La acción de amparo como solución para algunos problemas ambientales

Recurso procesal para hacer valer el derecho a un ambiente sano de rango constitucional

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Hay empresarios que podrían visualizar las normas ambientales como barreras jurídicas para su negocio. Hay funcionarios que podrían aprovechar las normas ambientales para amenazar con sanciones, salvo que la infracción se arregle de otra forma.

Hay otros empresarios que podrían anotar la cuenta ambiental como una posible contingencia luego del due diligence (auditoría) antes de la compra. Hay políticos que podrían invocar las normas ambientales como promesa de campaña. Hay consultores que podrían facturar por informes sobre el supuesto cumplimiento de las normas ambientales. Y la lista de situaciones hipotéticas que podrían darse, y que no pretendo asociar a un caso concreto, sigue.

En otro orden de ideas, algunas de las razones por las cuales una ley se incumple, pienso en voz alta, podrían ser las siguientes:

1) Desinformación de la sociedad civil acerca de sus derechos básicos y del valor que tiene el ambiente.

2) Un sistema eficiente para alertar y corregir los incumplimientos,  con recursos para desarrollar su labor en la prevención, solución y mitigación de los daños ambientales; en este punto, la coordinación entre jurisdicciones es clave y los conflictos políticos más la forma de Estado federal pueden conspirar contra la rapidez que demanda el sistema.

3) La percepción del ambiente como un posible obstáculo para un cierto tipo de modelo de desarrollo, en lugar de que este sea sustentable, como dice la Constitución, y como surgiría si se apreciase el verdadero valor de la vida de una persona.

¿Cómo hacemos valer el derecho a un ambiente sano entonces? Esta provisión se incorporó expresamente en el 1994. Uno de los primeros casos ambientales pasó en 1887.

Entonces, un grupo de saladeristas pataleó porque la Provincia de Buenos Aires había dictado una ley que prohibía las faenas de las industrias ubicadas en la zona de Barracas. Frente a ello, los propietarios de los establecimientos reclamaron una indemnización de daños y perjuicios.

La Corte entendió que la provincia se había limitado a reglamentar esa industria por justificadas razones de salubridad y que no podían alegar “un derecho adquirido” porque que los permisos preexistentes llevan la condición implícita de que la actividad que se ejerza no sea nociva a la comunidad.

Los saladeristas alegaban que la Constitución les daba el derecho de propiedad y de ejercer industria lícita. Hoy nadie discute que las habilitaciones poco importan a nivel jurídico, sino que el problema es otro.

Años más tarde el Estado federal prohibía contaminar el Riachuelo. Esto sucedía a fines de 1900. Pero la contaminación no se notó sino en los últimos decenios, cuando un sistema sin controles y cortoplacista permitió el resultado que vemos hoy.

Hecha la ley, hecho el remedio

El marco legislativo es diferente pero como suele ocurrir, lo que importa hoy, opino, son los remedios. Porque las leyes están. Tal vez haya un problema con el diseño legal, porque si una ley no prevé la forma de que se cumpla….Pero al menos hay herramientas.

Y dentro de ellas, el amparo es fundamental. Esta acción se usó, por ejemplo, para que no fumiguen en los campos cercanos al Barrio Urquiza con agroquímicos.

Los jueces razonaron que si bien no se hay una certeza científica sobre la toxicidad del glifosato, igual hay que tomar una decisión para evitar potenciales daños a la salud y al ambiente, actuar antes de que se obtenga la prueba del riesgo real.

En términos técnicos, apelaron al “principio precautorio” que dice que aunque exista incertidumbre sobre la toxicidad de un compuesto, igual el Estado tiene que tomar medidas. Y rápido.

En otro caso reciente, también iniciado como acción de amparo, la Corte salteña de Salta Conminó a YPF S.A., a la Actual Concesionaria del Área -UTE- y al Estado Nacional a recomponer mediante un plan de remediación el daño ambiental ocasionado por el abandono de un pozo hidrocarburífero.

En suma, la acción de amparo puede ser una medida eficaz. Para iniciarla se puede recurrir a un abogado o equipo de ellos, o también puede ser iniciada por una asociación civil que tenga como objetivo proteger el ambiente.

Una de las ventajas del amparo es que es innecesario agotar la burocracia administrativa que a veces, sea en forma inocente o a propósito, puede demorar las cosas. Frente al “se van para atrás…” de la empleada que satirizaba Gasalla, se puede seguir adelante. Junto con amparo, también podría pedirse una medida cautelar para evitar que el daño se siga produciendo mientras tramita el proceso judicial.

Cuando un caso llega al poder judicial es porque las demás vías están agotadas. A veces, incluso, es tarde o se trata de un recurso de emergencia.

Sería importante que, en los tantos casos de amparo, se evalúen las causas por las cuales hizo necesario ese remedio y se piensen alternativas, para que la solución sea global, incluyendo alternativas de producción limpias que posibiliten no solo la ganancia rápida, sino sostenida en el tiempo y para generaciones futuras, como dicen la Constitución y los tratados internacionales.

Sobre todo cuando la mayoría de los problemas ambientales involucran a los sectores más vulnerables, necesariamente esta discusión debe plantearse.

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