Un amparo por mora por la recategorización en el empleo público

Cuando el organismo se demora, el ciudadano dispone de este remedio para ganar tiempo y que se dicte una resolución

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El 5 de diciembre de 2008, es decir, hace más de 10 años, una investigadora del CONICET pidió la recategorización. Se pide esto para que la promuevan a la categoría de Investigadora Superior en antropología.

El 22 de septiembre de 2010 el Directorio del CONICET le rechazó la solicitud de promoción a la categoría de investigador superior. Siempre tiene que haber un acto administrativo. Contra ese acto administrativo, la investigadora interpuso recurso de reconsideración, el que fue rechazado por la Resolución Nº del 2011.

A su vez, contra esa Resolución la investigadora interpuso un recurso de alzada y en el año 2013, se resolvió hacer lugar al recurso, y se ordenó conformar una nueva Comisión Evaluadora para que se pronuncie sobre la solicitud de recategorización, publicó el sitio Diario Judicial.

El Directorio del organismo designó a los miembros de la Comisión de Investigadores Superiores para que trate la solicitud, y contra dicho acto la investigadora interpuso otro recurso de reconsideración y planteó la recusación de uno de los miembros.

El 6 de febrero de 2019, el presidente del Directorio del CONICET rechazó el recurso de reconsideración interpuesto, y desde el 9 de mayo de 2019 el expediente se encuentra en la Dirección de Coordinación de Órganos Asesores a los fines del análisis de promoción, de la recategorización.

Planteó un amparo por la demora y lo ganó.  Los jueces resolvieron que “han transcurrido razonables pautas temporales sin que el demandado resuelva la causa administrativa, más aun considerando que la misma se inició en el año 2009, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida”.

 

Sentencia completa, amparo por mora
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#32044095#253499990#20191226121659079Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOFEDERAL- SALA V46809/2018

i…    c/   CONSEJO   NACIONAL   DEINVESTIGACIONES   CIENTIFICAS   Y   TECNICAS   s/AMPARO   PORMORABuenos Aires,         de diciembre de 2019.-MLAY VISTOS; CONSIDERANDO:I.- Que, mediante pronunciamiento de fojas 131/134, el juez de laanterior instancia hizo lugar a la acción de amparo por mora interpuestapor la señora i , y ordenó al Consejo Nacional deInvestigaciones Científicas y Técnicas que, dentro del plazo de diez (10)días se expidiera respecto de lo solicitado en el expediente nro. 625/2009.

Impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios del letrado dela parte actora en 20 UMA.Para así resolver, señaló que el tiempo que había insumido latramitación del expediente nro. 625/2009 no podría entenderse comorazonable en los términos del artículo 28 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos.

II.-  Que,  disconforme,  la   parte   demandada   apeló   y  fundó   susagravios a fojas 135/139vta., los que fueron replicados por su contraria afojas 150/150vta. Se agravia por considerar que la decisión recurrida hizo lugar a laacción mediante afirmaciones y fundamentos meramente dogmáticos ysin tener en cuenta los planteos defensivos formulados por esa parte, loque la torna arbitraria.Manifiesta que el recurso de amparo por mora no es procedente,porque la amparista no ha sufrido ninguna lesión o agravio, requisitoindispensable para la procedencia de la acción. Señala que la afirmación de que han transcurrido diez años sinresolver la solicitud de la actora resulta falaz; y que ha sido la mismaactora quien realizó sucesivas recusaciones y planteos dilatorios en elexpediente administrativo.

Finalmente,   apela   la   imposición   de   costas   y   los   honorariosregulados a la dirección letrada de la parte actora por considerarloselevados.III. -Que, en primer lugar, cabe recordar que el amparo por moraconstituye una especial acción de amparo, cuyos presupuestos de fondoestán contenidos en el artículo 28 de Ley N° 19.549. Este instituto, no esotra cosa que una orden judicial de “pronto despacho” de las actuacionesadministrativas que posibilita que quien fuera parte en un expedienteadministrativo acuda a la vía judicial cuando una autoridad administrativahubiera dejado vencer los plazos fijados en la norma sin expedirse enforma expresa respecto de lo solicitado.

Al respecto, es dable señalar que esta Sala tiene dicho que laadministración   tiene   el   deber   jurídico   de   pronunciarse   expresamentefrente a las peticiones de los particulares. Este deber de decidir en cada caso concreto –que proviene de unprincipio que trasciende el marco del derecho público escrito– surgeclaramente del artículo 7°, inciso c), de la ley n° 19.549, que estableceque “deben decidirse todas las peticiones formuladas” ya que frente alderecho de petición, garantizado por el artículo 14 de la ConstituciónNacional, se encuentra la obligación de resolver por la AdministraciónPública (confr. “Galíndez Diego Mario c/ EN – Mº Justicia y DDHH s/Amparo por Mora”, pronunciamiento del 30/3/2016, y sus citas).

IV.-  Que del análisis del expediente administrativo Nº 625/2009,resulta que:  i)  el  5 de diciembre de 2008  la señora Anatilde IdoyagaMolina   presentó   ante   el   Directorio   del   CONICET   una   solicitud   derecategorización,   por   la   que   había   peticionado   la   promoción   de   supersona a la categoría de Investigadora Superior (v. a fojas 1);

ii) el 22 deseptiembre de 2010 el Directorio del CONICET por Resolución Nº 2638,resolvió rechazar la solicitud de promoción a la categoría  de investigadorsuperior presentada por la Dra. Anatilde Idoyaga Molina (v. a fojas 34/35).Contra dicho acto la aquí actora interpuso recurso de reconsideración, elque fue rechazado por la Resolución Nº 2189 del 4 de julio de 2011 (v. afojas 243/244);

iii)   Contra la Resolución Nº 2189/11 la señora IdoyagaMolina interpuso recurso de alzada y por Resolución Nº 162 del 27 demarzo de 2013, se resolvió hacer lugar al recurso, ello sobre la base deque se había designado una Comisión ad-hoc para intervenir y habría terminado actuando otra, sin que existiera acto que lo justifique, y seordenó conformar una nueva Comisión Evaluadora para que se pronunciesobre   la   solicitud   de   recategorización   (v.   a   fojas   389/391);  iv)  PorResolución   Nº   1343/18   el   Directorio   designó   a   los   miembros   de   laComisión Ad-Hoc de Investigadores Superiores para que trate la solicitudde la señora i , y contra dicho acto la accionante interpusorecurso   de   reconsideración   y   planteó   la   recusación   de   uno   de   losmiembros;

v)  el  6 de febrero de 2019,  elpresidente del Directorio delCONICET,por   la   Resolución   Nº   460/2019   rechazó   el   recurso   dereconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 1343/2018, e hizolugar   a   la   recusación   formulada   respecto   del   Dr.   b (fojas584/584vta.); v) desde el 9 de mayo de 2019 el expediente se encuentraen la Dirección de Coordinación de Órganos Asesores a los fines delanálisis de promoción de la Dra. Idoyaga Molina (cfr. a fojas 123 de laspresentes actuaciones). En tales condiciones, se advierte que han transcurrido razonablespautas   temporales   sin   que   el   demandado   resuelva   la   causaadministrativa, más aun considerando que la misma se inició en el año2009, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida, con costas.

Es dable destacar que, la obligación de expedirse, “no significa quela Administración deba pronunciarse en un sentido determinado, sino quedebe resolver” (conf. “Pelissero, Norberto A. c/ UBA [Facultad de Filosofíay Letras], sent. Del 17/03/89 [ED, 136-184).V.-  Que dada la forma en que se resuelve no se encuentranmotivos para apartarse del principio general de la derrota consagrado porel artículo 14 de la ley 16.986, por lo que corresponde que las costassean soportadas por la demandada vencida.  VI.- Que, finalmente, en función de la naturaleza del proceso; delresultado   obtenido   y   de   la   extensión,   calidad   y   eficacia   del   trabajocumplido   ante   la   anterior   instancia,   se   modifica   la   regulación   dehonorarios   practicada   en   la   sentencia   de   fs.   131/134   y   se   fijan   loshonorarios   del   Dr.   Alberto   B.   ,,,,   en   su   carácter   de   letradopatrocinante   de   la   parte   actora,   en   la   cantidad   de   siete   (7)   UMA   -equivalentes a $20.314-cf. Ac. CSJN nro. 30/19-, los que se encuentran acargo de la parte demandada (v. arts. 16, 20, 44 y ccdtes. de la ley nro.27.423).

Asimismo, por las tareas desarrolladas en esta Alzada, se fijan loshonorarios del referido letrado en la cantidad de 2,1 UMA –equivalente a$6.094,20 cf. Ac. CSJN nro. 30/19–. Cabe   dejar   aclarado   que   en   los   importes   establecidosprecedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto deImpuesto al Valor Agregado, por lo que −frente a la acreditación de lacondición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamenterealicen los beneficiarios−, la obligada respecto de dichos emolumentosdeberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, en el montodel pago.En virtud de lo expuesto, el Tribunal

RESUELVE: 1) Rechazar elrecurso de apelación de fojas 135/139vta. y confirmar el pronunciamientoapelado, con costas a la vencida (art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.),2) Fijar los honorarios del Dr. Alberto B. Bianchi conforme fuera expuestoen el considerando VI.-El doctor Jorge F. Alemany no suscribe la presente por hallarse enuso de licencia (art. 109 R.J.N.).Regístrese, notifíquese y devuélvase.Guillermo F. Treacy                                      Pablo Gallegos Fedriani Fecha de firma: 27/12/2019Alta en sistema: 30/12/2019Firmado por: GALLEGOS FEDRIANI PABLO , JUEZ DE CAMARAFirmado por: GUILLERMO F. TREACY, JUEZ DE CAMARA

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