El derecho a saber la deuda y tener el resumen de la tarjeta de crédito

Fue varias veces a la sucursal pero no le pasaban la deuda vigente con la tarjeta. Ni los resúmenes, qué derechos tiene como consumidor

Una consumidora denunció a la empresa por “no informarle la conformación del saldo deudor que se le atribuía en su tarjeta de crédito”.

Su tarjeta de crédito había sido dada de baja por ella en el mes de julio de 2016. Pese a haber realizado varios llamados telefónicos sin réplica y concurrir a la sucursal de Jumbo para que le informaran el detalle de la deuda que le atribuían y obtener los últimos resúmenes, la empresa no se los mandaba.

Luego de tres audiencias de conciliación con defensa del consumidor, las partes (clienta y entidad emisora de la tarjeta de crédito) no arribaron a un acuerdo, reseñó el sitio iJudicial.

Finalmente los jueces multaron a la empresa por no haber brindado información clara y detallada respecto a los reclamos efectuados en virtud del estado actual de la deuda de la Sra. M..

Es decir, ante la carencia de explicación en virtud de la falta de recepción de varios resúmenes de su tarjeta, explicaron, sería posible colegir la infracción a la normativa citada por parte de la empresa.

 

Sentencia completa – deuda de tarjeta de crédito

Publicada por iJudicial

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC – SALA I CENCOSUD SA CONTRA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR SOBRE RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSAAL CONSUMIDOR 2021 – Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en los autos “CENCOSUD SA c/ DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR s/ RECURSO DIRECTO s/ RESOLUCIONES DE DEFENSA Y PROTECCION CONSUMIDOR” Expte. xxxx y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Fabiana H. Schafrik, Carlos F. Balbín y Pablo C. Mantaras. A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik dijo: I. En fecha 20 de noviembre de 2018 la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dictó la disposición DI-2018-6191-DGDYPC en virtud de la cual, le impuso a Cencosud SA una multa de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000.-) por infracción al artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 (en adelante, LDC) y le ordenó que proceda a la publicación de lo dispuesto en el diario PAGINA 12, de conformidad con lo establecido por el art. 21 de la Ley 757. II. Contra dicha disposición, Cencosud SA interpuso recurso directo, el cual luce agregado a fs. 71/79 vta. de las presentes actuaciones. En primer lugar, la empresa aquí actora destacó que de la valoración de los hechos, no se evidencia una palmaria violación al deber de información y, por tanto, no existió incumplimiento al arts. 4 de la ley 24.240. En efecto, arguyó que “se ha informado al requirente de forma enumerada, todos datos necesarios para agotar sus consultas” (conf. fs. 74 vta.). En tal postura, planteó la improcedencia de la multa puesto que según expresó, le proveyó de modo oportuno a la denunciante los resúmenes de la tarjeta de crédito requeridos y también le informó la deuda que poseía con la empresa y le ofreció planes de pago. Subsidiariamente, se agravió del monto de la multa aplicada, por cuanto lo encontró excesivo y desproporcionado III. Remitidas las actuaciones a este Tribunal, previo dictamen del Ministerio Público Fiscal se tuvo por habilitada la instancia y se corrió traslado de los fundamentos y demás documentación agregada a la causa. IV. A fs. 131/134 vta., el GCBA presentó su contestación al traslado del recurso directo, escrito al que nos remitimos en honor a la brevedad. Finalmente, luego de que se le diera intervención al Ministerio Público Fiscal, pasaron los autos al acuerdo. V. Cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, sino que basta con que valoren las que sean “conducentes” para la correcta composición del litigio (conf. doctrina de Fallos 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). VI. A esta altura corresponde adentrarse en el tratamiento de los planteos esgrimidos por Cencosud SA. VI.1. En primer lugar, la recurrente señaló que no podía tenerse por configurada la infracción al art. 4º de la LDC. Resulta oportuno señalar, que el contrato de marras constituye un contrato de consumo, por lo que resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y las de su Decreto reglamentario 1798/94. Esta última, tiene en miras la protección del consumidor o usuario, es decir, de las personas físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda (conf. art. 1º Ley 24240). Asimismo, no es posible soslayar que el marco jurídico que rige la relación de consumo, encuentra asidero en nuestra Constitución Nacional que, prevé en el art. 42, 1º y 2º párrafo, “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios” (el resaltado me pertenece). Del mismo modo, la Constitución local dispone en los párrafos 1º y 2º del artículo 46, que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas” (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo) (el resaltado me pertenece). Nuestro cimero Tribunal Nacional, señala que “la ley 24.240 fue sancionada por el Congreso de la Nación con el fin de otorgar una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales –los consumidores- recomponiendo con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se veían afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana” (CSJN, Fallos 324:4349). Específicamente, el art. 4º de la LDC dispone que “…[e]l proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización…”. A esta altura considero conveniente efectuar algunas precisiones acerca del panorama fáctico que converge en las presentes actuaciones. En primer lugar, corresponde señalar que del análisis de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge que en fecha 5 de septiembre de 2017, la Sra. Z. A. M. presentó un reclamo ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor en el que denunció a la empresa Cencosud SA por no informarle la conformación del saldo deudor que se le atribuía en su tarjeta de crédito, la cual había sido dada de baja por ella en el mes de julio de 2016. Denunció además que, pese a haber realizado varios llamados telefónicos sin obtener replica y concurrir a la sucursal de Jumbo –Palermo 5206- a fin de que le informaran el detalle de la deuda que le atribuían y obtener la entrega de los últimos resúmenes de la tarjeta en cuestión que no había recibido, la empresa no le envió las facturas de cobro de febrero desde 2016 hasta la fecha de interposición de la denuncia; ello a fin de corroborar la deuda que se le atribuía. (v. fs. 1, 3/ 4). Luego de tres audiencias (fs. 23, 35 y 36 del EA), las partes no arribaron a una amigable composición y se prosiguió con el trámite de las actuaciones. Del acto de imputación, se dispone que “en relación a la ausencia de información clara y detallada respecto a los reclamos efectuados en virtud del estado actual de la deuda de la Sra. M., como así también, ante la carencia de explicación en virtud de la falta de recepción de varios resúmenes de su tarjeta, seria posible colegir la infracción a la normativa citada por parte de Cencosud S.A”. En el descargo, la empresa indicó que “sus resúmenes de cuenta se le enviaban al domicilio aportado por la requirente en el momento de solicitar la tarjeta en cuestión”. Además, manifestó que “esta parte acudió durante toda la instancia administrativa e informo el detalle y composición de la deuda que se le endilga, como así también se acompañaron los respectivos resúmenes de cuenta”. Asimismo, la empresa señala que “se brindo una propuesta de pago ante la deuda existente, la cual fue rechazada por la requirente” (v. fs. 42/ vta. del EA) Ahora bien, al fijar la multa por infracción al art. 4º de la LDC la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor consideró que Cencosud SA “incurrió en inobservancia al deber de información de manera completa y detallada tal como le compete, por cuento no demostró haber dado respuesta certera a los reclamos incoados por la requirente, como así tampoco acompaño constancia alguna que confirme que los resúmenes de la tarjeta de titularidad de la Sra. M. fueron efectivamente enviados en termino a su domicilio” (v. fs. 66 vta. EA). Ello así, por cuanto la denunciante acompañó la carta documento que habría remitido el 12/10/2019, el reclamo N° 67346480 presentado ante la firma y las resúmenes de trajeta de crédito; mientras que la dneucniada, si bien afirmó genéricamente que había enviado los resúmenes al domicilio proporcionado por la denunciante, lo cierto es que no acompañó constancia alguna que diera cuenta de su recepción fehaciente por la denunciante, en tanto no adjuntó constancia alguna por parte del correo que así lo acreditase. Adelanto que el agravio aquí tratado no habrá de prosperar, en tanto no es posible compartir el razonamiento propuesto por la empresa recurrente. Ello es así, en tanto no se encuentra acreditado que Cencosud SA haya cumplido con su obligación de proporcionar información concreta acerca del saldo deudor de la denunciante, ni tampoco cumplió con su obligación de enviar los resúmenes de la tarjeta de su titularidad. Ello se observa en la medida de que el consumidor se vio obligado a solicitar los mismos reiteradas veces tanto por vía telefónica como personalmente y, pese ello no logró su cometido sino hasta la interposición de la denuncia que originó estas actuaciones. En este sentido, no dejo de advertir que Cencosud SA, en su escrito de apelación ante esta Cámara se limitó justificar en forma genérica su proceder más no se hizo cargo de la imputación efectuada en el caso particular respecto de la denuncia de la Sra. M. ni acompañó en autos prueba o constancia tendiente a demostrar la conducta que alega. Por ello, corresponderá confirmar la multa en este aspecto. VI.2. Finalmente, acreditada la existencia de infracción al arts. 4º de la LDC corresponde adentrarse en el planteo referido al monto de la multa, que la recurrente tachó de excesivo y desproporcionado En esta inteligencia, la denunciada se agravia en el entendimiento de que la determinación del quantum de la multa resultó un ejercicio arbitrario de las potestades sancionatorias por parte de la autoridad administrativa por cuanto a su juicio fue desproporcionada. Al respecto, el art. 18 de la Ley 757 establece que verificada la existencia de una infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial nº 22.802, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes. Así las cosas, es preciso tener en cuenta que ellas conforman un sistema protector del consumidor que junto con la Ley de Defensa de la Competencia nº 25.156, deben interpretarse de forma armónica a los efectos de cumplir con la finalidad que tienen en común, esto es, defender y proteger los derechos del consumidor. Ahora bien, el art. 47 de la LDC dispone que “verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: … b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)”. Por su parte, debe tenerse presente que la Ley 757 receptó estas pautas de graduación para aplicarlas a las infracciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor local. En este claro contexto hermenéutico, se concluye que el monto fijado como sanción, se encuentra dentro de los parámetros legales establecidos por la norma nacional. En este sentido, nótese que el monto no resulta elevado si se tienen en cuenta los límites mínimos y máximos que contempla la norma citada, máxime teniendo un cuanta su condición de reincidente, lo que me lleva a rechazar el planteo de arbitrariedad en relación a la graduación de la multa. En consecuencia, y en virtud de que Cencosud SA no logra desvirtuar la motivación que sustentó la multa impuesta por la Administración, que estimo que el agravio no puede prosperar. VII. En atención al modo en que se resuelve, entiendo que la imposición de costas recaerá sobre la recurrente vencida (conf. art. 62 del CCAyT). VIII. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 3º, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la Ley 5134 y considerando el monto, complejidad de la cuestión planteada, la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, su resultado, trascendencia y entidad, así como los montos mínimos que establece la ley, corresponde regular los honorarios de la representación procesal y patrocinio del GCBA de la siguiente manera: al Dr. Pablo M. Casaubon, en su carácter de apoderado, en la suma de pesos ocho mil quinientos treinta y cinco ($8.535); y al letrado patrocinante, Dr. Maximiliano A. Lamedica, en la suma de pesos diecisiete mil setenta ($17.070). Dicho monto resulta de calcular los proporcionales correspondientes a la única etapa cumplida en el proceso, con relación al valor de 10 unidades de medida arancelaria fijado en pesos cuatro mil doscientos sesenta y cuatro ($5.121.-) por la resolución de Presidencia del Consejo de la Magistratura N°89/2021. Atento lo expuesto, de compartir este voto propongo al acuerdo: 1) se rechace el recurso interpuesto, 2) se impongan las costas a la parte actora vencida (conf. art. 62 del CCAyT), 3) se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes de acuerdo a lo señalado en el considerando VIII. A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Balbín, por los fundamentos allí expuestos, adhirió al voto de la jueza Fabiana H. Schafrik. El juez Pablo C. Mántaras adhirió, en lo sustancial, al voto de la jueza Fabiana H. Schafrik. En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, el Tribunal RESUELVE: I. Rechazar el recurso interpuesto; II. Imponer las costas a la parte actora vencida (conf. art. 62 del CCAyT); III. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo expuesto en el considerando VIII del voto de la jueza Fabiana H. Schafrik. Se hace constar que se encuentra vigente para las partes la suspensión de los plazos procesales hasta tanto se cumplan las condiciones establecidas en la resolución CM 2/21. Téngase por cumplido el Registro –conf. art. 11 Resolución CM Nº 42/2017, Anexo I –reemplazado por Resolución CM Nº 19/2019−. Notifíquese a la actora mediante cédula, a la demandada en su domicilio electrónico y al Ministerio Público Fiscal por la misma vía. Asimismo, hácese saber a las partes que en lo sucesivo deberán cumplir con lo previsto en los artículos 1 y 2 de la resolución de Presidencia del Consejo de la Magistratura n° 359/20, así como lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución CM n° 68/20, en lo que respecta a la constitución del domicilio electrónico. Oportunamente, archívese. Fabiana Haydee Schafrik JUEZ/A DE CAMARA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC – SALA I Carlos Francisco Balbin JUEZ/A DE CAMARA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC – SALA I Pablo Cesar Mantaras JUEZ/A DE CAMARA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC – SALA I FIRMADO DIGITALMENTE 06/04/2021 13:41

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