicación de los fondos transferidos durante el ejercicio anterior, que incluirá los montos
por provincias y por categorías de humedales. Dicho informe será publicado íntegramente
en el sitio web de la Autoridad de Aplicación Nacional, e integrará el Informe Ambiental
Anual previsto por el artículo 18° la Ley N° 25.675.
ARTICULO 47°. — Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del Fondo Nacional
para la Conservación de los Humedales deberán remitir anualmente a la Autoridad de
Aplicación Nacional un informe que detalle el uso y destino de los fondos recibidos. La
Autoridad nacional instrumentará los mecanismos correspondientes a los efectos de
fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados.
ARTICULO 48°. — Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley,
en los términos del artículo 80 de la Constitución Nacional.
Capítulo 13
Disposiciones complementarias
ARTICULO 49°. — En los casos de humedales que resulten afectados y/o degradados
por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos, corresponderá realizar una
auditoría ambiental y planificar su recuperación ó restauración, manteniendo la
categorización que se hubiere definido en el Ordenamiento Territorial de los Humedales.
En caso de eventos antrópicos, los costos serán sufragados por el responsable del daño.
Si no pudiere identificarse al responsable, y en los casos de eventos naturales, la autoridad
competente de la jurisdicción respectiva deberá asumir los costos de restauración.
ARTICULO 50°. — La Autoridad de Aplicación Nacional y las autoridades competentes
de cada jurisdicción determinarán conjuntamente, teniendo en cuenta la categoría
asignada a cada área y los tipos de aprovechamientos preexistentes en ellas, los casos en
los que corresponda llevar adelante un programa de adaptación de las actividades
aplicando criterios de sostenibilidad y estableciendo los plazos para dicha adaptación.
ARTICULO 51°. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y constituirá el
fondo al que se refiere los artículos 38° y subsiguientes en un plazo máximo de noventa
(90) días desde su promulgación.
ARTICULO 52°. — El Anexo es parte integrante de esta Ley.
ARTICULO 53°. — Derógase el artículo 27° de la Ley N° 27.231.
ARTICULO 54°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Héctor Flores
Mónica Frade
Gustavo Hein
Josefina Mendoza
Victoria Morales Gorleri
Paula Oliveto
Mariana Stilman
Alicia Terada
Mariana Zuvic

ANEXO
Criterios de sostenibilidad ambiental para el
Ordenamiento Territorial de los Humedales
Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que un
análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una estimación del
valor de conservación de un determinado sector.
1. Superficie.
2. Elasticidad.
3. Vinculación con otros ecosistemas: determinación de la vinculación
entre un humedal y otras comunidades naturales con el fin de preservar
gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado que
muchas especies de aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas en
diferentes épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios
adecuados.
4. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la
ubicación de humedales cercanos o vinculados a áreas protegidas de
jurisdicción nacional o provincial como así también a Monumentos
Naturales, aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del
territorio provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor
importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y la
integración regional consideradas en relación con el ambiente presente
en las áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes
corredores ecológicos que vinculen a las áreas protegidas entre sí.
5. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los
sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes,
otorgando al sitio un alto valor de conservación.
6. Conectividad entre ecoregiones: algunos humedales, como corredores
acuáticos y riparios garantizan la conectividad entre ecoregiones
permitiendo el desplazamiento de determinadas especies.
7. Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de
un humedal implica un análisis del uso al que estuvo sometido en el
pasado y del uso presente, y de las consecuencias de ese uso para las
comunidades que lo habitan. De esta forma, la transformación de
humedales para urbanizaciones, agricultura, actividad forestal o
ganadera, y los disturbios como el fuego, así como la intensidad de estas
actividades, influyen en el valor de conservación, afectando la
biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Se deberá
evaluar el estado de conservación de una unidad en el contexto de valor
de conservación del sistema en que está inmerso.
8. Potencial de uso sostenible: consiste en hacer un análisis cuidadoso de la
actitud que tiene cada sector para ofrecer sostenibilidad de las actividades
a largo plazo. La evaluación de esta variable es importante, dado que las
características particulares de ciertos sectores hacen que, una vez
modificadas las características ecológicas de un humedal, no sea factible
la implementación de actividades sostenibles a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar las
existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la
conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en
cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las
áreas de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios,
y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los
sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores
al cinco por ciento (5%).
10. Valor que las poblaciones locales dan a los humedales o sus áreas colindantes y
el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el
mantenimiento de su cultura.
En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la Ley N° 26.160, se
deberá actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 24.071, ratificatoria del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio que realizan, la
situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de
uso será necesario para evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de
humedales y generar un plan de acciones estratégicas que permitan solucionar o al
menos mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección
ambiental para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales, en
consonancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Su articulado es fruto del trabajo del diputado (MC) Juan Carlos Villalonga, nutrido con aportes
de distintos sectores del gobierno nacional y gobiernos provinciales durante el año 2016. En este
sentido, se destacan las contribuciones realizadas entonces por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, a través de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio –
especialmente del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos- y, asimismo, los aportes del sector
académico y la sociedad civil.
También abreva en los proyectos previos de los Senadores Elsa Ruiz Díaz (Expediente 1628-
S-2013) y Rubén Giustiniani (Expediente 3487-S13), los cuales, a través de un texto unificado,
lograron la sanción del Senado por unanimidad hacia fines del año 2013, aunque luego el proyecto no
fue tratado por esta Honorable Cámara, perdiendo estado parlamentario, aun cuando gozó del apoyo
de universidades y de numerosas organizaciones de la sociedad civil dedicadas especialmente a la
temática. Una situación similar ocurrió en 2016, cuando un proyecto similar obtuvo media sanción en
el Senado, que tampoco puro convertirse en ley.
Estos antecedentes dan testimonio de la preocupación que tiene nuestra sociedad por la
protección de estos ambientes ricos en biodiversidad, que cada vez se encuentran más amenazados porlas actividades humanas. La sanción de una ley de presupuestos mínimos para proteger los distintos
humedales de nuestro país es una deuda pendiente que debe ser saldada. Solo a través de un inventario
nacional de los mismos, y un ordenamiento territorial por parte de las distintas jurisdicciones que
demarque las actividades que se permiten en ellos, es que podremos proteger y preservar estos
ecosistemas para las generaciones futuras, en línea con el principio de equidad intergeneracional
expresado en nuestra Ley General del Ambiente.
Tal como lo establece nuestra Carta Magna en el mencionado artículo 41, la Nación es
competente para dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental, los cuales implican una
tutela básica y uniforme aplicable en todo el país. De acuerdo con lo establecido por la Ley General
del Ambiente registrada bajo el número 25.675 (BO. 28.11.2002), un presupuesto mínimo es “toda
norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene
por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido,
debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos,
mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable.”
También la cláusula ambiental constitucional reconoce el derecho de todos los habitantes a
gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo, poniendo especialmente en cabeza de las
autoridades la obligación de proveer “a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”.

Puede concluirse entonces que, como legisladores nacionales, no sólo tenemos la competencia
de dictar las normas de presupuestos mínimos en aras de la protección del bien “ambiente” sino que,
además, es nuestra responsabilidad realizar las acciones conducentes para el efectivo resguardo del
derecho a un ambiente sano.
En la misma línea, debemos procurar el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante
la aprobación y ratificación de acuerdos internacionales, en este caso, la Convención Relativa a los

Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, celebrada
en Ramsar, Irán (1971), aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley N° 23.919, t.o. por Ley
N° 25.335 y ratificada por nuestro país en el año 1992. Cabe mencionar nuevamente que, de acuerdo
con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), los humedales se encuentran entre los
ecosistemas más afectados y con mayor amenaza de pérdida por las actividades humanas, razón por la
cual diversos convenios y tratados internacionales solicitan establecer inventarios y medidas para su
conservación1.

Los humedales considerados por el presente proyecto son los ecosistemas definidos por el
artículo 1.1 de la Convención Ramsar como “las extensiones de marismas, pantanos y turberas o
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporarias,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Esta amplia definición, que incluye a los
humedales, a los ambientes acuáticos continentales y a las zonas costeras hasta los seis metros de
profundidad es la más aceptada para la gestión. Sin embargo, para que esta definición resulte operativa,
se requiere la determinación de criterios de demarcación, que permitan definir la presencia de los
humedales y su extensión.
Del aporte efectuado tanto desde el sector científico como legal y de gestión ha sido posible
converger en una caracterización internacionalmente aceptada, según la cual un humedal es un
ecosistema que depende de la inundación somera constante o recurrente o la saturación del sustrato en
la superficie o cerca de ella. Esto determina la presencia de características físicas, químicas o
biológicas que reflejan la inundación recurrente o permanente o la saturación del sustrato en la
superficie o cerca de ella. Por ello, las características diagnósticas comunes de un humedal son la
1 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) fue convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el año 2000.
Iniciada en 2001, la EM tuvo como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano. La EM ha involucrado el trabajo de más de 1,360 expertos de todo el mundo. Sus conclusiones, contenidas en cinco volúmenes técnicos y seis informes de síntesis, proporcionan una valoración científica de punta sobre la condición y las tendencias en los ecosistemas del mundo y los servicios que proveen (tales como agua, alimentos, productos forestales, control de inundaciones y servicios de los ecosistemas) y las opciones para restaurar, conservar o mejorar el uso sostenible de los ecosistemas. Para mayor abundamiento puede observarse la página web http://www.unep.org/maweb/es/Index.aspx presencia de suelos hídricos o con rasgos de hidromorfismo y vegetación hidrofítica.

Ambas definiciones se encuentran incorporadas al presente proyecto, en su artículo 2°.
En Argentina, una importante parte del territorio se encuentra ocupada con humedales, presentando una amplia variedad de tipos que incluyen ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras estuariales y marinas, entre otros. Aun cuando contamos con 23 sitios incorporados a la Lista de Humedales de Importancia Internacional prevista por Ramsar, la situación de estos ecosistemas requiere mayores esfuerzos para lograr su conservación y uso racional y sostenible, toda vez que los mismos sufren una acelerada degradación y pérdida de la mano de esquemas de producción no sostenible.

Resulta pública y notoria la urgente necesidad de contar con una regulación uniforme para todo el territorio nacional en aras de la protección y el uso racional de los humedales, a la luz de los acuciantes efectos del cambio climático a nivel global, regional y local; en particular las recientes inundaciones en varias provincias argentinas, y quemas descontroladas de pastizales en las islas del Paraná, cuyo humo ha invadido la ciudad de Rosario en múltiples ocasiones.

Precisamente para evitar los efectos adversos de índole ambiental, social, económica y sanitaria que tales fenómenos climáticos están teniendo en nuestra sociedad, es que tenemos la responsabilidad de establecer las bases para una adecuada gestión de estos ecosistemas, indispensables para calidad ambiental y de vida, y que han sido erróneamente considerados como áreas improductivas o foco de generación de enfermedades.

En efecto, los humedales proveen esenciales servicios ecosistémicos, que dependen de las características de los componentes, la estructura y los procesos que tienen lugar en los ecosistemas, es decir, de su integridad ecológica. Estos bienes y servicios pueden clasificarse en servicios de aprovisionamiento (provisión de alimento, agua, etc.), servicios de regulación (como la regulación de inundaciones, sequías y enfermedades), servicios de apoyo (formación de suelo, ciclado de nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Así, la provisión de agua, el filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, la provisión de alimento para personas y fauna, la amortiguación de inundaciones, la disminución del poder erosivo de los flujos de agua, la mitigación
de la pérdida y de la salinización de suelos, la estabilización de la línea de costa y control de la erosión
costera, el almacenamiento de carbono y la estabilización climática, entre otros, han sido contemplados
en el artículo 5° de este proyecto.

Estos servicios ecosistémicos –amenazados por el drenado, relleno y desvío de aguas para ganar tierras o para un uso acuático exclusivo (represas, acuicultura), así como por el desconocimiento sobre su real importancia para la sociedad- sólo podrán mantenerse en el marco de la preservación de la integridad ecológica de los humedales y de su uso racional y sostenible, cuestiones que hoy no están garantizadas en el sistema normativo ambiental de nuestro país.
Dicha integridad y uso racional encuentran en este proyecto de ley los instrumentos estructurales de su protección, mediante el Inventario Nacional de Humedales y el Ordenamiento Territorial de Humedales, dos herramientas de planificación indispensables, a las que se agregan la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica.
En relación al inventario de los humedales, el mismo constituye el punto de partida para la evaluación de cualquier política que alcance estos ecosistemas. Aún más, la medida es una acción directa en los pasos que necesariamente deben darse hacia el Ordenamiento Ambiental del Territorio previsto en la Ley N° 25.675. Su importancia radica en la necesidad de cuantificar los recursos de los humedales de nuestro país, a fin de evaluar su situación; determinar las posibilidades que los humedales pueden aportar al desarrollo económico en consonancia con su protección; establecer qué humedales requieren eventualmente ser restaurados y efectuar evaluaciones de riesgos y de
vulnerabilidad y comparar el aporte de las jurisdicciones provinciales a la conservación y al alcance
de las Metas del Milenio, promoviendo el uso sustentable de estos ambientes.

En el esquema de la ley propuesta, el inventario presenta además la importancia de constituirse en el marco básico para el desarrollo de los ordenamientos territoriales a cargo de las jurisdicciones locales, y fuente de información para las actividades de evaluación y monitoreo específicas.
Por otra parte, debe considerarse que la realización del inventario posicionará a la República Argentina con un cumplimiento concreto de sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención Ramsar, en un contexto que indica que, poco más del 7% de los países han elaborado inventarios nacionales de humedales apropiados o exhaustivos y el 25% no dispone siquiera de información básica para realizar un inventario nacional de sus humedales en la que fundar su aplicación en la noción de uso racional.

En este sentido, es dable mencionar que en los últimos años se ha avanzado mucho hacia la realización de un inventario nacional. En el año 2016 se realizó el taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales”, donde más de 50 especialistas acordaron una definición operativa para realizar los trabajos de inventario. En 2017, se culminaron los trabajos del proyecto “El Inventario de los Humedales de Argentina: Una Herramienta para la Implementación de la Convención de Ramsar”, financiado por la Iniciativa Humedales para el Futuro de la Convención sobre los Humedales, implementado por la Fundación Humedales/Wetlands International en colaboración con la ex Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Universidad Nacional de San Martín y especialistas de distintas instituciones científicas. Con su publicación, se presentó el primer nivel del Inventario Nacional de Humedales, las Regiones de Humedales de la Argentina.
Asimismo, distintas experiencias demostrativas a mayor nivel de detalle han sido sintetizadas en un documento publicado por la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en 2018, que recoge los distintos proyectos piloto y sus resultados, focalizando en aspectos vinculados a la identificación, delimitación, clasificación y caracterización de los humedales de las respectivas áreas de trabajo. Además, incluye una serie de consideraciones y lecciones aprendidas a partir del análisis de los resultados obtenidos, con vistas a la planificación e implementación del Inventario Nacional de Humedales.

Debe destacarse, en línea con lo expresado anteriormente, la asignatura pendiente que implica el Ordenamiento Ambiental del Territorio global de la nación, previsto en el Artículo 9 de la Ley General del Ambiente y aún no desarrollado. En ese sentido, la realización de los ordenamientos territoriales de los humedales implica no sólo dar cumplimiento efectivo al mandato establecido hace 18 años por la citada ley marco, sino también avanzar en la experiencia de la construcción participativa de un modelo territorial, la cual debería tener lugar llevando a la práctica esta herramienta en todos los ámbitos correspondientes. La misma presenta la fundamental importancia de ser un instrumento anticipador de los conflictos por el territorio, toda vez que exige la participación colaborativa de los
sectores interesados, expresando finalmente el acuerdo alcanzado.

No es menor la sinergia que debe considerarse asimismo en relación al cumplimiento de obligaciones surgidas en el marco de otros convenios internacionales de los cuales nuestro país es parte, como la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (1979) que obliga a conservar y restaurar el hábitat de especies amenazadas, así como a prevenir, limitar y controlar los factores que impidan la migración o pongan el peligro el futuro de una especie; el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) que manda a la utilización sostenible de la diversidad biológica, a la protección de ecosistemas y hábitats naturales y a rehabilitar y restaurar ecosistemas
degradados y promover la recuperación de especies amenazadas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación; y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992) que compromete a las partes a proteger el sistema climático en beneficio de las presentes y futuras generaciones, tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático con base en el principio precautorio, promover la gestión sostenible de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero, inclusive la biomasa, bosques, océanos y otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos y cooperar en la mitigación de los efectos del cambio climático, desarrollando y elaborando planes apropiados e integrados para la ordenación de las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y rehabilitación de las zonas afectadas por sequías e inundaciones.

En relación al Ordenamiento Territorial de los Humedales, ésta se prevé como la herramienta de zonificación que permitirá a las jurisdicciones locales organizar espacialmente las actividades posibles en cada categoría de conservación, debiendo construirse el ordenamiento de modo participativo en consonancia con lo dispuesto por la Ley N° 25.675 y con lo previsto por los artículos 9° y 10° del presente proyecto de ley. Por su parte, la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica se añaden como garantía de la aplicación de los principios de prevención, sustentabilidad y equidad intergeneracional previstos en la ley citada, aportando la necesaria
valoración anticipada que debe darse a cualquier proyecto de obra o actividad que pudiera afectar los
humedales de modo significativo.

Por último, el Fondo Nacional de Humedales se presenta como una herramienta necesaria para compensar a las jurisdicciones locales, responsables de la protección y uso racional y sostenible de los humedales y sus servicios ecosistémicos, mediante fondos que han de destinarse al cumplimiento de los objetivos de esta ley, en las jurisdicciones locales. El mismo prevé expresamente el fortalecimiento de las autoridades jurisdiccionales, imprescindible en materia ambiental, y a la vez actúa a modo de incentivo para que las jurisdicciones realicen prontamente el respectivo ordenamiento territorial.

Fdo. Dip. Maximiliano Ferraro


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