Algunas leyes frecuentes a texto completo

2

Daños por robo en el subte. Se aplica a todo transporte público (tren, colectivo, etc.)

“a la parte actora (pasajero), le incumbe probar la existencia del contrato y la ocurrencia del daño producido durante su vigencia mientras que para eximirse de responsabilidad la demandada (empresa de transporte) debe acreditar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder”.

Expte. 55279/2010 – “EEE Alejandro Agustin y Otro c/ Metrovias S.A. y Otros s/Daños y Perjuicios” – CNCIV – SALA B – 11/08/2015

EEE ALEJANDRO AGUSTIN Y OTRO c/ METROVIAS SA Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (55279/2010) ///nos Aires, Capital de la República Argentina, a los 11 días del mes de Agosto de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “EEE, Alejandro Agustín c/METROVIAS SA y ots. s/ ds. y ps.” respecto de la sentencia de fs. 700/712 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: PARRILLI-RAMOS FEIJOO-MIZRAHI

A la cuestión planteada el Dr. Parrilli, dijo:

I.- Alejandro Agustín EEE demandó a “Metrovías S.A” a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del accidente que dijo haber sufrido el día 21 de abril de 2009, pasada las siete de la tarde cuando, en circunstancias en que viajaba junto a su novia Gabriela Noemí Aranda, en una formación del subterráneo que explota comercialmente la demandada, al llegar a la estación Acoyte de la línea “A” una persona de sexo masculino, a quien no se pudo identificar, trató de arrebatarle una cadenita de oro que llevaba puesta y, en el intento, provocó que cayera desde el tren hacia el andén cuando aquél ya estaba en marcha. Destacó que su novia debió continuar en el subte hasta la estación siguiente -Primera Junta-, donde pidió ayuda al personal policial apostado en el lugar, que regresó junto con ella a la estación Acoyte, donde había quedado el lesionado. Informó que a causa del hecho intervino la División Subterráneos de la Policía Federal y que fue trasladado por el SAME al Hospital “Carlos G. Durand”, donde recibió la primera atención médica. A su turno, la empresa demandada negó el hecho en cuestión y dijo no poseer registros del mismo. Agregó que la mecánica denunciada es poco creíble y que, en su caso, el accidente sucedió por la culpa de un tercero. La sentencia de primera instancia obrante a fs. 700/712 hizo lugar a la demanda por Alejandro Agustín Espinosa, y en consecuencia, condenó a “Metrovías S.A”. al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas. Contra dicho pronunciamiento expresaron agravios, el actor a fs. 731/735 y la demandada a fs. 740/751. Sólo la primera de las piezas obtuvo réplica de la contraparte a fs. 752/760.

II. Aclaraciones previas De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1º de agosto pasado por lo que, antes de ingresar en la consideración de las cuestiones sujetas a recurso, y ante la vigencia de normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso. Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo” Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711. De este modo, con las aclaraciones vertidas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley. Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo. En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema de los anteriores Códigos Civil y de Comercio y, claro está, por la vigente ley de defensa del consumidor (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”). Esta es la solución que siguió este Tribunal en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley on line, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de ésta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su avaluación (cfr. Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias…”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28).

En suma, más allá de considerar que en lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha de seguirse una hermenéutica que no restringa su efectiva vigencia, pues como recordaba Vélez en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711-“el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir” , en este caso puntual, rige la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal. De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°).

Tampoco, pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico porque estos se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia” contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana. Sentado lo anterior, también considero indispensable señalar, antes de examinar los recursos, que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611). Hechas estas aclaraciones pasaré a examinar los agravios de ambas partes.

III.- Los agravios Los agravios del actor apuntan a los rubros indemnizatorios y a la forma en que fueran fijados los intereses por la Sra. Jueza de la anterior instancia. Por su parte, la demandada se queja porque entiende que: a) no hay pruebas en autos que demuestren que Espinosa haya sufrido un robo o tentativa de robo en ocasión de ser transportado por su representada, ni la forma en que se produjo, ni que las lesiones se hayan producido en esa ocasión. Atribuye a la Sra. Jueza haber llegado a su conclusión a través de conjeturas, suposiciones y de una interpretación desacertada de la prueba informativa; b) si se hubiese probado que el hecho referido sucedió, se trataría del obrar de un tercero por quien no debe responder y debería ser eximida de responsabilidad pues se trató de un acontecimiento imprevisible e inevitable, encuadrable en la categoría de caso fortuito; c) en subsidio, cuestiona las sumas que fueran concedidas en concepto de daño físico, daño moral, gastos de asistencia médica y traslado, como así también, de la tasa de interés establecida por la a quo. Examinaré en primer lugar las críticas de “Metrovías S.A” en punto a la responsabilidad que se le atribuye y luego, en su caso, las atinentes a los daños y cuantía fijada, como así también, lo referido a la tasa de interés fijada. Si bien el encuadre jurídico no es materia de queja, efectuaré algunas aclaraciones sobre la obligación establecida por el art. 184 del Cód. de Comercio. Con respecto a la génesis de esta obligación, afirma Spota que la norma arriba citada integra el conjunto de aquéllas atinentes al contrato de transporte y la acción del damnificado es, en primer término, de esencia jurídica contractual. Esto no impide, sin embargo, que también se apliquen los preceptos de la responsabilidad aquiliana en todo aquello que sea “separable” de la obligación de resultado asumida por el porteador; es decir, cuando con motivo o en ocasión del transporte adviene un acto ilícito y en tanto no entre en juego la valla del art. 1107 del Código Civil (vid. aut. cit., “Esencia jurídica de la responsabilidad del porteador…”, JA, 1955 II 121).

El referido art. 184 del anterior Código de Comercio contiene una presunción de responsabilidad del transportador, que queda establecida por el incumplimiento material de una obligación determinada y sólo es destruible mediante la prueba fehaciente de la ruptura del nexo causal. A la parte actora, le incumbe probar la existencia del contrato y la ocurrencia del daño producido durante su vigencia mientras que para eximirse de responsabilidad la demandada debe acreditar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder (conf; CNCivil, Sala “L”, “Azcona Domingo c/ Línea 584 Microómnibus Quilmas SA y otro s/ daños y perjuicios” del 8-10-02; ídem. Sala “H”, “Conditi Susana Haydee c/ La Nueva Metropol SA y otro s/ daños y perjuicios” del 5-4-00; ídem. id. “Kuperman Oscar Antonio c/ ETAPSA” del 3-2-00; ídem. Sala “K” Roig Jorge c/ Baño Roberto” del 25-9-96, publicado en LL Rep. LVII, Pág. 2785, nº 16; ídem. Sala “F”, L. 281.012 “Berlingieri Estela Aída c/ General Tomás Guido SACI y F y otro” del 10-5-2000; ídem. Sala “D”, “Vainman Eva Edith c/ Línea de colectivo 151 s/ sumario- accidente de tránsito”- del 8-9-89; ídem. Sala “B”, “S.B.E. c/ Almafuerte Empresa de Transporte S.A. Línea 378” del 7-5-2001; ídem. Sala “G”, “Leiva José Emilio c/ Transportes Guido SRL s/ daños y perjuicios” del 21-5-96). Esta responsabilidad ex lege de naturaleza objetiva, ha sido impuesta por el legislador por razones de política en materia de transportes, para inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto de la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen desempeño de su personal y estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos y, por otra parte, en amparo de las posibles víctimas para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos si tuvieran que probar la culpa del transportador. Cabe señalar, que el transportista asume a través del contrato de transporte la obligación de conducir al pasajero sano y salvo al lugar de destino brindándole las seguridades necesarias para no sufrir daños en su integridad personal, no solo durante el trayecto del viaje, sino también en el ascenso y descenso del vehículo (CNCiv, Sala F, L. 121.438 del 19/4/93; id. Sala A, del 5/10/90 L.L. 1991-C-112; id. Sala M del 8/8/91, L.L. 1992-A-96). Debo decir que igual esquema de responsabilidad objetiva -más allá de lo señalado en orden a su aplicación en este caso- ha consagrado el art.1286 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) al remitir a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes del mismo.

Por otra parte, resulta insoslayable que, en el caso, la empresa de transporte tiene el deber de garantizar a los usuarios un servicio seguro por expreso mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional y al configurarse una relación de consumo (art. 3, 5 y concordantes de la ley 24.240, texto según ley 26.361). Sentado lo expuesto, pasaré ahora al centro de las críticas de la demandada. Como ya lo adelantara, según “Metrovias S.A” no hay pruebas en autos que demuestren que Espinosa haya sufrido un robo o tentativa de ese delito en ocasión de ser transportado por su representada, ni sobre la forma en que se produjo, ni que las lesiones se hayan producido en esa ocasión. Concretamente, atribuye a la Sra. Jueza haber llegado a su conclusión de hacerla responsable a través de conjeturas, suposiciones y de una interpretación desacertada de la prueba. Se equivoca. En casos como el presente, el juez puede, a los efectos de tener por acreditado el nexo causal, recurrir al auxilio de las presunciones, partiendo de indicios que surjan de hechos probados para luego formular una razonable y lógica inferencia que permita imputar el resultado nocivo al demandado (conf. CNCivil, Sala “H”, in re, “Ritter Claudio Darío y otro c/ Línea de Microómnibus y otros s/ Daños y Perjuicios” del 16-3-2009, r. 506.923, voto del Dr. Kiper) tal como, correctamente, lo hiciera la Sra. Jueza de la anterior instancia. Surge del informe proporcionado por el SAME y obrante a fs. 405 que: “…habiéndose realizado la compulsa manual a la documentación obrante en la Dirección Operativa de Apoyo Técnico de Programas, denominada “Registro de Atención Médica de Urgencias con Ambulancias (Auxilio Médico)”, de confección diaria y manuscrita, del día 21 de Abril de 2009 se informa que: surge un pedido de auxilio médico para “Estación Acoyte Anden Sur Subte A” solicitado desde teléfono N° 3770 (Metrovías), a las 19.19 horas. El motivo de la solicitud se lee: “Lesionado por Robo”; Categoría “Código Rojo” (Emergencia). El móvil comisionado al lugar se identifica como “Durand N° 3”. El auxilio finalizó a las 19.37 horas con el traslado del paciente al Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand (…) En el campo correspondiente a “Apellido y Nombre” -del paciente- se registró: “Espinoza Alejandro”, Diagnóstico presuntivo “Código 4″ (traumatismo leve) en brazo derecho, edad 26 años…” (el resaltado y subrayado me pertenece). Como se aprecia, es la propia demandada quien al requerir auxilio médico al Gobierno local informa que el actor se encontraba lesionado en un andén de la estación Acoyte y que ello se debió a un hecho ilícito. Al referido indicio, dirigido a comprobar que el actor resultó lesionado durante la ejecución del contrato de transporte a causa de un ilícito cometido por un tercero, se suma aquél otro que surge del informe remitido por “QBE ARGENTINA ART S.A”. En efecto, de las constancias acompañadas por dicha aseguradora se desprende que personal de la empresa contratada para investigar el siniestro sufrido por el actor se constituyó en la Estación Acoyte del subte “A”. Allí, según dicen, se les habría informado que el hecho que motiva esta demanda se encontraba “registrado en el correspondiente libro de novedades” y que se había dado “parte al servicio SAME y a la Superintendencia de Policía División Subterráneos con fecha 21/04/2009 (ver fs. 459 punto “D”, el subrayado me pertenece). También, se comprueba que el actor fue retirado lesionado de la estación Acoyte pues el agente policial (LP 23932) que figura acompañando a Espinosa a su ingreso en el Hospital Durand (ver fs. 517/8 hoja del libro de traumatología), es el mismo efectivo policial que debía prestar servicios de policía adicional en la referida estación (ver 324). De allí que sobre la base de tales indicios, aun prescindiendo de la declaración testimonial de quien resulta ser conviviente del actor y dijo haber presenciado el hecho, resulta lógico inferir que, efectivamente, Espinosa resultó lesionado al caer en la estación Acoyte del subte “A” luego de haberse querido perpetrar un ilícito en su contra. Entonces, probado como está el contrato de transporte -poco importa que no se haya presentado el respectivo boleto, como refiere la recurrente, porque ello no hace al acuerdo de voluntades que configura el contrato- y que durante su ejecución, Espinosa resultó lesionado, es irrelevante -como atinadamente lo señala la Sra. Jueza- determinar si la formación arrancó o no con las puertas abiertas y si esto provocó la caída del demandado porque no es necesario probar el riesgo o vicio de las cosas, sino la frustración del plan prestacional acordado (Lorenzetti, “Tratado de los Contratos”, T. III, págs. 739/40) y esta, como se dijo, se ha probado. Cabe ahora preguntarse, si ante el incumplimiento del deber de seguridad que le cabía a la demandada ese hecho del tercero puede, como lo afirma al expresar agravios, eximirla de responder por los daños causados. Para responder a tal interrogante es necesario examinar en qué medida aquél acontecer pudo ser previsto o, en su caso, evitado, es decir, si reviste la condición de caso fortuito y para ello, necesariamente, cabe analizar cuál ha sido la diligencia utilizada por “Metrovías S.A” para impedirlo (conf. Díez Picazo, Luis, “Fundamentos del derecho civil patrimonial”, t. II, Ed. Civitas, Madrid, 1996, ps. 603 y ss.), sin soslayar el estándar profesional y la experiencia que le es exigible a una empresa como la emplazada, con lo cual su juzgamiento es estricto (art. 902, Código Civil)

Un hecho como el ocurrido -arrebato de pertenecías a un pasajero en el subterráneo- lejos está de ser un hecho imprevisible o impensado, antes bien es tan posible y probable que suceda que la misma empresa demandada informa haber implementado desde el año 2007 el programa “SUBTE ALERTA” alertando a los usuarios sobre hechos similares. Tampoco puede sostenerse -como lo hace la recurrente (ver fs.746)- que el obrar de aquél tercero desconocido, que terminó desencadenado el daño causado al actor, haya sido inevitable. Digo que “Metrovías S.A” no puede sostener esa afirmación porque tendría que haber demostrado que realizó las contrataciones suficientes de policía adicional y ejecutó las demás acciones necesarias para “…contribuir eficazmente a la adecuada prevención de actividades delictivas contra los bienes y personas transportados, brindar eficaz información a las autoridades policiales y facilitar el accionar de las mismas” (ver a fs. 99 vta, clausula 8.3. del contrato de concesión de “Metrovías S.A”) y nada de eso se probó en este expediente. Sólo se hizo hincapié en la colocación de carteles en las ventanillas de las formaciones donde se indica que “ante cualquier emergencia policial puede llamarse al *31416 desde los celulares y denunciar el hecho delictivo” (ver fs.57) – Programa Subte Alerta-. Es decir, un “Programa” que parece más dirigido a informar a la autoridad policial hechos ya cometidos que a prevenirlos. Tampoco parece válido el intento de la empresa demandada de descargar esa obligación de seguridad en el Estado concedente (ver fs.56 punto “c”) pues si ello ocurriera se estará soslayando un deber que le es innato, es decir, el lograr que el pasajero llegue sano y salvo a su destino. Se desnaturalizaría el contrato en sí, ya que incumpliría la prestación que el sistema normativo pone a su cargo (cfr. CNCiv, sala “M” del 2/10/1992, “Armoa, Miguel Ángel v. Estado Nacional”, voto de la Dra. Álvarez). En suma, situaciones como las sufridas por el actor son cada vez más comunes en el ámbito de los servicios de transportes públicos, y son las empresas prestadoras, sin perjuicio de los deberes propios del Estado, las que tienen que encontrar los medios idóneos para prevenirlas porque la seguridad de los usuarios pesa sobre ellas en virtud de un deber constitucional (art. 42), legal (ley 24.240, texto según 26.361) y contractual (art. 8.3. del contrato de concesión) que, en el caso, fue incumplido y derivó en daños al demandante. En consecuencia, propongo al Acuerdo se confirme en este aspecto la sentencia recurrida. IV.- Seguidamente examinaré las quejas de ambas partes con relación a los rubros indemnizatorios y la tasa de interés establecida.

IV. a.- Incapacidad física Mientras Espinosa cuestiona la suma de $ 97.410 con que la Sra. Jueza le indemnizara la incapacidad física informada por el perito médico, y la tilda de reducida, básicamente, porque no se contempla que el siniestro produjo un “quebrantamiento de la normalidad que se expande a las actividades que lógica y previsiblemente pueda desarrollar” (ver fs.732) y porque se ve afectado por “constante devaluación de nuestra moneda”, la demandada la considera excesiva e insiste en sostener que, al no haber sucedido el hecho dañoso y como el demandado continuó trabajando, no corresponde otorgar suma alguna. Que se quebrantó la normalidad física del actor a raíz de la lesión sufrida no hay dudas al estar al porcentaje de incapacidad informado por el perito y, precisamente, por eso la jueza reconoció la indemnización. El problema es otro y reside en determinar si ese quebrantamiento ha sido bien indemnizado o no y sobre ese punto – que reposan los agravios- no se dan razones, ni se vierten argumentos objetivos para apartarse de la decisión de la Sra. Jueza (cfr. art. 265 del CPCCN), sólo referencias jurisprudenciales y un cuestionamiento por la incidencia de la desvalorización monetaria en el monto otorgado que se desvanece al haberse fijado una tasa de interés para mantener incólume el monto establecido por la indemnización señalada. Si la crítica del actor carece de fundamentos, la ensayada por la demandada -insistiendo en que no sucedió el hecho- queda sin sustento al haberse probado que efectivamente sí se produjo. En cuanto a que el demandado continuó trabajando y por eso no debería ser indemnizado tampoco puede ser atendido. Es que, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su vida (cfr. CSJN Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 321:1124; 322:2002 y 326:1673; Llambias J.J. “Tratado de Derecho Civil- Obligaciones-, t. IV-A, pág.120 y jurisprudencia citada en nota n° 217; Cazeaux- Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, 2ª edición, t.4, pág.272 y jurisprudencia citada en nota nº 93). En suma, ponderando el porcentaje de incapacidad física que surge de la pericia médica -10%- (ver fs. 641/653) que se ve corroborado con las constancias del expediente C01-H-09432/09 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde se determinó una incapacidad del orden del 12.55% (ver f. 597) y las demás condiciones personales del actor, entiendo que la magistrada de la anterior instancia ha ejercido de manera prudente la facultad que le confiere el art. 165 del Código Procesal, por lo que propongo al Acuerdo desestimar los agravios sobre este punto y confirmar lo decidido en la anterior instancia. IV.b. daño moral La parte actora manifiesta que es muy exigua la suma de $ 50.000 establecida en la sentencia para resarcir este rubro, si se tiene en cuenta como se vio reflejado -en la vida espiritual del pretensor- el suceso de autos. Por su parte, la emplazada entiende improcedente y excesivo dicho monto. Sobre la procedencia diré que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares y sufrimientos que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota Antonio, “Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, T. 2b, pág. 593 y ss). Así, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros). No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de este rubro pues sólo la víctima puede saber cuánto sufrió al estar en juego sus vivencias personales. De allí que su determinación- como lo recordara la Corte IDH- debe ajustarse a los principios de equidad (cfr. caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párrafo 86).

Es indudable que el sufrimiento del actor a partir del hecho que motivara las presentes actuaciones originó un daño de la naturaleza indicada, destacando que el quantum indemnizatorio fijado en la anterior instancia ($ 50.000) se compadece con los establecidos por esta Sala en casos similares y parece adecuado para compensar los sufrimientos derivados de la lesión física, incertidumbres sobre la recuperación y tiempo que demoró aquélla habiendo la sentenciante un correcto uso de las facultades contempladas por el artículo 165 del CPCCN. En consecuencia, propongo al Acuerdo desestimar los agravios sobre este punto y confirmar lo resuelto en la anterior instancia. IV.c. gastos de traslado, kinesiología, farmacia y asistencia médica Sin soslayar que el actor recibió atención médica y prestaciones de esta índole a través de su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en este especial caso, es dable presumir -por la lesión sufrida (fractura)- que se realizó otros gastos similares aun cuando no haya acompañado constancias documentales que los justifiquen porque no siempre estas son conservadas (conf., CNCiv., esta Sala, R.530.186, “González Carlos Alberto c/ Cordero Ignacio Cristian s/ daños y perjuicios”, del 17/12/09; íd. íd, R.587.596, “Barrios Rodríguez Matías Edilberto c/ Silva Martín Adrián s/ daños y perjuicios”, 19/03/12. En el mismo sentido, cabe señalarlo, se pronuncia expresamente el art. 1746 actual Código Civil y Comercial de la Nación), por lo que considerando prudente la suma fijada en la anterior instancia propongo al Acuerdo se confirme.

V.- Intereses En lo atinente a los intereses, ambas partes critican lo decidido en la instancia de grado. Mientras la parte actora solicita se aplique la tasa activa del Banco Nación, desde la fecha del hecho y hasta su respectivo cobro; la demandada entiende que no corresponde la elevación de la tasa de interés pasiva al 10% anual, como lo dispuso la magistrada de grado, ni la aplicación del plenario “Samudio” conforme la derogación del art. 303 del CPCCN, en virtud del dictado de la ley 26.853. En cuanto a la tasa aplicable para liquidar los réditos la doctrina que emana del fallo plenario del fuero “Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.” s/ daños y perjuicios” según la cual los intereses en casos como el presente deben aplicarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago, conforme lo dispuesto en el art. 303 del Código Procesal, precepto que esta Sala entiende vigente en su redacción originaria (c. 621.758, del 30/08/2013, “Pérez Horacio Luis c/ Banco Sáez S.A s/ ejecución de honorarios”, La Ley, cita online AR/JUR/55224/2013); me llevan a hacer lugar a la pretensión de la parte actora.

Finalmente, debo aclarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa aludida precedentemente, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado a la parte actora (ver. art. 1740 del mismo código). En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo que en este punto se modifique lo resuelto en la anterior instancia y se calculen los intereses desde el hecho y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días, del Banco de la Nación Argentina.

VI.- A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo: modificar la sentencia de primera instancia, sólo en lo referido al cómputo de los intereses, los que serán calculados desde el día del hecho y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días, del Banco de la Nación Argentina; confirmándola en todo lo demás que fuera material de agravios. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en la instancia de grado (art. 68, 1era. parte, del CPCCN).

Los Dres. Ramos Feijóo y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto:

Fdo.: PARRILLI – RAMOS FEIJOO – MIZRAHI

Es fiel del Acuerdo.

Buenos Aires, Agosto 11 de 2.015.- Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: modificar la sentencia de primera instancia, sólo en lo referido al cómputo de los intereses, los que serán calculados desde el día del hecho y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días, del Banco de la Nación Argentina; confirmándola en todo lo demás que fuera material de agravios. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en la instancia de grado (art. 68, 1era. parte, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría. Fecho, publíquese (c. Acordada 24/2013 CSJN). Cumplido, devuélvanse las actuaciones a primera instancia.-
Fdo.: PARRILLI – RAMOS FEIJOO – MIZRAHI

 

 

2 Comentarios
  1. DANIEL RIZZI dice

    a partir de agosto 1-2015 rige el CODIGO UNIFICADO con 40 articulos solamente sin leyes especiales.

  2. Yo dice

    RRHH nos dijo que trabajaremos hasta el mediodia. Nuestro horario normal es de 7:30 a 12:00 y de 15:00 a 19:00…. entonces????

Deja una respuesta

Enviar comentarios sobre la nota. Su dirección de correo electrónico no será publicada. Esta sección no es para realizar consultas ni asesoramiento legal, que debe procurarse abogado/a.