Nuevo plan nacional contra el hambre. Los derechos concretos

Esta mañana se publicó en el boletín oficial la normativa para garantizar la alimentación y la soberanía alimentaria. Las líneas de acción concretas.

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Créase el PLAN NACIONAL “ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE” en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la NACIÓN anuncia hoy el boletín oficial. El objetivo es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas.

El programa dice poner especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social, apoyándose en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y todo programa que se complemente para dar respuesta a la temática alimentaria.

La norma contiene los lineamientos generales y componentes que concretarán el programa, e instituye algunos derechos a favor del ciudadano, a ser cumplidos por el Ministerio.

 

Derechos que emergen del programa contra el hambre

promover prácticas de consumo
saludables desde el ámbito de la salud y la educación.

Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y padecen inseguridad alimentaria. Se atenderá
a las familias y comunidades en situación de pobreza priorizando aquellos hogares con niños y niñas menores de 6
años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Asimismo se prestará especial atención a los y las adultos
mayores y adolescentes que presenten dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

A. SEGURIDAD ALIMENTARIA

Este componente consiste en garantizar a las familias más vulnerables el acceso a los alimentos. Este
componente incluye:
1. Tarjeta Alimentar.
2. Prestaciones para comedores escolares.
3. Prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.

B. ASISTENCIA ALIMENTARIA EN SITUACIONES CRITICAS Y/O DE EMERGENCIA

Este omponente consiste en brindar asistencia alimentaria frente a situaciones críticas, de emergencia
social, económica, y/o climática que afecten el bienestar de las familias y de las comunidades.  Se dará distribución de prestaciones alimentarias a las personas y/o grupo familiar en forma directa y/o a través de organismos gubernamentales y no gubernamentales.

C. APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS

El objetivo de este componente es favorecer la producción y comercialización de alimentos de la economía
solidaria, social y popular, el cooperativismo y la agricultura familiar. Este componente incluye:
1. Creación y fortalecimiento de mercados populares.
2. Financiamiento a productores de la economía solidaria, social y popular.
3. Apoyo a la producción de la agricultura familia

También habrá apoyo a las redes de actores comunitarios para que operen de manera integrada en el fortalecimiento de las familias en el cuidado de la primera infancia, la seguridad alimentaria, la salud y la educación.

La norma menciona un sistema integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan. Se promocionará la aplicación de las ciencias y de las tecnologías para mejorar la calidad alimentaria y nutricional de la población y se realizarán capacitaciones interdisciplinarias a promotoras y promotores de seguridad alimentaria y nutricional.

La implementación del Plan involucra acciones de diversos organismos y niveles del Estado, organizaciones
sociales y comunitarias, sindicatos, organizaciones empresariales,

Compete al Ministerio de Desarrollo Social: diseñar e implementar los programas sociales que componen el Plan
según su competencia y coordinar acciones con ANSES, Banco de la Nación Argentina, bancos provinciales y otros
organismos públicos nacionales, provinciales, y municipios para dar cumplimiento a los lineamientos del Plan.

También se insta a las provincias y municipios a llevar adelante actividades para la implementación de los componentes del Plan en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

 

Fundamentos del programa

Según la norma, durante los últimos años, la Argentina observó un proceso de deterioro económico y social, manifestado en un considerable aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo. En datos del INDEC para el primer semestre
de 2019, la pobreza subió a 35,4%, esto es, 14,4 millones de personas en condición de pobreza (INDEC 2019).

Entre el período 2014-2016 y el correspondiente a 2016-2018, el porcentaje de población que experimentó
inseguridad alimentaria moderada o grave pasó del 19,1 % al 32,1% o, lo que es lo mismo, de 8,3 millones de
personas a 14,2 millones. Este incremento en 5,9 millones de personas equivale a una suba del 71 por ciento en el
total de individuos con falta de acceso continuado a los alimentos (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF 2019).

En consecuencia, existe en el país un amplio sector de la población que presenta barreras de acceso a una
alimentación sostenible. Tal es así, que la Ley 27.519 sancionada durante el 2019 por el Honorable Congreso de la
Nación reconoce la crisis alimentaria existente y prorroga la Emergencia Alimentaria dispuesta por el Decreto 108
del año 2002, hasta diciembre del año 2022.

La norma menciona los objetivos de promover los derechos de los sectores más vulnerables y la construcción de ciudadanía, promover el trabajo a través de la capacitación laboral y la actividad productiva fortaleciendo la economía social, solidaria y popular.

Alega que el padecimiento de la inseguridad alimentaria, afecta directamente las posibilidades de alcanzar un desarrollo
humano integral, repercutiendo negativamente en diferentes dimensiones de la vida de las personas como lo son la
educación, la salud, el trabajo, condicionando las posibilidades de alcanzar el desarrollo de una vida plenamente
productiva, activa y saludable (FAO 2006).

Hacer efectivo el derecho a una alimentación de calidad es fundamental conforme lo que establecen diversos
Instrumentos Internacionales a los que la Constitución Nacional, mediante el inciso 22 del Artículo 75, les otorgó
jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la alimentación es una pieza clave para garantizar el cumplimiento de otros derechos fundamentales, en
tanto su cumplimiento posibilita satisfacer necesidades vitales, sin las cuales las funciones básicas de la vida se
encuentran disminuidas, sobre todo durante los primeros años de vida. La ausencia de una alimentación saludable
durante la infancia, incide en el crecimiento psicofísico, cognitivo y el desarrollo integral de niñas y niños a futuro
(OMS y UNICEF 2018).

La realidad que afrontan millones de argentinos y argentinas en la actualidad, expresada en la reducción del
consumo de leche o reducción de las ingestas alimentarias, requiere de manera urgente, mejorar los ingresos de las
familias argentinas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por su condición de pobreza,
indigencia, o por transitar situaciones de desocupación o informalidad.

La inseguridad alimentaria, es el problema social más importante que hoy debe enfrentar la Argentina, frente al cual
el gobierno ha asumido el compromiso social y político, de brindar una respuesta de manera urgente.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ha definido como lineamiento central de su política social, la
atención inmediata del hambre en la Argentina, impulsando acciones que, de forma urgente, atiendan la situación de
inseguridad y soberanía alimentaria en la que se encuentra un importante sector de la población, a causa de la
crisis social y económica que atraviesa el país, prosigue la normativa.

Atender la problemática del hambre, exige un enfoque integral, en tanto la seguridad alimentaria está asociada al
bienestar social y su expresión en diferentes dimensiones como la económica, y aquellas relativas al ámbito del
cuidado, de la salud y la educación. Dicha problemática, se encuentra asociada, entre otros factores, al nivel de
ingreso de las familias, los precios, la cantidad y la calidad de los alimentos, a los que cada persona o grupo puede
acceder.

El PLAN ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE, constituye una política de Estado basada en un enfoque integral,
guiada por el consenso y la participación de distintos actores de la sociedad. La implementación del Plan involucra
el trabajo conjunto de diversos organismos y niveles del Estado nacional, provincial, y municipal, y actores de la
sociedad civil que acompañan acciones para la atención de la población destinataria y el logro de los objetivos
planteados.

Implementar un sistema que complemente los ingresos del hogar para la compra de alimentos, priorizando en los
mismos a padres y/o madres con niños y niñas de hasta 6 años, mujeres embarazadas a partir de los 3 meses y
personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Fortalecer las prestaciones alimentarias dirigidas a provincias, municipios, comedores comunitarios, comedores
escolares y organizaciones sociales.

Favorecer la participación de las familias y las comunidades en la producción de alimentos a fin de diversificar y
mejorar sus consumos en pos de una alimentación saludable.

Promover sistemas de producción de alimentos a través del fortalecimiento de la economía solidaria, social y
popular, el cooperativismo y la agricultura familiar.

Propiciar la participación de redes comunitarias para el acompañamiento y seguimiento de las familias en la
incorporación de hábitos saludables de alimentación, higiene y nutrición.

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de resultados e impactos de las acciones que
componen el Plan.

 

Notas al pie.

[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2019). Informes Técnicos. Vol. 3, nº 182. Condiciones de
vida. Vol. 3, nº 13. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer semestre de 2019.
[2] FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2019). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo
2019. Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía. Roma, FAO.
[3] Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre
Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y
global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar
una vida activa y sana”. FAO. 2006. Seguridad alimentaria. Informe de políticas, 2.
[4] Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. (2018). The extension of the 2025 Maternal, Infant and
Young Child nutrition targets to 2030. WHO/UNICEF Discussion paper.
[5] Food Secure Canada. 2012. The Six Pillars of Food Sovereignty, Developed at Nyéléni, 2007 (disponible en
https://www.globaljustice.org.uk/six-pillars-food-sovereignty). La soberanía alimentaria descansa en seis pilares: 1.
se centra alimentos para los pueblos poniendo la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las
políticas; 2. pone valor en los proveedores de alimentos; 3. localiza los sistemas alimentarios; 4. sitúa el control a
nivel local; 5. promueve el conocimiento y las habilidades; y 6. es ambientalmente sostenible.

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