Novedades del derecho y las leyes argentinas para el ciudadano

Nueva ley de ayuda a personas en situación de calle

La cámara de diputados aprobó esta ley para ayudar a las personas sin techo o en situación de inminente desalojo. A continuación su texto que deberá revisar el senado

La cámara de diputados aprobó esta ley para ayudar a las personas sin techo o en situación de inminente desalojo. A continuación su texto que deberá revisar el senado.

SUMARIO: Derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la
República Argentina. Garantización. Fagioli, Macha, Carambia, Bogdanich, Medina G., Schwindt, Cresto, Vivero, Hagman, Osuna, Alderete, MoreauC., Caliva y López J. (4.875-D.-2020.)

Dictamen de las comisiones Honorable Cámara:

Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública han considerado
el proyecto de ley del señor diputado Fagioli y otras/ os señoras/es diputadas/os, por el que se garantizan
los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción
del siguiente PROYECTO DE LEY Senado y Cámara de Diputados,…

SITUACIÓN DE CALLE Y FAMILIAS SIN TECHO

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en
el territorio de la República Argentina.

Art. 2º – Ámbito de aplicación. Con fundamento en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.

Art. 3° – Autoridad de aplicación. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Créese en el ámbito de ese ministerio un espacio de articulación para coordinar su implementación, particularmente en lo referido a los deberes del Estado previstos en el capítulo III y a los programas de política pública previstos en el capítulo IV y los que se creen con posterioridad, con participación del Ministerio de Salud de la Nación; del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) –o los que en el futuro los reemplacen–, los ámbitos universitarios, sindicales, organizaciones sociales y cualquier otra área que deba estar involucrada para un abordaje integral en la materia a nivel nacional, provincial y municipal.

Art. 4° – Definiciones. A los fines de la presente ley:

1. Personas en situación de calle son quienes, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle
o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socioasistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados.

2. Personas en riesgo a la situación de calle son quienes, sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, estén
en alguna de las siguientes situaciones: a) Residan en establecimientos públicos o privados –sean médicos, asistenciales, penitenciarios u otros– de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso; b) Se encuentren debidamente notificadas de
una situación inminente de desalojo o de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo, y no tengan recursos para procurarse una vivienda; c) Habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica.

Capítulo II

Derechos y garantías de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle

Art. 5º – Principio general. La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Art. 6º – Derecho a la dignidad personal e integridad física. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física. El Estado debe realizar acciones positivas tendientes a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, estableciendo a la vez condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de la subjetividad.

Art. 7º – Derecho a la identidad personal. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho a la identidad personal, que supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad.

El Estado debe realizar acciones positivas para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para
acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria.

Art. 8º – Derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad. El Estado evitará el uso coercitivo de la fuerza pública debiendo circunscribirse a la articulación de las acciones y medidas asistenciales prescritas en los capítulos III y IV de la presente ley.

Art. 9º – Derecho al acceso pleno a los servicios
socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno. Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso pleno a:

  1. Los servicios socioasistenciales y de salud prestados por instituciones públicas o privadas con convenio con el Estado.
  2. Los servicios de apoyo para el acceso a un trabajo digno, ya sea en relación de dependencia o de manera autónoma, en forma personal o asociada.

Art. 10. – Derecho al acceso a una vivienda digna.

Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente. El Estado debe elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, de carácter federal, inclusivas e integrales, y los planes para la construcción de viviendas deben contemplar una cuota o proporción destinada a dar solución a las situaciones comprendidas en la presente ley.

Capítulo III

Deberes del Estado

Art. 11. – Deberes. El Estado debe garantizar a las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle:

  1. La promoción y orientación de una cultura y educación basadas en el respeto y solidaridad entre todos los sectores sociales para transformar la manera en que tradicionalmente han sido tratadas, mediante la superación de   prejuicios, estereotipos o actitudes discriminatorias y la creación de nuevos acercamientos, estrategias y soluciones en los que todos los sectores sociales asuman responsabilidades para lograr la integración social de este sector de la población.
  2. El desarrollo y la promoción de acciones positivas tendientes a evitar y erradicar todo acto de discriminación o de violencia física.
  3. La remoción de los obstáculos que impiden la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario, teniendo la obligación de implementar procedimientos que faciliten el acceso a los servicios públicos sin documento de identidad si no fuese indispensable, a la tramitación gratuita de todos los documentos que acrediten la identidad y a la creación de una referencia administrativa postal.
  4. La promoción del ejercicio de sus derechos políticos y su participación en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas que los comprenden.
  5. La promoción, publicidad y difusión de toda información útil, veraz y oportuna relativa a los derechos y garantías y programas de política pública, de modo que les llegue efectivamente
  6. La creación de una red nacional de centros de integración social, de atención permanente y continua, que presten servicios socio asistenciales básicos de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud y además desarrollen actividades de formación y ocupación adaptadas a los conocimientos y necesidades de los
    destinatarios. Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios, entre otros) a las modalidades enunciadas en el artículo 16 de la presente ley.
  7. La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar a cabo las políticas públicas, incluyendo en dicha formación la práctica en organizaciones sociales que trabajan de manera directa con este sector de la población y tengan acreditada experiencia en la materia, de acuerdo lo establezca la
    autoridad de aplicación.
  8. La realización de un relevamiento anual de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, de alcance nacional, con la participación de profesionales y organizaciones sociales, algunas integradas por personas en situación de calle, dedicadas a esta problemática, que suministre información para el diseño e implementación de políticas públicas.

Capítulo IV

Programas de política pública

Art. 12. – Lineamientos básicos para los programas de política pública. Para la implementación de los programas de política pública, deberán aplicarse los siguientes lineamientos en forma transversal:

  • a) Todos los programas existentes en la materia deben ser mantenidos o integrados a los programas que resulten de la aplicación de esta ley. En ningún caso puede disminuirse el alcance de los programas que ya se están implementando;
  • b) La orientación de las políticas públicas tanto hacia la promoción de la igualdad y la integración social, con respeto de la diversidad humana, como a la formación y el fortalecimiento;
  • c) La acción conjunta, democrática y participativa en la planificación, implementación y evaluación continua de las políticas públicas con personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, con organizaciones sociales
    y con profesionales capacitados y capacitadas en la temática;
  • d) La formulación e implementación intersectorial y transversal entre distintos organismos respecto de las políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, acceso a la Justicia, trabajo, esparcimiento y cultura. Las personas en situación de calle tendrán acceso prioritario a los programas y tratamientos para los consumos problemáticos, la salud mental y las discapacidades, de acuerdo a las particularidades de quien solicita el servicio;
  • e) Perspectiva de género, debiendo tenerse presentes en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas los principios y derechos previstos en las leyes 26.485  y 26.743.

Art. 13. – Relevamiento. La autoridad de aplicación, en el plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de la presente ley y luego anualmente, organizará y realizará un relevamiento nacional de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, en forma coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y con organismos estadísticos competentes de cada jurisdicción. El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la realización de un diagnóstico para la implementación de las políticas públicas de alcance nacional para este sector de la población, considerando sus diferentes subgrupos. En el diseño y la realización del relevamiento participarán especialistas en esta problemática y organizaciones sociales, preferentemente aquellas integradas por personas en situación de calle o personas en riesgo a la situación de calle.

Art. 14. – Documentación. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y articulada con el Ministerio del Interior y las autoridades locales competentes, en el marco del primer relevamiento y luego en forma permanente, organizará un sistema administrativo para el otorgamiento gratuito de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad en el ejercicio de derechos públicos y privados.

Art. 15. – Referencia administrativa postal. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y articulada con los organismos nacionales y locales competentes, en el marco del relevamiento y luego en forma permanente, otorgará a las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle una referencia administrativa postal a fin de que puedan recibir correspondencia y así tener un mejor acceso a los servicios socioasistenciales o administrativos de toda clase.

Art. 16. – Centros de integración social. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y articulada con los organismos nacionales y locales competentes, creará una red nacional de centros de integración social, que se integrará con las existentes en los ámbitos provinciales y de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, con las siguientes características:

  1. Estarán dedicados a personas adultas solas, según su género, o a grupos familiares. En el caso de grupos familiares con niños, niñas o adolescentes se dispondrá un área institucional específica con profesionales capacitados/
    as para el cumplimiento de sus derechos
  2. Serán de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua y permanente, veinticuatro horas por día, todos los días del año.
  3. Promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares, articulando acciones con instituciones públicas y organizaciones sociales dedicadas a esta problemática.
  4. Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a
    los conocimientos e intereses de los destinatarios.
  5. Tendrán una metodología de trabajo interdisciplinaria y colectiva con el fin de desarrollar y contemplar instrumentos que permitan: a) Realizar un acompañamiento y seguimiento de los destinatarios;
    b) Definir participativamente con los interesados las mejores formas de intervención; evaluar conjuntamente los resultados de las acciones en el corto, mediano y largo plazo.
  6. Serán administrados por trabajadoras y trabajadores idóneos e idóneas en la problemática
    de situación de calle, en articulación con organizaciones sociales dedicadas a la problemática y con la participación de las personas en situación de calle. Además, deberán contar con profesionales capacitados/as para abordar
    temáticas de género y diversidades.
  7. Se procurará la adaptación de los actuales establecimientos de alojamiento nocturno (paradores, hogares, refugios u otros) a las modalidades enunciadas en la presente y se crearán nuevos centros de integración social, de acuerdo a las necesidades relevadas en forma coordinada y articulada con los organismos nacionales y locales correspondientes.

Art. 17. – Sistema Nacional de Atención Telefónica.

Se creará un sistema de atención telefónica permanente, de alcance nacional, en forma articulada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de organismos gubernamentales pertinentes, de carácter gratuito, organizado por la autoridad de aplicación para la intervención inmediata de los organismos competentes en la atención de las situaciones comprendidas en esta ley.

Art. 18. – Sistema Nacional de Atención Móvil. Se creará un sistema de móviles, de alcance nacional y servicio permanente, en forma articulada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de organismos gubernamentales pertinentes, organizado por la autoridad de aplicación en articulación con el Sistema Nacional de Atención Telefónica para la intervención inmediata y personal en las situaciones comprendidas en esta ley.

Art. 19. – Informe anual. La autoridad de aplicación publicará un informe anual que permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Art. 20. – Plan de capacitación. Se llevará a cabo un plan de capacitación de carácter obligatorio para todas las personas que se desempeñen en la atención primaria de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, priorizándose aquellas

instituciones en las que este sector de la sociedad sufre mayor discriminación y violencia. La capacitación estará orientada a brindar información respecto del alcance, derechos y programas previstos en esta ley, con el fin principal de superar los prejuicios y estereotipos existentes respecto de las personas en situación de calle y de promover el respeto y la integración social de las mismas, de acuerdo lo establezca la autoridad de aplicación.

Los gastos que demanden las capacitaciones se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.

Art. 21. – Presupuesto. El presupuesto general para la administración nacional tendrá una partida anual específica para la elaboración y desarrollo de los programas previstos por la presente ley, a excepción de lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.

Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de las comisiones, 6 de julio de 2021.
Hugo Yasky. – Pablo R. Yedlin.* – María R. Martínez.* – Paola Vessvessian. – Nelly R. Daldovo. – Eduardo Bucca. – María L. Montoto. – Hilda C. Aguirre. – Juan C. Alderete. – Mara Brawer. – Nilda M. Carrizo. – Ricardo D. Daives. – Federico Fagioli. – Daniel J. Ferreyra. – Alcira E. Figueroa. – Ana C. Gaillard. – Josefina V. González. – Leonardo Grosso. – Estela Hernández. – Santiago N. Igon. – Marcelo Koenig. – Florencia Lampreabe. – Jimena López. – Mónica Macha.* – Cecilia Moreau. – Patricia Mounier. – Claudia B. Ormachea. – María L. Schwindt. – Ayelén Sposito. – Eduardo F. Valdes. En disidencia parcial: Sebastián N. Salvador.* – Carmen Polledo.  – Dina Rezinovsky.* – Mónica Schlotthauer. – Rubén Manzi. – Estela M. Neder. – Lidia I. Ascarate. – Hernán Berisso. – Adriana
Cáceres. – Gabriela Lena. – Silvia G. Lospennato. – María G. Ocaña.

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