Congelan cuotas del plan de ahorro

Es como medida cautelar. El ahorrista deberá depositar el tope del 30% de su salario mensual al concesionario de autos

Ante una acción judicial promovida por un consumidor, el juez ordenó congelar las cuotas del plan de ahorro que venía pagando.

Resulta que en el mes de octubre de 2015 la cuota del plan respectivo tenía un valor de $1.790,35, mientras que del recibo de sueldo de ese mismo mes y año surge que el accionante percibía $12.851,57, es decir, la mentada cuota afectaba un 13,9% de su salario (v. cupón de pago y recibo de hjs. 38/39).

Ya en el mes de septiembre de 2019 la cuota pasó a tener un costo de $14.312,55, mientras que el sueldo del actor, en ese mismo mes y año, era de $31.693,10, lo que representa más del 45% de su sueldo, ello, no obstante computar la cuota del seguro -$3.053,59-, la que, de no estimarse, igualmente se aprecia que se afectaría en más de un 35% el salario del peticionante de la cautelar, ponderó el magistrado.

A razón de ello, merituando que el señor T percibió un ingreso de $31.693,10 en el mes de octubre de 2019,mientras que, acorde el cupón de pago emitido ese mes y año, sin considerar los gastos de seguro, debería abonar $11.258,96, lo que afecta más del 35% de sus ingresos, es que se tienen por acreditados los requisitos para el dictado de la medida cautelar que dispuso la juez de la instancia de origen.

El límite de la liquidación de las cuotas del plan de ahorro suscripto por el accionante sea en un 30% -calculado sobre todos los conceptos que no incluyan el seguro del automotor-, del salario que habitualmente perciba, modificando en este sentido el decisorio de grado. Es decir, será un tope de 30% de su salario.

Esta es una medida cautelar, si luego el juicio sale mal el ahorrista deberá integrar la diferencia de dinero. La acción sigue.

Ya hay precedentes similares para planes de ahorro FIAT y FORD, por acciones colectivas. Uno de los problemas es que los vendedores generan falsas expectativas, porque al suscribir a un plan de ahorro se compra una partecita del auto que, lógicamente, va aumentando con el tiempo. Ver esta nota sobre cómo funciona un plan de ahorro.

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Sentencia completa –  aumento de cuotas plan de ahorro, derechos

Causa N° 127346; CAMARA II DE APELACION EN LO CIVIL Y
COMERCIAL SALA II – LA PLATA
TTT  PABLO ROBERTO C/ F.C.A. S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR
La Plata,18 de Marzo de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar
los recursos de apelación subsidiariamente incoados por la
letrada apoderada de….. de Ahorro Para Fines
Determinados y de …. Automóviles Argentina S.A. con fecha
11 de noviembre de 2020 -obrando las fundamentaciones de sus
respectivos memoriales en dichas piezas expositoras-, contra
la resolución de fecha 21 de septiembre de 2020. El 19 de
noviembre de 2020 se rechazaron las reposiciones articuladas,
concediéndose los recursos de apelación. Finalmente, cabe
indicar que el día 27 de noviembre de 2020 la actora contestó
los recursos interpuestos, mientras que el 28 de diciembre de
2020 el señor Fiscal de Cámaras presentó su dictamen,
2. El decisorio puesto en crisis ordenó a los demandados
que limiten la liquidación de las cuotas del plan de ahorro
suscripto por el accionante a un 20% -calculado sobre todos
los conceptos que no incluyan el seguro del automotor-, del
salario que habitualmente perciba el actor, a cuyo fin debería
adjuntar los recibos de sueldo en forma periódica hasta el
momento del dictado de la sentencia definitiva. A dicho efecto,
estableció una caución juratoria como contracautela, la cual
debería ser llevada a cabo mediante el mecanismo previsto en
el art. 1, inc. b-3 de la Resol. 10/20 SP SCBA. Finalmente,
dispuso que la presente acción debería tramitar por los
carriles prescriptos por la ley 13.951, debiendo, una vez firme
dicho decisorio, designarse el mediador interviniente (conf.
res. del 21/9/20).
3. A. Como tema preliminar corresponde proveer la petición
contenida en la aludida contestación de fecha 27 de noviembre
de 2020 por la actora, en cuanto a la deserción del recurso
solicitada respecto de la codemandada F.C.A. Automóviles
Argentina S.A. (v. esc. eléc. del 27/11/20).
Establece el artículo 260 del Código Procesal Civil y
Comercial -CPCC-, que el escrito de expresión de agravios debe
contener “…una crítica concreta y razonada de las partes del
fallo que el apelante considera equivocadas…”, no bastando
remitirse a presentaciones anteriores.
Teniendo en cuenta la gravedad de la sanción que es
consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del
recurso, es que se ha interpretado la norma con criterio
restrictivo, favorable al recurrente, en resguardo de su
derecho de defensa (art. 260 del CPCC; Morello y otros
“Códigos…” T. III, pág. 445 y sgtes.; esta Sala, causa
127784, sent. del 31/7/20, RSI del 205/20).
Sobre la base de lo precedentemente establecido y
analizando el contenido del escrito de fundamentación del
recurso incoado con fecha 11 de noviembre de 2020 por la
coaccionada F.C.A. Automóviles Argentina S.A., es que
corresponde desestimar los pedidos formulados, en tanto
cuestionan la suficiencia de los agravios expuestos por la
contraria (art. 260 del CPCC).
B. Por otro lado, no corresponde abordar la falta de
legitimación pasiva alegada por la letrada apoderada de F.C.A.
Automóviles Argentina S.A. en su escrito de fecha 11 de
noviembre de 2020, toda vez que dicho planteo deberá ser
efectuado, de así estimarlo, en la instancia de origen,
otorgándose el respectivo traslado a la contraria y, si
eventualmente la parte se sintiera agraviada respecto al
decisorio a llevarse a cabo, podrá objetarla, toda vez que este
Tribunal no puede fallar sobre temas no propuestos a decisión
del juez de primera instancia, siendo su función revisora
(conf. art. 272, CPCC).
C. Ahora bien, en cuanto al carácter de consumidor
cuestionado por ambas codemandadas, cabe señalar que, a
criterio de este Tribunal, no merecen favorable acogida tales
críticas.
Ello así, pues el artículo el artículo 1 de la Ley 24.240,
establece: “La presente ley tiene por objeto la defensa del
consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona
física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en
forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio
propio o de su grupo familiar o social …”.
Del otro lado del sinalagma, su artículo 2 define al
proveedor, estableciendo que: “Es la persona física o jurídica
de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera
profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción,
montaje, creación, construcción, transformación, importación,
concesión de marca, distribución y comercialización de bienes
y servicios, destinados a consumidores e usuarios. Todo
proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley…”.
La relación de consumo, en virtud del derecho positivo,
tiene carácter de orden público. En este aspecto, nuestro
máximo Tribunal provincial tiene dicho que: “El art. 3 en
coordinación con el artículo 65 de la ley 24.240 establece la
preeminencia del régimen tuitivo y su carácter de orden
público, de allí que ante cualquier colisión entre una norma o
criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores
, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o
procesales, entre estos últimos lo relativo a la distribución
de las cargas probatorias y las presunciones emergentes de la
ley especial” (SCBA, C 117760, sent. del 1-IV-2015).
De conformidad con ello, se aprecia que las presentes
actuaciones versan en torno a una relación de consumo. Ello
así, pues la aquí actora, en su calidad de usuario, inició la
presente demanda como consecuencia de los daños y perjuicios
causados por F.C.A. S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y
por F.C.A. Automóviles Argentina S.A. –cuyas actividades
principales son administrar los fondos e intereses de cada
grupo de los ahorristas y que estos últimos obtengan un bien
determinado -adquisición de vehículos-; y la fabricación y
comercialización de aquéllos (v. esc. eléc. del 11/11/20; conf.
arts. 1092, 1093, CCCN; 1, 2 y conc. de la Ley 24.240).
En ese entender, cabe señalar que, de conformidad con lo
dispuesto por la Resolución General 6/03 de la Inspección
General de Justicia -IGJ-,los contratos de ahorro para fines
determinados bajo las modalidades de ”grupos cerrados” y de
“cliclo abierto” configuran contratos de consumo conforme el
artículo 1° de la Ley 24.240, con excepción de aquellos
destinados a la obtención -directa o de los fondos necesarios
para la adquisición- de rodados de mayor porte susceptibles de
integrarse en procesos de producción, transformación
comercialización o prestación a terceros (conf. RG IGJ 6/03).
A mayor abundamiento, debe meritarse lo establecido en el
expediente administrativo iniciado con el trámite 22674/19,
por ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos
Aires, en donde el Director General de Actuaciones
Administrativas Dictámenes y Sumarios estableció que
“…tratándose de un afectado habitante de esta provincia, se
proceda a girar las presentes actuaciones a la Dirección
General de Actuaciones Judiciales, a fin de ejercer las
respectivas acciones de protección de los derechos económicos
del reclamante como consumidor…” (v. dictamen de hojas 214/221,
en exp. adm.).
D. Previo a analizar los distintos agravios traídos por
los recurrentes, deviene menester señalar que en el caso no se
advierte que el decisorio puesto en crisis sea arbitrario o
que no se haya efectuado un análisis de la cuestión. De hecho,
la resolución dictada por la juez de la instancia de origen
hace alusión a normas procesales, del Código Civil y Comercial,
de la Constitución Nacional, de la Convención Americana de
Derechos Humanos, de la ley 24.240, de la ley 24.449, citas
doctrinales y casos jurisprudenciales, implicando aquéllas –
fuentes del derecho- la fundamentación de su decisorio.
Asimismo, se observa que la resolución puesta en crisis hizo
un análisis particular de cada uno de los requisitos a efecto
de declarar la procedencia de la medida cautelar peticionada
(v. res. del 21/9/20).
4. A. Ahora bien, a fin de resolver la cuestión planteada
cabe distinguir entre las medidas cautelares asegurativas
típicas -como el embargo, el secuestro, la inhibición general
de bienes o la prohibición de innovar- de las cautelares
sustanciales o materiales.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires, tiene dicho que las primeras –medidas
cautelares asegurativas- no actúan sobre el derecho de quien
las promueve, sino tan sólo sobre los bienes de su deudor para
conservarlos. Con ellas se procura evitar la posibilidad que
durante el curso del proceso pasen a terceras manos,
desaparezcan, se desvaloricen o modifiquen, de modo tal que
arribada la sentencia definitiva el actor pueda contar con el
bien de la vida que constituía el objeto de su pretensión o,
mediante la realización de los bienes asegurados, obtener la
reparación sustitutiva en los términos de los artículos 508,
511, 512, 513 y concordantes del Código Procesal Civil y
Comercial. Como se ve, estas típicas medidas cautelares
procesales únicamente tratan de preservar bienes o situaciones
a la espera de la llegada de la sentencia definitiva, haciendo
caso omiso de cuándo advendrá ésta; de cuánto tiempo demande
el litigio (S.C.B.A., C. 92.711, in re “F., R. O. contra
S.A.M.I. Asociación médica de Bahía Blanca. Amparo”, sent. del
26-9-07 –voto del señor juez doctor Roncoroni-; conf. esta
Sala, causa 117.922, RSD 264, sent. del 2/12/16).
Por su parte, las cautelares sustanciales o materiales,
en cambio, frente a los efectos desbastadores que el tiempo de
duración del proceso podría producir sobre el mismo derecho –
cuyo reconocimiento se pretende del órgano jurisdiccional-,
procuran actuar aceleradamente ese derecho. Hay en ello una
clara conciencia de que el alongamiento del proceso en
determinadas y especialísimas circunstancias y por la propia
naturaleza del derecho en juego, no ha de producir en el mañana
la desaparición o desvalorización de los bienes que faciliten
o permitan la ejecución de la sentencia. Lo que desaparecerá o
resultará lesionado irremediablemente es el derecho mismo por
el que se brega y peticiona en justicia.
De allí que ante estas especialísimas situaciones de
urgencia impostergable, el Juez está llamado a echar mano sobre
el mismo y entrar en el fondo del asunto, sin esperar las
alongaderas del proceso de conocimiento. A tal fin, distintas
legislaciones, así como la doctrina autoral y judicial, han
creado dos instrumentos de tutela urgente: la tutela anticipada
y las medidas autosatisfactivas (S.C.B.A., C. 92.711, voto del
señor Juez doctor Roncoroni, ya cit.; conf. esta Sala, causa
117.922, RSD 264, sent. del 2/12/16).
Si bien ambas medidas presentan notas comunes (el tener
como objeto la materia o sustancia propia de la cuestión
litigiosa; la urgencia impostergable y el peligro de daño
irreparable en el derecho sometido a juzgamiento), también
poseen grandes diferencias (conf. esta Sala, causa 117.922,
RSD 264, sent. del 2/12/16).
En efecto, en la decisión anticipatoria la tutela es
provisional y está sujeta a la sentencia definitiva de un
proceso más amplio y que puede ordenar su confirmación,
modificación o revocación. En cambio, la medida
autosatisfactiva concede una tutela definitiva e irreversible,
en una actuación autónoma que se agota en sí misma. No es
accesoria, ni está subordinada a otro proceso. Ella se da en
el marco de un proceso urgente, en el cual, el órgano
jurisdiccional, al satisfacer la pretensión que le diera
nacimiento, cumple acabada y totalmente con su obligación
pública de prestar el servicio de justicia, obligación que
también se extingue, en el caso, cerrándose el proceso con
aquella sentencia definitiva e irreversible y, por ende, con
autoridad de cosa juzgada. Las anticipatorias por su carácter
interinal, siempre han de dar lugar al derecho de defensa y
oposición de la contraria dentro del marco propio del proceso
en que se pronuncie la sentencia de mérito que la decida
definitivamente, pudiendo mantenerla, modificarla o revocarla.
En cambio, en las autosatisfactivas, su pronto dictado sin
audiencia o escucha de la otra parte en algunos casos
especialísimos que, en correspondencia con la excepcionalísima
urgencia y los premiosos riesgos que puedan tipificar al mismo,
lo tornen inevitable, no puede llevar al olvido de que estamos
frente a cuestiones esencialmente contenciosas o bilaterales.
Puede que la situación excepcional ya referida prive a la
contraparte de la audiencia previa a su dictado, pero ello sólo
importa postergar o demorar su oportunidad para contradecir,
la cual -y siempre que el Juez en uso de su potestad
discrecional no se la abra antes, mediante la citación a una
audiencia- advendrá impugnativamente con un recurso o, en otros
regímenes, mediante la recurrencia a un procedimiento de
oposición que, al igual que en los procesos monitorios adviene
a posteriori de la sentencia (S.C.B.A., C. 92.711, del 26-9-
07, voto del señor juez doctor Roncoroni, ya cit.; conf. esta
Sala, causa 117.922, RSD 264, sent. del 2/12/16).
B. En la hipótesis, deviene menester señalar que se
encuentran configurados los presupuestos para canalizar la
pretensión por la vía de la tutela anticipada.
Ello así, pues en el especial caso de autos, el accionante
requirió, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la
acción promovida, que se limite la cuota del plan de ahorro
hasta un tope del 20% de sus ingresos como empleado del
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (v. esc.
de hojas 233/261, esp. hjs. 255).
Ahora bien, acorde los elementos probatorios acompañados
es que corresponde confirmar el decisorio apelado en cuanto
limita la liquidación de las cuotas del plan de ahorro
suscripto por el accionante, modificándolo únicamente en cuanto
al porcentaje allí establecido. Es que debe considerarse que
el art. 204 del CPCC faculta al juez a disponer una medida
distinta a la solicitada o limitarla -teniendo en cuenta la
importancia del derecho que se intenta proteger- para evitar
perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes,
debiendo mediar un necesario equilibrio entre la garantía que
merece una parte y el hecho de que la medida que se disponga
no perjudique a la otra más de lo posible (conf. arg. art. 204,
CPCC).
Sin perjuicio de las distintas manifestaciones efectuadas
por los quejosos a lo largo de sus memoriales de agravios, en
el caso se acompañaron copias certificadas del expediente
iniciado con el número de Trámite 22674/19, por ante la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde
se desprende, del dictamen llevado a cabo a hojas 214/221, que
el actor suscribió un contrato de plan de ahorro con la
administradoraXXX , integrando el grupo 12346 –
orden 111- (v. hjs. 214/221, esp. hjs. 214).
Asimismo, el Director General de Actuaciones
Administrativas Dictámenes y Sumarios de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires estableció que
“…Evidentemente la afectación de los derechos económicos del
reclamante se ha verificado, ya que las cuotas de los planes
de ahorro tuvieron incrementos por encima de cualquier variable
económica que se tome como base de comparación…” (v. hj.
214/221, esp. hjs. 219).
Ello, a su vez, puede apreciarse de la comparación de las
distintas cuotas acompañadas por el accionante en el expediente
administrativo en cuestión y de los recibos de sueldo
adjuntados.
De los mismos, se observa que en el mes de octubre de 2015
la cuota del plan respectivo tenía un valor de $1.790,35,
mientras que del recibo de sueldo de ese mismo mes y año surge
que el accionante percibía $12.851,57, es decir, la mentada
cuota afectaba un 13,9% de su salario (v. cupón de pago y
recibo de hjs. 38/39).
Ya en el mes de septiembre de 2019 la cuota pasó a tener
un costo de $14.312,55, mientras que el sueldo del actor, en
ese mismo mes y año, era de $31.693,10, lo que representa más
del 45% de su sueldo, ello, no obstante computar la cuota del
seguro -$3.053,59-, la que, de no estimarse, igualmente se
aprecia que se afectaría en más de un 35% el salario del
peticionante de la cautelar (v. cupón de pago y recibo de hjs.
99/100).
A razón de ello, meritando que el señor T
percibió un ingreso de $31.693,10 en el mes de octubre de 2019,
mientras que, acorde el cupón de pago emitido ese mes y año,
sin considerar los gastos de seguro, debería abonar $11.258,96,
lo que afecta más del 35% de sus ingresos, es que se tienen
por acreditados los requisitos para el dictado de la medida
cautelar que dispuso la juez de la instancia de origen. No
obstante ello, como se anticipó, este Tribunal considera
prudente, sin adelantar con ello opinión sobre el fondo del
asunto, que el límite de la liquidación de las cuotas del plan
de ahorro suscripto por el accionante sea en un 30% -calculado
sobre todos los conceptos que no incluyan el seguro del
automotor-, del salario que habitualmente perciba, modificando
en este sentido el decisorio de grado (conf. esta Sala, causa
128040, sent. del 15/12/20, RSI 390/20; arg. art. 204, CPCC).
En relación al requisito de la contracautela, que señala
la letrada apoderada de …A. de Ahorro Para Fines
Determinados en su memorial de fecha 11 de noviembre de 2020,
cabe destacar que nos encontramos en presencia de derechos de
los consumidores, tal como se indicó en el punto 3.C del
presente, motivo por el cual, de conformidad con lo establecido
por el artículo 53 de la ley 24.240, 199 y 200 del CPCC, es
que la contracautela establecida por la sentenciante de grado
-caución juratoria- deviene ajustada a derecho (conf. arg.
arts. 53, Ley 24.240; 199, 200, CPCC).
En relación a la crítica del recurrente, tendiente a
señalar cuál es el motivo por la que se realizó una intromisión
en la competencia de la Inspección General de Justicia, siendo
dicho organismo de contralor quien vela por los intereses de
los adherentes a los planes de ahorro, cabe referenciar lo
establecido por el doctor Germán Jauregui -Director General de
Actuaciones Administrativas Dictámenes y Sumarios de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires-, quien
indicó que se evidenció una falta de control por parte de ese
organismo -IGJ-, al permitir que las administradoras, en el
caso FCA, efectivicen aumentos desmedidos y desproporcionados
en perjuicio de los suscriptores, sin procurar soluciones
equitativas, conforme lo prevé la resolución 8/15 (v. dictamen
de hjs. 214/221, esp. hjs. 217).
Tampoco pueden considerarse afectados los derechos y
principios que señala el recurrente en su memorial de agravios,
puesto que las medidas anticipatorias poseen un carácter
interinal, por lo que dan lugar al derecho de defensa y
oposición de la contraria dentro del marco propio del proceso
en que se pronuncie la sentencia de mérito que la decida
definitivamente, pudiendo mantenerla, modificarla o revocarla.
A razón de ello, los argumentos especificados en el
memorial de agravios, relativos al “valor móvil”, la función y
utilidad de los contratos de ahorro previo, lo concerniente al
Código Civil y Comercial respecto de las cláusulas abusivas,
las alegaciones referidas a que el accionante conocía en
detalle sus derechos y obligaciones, la inexistencia de la
excesiva onerosidad y el análisis de los conceptos que integran
la cuota, deberán ser planteados en el proceso principal, en
donde se dicte la sentencia de mérito.
Consiguientemente, en base a lo hasta aquí expuesto,
corresponde modificar el decisorio de primera instancia,
estableciendo que el límite de la liquidación de las cuotas
del plan de ahorro suscripto por el accionante sea en un 30% –
calculado sobre todos los conceptos que no incluyan el seguro
del automotor-, del salario que habitualmente perciba el actor
(conf. arg. art. 204, CPCC), confirmándolo en todo lo demás
que fue motivo de recurso y agravio. Las costas de Alzada
corresponden se impongan a los recurrentes en su condición de
vencidos en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se modifica el decisorio de primera instancia,
estableciendo que el límite de la liquidación de las cuotas
del plan de ahorro suscripto por el accionante sea en un 30% –
calculado sobre todos los conceptos que no incluyan el seguro
del automotor-, del salario que habitualmente perciba el actor,
confirmándolo en todo lo demás que fue motivo de recurso y
agravio. Las costas de Alzada corresponde se impongan a los
recurrentes en su condición de vencidos en la presente
contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la
Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE

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